El Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud de Misiones proyecta para 2027 un presupuesto de $96.428,3 millones, según expuso su titular, Fernando Meza, ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes.
La previsión representa un incremento nominal del 38,71% respecto del ejercicio anterior y ubica a la asistencia social y alimentaria entre los principales ejes de intervención para el próximo año.
Del total presupuestado, cerca de $12.000 millones estarán destinados a gastos de personal, equivalentes aproximadamente al 12% de los recursos de la cartera. La partida salarial tendrá un crecimiento del 11% frente a 2026, muy por debajo del aumento general previsto para el Ministerio.
La composición del presupuesto muestra que casi nueve de cada diez pesos quedarán disponibles para programas, transferencias, asistencia directa y funcionamiento de los distintos dispositivos territoriales.
Una red social atravesada por la pérdida de ingresos
Durante su presentación, Meza dimensionó el alcance de la vulnerabilidad social en Misiones al señalar que alrededor de 370.000 personas reciben algún tipo de asistencia, entre asignaciones universales por hijo, pensiones y otros programas de protección.
La cifra no implica que todas sean asistidas directamente por el Ministerio provincial, pero permite observar la magnitud de una red de contención que combina políticas nacionales, provinciales y municipales.
En ese escenario, Desarrollo Social cumple una función que excede la distribución de alimentos. La cartera interviene en emergencias climáticas, incendios, situaciones de calle, acompañamiento a familias tareferas, atención de la primera infancia, residencias estudiantiles y asistencia a personas con celiaquía, entre otros programas.
La demanda social se desarrolla, además, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y encarecimiento de los gastos esenciales. Ese impacto también alcanza a los jóvenes que deben trasladarse para estudiar. Meza advirtió que vivir en Posadas puede demandar cerca de un millón de pesos mensuales, una barrera económica difícil de afrontar para numerosas familias del interior.
Comedores: 240.000 raciones mensuales
Uno de los principales dispositivos del Ministerio es el sistema de cocinas centralizadas, destinado a garantizar el acceso a alimentos de la población en situación de vulnerabilidad.
La estructura provincial abastece a 81 comedores y distribuye alrededor de 60.000 raciones por semana, equivalentes a unas 240.000 prestaciones alimentarias mensuales.
Las cocinas centralizadas funcionan en Santa Rita, Itaembé Miní y el Mercado Central, desde donde se organiza la elaboración y distribución. Según el informe de gestión presentado por la cartera, el programa supera las 150 ollas y entrega más de 12.000 raciones por cada una de ellas en el período contabilizado.
La política alimentaria incluye, además, el acompañamiento a personas con celiaquía. Actualmente, unas 600 familias reciben asistencia alimentaria específica, acompañamiento nutricional y acceso a talleres de cocina sin TACC.
El Ministerio mantiene una línea especial de apoyo para las familias tareferas durante la temporada baja de la cosecha de yerba mate. El programa alcanzó a más de 14.000 hogares, principalmente mediante la entrega de módulos alimentarios y la realización de operativos integrales.
La intervención resulta especialmente relevante por la estacionalidad de la actividad. Durante los meses en los que disminuye o se interrumpe la cosecha, miles de trabajadores rurales pierden su principal fuente de ingresos y pasan a depender de prestaciones por desempleo, programas sociales o asistencia alimentaria.
Los programas de contingencia social contabilizaron 1.033 intervenciones. De ese total, 700 correspondieron a emergencias climáticas, 370 a necesidades alimentarias y diez a incendios, de acuerdo con las categorías informadas por el Ministerio, que pueden superponerse dentro de un mismo operativo.
A través de los dispositivos destinados a personas expuestas a bajas temperaturas se entregaron 1.470 platos de comida caliente y 350 frazadas con kits de abrigo.
Los equipos realizaron además el relevamiento de 105 personas: 32 permanecían en dispositivos de alojamiento, 73 recibían atención ambulatoria y parte de ese universo se encontraba en situación de calle.
La política de albergues estudiantiles busca reducir una de las principales desigualdades en el acceso a la educación superior: el costo de mudarse desde el interior provincial hacia las ciudades universitarias.
Actualmente funcionan cinco residencias estudiantiles: tres en Posadas, una en Oberá y otra en la ciudad de Corrientes. En esos establecimientos se alojan más de 243 jóvenes provenientes de 33 municipios misioneros.
La cobertura adquiere mayor importancia frente al costo señalado por Meza para sostenerse en Posadas. Alquiler, alimentación, transporte y materiales de estudio pueden elevar el presupuesto mensual hasta aproximadamente un millón de pesos, una suma que deja la continuidad educativa fuera del alcance de numerosos hogares.
El Ministerio informó que Misiones cuenta con 70 Espacios de Primera Infancia, nueve de ellos ubicados en Posadas. La red atiende a más de 4.000 niños mediante asistencia alimentaria, acompañamiento psicosocial y abordajes vinculados con el neurodesarrollo.
El trabajo se articula con los sistemas de Salud y Educación, centros de estimulación temprana y espacios comunitarios, con el objetivo de detectar y atender situaciones de vulnerabilidad desde los primeros años.
A esa estructura se suman cuatro dispositivos convivenciales en los que más de 54 niños, niñas y adolescentes reciben cuidado integral. Los establecimientos desarrollan más de 180 actividades mensuales vinculadas con el deporte, el arte, la cultura, la recreación y la equinoterapia.
Otro de los ejes planteados por la cartera es la incorporación de herramientas de trazabilidad. El Centro Integral de Monitoreo Social (CIMS) busca digitalizar los procesos, centralizar la información y seguir el recorrido de los recursos asignados a los programas provinciales.
La estrategia incluye el Registro Permanente de Comedores, que releva comedores, merenderos, organizaciones no gubernamentales y espacios comunitarios. Los datos son validados mediante sistemas oficiales y deben actualizarse mensualmente.
El esquema contempla la coordinación de las entregas, su registro digital y la realización de auditorías aleatorias, con el propósito de reducir superposiciones, detectar inconsistencias y garantizar que la asistencia alcance a sus destinatarios.
La exposición también incluyó los programas dirigidos a jóvenes y emprendedores. La iniciativa de educación vial alcanzó desde su creación a más de 8.000 jóvenes en 65 municipios, mediante capacitaciones, pruebas de manejo y campañas preventivas.
La cuarta edición del programa de bonos estudiantiles distribuyó más de 70.000 bonos en 57 municipios, para que alumnos secundarios puedan financiar proyectos y actividades. La iniciativa contempla premios por $10 millones.
En materia de inserción económica, el registro provincial reúne a 3.000 emprendedores, de los cuales 100 se incorporaron durante 2026. La asistencia abarca ventas, administración del dinero, comercio electrónico, registro de marcas, planes de negocio, cuestiones tributarias e inclusión financiera.
El presupuesto presentado por Meza configura así una cartera con una planta salarial relativamente acotada frente a su volumen total, pero con una extensa red territorial. El desafío para 2027 será sostener esa cobertura en un contexto en el que la asistencia alimentaria, el alojamiento estudiantil y las respuestas ante emergencias dejaron de ocupar un lugar periférico para convertirse en componentes centrales de la política social.
