Economis Redacción

“La caída de la recaudación en Misiones es el fiel reflejo de una actividad económica que no repunta”

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Misiones registró en el primer trimestre de 2026 la mayor caída real de recaudación propia del país: un retroceso del 21,9% interanual, según el último informe de Politikon Chaco. El dato encendió alertas no solo por su magnitud, sino porque expone con crudeza el deterioro del consumo, la actividad y la competitividad fronteriza.

En diálogo con Open1017.com, el director de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, analizó el escenario y sostuvo que el desplome está directamente vinculado al comportamiento de Ingresos Brutos, el principal tributo provincial, que representa cerca del 80% de la recaudación total de Misiones.

“Misiones destaca por una caída muy brusca en la recaudación. Lo que hay que tener en cuenta es que está muy atada al descenso en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, porque participa de casi el 80% de la recaudación total de la provincia y está altamente vinculado a los niveles de actividad y consumo”, explicó Pegoraro.

Para el analista, no se trata únicamente de una desaceleración general de la economía nacional, sino de una combinación de factores estructurales que golpean con mayor intensidad a Misiones por su condición fronteriza con Brasil y Paraguay.

“Ingresos Brutos grava la actividad económica y, si bien en el país la actividad viene mostrando signos bastante débiles, Misiones enfrenta desafíos particulares por la cuestión de frontera, el tipo de cambio que no es competitivo y otras variables que hacen que los impactos de la política económica nacional se sientan con mucha más fuerza”, señaló.

Pegoraro remarcó que la pérdida de consumo interno y el traslado de compras hacia Paraguay y Brasil son determinantes para entender el derrumbe recaudatorio.

“Se resume en una situación económica que no repunta, con un nivel de consumo que se va cada vez más fuera de la frontera, cruzando el puente, y una capacidad de compra de la población fuertemente disminuida en comparación con años previos. Todo eso termina teniendo un correlato natural en la recaudación provincial”, afirmó.

Incluso destacó que esta caída no solo es la más fuerte del país en el período analizado, sino también la más profunda para la propia provincia en al menos la última década.

“No solamente es la caída más alta del país para el período analizado, sino que es la más alta para Misiones misma de por lo menos los últimos diez años”, advirtió.

El informe también muestra caídas en otras provincias del Nordeste Argentino como Corrientes y Formosa. Sin embargo, Pegoraro explicó que la situación misionera tiene una particularidad diferencial.

“En Corrientes hubo una caída importante en Ingresos Brutos y en Sellos, en Formosa también. Toda la región está sufriendo la caída de la actividad económica y del consumo, pero Misiones la sufre mucho más por sus características propias”, detalló.

Comparó además el caso chaqueño, donde la leve mejora en la recaudación total no estuvo asociada a mayor actividad económica, sino a un fuerte incremento del impuesto inmobiliario.

“En Chaco la suba no está explicada por mayor volumen de actividad económica, sino por un fuerte incremento del impuesto inmobiliario. Si uno mira Ingresos Brutos y Sellos, también hubo caídas”, aclaró.

El fin del cobro anticipado de Ingresos Brutos

Uno de los cambios más relevantes anunciados por el Gobierno provincial es la eliminación, desde el 1° de julio, del sistema de cobro anticipado de Ingresos Brutos al ingreso de mercaderías a la provincia.

Pegoraro consideró que la medida tendrá un impacto fiscal inmediato, aunque la definió como una baja recaudatoria “saludable”, porque responde a un reclamo histórico del sector privado.

“Por supuesto que va a pegar en la recaudación. No podemos cuantificar todavía en qué medida, pero va a haber menor recaudación. En ese caso puntual es una baja saludable”, sostuvo.

Según explicó, la decisión prioriza herramientas de alivio para el sector productivo por encima de la presión fiscal inmediata.

“Era una demanda de las cámaras empresarias y fue una muy buena medida. Lo que hace la provincia es priorizar la posibilidad de darle herramientas al sector privado por sobre la recaudación de tributos provinciales”, afirmó.

El economista anticipó que durante los primeros meses de implementación -principalmente entre julio y septiembre- podría observarse una caída aún mayor en la recaudación, pero con potencial de recuperación si la medida logra dinamizar la economía.

“En el corto plazo va a pegar, sin duda. Vamos a ver una caída un poco más fuerte en Ingresos Brutos, después se normalizará con el tiempo si eso logra que el sector privado tenga un dinamismo más importante”, analizó.

Y cerró con una definición de mediano plazo: “Una cosa es que te caiga la recaudación porque la actividad económica no repunta, y otra muy distinta es que caiga porque le diste nuevas herramientas positivas al sector privado. Si eso mejora la actividad, también va a repercutir positivamente en términos recaudatorios”.

La discusión de fondo, entonces, no pasa solamente por la caja fiscal, sino por la capacidad de Misiones de sostener su competitividad en un contexto donde la frontera, el tipo de cambio y la caída del consumo redefinen cada decisión económica.

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Como en pandemia, Misiones sale al rescate de empresas y trabajadores

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La escena remite inevitablemente a los meses más duros de 2020. Empresas sin horizonte, mercados retraídos, exportaciones que no alcanzan para compensar la caída del consumo interno y la Provincia que vuelve a intervenir para evitar que la crisis se traduzca en cierres y despidos masivos.

En Misiones, el Gobierno provincial a través del ministerio de Trabajo, reactivó mecanismos excepcionales para contener el empleo en sectores estratégicos, especialmente en la industria maderera, donde la caída de la actividad ya encendió todas las alarmas. El instrumento central vuelve a ser el Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, la misma herramienta que durante la pandemia permitió sostener miles de puestos laborales mediante suspensiones acordadas y pagos no remunerativos.

Hoy, el escenario tiene nombres propios: una de las principales firmas madereras de Eldorado; empresas nucleadas en la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap); firmas industriales en Puerto Rico; y casos recientes como una colchonería tradicional, que logró salir de una situación crítica tras aplicar un esquema similar. La lógica es simple: evitar despidos definitivos mientras se gana tiempo para atravesar la tormenta. En los procesos ya iniciados, se preservaron 600 puestos laborales. 

El Artículo 223 bis fue incorporado a la legislación laboral en 1996 como una válvula de escape para situaciones extraordinarias de crisis económica. Permite que, ante falta o disminución de trabajo o fuerza mayor no imputable al empleador, las empresas acuerden suspensiones temporales con sus trabajadores pagando una prestación no remunerativa en lugar del salario habitual.

Eso implica una reducción sustancial de la carga laboral: no se realizan aportes jubilatorios, aunque sí se mantienen contribuciones para obra social y cuota sindical.

Durante la pandemia, este mecanismo se volvió masivo. Desde marzo de 2020, miles de empresas en todo el país recurrieron al 223 bis para pagar, en general, al menos el 75% del salario neto mientras las plantas permanecían paralizadas.

Ahora, Misiones vuelve a apelar a esa herramienta. Uno de los casos más sensibles es el de una maderera, donde cerca de 300 trabajadores atraviesan una situación crítica. La empresa enfrenta una fuerte retracción del mercado interno, dificultades operativas y una estructura de costos que se volvió difícil de sostener. La salida acordada fue avanzar con suspensiones extraordinarias bajo el paraguas del 223 bis.

En términos concretos, el esquema permite que los empleados continúen cobrando prácticamente el 100% de sus ingresos, mientras la empresa logra un alivio financiero determinante: la firma eldoradense logró 120 millones de pesos mensuales de ahorro.

Ese margen surge principalmente de la descompresión de cargas laborales, aunque se mantienen seguros, obra social y cobertura básica para los trabajadores.

La premisa provincial fue clara: contener el empleo y evitar despidos. La situación no es aislada. Desde Amayadap advierten que entre nueve y diez grandes empresas del sector forestal-industrial ya están trabajando bajo este esquema o analizando su implementación inmediata.

En total, el universo alcanza a unos 600 trabajadores, aunque el número podría ampliarse si la crisis del mercado interno persiste. Desde la entidad empresarial resumen el momento con una frase contundente: “Es como en pandemia”.

La caída del consumo golpeó de lleno a la industria maderera, especialmente a las empresas más vinculadas a la demanda nacional. Aunque algunas mantienen exportaciones activas, eso no alcanza para compensar la debilidad del mercado doméstico.

En ese contexto, destacan que la única respuesta rápida llegó desde la Provincia, pese a que hace algunas semanas hubo encuentros con Maura Gruber, diputada de la Libertad Avanza que proviene del sector maderero. 

“Los únicos que vinieron a auxiliar fueron los del Ministerio de Trabajo”, reconocen desde Amayadap.

La tramitación exprés del 223 bis permitió evitar que la crisis escalara hacia despidos masivos o concursos preventivos, muchos de los cuales -según describen- permanecen estancados y sin resolución concreta.

No es la primera vez que Misiones utiliza este esquema en la actual desaceleración económica. Una tradicional colchonería había ingresado en una situación delicada y aplicó una extensión de 90 días bajo este régimen excepcional. Finalmente, logró salir de la emergencia en apenas 60 días.

Ese antecedente fortaleció la decisión oficial de replicar el modelo en otras actividades.

También aparecen otros sectores de la economía provincial bajo observación, incluyendo dos grandes empresas radicadas en Puerto Rico que analizan medidas similares.

Mientras a nivel nacional predominan los concursos preventivos demorados y una menor capacidad de respuesta institucional, en Misiones el Gobierno optó por una estrategia activa: sostener empleo antes que administrar despidos.

El formulario 931 -que refleja cargas y contribuciones patronales- representa en muchos casos cerca del 60% de la remuneración. Al flexibilizar ese peso durante tres meses, las empresas logran atravesar la coyuntura sin romper definitivamente la relación laboral.

La Provincia no está subsidiando salarios de manera directa, pero sí acelerando mecanismos que permiten ganar tiempo.

En una economía atravesada por la caída del consumo, la presión impositiva y la dificultad para sostener márgenes, ese tiempo puede ser decisivo.

Como ocurrió en pandemia, la prioridad vuelve a ser una sola: preservar el trabajo antes de que la crisis se vuelva irreversible.

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Argentina vuelve a caer al “Top 10” de los países más complejos para hacer negocios

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 TMF Group, firma líder de servicios administrativos y de cumplimiento normativo, publicó la 13a. edición de su reporte anual Global Business Complexity Index (GBCI), el cual analiza 81 jurisdicciones que representan más del 90% de la economía mundial y evalúa el entorno operativo para empresas e inversionistas. En esta edición, Argentina ha ascendido al 9.º puesto del ranking, consolidando su posición como una de las jurisdicciones más complejas para la inversión extranjera directa.  El resultado refleja un entorno caracterizado por cambios regulatorios frecuentes, cargas administrativas elevadas y una creciente exigencia en materia fiscal.

El reporte GBCI analiza 292 indicadores por jurisdicción, abarcando aspectos clave como contabilidad e impuestos, gestión legal de entidades y regulación laboral. Más allá del atractivo macroeconómico de cada país, el Índice mide el costo operativo de cumplir con marcos normativos que frenan el crecimiento tanto de las empresas locales como de los inversionistas internacionales. 

El estudio resalta que países como Dinamarca, Hong Kong y los Países Bajos se encuentran entre las 10 jurisdicciones más fáciles para hacer negocios. En contraste, 6 de 18 países analizados en América Latina, se posicionan entre los 10 más complejos a nivel global: México, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Perú.

Las consecuencias de la volatilidad geopolítica

A lo anterior se suma la creciente inestabilidad geopolítica y económica que está dificultando los negocios transfronterizos. El proteccionismo, los aranceles y los cambios en la normativa están revirtiendo muchos de los avances logrados gracias a la globalización.

“La fragmentación política global y la dispersión económica están llevando a las empresas a incorporar más jurisdicciones en sus cadenas de suministro, lo que incrementa la complejidad de su gobernanza. Esta fragmentación también implica que deben enfrentarse a una mayor incertidumbre regulatoria”, afirma Mark Weil, CEO de TMF Group. Y agregó: “Los inversionistas buscan simplicidad, pero, sobre todo, certeza en las reglas bajo las cuales operan. Por ello, alentamos a los gobiernos a mejorar su posicionamiento actuando en ambos frentes, y a las empresas a simplificar sus operaciones para ser más eficientes y ágiles frente a marcos regulatorios complejos e inciertos”.

Ante este escenario, las compañías se están adaptando mediante la subcontratación (69%), la reducción de personal (59%), el cierre de oficinas o sucursales (55%) y la congelación de contrataciones (51%). Los cambios recurrentes han obligado a las organizaciones a ajustar continuamente sus esquemas. 

El ascenso negativo argentino

El ascenso de Argentina del puesto 11 (en 2025) al 9 este año destaca la persistencia de barreras estructurales que las empresas internacionales encuentran al operar en el país. El entorno de negocios sigue siendo demandante, caracterizado por cambios regulatorios impredecibles y una carga administrativa que se prevé aumentará durante el próximo año.

Al respecto, Jorge Sodano, Country Head de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de TMF Group, señaló: “El posicionamiento de Argentina en este ranking coincide con un momento de transformación profunda. Las reformas impulsadas por el gobierno —en materia de desregulación, apertura cambiaria y simplificación administrativa— están sentando las bases para un entorno de negocios mucho más predecible y competitivo. Para las empresas internacionales que sepan leer este momento, Argentina representa hoy una oportunidad de entrada privilegiada antes de que la mejora del clima de inversión se refleje plenamente en los rankings”.

Sin embargo, pese al posicionamiento en el ranking, el GBCI 2026 identifica factores que podrían cambiar la tendencia en el mediano plazo. Tras las elecciones legislativas de 2025, se percibe una voluntad política para flexibilizar ciertos requisitos regulatorios. Este cambio de postura, de materializarse junto con la caída de la inflación observada en 2024/25, podría reposicionar a la Argentina como un destino atractivo para nuevos capitales.

Sodano profundizó sobre este punto:  “Argentina está viviendo un punto de inflexión. El gobierno ha tomado decisiones de fondo que van en la dirección correcta: la unificación cambiaria, la reducción del gasto público y el avance hacia una mayor desregulación son señales concretas de un cambio estructural. Esto, combinado con la disminución de los niveles de inflación, está generando condiciones que no veíamos hace años. Las empresas que ingresen o amplíen su presencia ahora estarán posicionadas para capturar el upside de una economía que está retomando el camino del crecimiento con reglas de juego más claras y estables”.

Digitalización y prácticas tradicionales: complejidad estructural

El informe señala que si bien la digitalización está simplificando procesos en gran parte del mundo, en mercados complejos como Argentina, la transición digital a menudo se superpone a requisitos antiguos (como la exigencia de presencia física o certificaciones manuales), creando, al menos temporalmente, una capa adicional de complejidad para las empresas.

En 2026, el 58% de las jurisdicciones del estudio exigen que al menos algunas empresas emitan facturas electrónicas, frente al 54% del año anterior y un aumento sustancial en comparación con el 38% de 2020.

El fortalecimiento de mecanismos como la contabilidad electrónica apunta hacia un modelo de mayor control y supervisión por parte de las autoridades, lo que incrementa las exigencias de cumplimiento para las empresas.

Tendencias globales

A nivel global, el GBCI 2026 subraya que la complejidad está siendo moldeada por la fragmentación de las reglas comerciales y el aumento de los costos de cumplimiento. En contraste con Argentina, las jurisdicciones clasificadas como las más sencillas para operar (como Dinamarca, Hong Kong y Países Bajos) se caracterizan por una infraestructura digital sólida y un entorno regulatorio previsible, concluye el informe.

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Contundente respaldo al reclamo a Nación por un régimen diferencial impositivo para Misiones

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La discusión sobre la competitividad de Misiones volvió a instalarse con fuerza tras el reclamo de condiciones diferenciales para sostener la competitividad en la relación con Paraguay y Brasil. El planteo en Encuentro Misionero es claro: si Nación atiende la complejidad territorial de la provincia, Misiones está en condiciones de potenciar la economía local y las exportaciones, lo que redundará en un mayor ingreso de divisas a la Argentina.

El conductor de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, lo señaló en la última reunión del espacio. “Podemos eliminar ya Ingresos Brutos si la Nación nos elimina impuestos”. El mensaje caló hondo. Este martes se aprobó el dictamen de reclamo a la Nación con una contundencia inédita: hasta la Libertad Avanza acompañó la iniciativa.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de Comunicación impulsado por Encuentro Misionero que solicita al Poder Ejecutivo Nacional la creación de un régimen diferencial impositivo y aduanero para Misiones, con el objetivo de corregir las asimetrías estructurales que enfrenta por su condición de frontera con Brasil y Paraguay.

No se trata de un planteo menor ni novedoso: es la reedición de un viejo reclamo misionero que reaparece en un nuevo contexto político y económico, marcado por la reforma fiscal que impulsa el presidente Javier Milei y por la necesidad urgente de sostener competitividad en una provincia que compite todos los días contra estructuras tributarias mucho más livianas del otro lado del puente.

Misiones tiene una singularidad económica que ningún otro distrito argentino presenta con la misma intensidad: el 91% de su perímetro limita con Paraguay y Brasil.

Eso significa competencia directa, cotidiana y feroz. Mientras en Encarnación o en Foz de Iguazú los precios encuentran alivio en menores cargas impositivas, menor presión regulatoria y ventajas cambiarias, del lado argentino el comercio, la industria y el consumo conviven con una estructura de costos considerablemente más pesada. El resultado es conocido: fuga de consumo, menor competitividad comercial, presión sobre la rentabilidad empresaria y dificultades para atraer inversiones.

Por eso, el planteo de Encuentro Misionero no apunta simplemente a una baja de impuestos, sino a la construcción de un régimen especial que reconozca esa condición geográfica excepcional. “El objetivo es impulsar un régimen diferencial, impositivo y aduanero para Misiones”, explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Pastori, al defender el proyecto.

La premisa es concreta: Misiones aporta mucho más de lo que recibe. La provincia genera el 31% de la recaudación del NEA, pero recibe apenas el 21% por coparticipación, una asimetría que desde hace años alimenta el reclamo político provincial.

El núcleo de la propuesta está en el Impuesto al Valor Agregado, el tributo con mayor incidencia inmediata sobre los precios.

La idea es que las ventas desde el resto del país hacia Misiones sean consideradas una “exportación suspensiva”. Traducido: un proveedor de Buenos Aires podría venderle a un comerciante misionero sin cargar IVA.

Eso implicaría una reducción directa en el costo de reposición y, en teoría, permitiría trasladar ese alivio a precios finales más bajos.

Las estimaciones que acompañan la propuesta proyectan bajas de entre 20% y 25% en determinados bienes de consumo. Un producto de 10.000 pesos podría reducirse a 7.900 pesos bajo ese esquema.

También se plantea alícuota cero o exención para servicios estratégicos como energía eléctrica, conectividad e internet, especialmente sensibles en una provincia sin gas natural y con altos costos logísticos.

No es un detalle técnico: es una discusión sobre competitividad estructural. El segundo eje es el Impuesto a las Ganancias.

La propuesta contempla bajar la alícuota corporativa del 35% al 15%, e incluso establecer períodos de tasa cero para determinados sectores o nuevas inversiones. La lógica es atraer capital.

Menor presión tributaria en la etapa inicial significa mayor posibilidad de reinversión, expansión de capacidad instalada y generación de empleo.

A eso se suma una herramienta clave: la amortización acelerada. Este mecanismo permitiría que industrias radicadas en Misiones puedan deducir inversiones en maquinaria, equipamiento o infraestructura en plazos mucho más cortos que los habituales.

En términos financieros, mejora flujo de caja y acelera procesos de modernización productiva.

La estimación es contundente: una baja de Ganancias podría liberar hasta 530.000 millones de pesos para reinversión productiva.

Otro punto sensible del planteo es la eliminación total del impuesto a los débitos y créditos bancarios para operaciones dentro de Misiones.

En una economía de frontera, donde la circulación de efectivo sigue siendo elevada y la informalidad tiene peso estructural, este tributo funciona como un desincentivo a la bancarización.

Eliminarlo implicaría no solo aliviar costos financieros, sino también incentivar mayor formalización económica.

Para sectores como yerba mate, té y madera, podría representar hasta un 10% de recuperación del margen neto.

El capítulo aduanero retoma directamente el espíritu de la Zona Aduanera Especial que había sido aprobada por el Congreso y luego vetada por el entonces presidente Alberto Fernández en 2022. Pero ahora el planteo es más amplio. Incluye importación sin aranceles de bienes de capital e insumos productivos, facilidades para reexportación y eliminación de retenciones para producciones misioneras como yerba mate, té y madera.

El dato político

Uno de los movimientos más significativos del debate fue el acompañamiento del bloque de La Libertad Avanza.

El espacio encabezado por Adrián Núñez no solo respaldó el proyecto, sino que además reconoció durante el tratamiento parlamentario que la presión fiscal de Misiones “se encuentra dentro de la media nacional”. Misiones está en la mitad de la tabla de la llamada presión fiscal, exactamente en el puesto 13.

La definición desarma uno de los argumentos más repetidos por sectores opositores que suelen responsabilizar exclusivamente a la carga tributaria provincial por la pérdida de competitividad.

El PRO no participó de la votación porque no integra la comisión legislativa, mientras que el diputado nacional Martín Arjol no tuvo intervención en el debate.

No se trata solo de pagar menos impuestos, sino de tener herramientas reales para competir en igualdad de condiciones con Paraguay y Brasil, sostener el mercado interno, atraer inversiones y evitar que la frontera funcione como una sangría permanente de consumo y capital.

El interrogante ahora es político: si el Gobierno nacional, que hizo de la baja de impuestos una bandera de campaña, estará dispuesto a aceptar un esquema diferencial para una provincia que reclama hace décadas ser tratada como lo que efectivamente es: una economía de frontera con necesidades extraordinarias.

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Coca Cola afirmó que Argentina sigue en hiperinflación y se pincha el carry trade

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Mientras el Gobierno nacional celebró la desaceleración de la inflación y tomó como señal positiva el IPC porteño de 2,5%, un documento oficial de The Coca-Cola Company expuso una definición que incomoda al relato económico de Javier Milei y Luis Caputo: para la multinacional, Argentina continúa siendo una economía hiperinflacionaria.

La advertencia apareció en la presentación de resultados de la compañía ante Wall Street, donde sostuvo que el país “cumple con los criterios para ser considerado una economía hiperinflacionaria”, en línea con las normas contables internacionales que establecen esa clasificación cuando la inflación acumulada de los últimos tres años supera el 100%.

La definición no es menor. Implica que las empresas deben modificar la forma en que presentan sus balances y resultados financieros, ya que la contabilidad tradicional deja de reflejar con precisión la pérdida de valor del dinero en contextos de alta inflación.

En otras palabras, para The Coca-Cola Company, en Argentina el deterioro del poder adquisitivo sigue siendo lo suficientemente profundo como para exigir una reexpresión constante de sus estados contables.

La firma incluso fue más allá y advirtió que “la persistencia de la hiperinflación en la Argentina podría afectar negativamente nuestra situación financiera y nuestros resultados de operaciones”.

El mensaje tuvo fuerte repercusión porque contrasta con el discurso oficial, que sostiene que el problema inflacionario está bajo control y que la estabilización monetaria ya se encuentra en marcha.

De hecho, la empresa ubicó a Argentina junto a Argelia como los únicos dos países dentro de esa categoría, un dato que volvió a instalar dudas en el mercado sobre la sustentabilidad del actual esquema cambiario.

Presión sobre el carry trade y expectativas de devaluación

La señal también alimentó una percepción sensible para el equipo económico: la expectativa de una futura devaluación.

Ese temor afecta directamente al carry trade, la estrategia financiera que consiste en aprovechar altas tasas en pesos mientras el dólar permanece estable. Si el mercado comienza a descontar una corrección cambiaria, esa bicicleta pierde atractivo de inmediato.

Según advirtió la consultora LCG, “aun con el Banco Central y el FGS interviniendo en títulos dólar linked, las expectativas de depreciación implícitas en los contratos de dólar futuro se movieron al alza en la semana”.

La lectura es clara: pese a la intervención oficial, el mercado empieza a cubrirse frente a un eventual salto cambiario.

Operadores de la City coinciden en que los incentivos para mantenerse en pesos comenzaron a reducirse. Aunque el movimiento todavía aparece como moderado, marca una diferencia respecto de semanas anteriores, cuando predominaba una apuesta casi unánime a la continuidad del dólar quieto.

El trasfondo excede la discusión técnica sobre futuros y tasas implícitas. El Gobierno logró desacelerar la inflación a partir de una combinación de fuerte recesión, atraso cambiario y ancla salarial.

Ese esquema permitió una baja de los índices de precios, pero también profundizó tensiones sobre la actividad económica, el consumo y la competitividad.

La advertencia de The Coca-Cola Company vuelve a poner sobre la mesa una discusión central: si la desaceleración inflacionaria actual responde a una estabilización estructural o a un equilibrio frágil sostenido por un dólar artificialmente contenido.

En ese escenario, cualquier movimiento en las expectativas puede alterar el delicado balance financiero sobre el que hoy descansa buena parte de la estrategia económica oficial.

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