Economis Redacción

Argentina vuelve a caer al “Top 10” de los países más complejos para hacer negocios

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 TMF Group, firma líder de servicios administrativos y de cumplimiento normativo, publicó la 13a. edición de su reporte anual Global Business Complexity Index (GBCI), el cual analiza 81 jurisdicciones que representan más del 90% de la economía mundial y evalúa el entorno operativo para empresas e inversionistas. En esta edición, Argentina ha ascendido al 9.º puesto del ranking, consolidando su posición como una de las jurisdicciones más complejas para la inversión extranjera directa.  El resultado refleja un entorno caracterizado por cambios regulatorios frecuentes, cargas administrativas elevadas y una creciente exigencia en materia fiscal.

El reporte GBCI analiza 292 indicadores por jurisdicción, abarcando aspectos clave como contabilidad e impuestos, gestión legal de entidades y regulación laboral. Más allá del atractivo macroeconómico de cada país, el Índice mide el costo operativo de cumplir con marcos normativos que frenan el crecimiento tanto de las empresas locales como de los inversionistas internacionales. 

El estudio resalta que países como Dinamarca, Hong Kong y los Países Bajos se encuentran entre las 10 jurisdicciones más fáciles para hacer negocios. En contraste, 6 de 18 países analizados en América Latina, se posicionan entre los 10 más complejos a nivel global: México, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Perú.

Las consecuencias de la volatilidad geopolítica

A lo anterior se suma la creciente inestabilidad geopolítica y económica que está dificultando los negocios transfronterizos. El proteccionismo, los aranceles y los cambios en la normativa están revirtiendo muchos de los avances logrados gracias a la globalización.

“La fragmentación política global y la dispersión económica están llevando a las empresas a incorporar más jurisdicciones en sus cadenas de suministro, lo que incrementa la complejidad de su gobernanza. Esta fragmentación también implica que deben enfrentarse a una mayor incertidumbre regulatoria”, afirma Mark Weil, CEO de TMF Group. Y agregó: “Los inversionistas buscan simplicidad, pero, sobre todo, certeza en las reglas bajo las cuales operan. Por ello, alentamos a los gobiernos a mejorar su posicionamiento actuando en ambos frentes, y a las empresas a simplificar sus operaciones para ser más eficientes y ágiles frente a marcos regulatorios complejos e inciertos”.

Ante este escenario, las compañías se están adaptando mediante la subcontratación (69%), la reducción de personal (59%), el cierre de oficinas o sucursales (55%) y la congelación de contrataciones (51%). Los cambios recurrentes han obligado a las organizaciones a ajustar continuamente sus esquemas. 

El ascenso negativo argentino

El ascenso de Argentina del puesto 11 (en 2025) al 9 este año destaca la persistencia de barreras estructurales que las empresas internacionales encuentran al operar en el país. El entorno de negocios sigue siendo demandante, caracterizado por cambios regulatorios impredecibles y una carga administrativa que se prevé aumentará durante el próximo año.

Al respecto, Jorge Sodano, Country Head de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de TMF Group, señaló: “El posicionamiento de Argentina en este ranking coincide con un momento de transformación profunda. Las reformas impulsadas por el gobierno —en materia de desregulación, apertura cambiaria y simplificación administrativa— están sentando las bases para un entorno de negocios mucho más predecible y competitivo. Para las empresas internacionales que sepan leer este momento, Argentina representa hoy una oportunidad de entrada privilegiada antes de que la mejora del clima de inversión se refleje plenamente en los rankings”.

Sin embargo, pese al posicionamiento en el ranking, el GBCI 2026 identifica factores que podrían cambiar la tendencia en el mediano plazo. Tras las elecciones legislativas de 2025, se percibe una voluntad política para flexibilizar ciertos requisitos regulatorios. Este cambio de postura, de materializarse junto con la caída de la inflación observada en 2024/25, podría reposicionar a la Argentina como un destino atractivo para nuevos capitales.

Sodano profundizó sobre este punto:  “Argentina está viviendo un punto de inflexión. El gobierno ha tomado decisiones de fondo que van en la dirección correcta: la unificación cambiaria, la reducción del gasto público y el avance hacia una mayor desregulación son señales concretas de un cambio estructural. Esto, combinado con la disminución de los niveles de inflación, está generando condiciones que no veíamos hace años. Las empresas que ingresen o amplíen su presencia ahora estarán posicionadas para capturar el upside de una economía que está retomando el camino del crecimiento con reglas de juego más claras y estables”.

Digitalización y prácticas tradicionales: complejidad estructural

El informe señala que si bien la digitalización está simplificando procesos en gran parte del mundo, en mercados complejos como Argentina, la transición digital a menudo se superpone a requisitos antiguos (como la exigencia de presencia física o certificaciones manuales), creando, al menos temporalmente, una capa adicional de complejidad para las empresas.

En 2026, el 58% de las jurisdicciones del estudio exigen que al menos algunas empresas emitan facturas electrónicas, frente al 54% del año anterior y un aumento sustancial en comparación con el 38% de 2020.

El fortalecimiento de mecanismos como la contabilidad electrónica apunta hacia un modelo de mayor control y supervisión por parte de las autoridades, lo que incrementa las exigencias de cumplimiento para las empresas.

Tendencias globales

A nivel global, el GBCI 2026 subraya que la complejidad está siendo moldeada por la fragmentación de las reglas comerciales y el aumento de los costos de cumplimiento. En contraste con Argentina, las jurisdicciones clasificadas como las más sencillas para operar (como Dinamarca, Hong Kong y Países Bajos) se caracterizan por una infraestructura digital sólida y un entorno regulatorio previsible, concluye el informe.

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Contundente respaldo al reclamo a Nación por un régimen diferencial impositivo para Misiones

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La discusión sobre la competitividad de Misiones volvió a instalarse con fuerza tras el reclamo de condiciones diferenciales para sostener la competitividad en la relación con Paraguay y Brasil. El planteo en Encuentro Misionero es claro: si Nación atiende la complejidad territorial de la provincia, Misiones está en condiciones de potenciar la economía local y las exportaciones, lo que redundará en un mayor ingreso de divisas a la Argentina.

El conductor de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, lo señaló en la última reunión del espacio. “Podemos eliminar ya Ingresos Brutos si la Nación nos elimina impuestos”. El mensaje caló hondo. Este martes se aprobó el dictamen de reclamo a la Nación con una contundencia inédita: hasta la Libertad Avanza acompañó la iniciativa.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de Comunicación impulsado por Encuentro Misionero que solicita al Poder Ejecutivo Nacional la creación de un régimen diferencial impositivo y aduanero para Misiones, con el objetivo de corregir las asimetrías estructurales que enfrenta por su condición de frontera con Brasil y Paraguay.

No se trata de un planteo menor ni novedoso: es la reedición de un viejo reclamo misionero que reaparece en un nuevo contexto político y económico, marcado por la reforma fiscal que impulsa el presidente Javier Milei y por la necesidad urgente de sostener competitividad en una provincia que compite todos los días contra estructuras tributarias mucho más livianas del otro lado del puente.

Misiones tiene una singularidad económica que ningún otro distrito argentino presenta con la misma intensidad: el 91% de su perímetro limita con Paraguay y Brasil.

Eso significa competencia directa, cotidiana y feroz. Mientras en Encarnación o en Foz de Iguazú los precios encuentran alivio en menores cargas impositivas, menor presión regulatoria y ventajas cambiarias, del lado argentino el comercio, la industria y el consumo conviven con una estructura de costos considerablemente más pesada. El resultado es conocido: fuga de consumo, menor competitividad comercial, presión sobre la rentabilidad empresaria y dificultades para atraer inversiones.

Por eso, el planteo de Encuentro Misionero no apunta simplemente a una baja de impuestos, sino a la construcción de un régimen especial que reconozca esa condición geográfica excepcional. “El objetivo es impulsar un régimen diferencial, impositivo y aduanero para Misiones”, explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Pastori, al defender el proyecto.

La premisa es concreta: Misiones aporta mucho más de lo que recibe. La provincia genera el 31% de la recaudación del NEA, pero recibe apenas el 21% por coparticipación, una asimetría que desde hace años alimenta el reclamo político provincial.

El núcleo de la propuesta está en el Impuesto al Valor Agregado, el tributo con mayor incidencia inmediata sobre los precios.

La idea es que las ventas desde el resto del país hacia Misiones sean consideradas una “exportación suspensiva”. Traducido: un proveedor de Buenos Aires podría venderle a un comerciante misionero sin cargar IVA.

Eso implicaría una reducción directa en el costo de reposición y, en teoría, permitiría trasladar ese alivio a precios finales más bajos.

Las estimaciones que acompañan la propuesta proyectan bajas de entre 20% y 25% en determinados bienes de consumo. Un producto de 10.000 pesos podría reducirse a 7.900 pesos bajo ese esquema.

También se plantea alícuota cero o exención para servicios estratégicos como energía eléctrica, conectividad e internet, especialmente sensibles en una provincia sin gas natural y con altos costos logísticos.

No es un detalle técnico: es una discusión sobre competitividad estructural. El segundo eje es el Impuesto a las Ganancias.

La propuesta contempla bajar la alícuota corporativa del 35% al 15%, e incluso establecer períodos de tasa cero para determinados sectores o nuevas inversiones. La lógica es atraer capital.

Menor presión tributaria en la etapa inicial significa mayor posibilidad de reinversión, expansión de capacidad instalada y generación de empleo.

A eso se suma una herramienta clave: la amortización acelerada. Este mecanismo permitiría que industrias radicadas en Misiones puedan deducir inversiones en maquinaria, equipamiento o infraestructura en plazos mucho más cortos que los habituales.

En términos financieros, mejora flujo de caja y acelera procesos de modernización productiva.

La estimación es contundente: una baja de Ganancias podría liberar hasta 530.000 millones de pesos para reinversión productiva.

Otro punto sensible del planteo es la eliminación total del impuesto a los débitos y créditos bancarios para operaciones dentro de Misiones.

En una economía de frontera, donde la circulación de efectivo sigue siendo elevada y la informalidad tiene peso estructural, este tributo funciona como un desincentivo a la bancarización.

Eliminarlo implicaría no solo aliviar costos financieros, sino también incentivar mayor formalización económica.

Para sectores como yerba mate, té y madera, podría representar hasta un 10% de recuperación del margen neto.

El capítulo aduanero retoma directamente el espíritu de la Zona Aduanera Especial que había sido aprobada por el Congreso y luego vetada por el entonces presidente Alberto Fernández en 2022. Pero ahora el planteo es más amplio. Incluye importación sin aranceles de bienes de capital e insumos productivos, facilidades para reexportación y eliminación de retenciones para producciones misioneras como yerba mate, té y madera.

El dato político

Uno de los movimientos más significativos del debate fue el acompañamiento del bloque de La Libertad Avanza.

El espacio encabezado por Adrián Núñez no solo respaldó el proyecto, sino que además reconoció durante el tratamiento parlamentario que la presión fiscal de Misiones “se encuentra dentro de la media nacional”. Misiones está en la mitad de la tabla de la llamada presión fiscal, exactamente en el puesto 13.

La definición desarma uno de los argumentos más repetidos por sectores opositores que suelen responsabilizar exclusivamente a la carga tributaria provincial por la pérdida de competitividad.

El PRO no participó de la votación porque no integra la comisión legislativa, mientras que el diputado nacional Martín Arjol no tuvo intervención en el debate.

No se trata solo de pagar menos impuestos, sino de tener herramientas reales para competir en igualdad de condiciones con Paraguay y Brasil, sostener el mercado interno, atraer inversiones y evitar que la frontera funcione como una sangría permanente de consumo y capital.

El interrogante ahora es político: si el Gobierno nacional, que hizo de la baja de impuestos una bandera de campaña, estará dispuesto a aceptar un esquema diferencial para una provincia que reclama hace décadas ser tratada como lo que efectivamente es: una economía de frontera con necesidades extraordinarias.

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Coca Cola afirmó que Argentina sigue en hiperinflación y se pincha el carry trade

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Mientras el Gobierno nacional celebró la desaceleración de la inflación y tomó como señal positiva el IPC porteño de 2,5%, un documento oficial de The Coca-Cola Company expuso una definición que incomoda al relato económico de Javier Milei y Luis Caputo: para la multinacional, Argentina continúa siendo una economía hiperinflacionaria.

La advertencia apareció en la presentación de resultados de la compañía ante Wall Street, donde sostuvo que el país “cumple con los criterios para ser considerado una economía hiperinflacionaria”, en línea con las normas contables internacionales que establecen esa clasificación cuando la inflación acumulada de los últimos tres años supera el 100%.

La definición no es menor. Implica que las empresas deben modificar la forma en que presentan sus balances y resultados financieros, ya que la contabilidad tradicional deja de reflejar con precisión la pérdida de valor del dinero en contextos de alta inflación.

En otras palabras, para The Coca-Cola Company, en Argentina el deterioro del poder adquisitivo sigue siendo lo suficientemente profundo como para exigir una reexpresión constante de sus estados contables.

La firma incluso fue más allá y advirtió que “la persistencia de la hiperinflación en la Argentina podría afectar negativamente nuestra situación financiera y nuestros resultados de operaciones”.

El mensaje tuvo fuerte repercusión porque contrasta con el discurso oficial, que sostiene que el problema inflacionario está bajo control y que la estabilización monetaria ya se encuentra en marcha.

De hecho, la empresa ubicó a Argentina junto a Argelia como los únicos dos países dentro de esa categoría, un dato que volvió a instalar dudas en el mercado sobre la sustentabilidad del actual esquema cambiario.

Presión sobre el carry trade y expectativas de devaluación

La señal también alimentó una percepción sensible para el equipo económico: la expectativa de una futura devaluación.

Ese temor afecta directamente al carry trade, la estrategia financiera que consiste en aprovechar altas tasas en pesos mientras el dólar permanece estable. Si el mercado comienza a descontar una corrección cambiaria, esa bicicleta pierde atractivo de inmediato.

Según advirtió la consultora LCG, “aun con el Banco Central y el FGS interviniendo en títulos dólar linked, las expectativas de depreciación implícitas en los contratos de dólar futuro se movieron al alza en la semana”.

La lectura es clara: pese a la intervención oficial, el mercado empieza a cubrirse frente a un eventual salto cambiario.

Operadores de la City coinciden en que los incentivos para mantenerse en pesos comenzaron a reducirse. Aunque el movimiento todavía aparece como moderado, marca una diferencia respecto de semanas anteriores, cuando predominaba una apuesta casi unánime a la continuidad del dólar quieto.

El trasfondo excede la discusión técnica sobre futuros y tasas implícitas. El Gobierno logró desacelerar la inflación a partir de una combinación de fuerte recesión, atraso cambiario y ancla salarial.

Ese esquema permitió una baja de los índices de precios, pero también profundizó tensiones sobre la actividad económica, el consumo y la competitividad.

La advertencia de The Coca-Cola Company vuelve a poner sobre la mesa una discusión central: si la desaceleración inflacionaria actual responde a una estabilización estructural o a un equilibrio frágil sostenido por un dólar artificialmente contenido.

En ese escenario, cualquier movimiento en las expectativas puede alterar el delicado balance financiero sobre el que hoy descansa buena parte de la estrategia económica oficial.

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Brasil no cede a la pretensión paraguaya de habilitar el paso de vehículos livianos por el Puente de la Integración

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En una nueva reunión de la comisión mixta entre Paraguay y Brasil, realizada el viernes último en Foz de Yguazú, las partes no llegaron a ningún acuerdo. En los últimos encuentros, la comitiva paraguaya planteó la necesidad de habilitar el paso de vehículos livianos, es decir, de particulares por el Puente de la Integración.

Sin embargo, los brasileños insisten en que no están dadas las condiciones, debido a que el paso no será libre y sin control, como ocurre en el Puente de la Amistad. Es decir, Brasil pretende que todas las entradas y salidas por el Puente de la Integración sean registradas por Migraciones.

El control persona por persona implicaría un gran despliegue de funcionarios, por lo que en el vecino país afirman que no existen condiciones. Además, en Brasil insisten en que el Puente de la Integración sea utilizado solo por camiones pesados y ómnibus, pues sostienen que el Puente de la Amistad urge disminuir su carga.

El paso de camiones cargados tampoco es posible aún, debido a que en ambos países las obras complementarias de rutas para camiones pesados no están listas. Tanto las calles como las avenidas de las ciudades de Presidente Franco y Foz de Yguazú no están aptas para la circulación de camiones.

La próxima reunión de la comisión mixta está prevista para el 18 de julio próximo. El lugar aún no fue determinado, pero sería en Asunción.

La primera fase de habilitación fue el 20 de diciembre de 2025, permitiendo el paso de camiones en lastre, sin carga, en horario nocturno, de 19:00 a 07:00.

Mientras que el último avance de la apertura del Puente de la Integración se dio el pasado 29 de enero, cuando se permitió el tráfico internacional de ómnibus turísticos cuyo destino final no sea Foz de Yguazú, Ciudad del Este o Presidente Franco, en el horario comprendido entre las 19:00 y las 07:00, todos los días.

Desde entonces no hubo acuerdo para avanzar en la habilitación total de la pasarela internacional.

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Dass abre retiros voluntarios y profundiza la incertidumbre sobre su planta en Eldorado

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La fábrica de calzado Dass abrió un proceso de retiros voluntarios para 50 trabajadores en su planta de Eldorado, en medio de un escenario de fuerte retracción productiva y creciente incertidumbre sobre su continuidad operativa en Misiones.

La empresa, que en sus años de mayor actividad llegó a emplear a cerca de 1.500 personas, podría reducir su plantel a apenas 180 trabajadores si se concretan las desvinculaciones previstas, lo que refleja la magnitud de la crisis que atraviesa el sector.

Según trascendió, los retiros voluntarios contemplan el pago de la indemnización completa y forman parte de una estrategia para achicar costos ante la fuerte caída en los pedidos de sus principales clientes.

Desde hace varios meses, la firma viene advirtiendo sobre las dificultades para sostener la producción. Incluso, había señalado que, de no revertirse la situación, tenía asegurada carga de trabajo solamente hasta junio.

El problema, sin embargo, excede a la planta misionera. La industria nacional del calzado atraviesa una etapa crítica, marcada por la apertura de importaciones y la creciente competencia de productos provenientes del exterior a precios considerablemente más bajos, una combinación que golpea especialmente a las fábricas orientadas a marcas deportivas y producción tercerizada.

La propia Dass ya había dado una señal de ese deterioro a comienzos de 2025, cuando anunció el cierre de su planta en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, argumentando dificultades similares vinculadas a la pérdida de competitividad frente al avance de las importaciones.

En Eldorado, la situación genera preocupación no solo por el impacto directo sobre los trabajadores y sus familias, sino también por el efecto multiplicador que la planta tiene sobre la economía local. La fábrica fue durante años uno de los principales motores del empleo industrial en el norte misionero.

Ahora, con una estructura cada vez más reducida y sin certezas sobre nuevos contratos de producción, el futuro de Dass en Misiones vuelve a quedar bajo un manto de incertidumbre.

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