Economis Redacción

Brasil no cede a la pretensión paraguaya de habilitar el paso de vehículos livianos por el Puente de la Integración

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En una nueva reunión de la comisión mixta entre Paraguay y Brasil, realizada el viernes último en Foz de Yguazú, las partes no llegaron a ningún acuerdo. En los últimos encuentros, la comitiva paraguaya planteó la necesidad de habilitar el paso de vehículos livianos, es decir, de particulares por el Puente de la Integración.

Sin embargo, los brasileños insisten en que no están dadas las condiciones, debido a que el paso no será libre y sin control, como ocurre en el Puente de la Amistad. Es decir, Brasil pretende que todas las entradas y salidas por el Puente de la Integración sean registradas por Migraciones.

El control persona por persona implicaría un gran despliegue de funcionarios, por lo que en el vecino país afirman que no existen condiciones. Además, en Brasil insisten en que el Puente de la Integración sea utilizado solo por camiones pesados y ómnibus, pues sostienen que el Puente de la Amistad urge disminuir su carga.

El paso de camiones cargados tampoco es posible aún, debido a que en ambos países las obras complementarias de rutas para camiones pesados no están listas. Tanto las calles como las avenidas de las ciudades de Presidente Franco y Foz de Yguazú no están aptas para la circulación de camiones.

La próxima reunión de la comisión mixta está prevista para el 18 de julio próximo. El lugar aún no fue determinado, pero sería en Asunción.

La primera fase de habilitación fue el 20 de diciembre de 2025, permitiendo el paso de camiones en lastre, sin carga, en horario nocturno, de 19:00 a 07:00.

Mientras que el último avance de la apertura del Puente de la Integración se dio el pasado 29 de enero, cuando se permitió el tráfico internacional de ómnibus turísticos cuyo destino final no sea Foz de Yguazú, Ciudad del Este o Presidente Franco, en el horario comprendido entre las 19:00 y las 07:00, todos los días.

Desde entonces no hubo acuerdo para avanzar en la habilitación total de la pasarela internacional.

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Dass abre retiros voluntarios y profundiza la incertidumbre sobre su planta en Eldorado

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La fábrica de calzado Dass abrió un proceso de retiros voluntarios para 50 trabajadores en su planta de Eldorado, en medio de un escenario de fuerte retracción productiva y creciente incertidumbre sobre su continuidad operativa en Misiones.

La empresa, que en sus años de mayor actividad llegó a emplear a cerca de 1.500 personas, podría reducir su plantel a apenas 180 trabajadores si se concretan las desvinculaciones previstas, lo que refleja la magnitud de la crisis que atraviesa el sector.

Según trascendió, los retiros voluntarios contemplan el pago de la indemnización completa y forman parte de una estrategia para achicar costos ante la fuerte caída en los pedidos de sus principales clientes.

Desde hace varios meses, la firma viene advirtiendo sobre las dificultades para sostener la producción. Incluso, había señalado que, de no revertirse la situación, tenía asegurada carga de trabajo solamente hasta junio.

El problema, sin embargo, excede a la planta misionera. La industria nacional del calzado atraviesa una etapa crítica, marcada por la apertura de importaciones y la creciente competencia de productos provenientes del exterior a precios considerablemente más bajos, una combinación que golpea especialmente a las fábricas orientadas a marcas deportivas y producción tercerizada.

La propia Dass ya había dado una señal de ese deterioro a comienzos de 2025, cuando anunció el cierre de su planta en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, argumentando dificultades similares vinculadas a la pérdida de competitividad frente al avance de las importaciones.

En Eldorado, la situación genera preocupación no solo por el impacto directo sobre los trabajadores y sus familias, sino también por el efecto multiplicador que la planta tiene sobre la economía local. La fábrica fue durante años uno de los principales motores del empleo industrial en el norte misionero.

Ahora, con una estructura cada vez más reducida y sin certezas sobre nuevos contratos de producción, el futuro de Dass en Misiones vuelve a quedar bajo un manto de incertidumbre.

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Aña Cuá: avanza la obra que ampliará 10% la capacidad de Yacyretá y sumará energía al Sistema Interconectado Argentino

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La maquinización del brazo Aña Cuá se consolida como uno de los proyectos clave para  incrementar la generación del Complejo Hidroeléctrico Yacyretá, con un aporte  estimado de 270 megavatios (MW) adicionales de potencia instalada, equivalente a  cerca del 10% de su capacidad actual. 

En un contexto de crecimiento de la demanda eléctrica, esta ampliación permitirá  incorporar energía renovable, firme y de base al sistema argentino, fortaleciendo la  seguridad del abastecimiento y reduciendo la necesidad de generación térmica. 

Desde la reactivación del proyecto, las obras avanzan sobre distintos frentes de trabajo  vinculados a la infraestructura principal de la futura central. Actualmente se desarrollan  tareas de movimiento de suelos para la construcción de presas de cierre, trabajos de  hormigón armado —que incluyen doblado de armaduras, encofrado y colado— y el  enrocado de presas. Paralelamente, comenzaron las intervenciones preliminares  necesarias para la futura remoción de la presa existente en el área de obra. 

A su vez, se llevan adelante trabajos de mayor precisión técnica, entre ellos perforaciones  para inyecciones de impermeabilización, colocación de instrumentos de auscultación y  tareas preparatorias para el inicio de las pantallas altas de hormigón plástico,  fundamentales para la seguridad y estabilidad de la estructura. 

Actualmente, Yacyretá produce alrededor de 19.000 GWh anuales y representa uno de  los principales activos de generación del país. La incorporación de Aña Cuá no sólo incrementará la potencia disponible, sino que mejorará el aprovechamiento integral del  recurso hídrico, utilizando un caudal que hoy no se destina a generación. 

El proyecto contempla la instalación de tres turbinas tipo Kaplan y la construcción de una  nueva central sobre el brazo Aña Cuá del río Paraná. A diferencia de otros desarrollos  hidroeléctricos, esta obra no requiere una nueva represa ni la modificación del nivel del  embalse, ya que se basa en el uso del denominado caudal ecológico liberado por el  vertedero. 

Asimismo, el desarrollo incluye un sistema de transferencia de peces especialmente  diseñado para preservar la conectividad biológica del río Paraná, favoreciendo la  migración de especies emblemáticas de la región como el dorado, el surubí, el sábalo y el  pacú. Esta infraestructura forma parte de las medidas ambientales integradas al proyecto,  con soluciones adaptadas a las características hidráulicas del brazo Aña Cuá y programas  de monitoreo orientados a la conservación de la ictiofauna. 

Desde el punto de vista energético, la ampliación aportará mayor estabilidad al sistema,  especialmente en períodos de alta demanda, al tratarse de una fuente renovable gestionable. Al mismo tiempo, contribuirá a optimizar los costos de generación y a  mejorar la eficiencia operativa del complejo. 

Los trabajos incluyen obras civiles de gran escala, montaje de equipamiento  electromecánico y la instalación de los sistemas necesarios para la operación de las tres  unidades generadoras. Una vez en funcionamiento, permitirán transformar en energía un  flujo de agua que actualmente no es aprovechado. 

Además del impacto energético, el desarrollo de Aña Cuá genera actividad económica a  nivel regional, a través de la contratación de servicios, la provisión de insumos industriales y la generación de empleo directo e indirecto. 

La obra se enmarca en una estrategia de largo plazo orientada a maximizar la capacidad  del complejo hidroeléctrico sin ampliar su huella ambiental, consolidando a Yacyretá  como un actor central en la provisión de energía limpia y renovable en la Argentina.

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“No es ajuste, es desprotección”: Arrúa cuestionó el recorte nacional en Parques y alertó por el impacto en turismo y producción

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La Decisión Administrativa 20/2026 del Poder Ejecutivo Nacional volvió a encender la alarma en Misiones. La reconfiguración del gasto público dispuesta por la administración de Javier Milei formalizó una poda profunda en partidas sensibles para la provincia, con impacto directo en infraestructura vial, gestión hídrica, programas productivos, ciencia, seguridad y, especialmente, en la conservación ambiental y el turismo.

La reducción de $2.557 millones en programas de conservación y funcionamiento de la Administración de Parques Nacionales afecta a 46 parques, reservas y monumentos naturales de todo el país. En Misiones, el recorte golpea de lleno al Parque Nacional Iguazú y a la Reserva Federal Campo San Juan.

Según las planillas anexas publicadas en el Boletín Oficial, el Parque Nacional Iguazú perderá $41.715.920, mientras que Campo San Juan sufrirá una baja de $12.123.088. Los fondos comprometidos estaban destinados a funcionamiento operativo, mantenimiento, infraestructura ecoturística, prevención y combate del fuego, además de tareas de preservación ambiental.

Frente a este escenario, el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, fue contundente.

“Esto no es ajuste. Es desproteger lo que es de todos. Es recortar en conservación, en guardaparques, en el cuidado de nuestra biodiversidad”, sostuvo.

Y agregó una definición con fuerte contenido político y económico: “También es atentar contra el turismo, que da bienestar a miles de familias. La selva misionera no es un gasto”.

La advertencia no es menor. En una provincia donde el turismo representa uno de los principales motores económicos, especialmente a partir del movimiento que genera el Parque Nacional Iguazú, la reducción de partidas para conservación no solo implica un problema ambiental, sino también una amenaza sobre la competitividad del destino.

Rutas, producción y logística: otro frente crítico

El ajuste no se limita al sistema de áreas protegidas. El Distrito Misiones de la Dirección Nacional de Vialidad sufrió una baja de $940,5 millones en mantenimiento de rutas y otros $263,5 millones en reparación de obras de arte.

En una economía periférica y altamente dependiente del transporte terrestre, la degradación de la infraestructura vial representa un costo sistémico para sectores estratégicos como la yerba mate, la forestoindustria, el té y el comercio transfronterizo.

Cada kilómetro deteriorado implica mayores costos logísticos, más tiempo de traslado y menor competitividad exportadora.

A esto se suma la baja de partidas para infraestructura hídrica dentro del programa de Apoyo para la Expansión de Agua y Saneamiento, afectando la previsibilidad del abastecimiento para zonas urbanas e industriales en crecimiento.

También se registró una poda superior a los $5.100 millones en programas vinculados al aumento de la productividad agroindustrial y la gestión del riesgo agropecuario, debilitando herramientas que funcionan como respaldo ante contingencias climáticas y crisis sectoriales.

Para una provincia con fuerte dependencia de economías regionales, la señal preocupa: menos asistencia, menos cobertura frente al riesgo y más fragilidad para el pequeño productor.

Otro de los sectores alcanzados fue la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que redujo más de $11.800 millones en programas de formulación y ejecución de políticas públicas.

Esto afecta transferencias para actividades científicas, académicas y proyectos de innovación aplicada, un área que Misiones venía consolidando como parte de su estrategia de diversificación productiva.

En paralelo, el recorte de $322.447 millones en transferencias para financiar gastos corrientes de las administraciones provinciales incrementa la presión fiscal sobre las provincias, especialmente en regiones como el NEA, donde las asimetrías estructurales exigen una mayor presencia compensatoria del Estado nacional.

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Misiones a punto de cerrar la primera venta privada de bonos de carbono por US$65 millones

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Misiones está a las puertas de concretar una operación inédita en su estrategia de financiamiento ambiental: la primera venta de bonos de carbono a una empresa privada internacional. La compradora sería la aerolínea LATAM Airlines Group, líder regional en el mercado de compensación de emisiones del sector aeronáutico, que avanzó formalmente en su interés por adquirir créditos de carbono generados por el Programa Jurisdiccional REDD+ de la provincia.

La operación, que ronda los 64,9 millones de dólares, contempla la compra de 2,8 a 2,9 millones de toneladas de carbono destinadas exclusivamente al mercado CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), el sistema global diseñado para que las aerolíneas compensen sus emisiones internacionales.

El ministro de Cambio Climático de Misiones, Gervasio Malagrida, confirmó que el acuerdo comenzó a gestarse durante el Carbon Forum realizado en Chile en 2025 y terminó de consolidarse en la COP de Belém, en Pará, Brasil.

“A LATAM le pescamos en un Carbon Forum en Chile, donde nos enteramos de que estaban buscando comprar bonos. Pocos días después los contactamos por Zoom y en la COP de Belém cerramos la propuesta con la CEO de sustentabilidad de la empresa”, explicó.

La carta formal enviada por LATAM Airlines Group al ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, confirma ese interés. Allí la empresa expresa su voluntad de “explorar una potencial adquisición de créditos de carbono generados por el Programa Jurisdiccional REDD+ en Misiones, Argentina”, registrados bajo el estándar JNR administrado por Verra, siempre que resulten elegibles bajo el esquema CORSIA. 

Una venta estratégica para el mercado aeronáutico

CORSIA es un mercado específico creado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para compensar las emisiones de vuelos internacionales. A diferencia del mercado regulado entre países, este segmento está destinado exclusivamente a operaciones privadas entre empresas y proyectos certificados.

LATAM lidera la compra de créditos dentro de ese sistema y actualmente adquiere bonos principalmente en África. De concretarse la operación con Misiones, sería la primera vez que la compañía compraría este tipo de activos ambientales en América.

“LATAM lidera la compra del mercado de bonos exclusivo para aerolíneas. Es un bono especial, un mercado offset exclusivo para compensar emisiones del sector aeronáutico”, explicó Malagrida.

El acuerdo inicial sería por unas 2,8 millones de toneladas de carbono sobre un total de 10,5 millones que Misiones espera certificar con Verra, instancia que también podría concretarse de modo definitivo, durante el mes de junio. Eso dejaría todavía unas 7,2 millones de toneladas disponibles para futuras operaciones con otras compañías, incluso dentro del mismo sector aéreo.

“No quiere decir que no encontremos otra empresa. Podemos seguir vendiendo a más aerolíneas”, señaló el funcionario.

La clave: la certificación de Verra 

El proceso tiene dos hitos pendientes. El primero es la certificación definitiva de Verra, la principal consultora internacional en validación de créditos de carbono, prevista para junio. Ese paso permitirá validar técnicamente el instrumento financiero y habilitar formalmente la emisión de los bonos.

El segundo punto, y quizás el más sensible, es la autorización formal del Estado argentino para que esos créditos puedan ingresar específicamente al mercado CORSIA.

“Ahora Misiones está haciendo cola para que Argentina firme un mínimo papel que nos autorice la venta CORSIA”, explicó Malagrida.

Ese trámite depende de Cancillería, ya que se trata de un mecanismo internacional enmarcado en acuerdos de Naciones Unidas.

“Para el mercado CORSIA hace falta esa firmita; para otros mercados no”, remarcó.

Misiones viene trabajando desde hace años en el desarrollo de su estrategia de servicios ecosistémicos, con foco en monetizar la conservación de la Selva Paranaense, uno de los principales reservorios de biodiversidad de Argentina.

De concretarse la operación, el ingreso estimado superaría los 90 mil millones de pesos al tipo de cambio actual, convirtiéndose en una de las mayores operaciones financieras ambientales de la historia reciente de Misiones.

La tokenización del instrumento también aparece como una innovación relevante: permitiría transformar los bonos en activos digitales trazables, auditables y más atractivos para el mercado internacional.

La provincia no sólo busca una venta puntual, sino consolidar un modelo permanente de ingresos por conservación ambiental, donde la protección de los bosques deje de ser solamente una política ambiental y se convierta también en una herramienta concreta de desarrollo económico.

En ese escenario, la negociación con LATAM Airlines Group puede marcar un punto de inflexión: no sólo sería la primera gran venta privada de bonos de carbono de Misiones, sino también una señal internacional de validación para un activo que hasta hace pocos años parecía exclusivamente teórico y que de a poco comienza a cobrar vida en otros proyectos privados, que ya fueron certificados por Verra, como Nideport.

Con Verra cerca de emitir su certificación final y Cancillería ante la última firma pendiente, la provincia se prepara para transformar el monte nativo en divisas.

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