Brasil ha logrado un hito ambiental sin precedentes que despierta el optimismo de la comunidad científica internacional. Por primera vez desde que se iniciaron los registros oficiales en 1985, la deforestación en la Mata Atlántica ha caído por debajo de las 10.000 hectáreas anuales.
Este avance histórico consolida al país como un referente en la lucha contra el cambio climático y la recuperación de ecosistemas degradados.
Un informe conjunto de la organización SOS Mata Atlántica y el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) confirma que en 2025 el área deforestada se limitó a 8.658 hectáreas.
Esta cifra representa una reducción del 28% respecto al periodo anterior, aunque el dato más talentoso afecta a los bosques maduros. La pérdida de estos ecosistemas antiguos, esenciales para la biodiversidad y el almacenamiento de carbono, descendió un 40%.
Este bioma es vital para la estabilidad ecológica de Sudamérica. Se extiende por 17 estados brasileños y abastece de agua a grandes ciudades como São Paulo y Río de Janeiro.
Según informa CGTN, alberga el 80% de la población del país y especies en grave peligro, como el jaguar, el mono león dorado y el guacamayo azul. Los expertos atribuyen estos resultados a la implementación de políticas de fiscalización más rigurosas ya una mayor presión social a favor de la conservación.
¿Por qué ha caído la deforestación en la selva atlántica de Brasil a niveles récord?
La mejora en los datos responde a un cambio de paradigma en la gestión ambiental. Históricamente, la expansión urbana, las plantaciones comerciales y la agricultura intensiva (especialmente de soja, caña de azúcar y café) diezmaron la superficie original.
De hecho, el bioma solo conserva hoy el 31% de su vegetación nativa, tras haber perdido 2,4 millones de hectáreas desde 1985. Sin embargo, el rejuvenecimiento del bosque ofrece nuevas esperanzas. Actualmente, el 11% de la cobertura forestal está compuesto por vegetación joven, y un tercio de la selva tiene menos de 10 años.
Un símbolo de esta resiliencia es la reproducción del guacamayo escarlata en libertad por primera vez en casi dos siglos, un indicador de que las políticas de restauración están funcionando y fortaleciendo la biodiversidad.
Inversión millonaria en restauración forestal de la selva atlántica de Brasil y amenazas legislativas El gobierno brasileño ha impulsado un ambicioso sistema de restauración a gran escala con el objetivo de recuperar 15.000 hectáreas degradadas en el estado de Río de Janeiro.
Entre 2023 y 2025, esta estrategia movilizó unos 1.400 millones de dólares, financiados en parte por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
El programa aspira a plantar 280 millones de árboles, generar 70.000 empleos verdes y capturar 54 millones de toneladas de carbono. Pese a estos logros, el futuro no está exento de riesgos.
El Congreso brasileño aprobó el polémico «proyecto de ley de devastación», una normativa que debilita la protección federal al transferir la potestad de autorizar talas a las autoridades locales.
Las organizaciones ambientalistas advierten que, para alcanzar la «deforestación cero», es imprescindible blindar la legislación actual frente a posibles cambios de ciclo político.
Según la última encuesta de Inquilinos Agrupados, el 70% de los inquilinos está endeudado y gasta más del 40% de su salario en pagar el alquiler. No son los únicos: la morosidad de las familias está en sus niveles más altos desde que se tiene registro (2010) y, según revela un informe de Argentina Grande en base a la Encuesta Permanente de Hogares, 1 de cada 4 hogares se está endeudando para llegar a fin de mes. El número de morosos incobrables se triplicó, la preocupación por el endeudamiento familiar empieza a encabezar las encuestas de opinión pública y, sin embargo, el Senado avanzará este jueves con un proyecto de ley que amenaza la seguridad habitacional de los inquilinos más vulnerables.
Es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo autor intelectual es Federico Sturzenegger e incluye también la eliminación del tope del 15% a la venta de tierras a capitales extranjeros. El objetivo del proyecto es acelerar los tiempos de los desalojos contra los inquilinos que estén en mora. ¿Cómo? La iniciativa habilita que, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, el locador (el dueño de la propiedad) pueda exigir la desocupación inmediata del inmueble luego de 10 días del aviso de falta de pago.
Según explica Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, el Código Civil y Comercial establece que sólo después de dos meses consecutivos de no pagar el alquiler el locador puede rescindir el contrato. Con la nueva ley, esta exigencia desaparecerá y, una vez que el dueño dio aviso de la deuda, el inquilino tiene solo 10 días hasta que el juez puede dar la orden de desalojo. “Y encima eliminan la posibilidad de cancelar la deuda. Una vez que el dueño hizo la demanda, el inquilino ya no puede cancelar la deuda que tenía”, agrega Muñoz.
El proyecto original de Sturzenegger, incluso, reducía a tres días el plazo para el desalojo, pero los senadores aliados del Gobierno exigieron flexibilizarlo. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que negociar con los gobernadores para conseguir las firmas para el dictamen de mayoría y acordó establecer una diferenciación entre inquilinos morosos y “usurpadores”. Los primeros tendrían un plazo de 10 días, los segundos sólo 3.
No fue el único cambio que Bullrich tuvo que negociar para conseguir el apoyo del bloque radical y las fuerzas provinciales. Tras la explosión del escándalo patrimonial de Manuel Adorni, los aliados empezaron a aumentar las exigencias. Reclamaron el envío de los pliegos judiciales de sus provincias y se negaron a aprobar un nombramiento judicial más hasta que Juan Bautista Mahiques enviara los de las vacantes judiciales del interior. Le cerraron la puerta a la eliminación de las PASO y, pese al juego de seducción de Diego Santilli, exigieron que esta vez, si querían que acompañaran la reforma electoral, Luis Caputo tendría que abrir la billetera.
En este contexto, Bullrich tuvo que negociar dos meses para lograr avanzar con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Aceptó modificaciones, flexibilizó el capítulo de desalojos e, incluso, eliminó el capítulo que afectaba directamente a los barrios populares. Es decir: el apartado que habilitaba el desalojo en todos los barrios populares inscriptos en RENABAP. Por presión de la Iglesia y de numerosas organizaciones sociales que advirtieron que, si empezaban a habilitar desalojos en las villas, el enfrentamiento podría derivar en una gran emergencia social, Bullrich aceptó sacar el capítulo y patear la discusión para más adelante.
La negociación clave, sin embargo, fue la inclusión de los gobernadores en la mesa de la toma de decisiones respecto a la extranjerización de la tierra. La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elimina los límites para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras y, a pedido de los senadores, Bullrich agregó un artículo que define que cualquier tierra que quiera venderse tendrá que tener el visto bueno del gobierno provincial. “Federalismo puro y duro”, presumió la ex ministra.
Otro cambio: la Ley de Manejo del Fuego La iniciativa de Sturzenegger incluye otros cambios relacionados con el régimen de propiedad de las tierras nacionales. Además de habilitar la venta de tierras a extranjeros sin límites geográficos o cuantitativos, el proyecto elimina las restricciones impuestas por la Ley de Manejo del Fuego para las tierras afectadas por incendios.
En 2020, Máximo Kirchner impulsó una ley que modificaba la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales con el objetivo de prevenir la especulación inmobiliaria detrás de los incendios intencionales. La ley, que se sancionó con críticas de gran parte del sector agropecuario, prohibió por hasta 60 años la venta y el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios. La restricción se extendió por 30 años en las zonas agrícolas y por 60 años en los bosques nativos.
El proyecto del Gobierno lo que hace es eliminar esa prohibición. “¿Qué sentido tiene extender la protección de los bosques nativos a la producción agropecuaria? Para una producción agropecuaria es un dislate extender el concepto y afectar la propiedad privada durante 30 años sin poder hacerle ninguna modificación”, cuestionó Sturzenegger cuando fue a exponer en el plenario de comisiones del Senado.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se debatirá el próximo jueves en el Senado. El oficialismo está convencido de que tendrá los votos para darle la media sanción: el apoyo de los gobernadores, una vez más, se muestra impermeable a los escándalos políticos del Gobierno. La red de alianzas de Javier Milei promete sostenerse hasta que comience el Mundial de Fútbol.
El debate sobre el modelo forestal en el nordeste argentino sumó un nuevo capítulo de fuerte contenido político, ambiental y simbólico. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza presentó una sentencia en la que declara que la expansión de monocultivos industriales de pino y eucalipto en Corrientes constituye un ecocidio y una violación a los Derechos de la Naturaleza y de las comunidades campesinas e indígenas afectadas.
La resolución fue aprobada por la Asamblea de Jueces del organismo internacional tras analizar el caso durante su 13° Tribunal Local, realizado en noviembre de 2024. El documento sostiene que la expansión de más de 516.000 hectáreas de plantaciones forestales exóticas alteró los ciclos hidrológicos, afectó humedales y pastizales, redujo poblaciones de fauna nativa y provocó desplazamientos de comunidades rurales.
Aunque el Tribunal no posee capacidad jurisdiccional vinculante sobre los Estados, sus fallos buscan generar incidencia política, jurídica y social en torno a conflictos ambientales de alcance global. En este caso, la sentencia coloca bajo cuestionamiento uno de los sectores productivos más relevantes de Corrientes y de buena parte del nordeste argentino. El fallo llega en un momento sensible en Misiones, donde los dirigentes libertarios aseguran que hay que cambiar el modelo productivo para incorporar soja y maíz para compensar la pérdida de la rentabilidad de la yerba mate ahogada por la desregulación que impuso el presidente Javier Milei.
Un fallo que apunta al Estado y al modelo forestal
La sentencia atribuye responsabilidad tanto al Estado nacional como al gobierno de Corrientes por haber promovido activamente la expansión forestal mediante subsidios e incentivos fiscales, al tiempo que -según sostiene el fallo- incumplieron sus obligaciones de control ambiental.
Uno de los aspectos más relevantes es que el Tribunal rechaza expresamente la equiparación entre plantaciones industriales y bosques nativos. Según el documento, los monocultivos de pino y eucalipto no reproducen la complejidad ecológica de un bosque y no pueden ser considerados una herramienta suficiente para la mitigación del cambio climático.
En ese sentido, el fallo cuestiona también los mercados de carbono asociados a este tipo de emprendimientos forestales, a los que define como una “falsa solución” que beneficia principalmente a grandes grupos económicos. La resolución incorpora otro elemento novedoso: declara a los humedales y pastizales correntinos como sujetos de derechos.
Bajo esta perspectiva, estos ecosistemas poseen derecho a existir, regenerarse y mantener sus funciones ecológicas, una concepción inspirada en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y en corrientes jurídicas que ganan espacio en varios países latinoamericanos.
El enfoque implica un cambio profundo respecto de la visión tradicional del derecho ambiental, que suele centrarse en la protección de recursos naturales para beneficio humano y no en el reconocimiento de derechos propios de los ecosistemas.
La sentencia vincula el caso correntino con un proceso similar analizado previamente en la región chilena del Biobío.
Las medidas que propone la sentencia
Principales recomendaciones del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza
Eje
Medida propuesta
Expansión forestal
Moratoria inmediata a especies exóticas invasoras y pirófitas, especialmente pinos y eucaliptos.
Restauración ecológica
Planes de restauración y regeneración con participación efectiva de las comunidades locales.
Modelo productivo
Transición hacia esquemas agroecológicos compatibles con los ecosistemas nativos.
Marco legal
Incorporación efectiva de los Derechos de la Naturaleza en la legislación interna.
Comunidades
Garantía de acceso al agua, arraigo territorial y soberanía alimentaria para las poblaciones afectadas.
Trabajo
Erradicación de situaciones de trabajo infantil y condiciones laborales calificadas como esclavas en la cadena forestoindustrial.
Fuente: Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.
Según el Tribunal, existe un patrón común en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, donde la expansión de monocultivos forestales genera impactos sobre ecosistemas nativos, modifica la disponibilidad de agua y produce transformaciones socioeconómicas en comunidades rurales.
Durante la presentación del fallo participaron referentes ambientales de Argentina, Chile y Colombia, quienes coincidieron en señalar que el crecimiento de la demanda mundial de celulosa, papel y embalajes está acelerando la expansión de estas plantaciones industriales en América Latina.
Aunque la sentencia se refiere específicamente a Corrientes, el debate tiene especial relevancia para Misiones, una provincia donde la actividad forestal constituye uno de los principales complejos exportadores, con una fuerte presencia de plantaciones de pino y una industria integrada que abarca aserraderos, producción de tableros, pasta celulósica y biomasa.
El fallo reabre una discusión de fondo sobre cómo compatibilizar producción, generación de empleo, exportaciones y conservación ambiental en una región donde la actividad forestal representa una de las principales fuentes de inversión privada.
La tensión entre desarrollo económico y protección de los ecosistemas aparece, una vez más, como uno de los grandes desafíos para el futuro productivo del nordeste argentino.
Durante la presentación de la sentencia, Renata Nicora Chequin, Fiscal de la Tierra del Tribunal, bióloga e integrante de Defensores del Pastizal, señaló que la sentencia “no presenta solamente una sentencia, sino también el reclamo de un territorio, de la Naturaleza y de las comunidades que no pueden comparecer por sí mismas ante los sistemas tradicionales de justicia”.
Nicora Chequín explicó que “estamos ante una transformación profunda del paisaje y de las relaciones ecológicas y sociales en la provincia de Corrientes”. Asimismo, remarcó que la expansión de monocultivos forestales sobre humedales y pastizales “implica no sólo la muerte de la Naturaleza, alteraciones hidrológicas y degradación de suelos, sino también afectaciones directas a las comunidades campesinas”.
“La Naturaleza tiene derecho a existir, regenerarse y mantener sus funciones ecológicas. Ninguna actividad productiva puede justificarse si destruye los procesos que sostienen la vida. Si mata y contamina, no es progreso”, afirmó. Y concluyó: “Defender la Naturaleza no es oponerse al futuro. Es defender la posibilidad misma de tener futuro”.
Desde los territorios afectados en Corrientes, Chochón Romero destacó la importancia de que las comunidades rurales puedan finalmente ser escuchadas: “Hasta hoy no llegan a oídos de los funcionarios las medidas que necesitamos. Siguen destruyendo nuestras plantas nativas y nuestros territorios para plantar forestaciones”.
En un testimonio profundamente emotivo, Mario Benjamín, habitante de Corrientes afectado por el avance forestal, denunció las consecuencias del modelo extractivista sobre la vida cotidiana de las familias campesinas. “La tierra ya no nos responde, no tenemos agua. Los pájaros se fueron, los animales se fueron, y hoy lo que nos rodea es miseria”, expresó. “Nos quitaron el agua, la tierra, los pastizales. Pero no nos vamos a ir. Vamos a seguir luchando porque este es nuestro territorio y nuestra riqueza”.
Natalia Greene, secretaria del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, expresó solidaridad con las comunidades afectadas y afirmó que “no podemos permitir territorios ni personas de sacrificio”. También señaló que, aunque la sentencia representa una noticia importante, “el corazón sigue roto viendo cómo la situación empeora día tras día”.
Desde Chile, la activista Janny Figueroa advirtió que el caso de Corrientes refleja un patrón regional que lleva décadas profundizándose en territorios afectados por monocultivos forestales. “Esto es un ecocidio y también un etnocidio”, afirmó, recordando los impactos de los megaincendios en Biobío y denunciando que las comunidades continúan enfrentando desplazamiento, destrucción ambiental y abandono estatal.
La defensora colombiana América Niño también alertó sobre la expansión continental de este modelo extractivista. Relató cómo empresas forestales multinacionales reemplazaron bosques nativos por monocultivos de eucalipto y pino, provocando despojo territorial, criminalización y ruptura del tejido comunitario. “Este modelo transforma la relación de las comunidades con la tierra y convierte a quienes antes producían alimentos en asalariados de las empresas”, sostuvo.
Por su parte, el investigador Sergio Baffoni, de Environmental Paper Network, explicó que la expansión global de la industria papelera y de embalajes descartables está acelerando la destrucción de ecosistemas en América Latina. “Detrás de una caja de cartón hay apropiación de tierras, destrucción ambiental y violaciones de derechos humanos”, afirmó. Según indicó, la demanda de celulosa y embalajes sigue creciendo rápidamente, profundizando las zonas de sacrificio forestal en la región.
Jacqueline Arriagada, jueza del Tribunal, activista y campesina chilena, recordó que el modelo forestal fue impuesto en Chile “a sangre y fuego” desde la década de 1970, con apoyo estatal sostenido. “Vivir estas formas de extractivismo de muerte para la biodiversidad y las culturas rurales es un drama enorme”, señaló, y destacó la importancia de fortalecer la articulación latinoamericana contra los monocultivos forestales.
Por su parte, el abogado ambientalista Enrique Viale, juez del Tribunal, cuestionó el discurso empresarial que presenta las plantaciones industriales como “bosques”. “Un bosque es diversidad plena. Estas plantaciones son desiertos verdes”, afirmó. “Entrábamos a estas plantaciones y el silencio era atroz: no había pájaros ni animales, sólo clones de árboles diseñados para ser talados y exportados”. Viale también advirtió que los monocultivos “no vienen a salvarnos de la crisis climática”, sino que constituyen “zonas de sacrificio creadas para maximizar la ganancia de grandes corporaciones”.
Finalmente, Francesco Martone, coordinador de la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, destacó que la sentencia “fortalece y consolida la resistencia al modelo forestal desde un enfoque basado en los Derechos de la Naturaleza”, y afirmó que el fallo busca generar “efectos concretos en los territorios” e incidir sobre gobiernos y empresas. “Cuando la sentencia afirma que los monocultivos no son bosques, lo hace en base a evidencia científica acumulada durante décadas de investigación y resistencias territoriales. Evidencia accesible a las empresas y al Estado, y aun así ignorada”.
La decisión del presidente Javier Milei de impulsar el rechazo de la candidatura de María Verónica Michelli para ocupar un cargo judicial derivó en una inesperada crisis política dentro del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La controversia no gira en torno a la capacidad profesional de la postulante, sino a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del caso $LIBRA, una situación que desató cuestionamientos institucionales y abrió una inédita disputa dentro del oficialismo.
El conflicto escaló cuando la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, anunció públicamente que votará en contra de la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego de Michelli. La postura sorprendió incluso a sus propios compañeros de bancada, a quienes informó apenas minutos antes de hacerla pública.
Según trascendió, Bullrich justificó su decisión ante el Presidente argumentando que existe una parte del electorado que espera “gestos republicanos” y que vetar una candidatura por el parentesco con un periodista constituye una señal política equivocada en un momento delicado para la imagen del oficialismo.
La discusión ocurre además en un contexto complejo para el Gobierno nacional, marcado por las repercusiones del caso $LIBRA y por los cuestionamientos en torno al crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tema que continúa generando debate político y pedidos de explicaciones desde distintos sectores de la oposición.
Un bloque en estado de deliberación
La decisión de Bullrich dejó al bloque oficialista en una situación de tensión interna. Según reconstrucciones periodísticas, varios senadores respaldaron su postura, mientras que otros, identificados con el núcleo más cercano a los hermanos Milei, defendieron la necesidad de acompañar la decisión presidencial.
Entre quienes sostienen una alineación más estricta con la Casa Rosada aparecen Nadia Márquez, María Emilia Orozco y Joaquín Benegas Lynch, mientras que otros legisladores consideran que el episodio trasciende el caso Michelli y refleja diferencias más profundas sobre la construcción política del oficialismo y su relación con las instituciones.
La controversia también puso bajo la lupa al senador riojano Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos, quien mantiene retenido el dictamen favorable a Michelli pese a que cuenta con las firmas necesarias para llegar al recinto. Esa decisión generó críticas dentro de la propia bancada libertaria.
Señales para la oposición dialoguista
Más allá del episodio puntual, varios senadores interpretan que la jugada de Bullrich busca enviar una señal política hacia los sectores dialoguistas que han acompañado al Gobierno en distintos proyectos legislativos. El temor dentro del oficialismo es que el intento de bloquear una candidatura por razones vinculadas al parentesco con un periodista pueda deteriorar la relación con aliados clave para futuras votaciones.
La preocupación no es menor. En la Comisión de Acuerdos, el oficialismo cuenta con apenas cinco representantes frente a nueve integrantes de bloques dialoguistas, que fueron precisamente quienes impulsaron el dictamen favorable para Michelli.
Críticas a la estrategia de la Casa Rosada
Dentro del propio oficialismo surgieron cuestionamientos hacia el Ministerio de Justicia y hacia la conducción política de la Casa Rosada por la forma en que se gestionó el caso. Algunos legisladores consideran que el conflicto podría haberse evitado mediante una revisión previa más exhaustiva de los antecedentes y vínculos de los candidatos enviados al Senado.
También se cuestionó la decisión de intentar retirar el pliego una vez iniciado el proceso legislativo, una medida que, según algunos senadores, terminó otorgándole mayor visibilidad pública a una controversia que inicialmente tenía bajo perfil.
La discusión sobre Michelli ya trascendió el expediente judicial y se convirtió en una prueba de cohesión para La Libertad Avanza. Lo que comenzó como una disputa sobre una designación judicial amenaza ahora con convertirse en el primer gran desafío interno para el bloque oficialista en el Senado y en una señal de alerta sobre las tensiones que atraviesan la construcción política del Gobierno de Javier Milei.
La noticia tiene una dimensión que trasciende las fronteras provinciales. No se trata solamente de una validación técnica. Representa el reconocimiento internacional de un modelo de conservación forestal construido durante años y coloca a Misiones en una posición privilegiada dentro de los mercados globales de carbono, justo cuando la provincia se encuentra a las puertas de concretar su primera gran operación comercial vinculada a estos activos ambientales.
Según informó Verra, el programa misionero cubre aproximadamente más de un millón de hectáreas de Bosque Atlántico nativo y opera bajo el Escenario 2 del marco JNR, un esquema que permite a los gobiernos generar créditos de carbono por áreas forestales que no están incluidas dentro de proyectos privados específicos. Durante el primer período de monitoreo, comprendido entre 2017 y 2022, la provincia logró reducciones verificadas de emisiones equivalentes a unas 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ese volumen constituye la base para la generación futura de créditos comercializables en los mercados internacionales.
La directora ejecutiva de Verra, Mandy Rambharos, destacó que el caso de Misiones demuestra lo que puede lograrse cuando los gobiernos lideran políticas climáticas de largo plazo y logran articular instituciones, regulaciones y alianzas para transformar la conservación forestal en resultados verificables y comercializables.
El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, afirmó que “celebramos haber alcanzado un hito tan importante en materia de conservación. Misiones siempre ha considerado la protección de la selva como una política de Estado. Nuestro mecanismo de distribución de beneficios nos permitirá devolver a la comunidad el esfuerzo realizado durante décadas. Invitamos a los inversores calificados interesados en créditos de alta calidad a sumarse y apoyarnos en esta iniciativa. Agradecemos a Verra por su colaboración continua y su disposición para trabajar con nosotros”.
Se espera que esta aprobación impulse el desarrollo de programas adicionales bajo el Marco JNR del VCS en toda Argentina y en países de América Latina, África y Asia que están explorando enfoques jurisdiccionales a gran escala para la financiación climática y la protección de los bosques. El programa ofrece un modelo replicable para otros gobiernos nacionales y subnacionales que buscan alinear los objetivos de las políticas climáticas, las prioridades de conservación forestal y el acceso a los mercados internacionales de carbono.
La aprobación llega en un momento particularmente oportuno. Misiones se encuentra en negociaciones avanzadas para concretar la primera venta privada de créditos de carbono de su historia. La potencial compradora sería LATAM Airlines Group, interesada en adquirir entre 2,8 y 2,9 millones de toneladas de carbono para el mercado internacional CORSIA, el sistema global de compensación de emisiones para la aviación. La operación podría rondar los 65 millones de dólares.
La estrategia provincial comenzó formalmente en 2021, cuando Misiones inició el desarrollo de su programa jurisdiccional REDD+ junto a socios internacionales especializados en mercados ambientales. Desde entonces se desarrollaron auditorías, mediciones, validaciones independientes, consultas con comunidades, propietarios privados y organizaciones ambientales, además de la construcción de un sistema institucional capaz de sostener la trazabilidad exigida por los mercados internacionales.
El programa tiene además una característica singular: no concentra los beneficios exclusivamente en el Estado. El esquema prevé mecanismos de distribución para propietarios de tierras con bosque nativo, comunidades locales y proyectos de desarrollo sustentable, incorporando incentivos económicos para quienes contribuyen a la conservación de la Selva Paranaense.
La aprobación de Verra también fortalece la posición de Misiones frente a potenciales compradores internacionales. Los créditos certificados bajo estándares reconocidos globalmente tienen mayor liquidez, transparencia y aceptación en los mercados voluntarios y regulados de carbono. Precisamente, la organización certificadora acaba de incorporarse formalmente a la Mesa Argentina de Carbono, reforzando su presencia en el país y acompañando el desarrollo de proyectos de calidad internacional.
El avance se suma a otros hitos recientes del sector ambiental misionero. En las últimas semanas también fue certificado el primer proyecto argentino privado de carbono de bosque nativo bajo estándares Verra, desarrollado en la Selva Paranaense y validado por 138.000 créditos de carbono.
La validación del programa jurisdiccional de Misiones tiene además un valor simbólico. Durante décadas la provincia sostuvo políticas de conservación que limitaron actividades productivas sobre grandes extensiones de bosque nativo. Ahora, por primera vez, esa preservación comienza a transformarse en un activo económico reconocido por los mercados internacionales.
En un contexto de creciente demanda global por créditos ambientales de alta integridad, Misiones no solo aparece como la principal referencia argentina en mercados de carbono. Con la aprobación de Verra, la provincia se posiciona como uno de los casos más avanzados del mundo en la monetización de servicios ecosistémicos a escala gubernamental, abriendo una nueva etapa en la relación entre conservación, financiamiento climático y desarrollo económico.
