Una firma correntina implementó un modelo productivo de vanguardia en un predio de 60.000 hectáreas ubicado en los Esteros del Iberá, un ecosistema de alta fragilidad ambiental compuesto por monte nativo, pajonales subtropicales y suelos arenosos. El objetivo de la compañía fue claro: aumentar la productividad sin comprometer la estabilidad biológica del entorno.
Se trata de Rincón de Corrientes, que para lograrlo reemplazó el esquema tradicional de cría por un sistema de manejo holístico, diseñado para optimizar el uso de los recursos naturales y regenerar los pastizales. El modelo se basa en una planificación precisa de los tiempos de pastoreo y descanso, permitiendo que la biomasa se transforme en materia orgánica y mejore la salud del suelo. Gracias a esta estrategia, consiguieron elevar sus niveles productivos en un ambiente extremadamente sensible y, al mismo tiempo, avanzar hacia la certificación internacional de captura de carbono.
El cambio de paradigma
En 2013, cuando el carbono todavía era un tema marginal dentro de la ganadería argentina, la empresa decidió adoptar el manejo holístico como respuesta a una necesidad concreta: mejorar la productividad mejorando el ambiente que sostenía al negocio. Eso implicó reorganizar el sistema, fijar objetivos comunes y abandonar el tradicional pastoreo continuo para pasar a un esquema rotativo.
La lógica era sencilla en teoría, aunque compleja en la práctica: otorgar tiempo de descanso a los pastizales para que las plantas se recuperen, desarrollen raíces profundas y transformen esa biomasa en carbono almacenado en el suelo. “Fotosíntesis que funciona, carbono que se acumula”, resumen dentro del proyecto.
“En ese momento, la sustentabilidad era algo aspiracional”, recuerdan desde la empresa. El punto de inflexión llegó cuando decidieron medir científicamente qué estaba ocurriendo debajo de la tierra.
El INTA validó la captura de carbono
El primer estudio de factibilidad para cuantificar captura de carbono se realizó cuando el mercado voluntario de bonos todavía estaba en una etapa incipiente y el crédito apenas valía un dólar. Económicamente no parecía atractivo, pero los resultados técnicos fueron contundentes.
El investigador Ditmar Kurtz, del INTA, confirmó que el manejo holístico permitía capturar carbono en pastizales subtropicales, un antecedente con muy pocos casos documentados a nivel mundial. Ese dato despertó el interés de una firma suiza especializada en proyectos ambientales. Para entonces, el valor del crédito ya había escalado a nueve dólares y el escenario comenzó a cambiar.
La alianza se formalizó con una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de créditos de carbono. El proyecto adoptó el estándar Verra —uno de los más reconocidos del mercado voluntario— y la metodología VM0042, específica para pastizales subtropicales y soluciones basadas en la naturaleza.
El proceso demandó años de trabajo, auditorías externas y verificaciones técnicas hasta alcanzar el registro oficial. “Es exigente porque estás vendiendo un crédito a una empresa que necesita compensar su huella. Tiene que ser muy serio”, explica Santiago Angelillo, administrador de la empresa. Esa rigurosidad, lejos de ser una barrera burocrática, es lo que otorga credibilidad y valor a los créditos generados.
Un proyecto pionero a escala regional
Actualmente, la iniciativa integra un proyecto agrupado que abarca unas 100.000 hectáreas distribuidas entre Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco y Santa Fe. Se trata de uno de los primeros proyectos ganaderos del mundo registrados bajo esta metodología, con antecedentes similares apenas en México, Australia y recientemente en Patagonia y Chile.
Las estimaciones indican que el sistema podría capturar alrededor de 27.337 toneladas de CO₂ equivalente por año durante las próximas dos décadas.
El precio de los créditos de carbono oscila hoy entre 15 y 30 dólares dentro del mercado voluntario. Sin embargo, Angelillo aclara que el verdadero valor del proyecto excede lo económico: “Lo importante no es el ingreso que puede generar la venta de créditos, sino la transformación de fondo que se genera en el sistema productivo”.
En esa transformación aparecen beneficios menos visibles pero centrales: suelos más vivos, mayor biodiversidad, mejor manejo del agua y fortalecimiento de las comunidades rurales.
Más allá del carbono
Según explica Angelillo, los primeros cuatro años de manejo holístico —con rotación y descanso de las especies forrajeras naturales— son los que concentran la mayor captura de carbono. La intensa sequía registrada durante los últimos tres años redujo los niveles proyectados, confirmando que los sistemas naturales no responden de manera lineal.
Aun así, la superficie bajo manejo holístico continúa expandiéndose dentro del establecimiento correntino y se espera que en los próximos tres años abarque la totalidad del campo.
Pero quizás el cambio más profundo no pueda medirse en toneladas de carbono ni en balances económicos. Angelillo destaca la transformación tradicional que atravesó el equipo de trabajo: nuevas formas de liderazgo, decisiones productivas atravesadas por criterios ambientales y una visión de largo plazo sobre un ecosistema extremadamente frágil.
“Estamos navegando en un mundo nuevo”, resume.
En el contexto del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, esa afirmación adquiere todavía más relevancia. La trazabilidad ambiental y las certificaciones verificadas por terceros dejaron de ser un diferencial para convertirse en una condición de acceso a los mercados más exigentes. Y en ese camino, Rincón de Corrientes comenzó a moverse antes que la mayoría.
La imagen tradicional del joven que no sabe administrar sus ingresos parece haber quedado vieja. En la Argentina de 2026, los menores de 30 años desarrollaron una estrategia de consumo mucho más sofisticada: recortan gastos cotidianos, comparten servicios y buscan alternativas económicas para liberar recursos que luego destinan a experiencias, bienestar personal, tecnología o actividades vinculadas a su identidad.
Esa es una de las principales conclusiones de un relevamiento elaborado por Focus Market, que analizó cómo administran su presupuesto los adolescentes y jóvenes adultos en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida. Lejos de la austeridad absoluta, el estudio muestra una generación que prioriza de manera selectiva.
“A partir de este informe observamos que muchos jóvenes están reorganizando sus presupuestos con una lógica mucho más selectiva y emocional que en generaciones anteriores. Frente al aumento del costo de vida, reducen gastos cotidianos o postergan consumos tradicionales, pero mantienen —e incluso priorizan— aquellos vinculados a experiencias, bienestar personal, tecnología, viajes o vida social”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.
Según el informe, los jóvenes argentinos desarrollan una economía doméstica de dos velocidades. Por un lado, aplican estrategias de ahorro en consumos considerados secundarios. Por otro, sostienen gastos asociados a la construcción de identidad, pertenencia y desarrollo personal.
La lógica es sencilla: compartir plataformas de streaming, dividir gastos de conectividad, utilizar bicicleta en lugar de transporte motorizado o llevar comida preparada desde el hogar son decisiones que permiten reducir costos sin afectar la percepción de bienestar. El ahorro acumulado por estas prácticas puede alcanzar los $268.500 mensuales respecto de los precios de referencia del mercado.
Ese monto, según el estudio, se convierte luego en financiamiento para consumos que los jóvenes consideran prioritarios. Allí aparecen los recitales, la tecnología, las zapatillas de marca, las cafeterías de especialidad o determinados viajes y experiencias.
El gasto emocional no se negocia
Mientras optimizan gastos cotidianos, muchos jóvenes mantienen consumos que podrían considerarse prescindibles desde una mirada tradicional, pero que para ellos cumplen una función social y emocional relevante.
Un café con medialunas en una cafetería céntrica ronda los $9.300. Tomado ocho veces por mes, implica un desembolso cercano a los $74.400 mensuales. A eso se suman pedidos de delivery de fin de semana, que pueden agregar otros $50.000 al presupuesto, o la compra de zapatillas de marca, cuyo costo prorrateado representa más de $31.000 mensuales.
Los recitales ocupan un lugar central dentro de esa escala de prioridades. Según Focus Market, una entrada para un espectáculo nacional ronda actualmente los $80.500, mientras que un show internacional puede superar los $120.000. Sin embargo, para buena parte de los jóvenes ese gasto no se elimina: simplemente se reorganiza el resto del presupuesto para hacerlo posible.
Redes sociales y consumo aspiracional
El informe también identifica un fenómeno cada vez más visible: el consumo vinculado a la exhibición digital.
Desde cafeterías diseñadas para ser fotografiadas hasta accesorios virales impulsados por influencers, existe una porción creciente del gasto que responde a la necesidad de pertenencia y validación social dentro de las plataformas digitales.
El estudio cita como ejemplos los cafés de especialidad, prendas utilizadas para eventos específicos o accesorios convertidos en tendencia por TikTok e Instagram. En estos casos, el valor simbólico del producto puede resultar tan importante como su utilidad práctica.
“Hoy los jóvenes construyen sus decisiones de consumo y ahorro mucho más desde la identidad y la pertenencia que desde modelos tradicionales de estabilidad. Las aspiraciones individuales están profundamente influenciadas por los espacios sociales que integran, ya sea educativos, laborales, deportivos o culturales”, señaló Di Pace.
Una nueva racionalidad económica
Lejos de los estereotipos, Focus Market concluye que los jóvenes argentinos no son ni austeros ni derrochadores. Son consumidores que administran recursos limitados bajo una lógica distinta a la de generaciones anteriores.
La inflación, las dificultades de acceso a la vivienda y los cambios en los patrones laborales modificaron las prioridades. La estabilidad material perdió peso frente a experiencias, formación, bienestar y pertenencia.
La paradoja es que ambas conductas conviven sin contradicción: ahorrar donde el sacrificio resulta invisible para gastar donde sienten que construyen identidad. En definitiva, no se trata de una generación que dejó de ahorrar, sino de una que redefinió qué vale la pena financiar.
Más de 50 establecimientos yerbateros; entre empresas, cooperativas y emprendedores, participaron de la segunda edición de Expo Mate, que se desarrolló los días 23, 24 y 25 de mayo en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro (Buenos Aires). La feria fue visitada por más de 18 mil personas, proponiendo experiencias diversas en torno a la Infusión Nacional argentina.
La “embajada yerbatera” estuvo integrada por los establecimientos que contaron con el apoyo del INYM para cubrir el costo de sus stands; además de aquellos que sumaron su presencia en lugares estratégicos de la feria.
El trailer del INYM sumó la marca institucional Yerba Mate Argentina para compartir con los visitantes todo lo relacionado al universo yerbatero, desde información sobre el proceso de producción y elaboración hasta las propiedades benéficas que tiene nuestra Infusión Nacional en la salud; sin dejar de lados algunos “tips” para preparar un rico mate.
Expo Mate tuvo el sector Talleres en Vivo, con actividades de 40 minutos que incluyeron catas guiadas y también hubo espacio para el conocimiento científico con disertaciones acerca de las propiedades benéficas del consumo de yerba mate; sus mitos y verdades. Además, se presentaron libros sobre la historia de la yerba mate y se contó con la presencia de orfebres y artesanos del cuero, metal y madera que trabajaron “en vivo” para mostrar como logran sus productos.
En el Anfiteatro de Charlas se desarrollaron paneles sobre oportunidades laborales en el sector yerbatero, con la participación de emprendedores y empresa que relataron su historia. Para los más chicos, hubo funciones de títeres con temáticas materas; además de campeonatos de truco para toda la familia.
El escenario principal se sucedieron los números musicales con artistas de primer nivel y un repertorio netamente folklórico que fue acompañado por aplausos y baile del público presente. El lunes 25 de Mayo se vivió una jornada sumamente emotiva, con la entonación del Himno Nacional Argentino en la apertura de la feria.
En esta oportunidad nuevamente hubo un fin solidario, ya que los fondos recaudados serán destinados a la compra de un respirador con transporte y un desfibrilador para el Hospital Central de San Isidro.
Cabe señalar que la participación en este tipo de ferias responde a los lineamientos del Directorio del INYM, en el marco de la estrategia de promoción de la Yerba Mate Argentina que lleva adelante. En ese sentido, además del equipo de Promoción del INYM, los establecimientos yerbateros participantes contaron en el predio de la Expo Mate con el acompañamiento de los directores Ricardo Maciel (gobierno de Misiones), Ricardo Kalitko (sector Producción), Marta Cunha (gobierno de Misiones) y Carlos Czajkowski (sector Cooperativas).
La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al Estado sumó un nuevo capítulo. Según información obtenida a través de un pedido de acceso a la información pública, la entidad financiera concedió 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, sobre un total de 25.391 operaciones realizadas en ese período. Esto implica que aproximadamente uno de cada 23 préstamos fue otorgado a integrantes de una categoría sometida a controles especiales por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El dato permite dimensionar por primera vez la magnitud de una operatoria que comenzó a ser observada tras conocerse que varios funcionarios nacionales habían accedido a créditos millonarios del Banco Nación. Entre los casos que trascendieron públicamente figuran el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi.
La controversia excede a esos nombres. El universo de Personas Expuestas Políticamente incluye a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, magistrados, fiscales, autoridades militares, embajadores y otros cargos jerárquicos, además de familiares directos y ex funcionarios alcanzados por la normativa de la UIF. Sin embargo, también deja fuera a algunos cargos relevantes dentro de la estructura estatal, por lo que el número informado podría no abarcar a todos los beneficiarios con vínculos con la administración nacional.
Uno de los puntos más cuestionados es la modificación introducida por el Banco Nación en septiembre de 2024 en la línea hipotecaria “+ Hogares”. La actualización incorporó expresamente entre los potenciales beneficiarios a los “cargos políticos designados por resolución o electivos”, una definición que no figuraba en la normativa vigente durante la gestión anterior. Esa modificación motivó una denuncia presentada por la diputada nacional Mónica Frade, que actualmente tramita en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.
El Gobierno intentó relativizar el impacto del caso. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los funcionarios involucrados representan una porción mínima del total de créditos otorgados. Sin embargo, la información oficial entregada por el Banco Nación muestra que la cantidad de beneficiarios alcanzados por la categoría PEP es significativamente superior a los casos que se conocieron públicamente.
La investigación judicial busca determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos y si la modificación de la normativa pudo favorecer a determinados sectores de la administración pública. Paralelamente, continúan las investigaciones y pedidos de información sobre la evolución patrimonial de algunos funcionarios nacionales que accedieron a estas líneas crediticias. Entre ellos figura el vocero presidencial Manuel Adorni, cuyo incremento patrimonial sigue bajo análisis público y judicial, aunque hasta el momento no existe una resolución que determine irregularidades.
Más allá de las definiciones judiciales futuras, el dato central es que los créditos otorgados a Personas Expuestas Políticamente no constituyen casos aislados. La información oficial revela una operatoria de alcance mucho más amplio dentro de un universo regulado y monitoreado por el propio sistema financiero, reabriendo el debate sobre los criterios de acceso al crédito en el principal banco público del país.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que respalda el histórico dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. La votación terminó con 141 países a favor, ocho en contra y 28 abstenciones.
La iniciativa fue impulsada por Vanuatu, uno de los pequeños Estados insulares más afectados por el aumento del nivel del mar y los fenómenos climáticos extremos. El texto reafirma el dictamen emitido por la CIJ en julio de 2025, que sostuvo que los países tienen la obligación jurídica de prevenir daños ambientales significativos y reducir el uso de combustibles fósiles.
Aunque el pronunciamiento de la Corte no es jurídicamente vinculante, especialistas y organismos internacionales consideran que puede tener un fuerte impacto en litigios climáticos, políticas públicas y futuras negociaciones diplomáticas.
Entre otros puntos, la CIJ afirmó que los países deben actuar para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, cooperar de buena fe y evitar daños irreversibles al sistema climático. También dejó abierta la posibilidad de reparaciones o compensaciones en casos donde pueda demostrarse responsabilidad por daños climáticos.
El nuevo respaldo de la Asamblea General busca darle mayor peso político a esa opinión consultiva y consolidarla como referencia para futuras acciones legales y negociaciones multilaterales.
El cambio climático ya no puede entenderse solo como una crisis ambiental. Es también una crisis de derechos humanos que amenaza la vida, la salud, la vivienda, la alimentación, el acceso al agua, la cultura y el futuro de millones de personas en todo el mundo.
Así lo ha dejado claro la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, en una opinión consultiva histórica sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. La decisión supone un avance clave para la justicia climática, porque vincula de forma directa la crisis climática con la protección de los derechos humanos y refuerza la responsabilidad legal de los gobiernos.
La opinión consultiva llega tras años de movilización impulsada por jóvenes de las islas del Pacífico, especialmente desde Vanuatu, una de las regiones más expuestas a los impactos de la crisis climática. Su mensaje es claro: los Estados no pueden seguir retrasando la acción climática ni incumpliendo sus compromisos internacionales sin consecuencias.
¿Qué es la Corte Internacional de Justicia?
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, y su función es interpretar el derecho internacional y resolver disputas legales entre Estados. Creada en 1945 junto con la ONU, la CIJ está formada por 15 jueces y juezas de distintas regiones del mundo, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU.
Aunque la Corte no puede juzgar a personas ni imponer sanciones penales, sus decisiones y opiniones tienen un enorme peso jurídico y político. Sus interpretaciones ayudan a aclarar qué obligaciones tienen los Estados en materias como los derechos humanos, el uso de la fuerza, la autodeterminación de los pueblos o, como en este caso, el cambio climático.
Que la Corte Internacional de Justicia se haya pronunciado sobre la crisis climática es especialmente relevante porque sitúa el debate en el terreno de las obligaciones legales de los Estados, y no solo en el de los compromisos políticos voluntarios.
¿Qué es una opinión consultiva?
Una opinión consultiva es una interpretación jurídica que la Corte Internacional de Justicia emite a petición de órganos de las Naciones Unidas, como la Asamblea General. Aunque no tiene carácter jurídicamente vinculante, posee una enorme autoridad porque aclara cómo debe interpretarse y aplicarse el derecho internacional.
No es una sentencia que obligue directamente a los Estados a actuar de una determinada manera, pero sí establece con claridad cuáles son sus responsabilidades legales y puede influir en decisiones judiciales, negociaciones internacionales y políticas públicas.
En el caso del cambio climático, la Asamblea General de la ONU pidió a la CIJ que respondiera a dos preguntas fundamentales: cuáles son las obligaciones de los Estados para proteger el clima y el medioambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, y cuáles son las consecuencias legales cuando sus acciones, o su inacción, causan daños significativos.
La respuesta de la Corte ha sido contundente: proteger el sistema climático mundial es una obligación legal, no una opción política. Y, cuando los Estados incumplen esa obligación, pueden tener que rendir cuentas por las pérdidas y daños causados.
Por eso, aunque la opinión consultiva no sea formalmente vinculante, supone un hito jurídico que puede reforzar las demandas de las comunidades afectadas y servir de referencia para futuras decisiones judiciales y acuerdos internacionales.
La Corte Internacional de Justicia ha afirmado con claridad que los Estados tienen la obligación legal de proteger el sistema climático y el medioambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana. No se trata de una recomendación política, sino de una exigencia derivada del derecho internacional.
En su opinión consultiva sobre el cambio climático, la Corte señala que estas obligaciones se fundamentan en distintas fuentes jurídicas, entre ellas la Carta de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, los tratados internacionales de derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario.
Uno de los mensajes más importantes de la decisión es que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible es una condición previa para el disfrute efectivo de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua o la vivienda.
¿Qué obligaciones tienen los Estados frente al cambio climático?
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia deja claro que todos los Estados tienen la obligación de actuar frente al cambio climático para proteger los derechos humanos y evitar daños al sistema climático mundial. Aunque sus responsabilidades pueden variar según sus capacidades y su contribución histórica a la crisis, ningún país puede permanecer al margen.
Entre las principales obligaciones señaladas por la Corte se encuentran:
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
Los Estados deben adoptar medidas eficaces para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, en línea con el Acuerdo de París. Esto implica presentar e implementar planes climáticos ambiciosos y revisar periódicamente sus compromisos.
Abandonar progresivamente los combustibles fósiles
La Corte subraya que no eliminar de forma gradual y equitativa el carbón, el petróleo y el gas puede constituir un incumplimiento del derecho internacional. Esto incluye seguir autorizando nuevos proyectos de exploración o manteniendo subvenciones a la industria fósil.
Proteger los derechos humanos
Los gobiernos deben garantizar que sus políticas climáticas protejan derechos como la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y un medioambiente limpio, saludable y sostenible.
Cooperar internacionalmente
La crisis climática requiere una respuesta global. Los Estados deben colaborar entre sí y, en particular, los países con más recursos deben proporcionar financiación, tecnología y apoyo técnico a los países más afectados y con menos responsabilidad histórica en la crisis.
Reparar pérdidas y daños
Cuando un Estado incumple sus obligaciones y causa daños significativos, puede estar obligado a ofrecer reparación, incluida una indemnización por las pérdidas y daños sufridos.
Proteger a las personas desplazadas por el clima
La Corte reconoce que las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por los impactos del cambio climático deben recibir protección, también cuando cruzan fronteras internacionales.
¿Por qué esta decisión de la Corte Internacional de Justicia es histórica?
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el cambio climático marca un antes y un después porque, por primera vez, el principal tribunal de las Naciones Unidas ha dejado claro que proteger el clima es una obligación legal de los Estados.
Reconoce que la crisis climática es también una crisis de derechos humanos
La Corte afirma que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible es una condición previa para el disfrute de otros derechos humanos, como la vida, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda.
Refuerza la posibilidad de exigir responsabilidades a los Estados
La opinión consultiva aclara que los países pueden tener que reparar las pérdidas y daños causados por su inacción climática. Esto puede fortalecer litigios ante tribunales nacionales, cortes regionales de derechos humanos y otros órganos internacionales.
Puede influir en leyes, políticas y decisiones judiciales en todo el mundo
Aunque no es jurídicamente vinculante, la opinión de la CIJ tiene una gran autoridad y puede servir de referencia para:
Tribunales nacionales.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nuevas leyes y políticas climáticas.
Negociaciones internacionales en Naciones Unidas.
Da respaldo a las comunidades más afectadas
Para los pequeños Estados insulares y otras comunidades en primera línea de la crisis climática, la decisión confirma lo que llevan años denunciando: que el cambio climático amenaza su territorio, su cultura y sus derechos fundamentales.
El papel de Vanuatu y los estudiantes del Pacífico
Detrás de esta histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia hay una historia de perseverancia, liderazgo juvenil y resistencia frente a la crisis climática.
Todo comenzó en 2019, cuando 27 estudiantes de Derecho de la Universidad del Sur del Pacífico, en Vanuatu, decidieron impulsar una iniciativa sin precedentes: llevar la cuestión del cambio climático ante el máximo tribunal del mundo. Su objetivo era lograr que la Corte aclarara qué obligaciones legales tienen los Estados para proteger el clima y los derechos humanos.
La campaña fue liderada por el movimiento Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC), integrado por jóvenes de distintos países del Pacífico. Entre ellos se encontraba Vishal Prasad, nacido en Fiyi, quien ha explicado que la iniciativa surgió de un “optimismo radical y obstinado” frente a años de promesas incumplidas por parte de la comunidad internacional.
Para estos jóvenes, la crisis climática no es una amenaza lejana, sino una realidad cotidiana. El aumento del nivel del mar, los ciclones cada vez más intensos y la degradación de los ecosistemas ponen en riesgo hogares, medios de vida, culturas y formas de vida enteras.
Como resume Vishal Prasad: “Para nuestro pueblo, está en juego casi todo”.
La iniciativa estudiantil logró movilizar a organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas y gobiernos de todo el mundo. Vanuatu asumió el liderazgo diplomático y promovió primero la resolución de la Asamblea General de la ONU que solicitó la opinión consultiva de la CIJ y, posteriormente, una nueva resolución para impulsar su aplicación práctica.
Este proceso demuestra que incluso los países más pequeños y las voces jóvenes pueden influir en el derecho internacional cuando se organizan y actúan con determinación.
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia no pone fin al proceso. Al contrario: puede convertirse en una herramienta muy poderosa para impulsar nuevas leyes, reforzar las políticas climáticas y exigir responsabilidades a los gobiernos que no actúen frente a la crisis climática.
La Asamblea General de la ONU votará el 20 de mayo de 2026 una resolución impulsada por Vanuatu para respaldar formalmente la opinión de la Corte y convertir sus conclusiones en una hoja de ruta para la acción climática y la rendición de cuentas.
Pero más allá de la ONU, la opinión consultiva de la CIJ puede servir de referencia para tribunales nacionales e internacionales, fortalecer los litigios climáticos y respaldar las demandas de las comunidades que reclaman justicia climática.
También puede aumentar la presión sobre los países con mayores emisiones históricas para que reduzcan más rápidamente su dependencia de los combustibles fósiles y aporten financiación y apoyo a los países y comunidades más afectados por la crisis climática.
En última instancia, lo que ocurra ahora dependerá de la voluntad de los gobiernos para traducir esta claridad jurídica en medidas concretas. La votación del 20 de mayo mostrará hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a convertir este avance jurídico en compromisos reales para proteger a las personas y al planeta.
