Economis Redacción

Misiones amplía el alivio financiero: prorroga la refinanciación de deudas e incorpora a jubilados nacionales

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En medio de la creciente presión sobre las finanzas de los hogares argentinos, el Gobierno de Misiones decidió extender durante todo julio el programa de refinanciación de deudas acordado con Banco Macro, incorporando además nuevos beneficiarios y flexibilizando las condiciones de acceso.

El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua, quien confirmó la continuidad de la operatoria especial destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, jubilados, pensionados y retirados provinciales. La principal novedad es que, por primera vez, también podrán acceder al beneficio los jubilados y pensionados de ANSES.

Asimismo, el esquema amplía el universo de personas alcanzadas al incluir a quienes registran deudas en mora con más de seis días de atraso, un requisito que hasta ahora limitaba el acceso a la refinanciación.

La operatoria se encuentra vigente desde el 1 de julio y permanecerá disponible hasta el 31 de julio de 2026.

“Junto al Banco Macro hemos dispuesto continuar la operatoria especial destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, así como también a jubilados, pensionados y retirados provinciales. Ampliamos también el beneficio en esta oportunidad a aquellos cuya deuda en mora vencida sea mayor a seis días e incluimos a jubilados y pensionados de ANSES”, expresó Passalacqua al comunicar la medida.

Refinanciar para aliviar el presupuesto familiar

El programa permite refinanciar préstamos personales y deudas de tarjetas de crédito bajo condiciones más favorables, con el objetivo de reducir la carga financiera que enfrentan miles de familias misioneras.

La decisión llega en un escenario nacional marcado por el deterioro de la capacidad de pago de los hogares. El aumento del costo de vida, la desaceleración del consumo y la utilización creciente del crédito para cubrir gastos corrientes llevaron a un incremento sostenido de la morosidad bancaria.

En ese contexto, la continuidad del programa apunta a brindar una herramienta concreta para reordenar las finanzas personales, evitando que los atrasos deriven en mayores costos financieros o en situaciones de sobreendeudamiento.

Los datos del sistema financiero muestran que el endeudamiento de las familias continúa en ascenso. En mayo, la morosidad bancaria alcanzó el 12,1%, el nivel más elevado de las últimas dos décadas, reflejando las dificultades de numerosos hogares para cumplir con los pagos de préstamos y tarjetas.

Al mismo tiempo, el crédito dejó de utilizarse exclusivamente para financiar bienes durables y pasó a convertirse, en muchos casos, en un mecanismo para afrontar gastos cotidianos como alimentos, medicamentos, servicios y otros consumos esenciales.

Frente a ese escenario, la prórroga del programa de refinanciación representa una política de alivio financiero que busca ofrecer mejores condiciones para quienes necesitan reorganizar sus obligaciones sin quedar excluidos del sistema formal de crédito.

Con la incorporación de jubilados y pensionados de ANSES y la flexibilización de los criterios de elegibilidad, el Gobierno provincial amplía el alcance de una herramienta que apunta a sostener el consumo y reducir el impacto del sobreendeudamiento sobre la economía de las familias misioneras.

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Misiones acelera el cierre de dos históricas liquidaciones: Passalacqua dio 90 días para presentar un plan definitivo

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El Gobierno de Misiones dio un nuevo paso en su estrategia de reorganización y modernización del Estado. A través del Decreto Nº 1185, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua y refrendado por el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, el Poder Ejecutivo ordenó acelerar el cierre definitivo de dos de los procesos de liquidación más prolongados de la administración provincial: el del Banco de la Provincia de Misiones Sociedad de Economía Mixta y el del Instituto Provincial del Seguro de Misiones.

La medida instruye a los interventores liquidadores de ambos organismos a presentar, en un plazo de 90 días, propuestas concretas para resolver los pleitos y juicios que aún permanecen abiertos y que impiden dar por concluidos los procesos de liquidación.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que la decisión responde a la necesidad de continuar mejorando la organización de la Administración Pública y optimizar el uso de los recursos del Estado. En ese sentido, remarca que la normativa provincial vigente faculta al Gobierno a adoptar medidas destinadas a garantizar una mayor eficiencia y productividad en el sector público.

El texto oficial reconoce que ambos procesos de liquidación se han extendido durante años y considera “oportuno y conveniente” adoptar acciones que permitan arribar a su conclusión definitiva.

La decisión se inscribe dentro de una política de revisión de estructuras administrativas que el Gobierno provincial viene impulsando en los últimos meses, con el objetivo de reducir organismos remanentes, simplificar la gestión pública y cerrar expedientes históricos cuya continuidad genera costos administrativos y judiciales.

Si bien el decreto no establece cuáles serán las alternativas para resolver los litigios pendientes, sí fija un plazo perentorio para que los responsables de ambas liquidaciones elaboren propuestas destinadas a destrabar los procesos.

Una vez cumplido ese plazo, el gobernador contará con los informes para definir los pasos administrativos y jurídicos necesarios para avanzar hacia el cierre definitivo de dos organismos que permanecen formalmente en liquidación desde hace décadas.

La decisión también apunta a reducir contingencias legales y patrimoniales que aún permanecen abiertas en la estructura estatal provincial, en línea con la política de eficiencia administrativa que el Ejecutivo viene profundizando mediante distintas reformas de la gestión pública.

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Baja la natalidad y sube el empleo informal de las mujeres

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La natalidad está cayendo en todos los países de ingresos medios y altos. Es un fenómeno de enormes consecuencias que acepta varias explicaciones. La reacción de muchos países de Europa, Japón, Corea y China es incentivar a las familias a tener hijos a través de una batería de beneficios pronatalidad. Brindan subsidios monetarios especiales por nacimiento, subsidios para cuidado de primera infancia, amplias licencias parentales y hasta subsidios para tratamientos de fecundidad. Por ahora, el fracaso es persistente.

En la Argentina también se registra una abrupta caída en la natalidad. Entre los años 2003 y 2015 el flujo promedio de nacimientos anuales era de 737 mil niños. Luego, la reducción es sostenida llegando en el 2024, último dato disponible, a apenas 413 mil nacimientos. Si bien no es una política pronatalidad, la AUH tiene un monto que es el doble de las otras asignaciones familiares, se le suma la tarjeta alimentaria por niño y también un subsidio adicional para madres con niños de hasta 3 años. Sin embargo, la cantidad de beneficios de AUH que paga la ANSES cae sostenidamente año a año. Esto muestra que la disminución de la maternidad es transversal a todos los niveles socioeconómicos.

Un efecto positivo derivado de la caída de la natalidad es que aumentó la predisposición de las mujeres a incorporarse al mercado laboral. Tomando el segmento de mujeres con entre 20 y 29 años de edad, entre el 2015 y el 2025, se incorporaron al mercado laboral 220 mil mujeres. Según la EPH del INDEC la inserción laboral de estas mujeres fue la siguiente:

  • 140 mil mujeres se ocuparon como asalariadas privadas no registradas.
  • 130 mil mujeres se ocuparon como cuentapropistas.
  • Las mujeres empleadas como asalariadas formales disminuyeron en 50 mil.

Estos datos muestran que la inserción de las mujeres jóvenes que entraron al mercado laboral fue en empleos de baja calidad en la mayoría de los casos. De esta forma, la buena noticia de que más mujeres se incorporan al mercado de trabajo se diluye porque enfrentan una demanda de empleos por parte de las empresas muy debilitada. Es muy sugerente que toda la incorporación de mujeres jóvenes a la fuerza laboral sea en la informalidad mientras que la cantidad de mujeres jóvenes trabajando como asalariadas formales se redujo. 

La reducción en la natalidad produce el efecto denominado “bono demográfico”. Esto es una ventana de oportunidad donde transitoriamente aumenta la proporción de personas en edades activas (20 – 60) respecto a la cantidad de personas en edades inactivas (niños y ancianos). Con más gente en edad productiva se dan las condiciones para mejorar el nivel de bienestar. También es el momento de acumular riqueza para financiar la siguiente etapa que es el envejecimiento poblacional ya que el “bono” es de duración acotada. Pero si no se generan las condiciones para que la mayor oferta de mano de obra se inserte en empleos de calidad, el “bono demográfico” se desperdicia. La mejora en el bienestar presente será reducida y se generará un pasivo para cuando la población envejezca. 

Por esto, es tan urgente como esencial consolidar el ordenamiento macroeconómico y mejorar el entorno institucional. Forma parte de este desafío acelerar la instrumentación de la reforma laboral, especialmente la descentralización de los convenios colectivos y completar temas pendientes. Dos puntos claves son reducir la litigiosidad en accidentes y enfermedades profesionales y establecer un mínimo no imponible para las contribuciones patronales. Esto es imprescindible para motorizar un proceso masivo de formalización en las micropymes, que es donde se concentra la informalidad. También es decisivo mejorar sustancialmente la calidad educativa en el nivel básico.

La caída en la natalidad es un fenómeno que plantea desafíos, pero también genera oportunidades. Dentro de ellas está el hecho de que más mujeres entran al mercado laboral. Oportunidad que lamentablemente se está desaprovechando. La manera de revertir esta tendencia adversa es con una masiva generación de empleos de calidad. El conservadurismo político de mantener las actuales malas condiciones del mercado laboral está hipotecando irreversiblemente el futuro a medida que la sociedad argentina envejece.

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Provincias: los vencimientos de deuda marcaron un récord en junio

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En un contexto de fuerte reordenamiento de las finanzas públicas y de mercados más selectivos para el financiamiento, las provincias argentinas atravesaron en junio uno de los meses más exigentes del año. Los vencimientos de títulos públicos alcanzaron los $1,306 billones, el mayor registro nominal desde que existen estadísticas comparables, mientras que las colocaciones de nueva deuda mostraron una marcada desaceleración.

El informe de Politikon Chaco refleja una dinámica que comienza a consolidarse en el mercado subnacional: las provincias siguen honrando compromisos de deuda crecientes, pero son cada vez menos las que recurren al mercado para refinanciarse o captar nuevos recursos.

Los $1,306 billones pagados durante junio implicaron un crecimiento real interanual del 58,3% y una suba del 60,9% respecto de mayo, impulsada principalmente por amortizaciones de capital, que representaron el 86% del total. Los intereses explicaron apenas el 14%, una composición que muestra que buena parte de las provincias enfrentó pagos efectivos de deuda y no sólo servicios financieros.

También resulta significativa la composición de esos vencimientos. El 57% correspondió a Letras de corto plazo y el 43% a Bonos, mientras que el 87% de los pagos se realizó en pesos y el restante 13% en moneda extranjera. Esa distribución confirma que, aunque el grueso del endeudamiento provincial continúa pesificado, todavía persisten obligaciones dolarizadas relevantes para algunos distritos.

Títulos públicos provinciales | Junio 2026

Las provincias enfrentaron un mes récord de vencimientos de deuda

Los pagos llegaron a $1,3 billones, con fuerte concentración en Buenos Aires y predominio de amortizaciones de capital.

Vencimientos del mes
$1,306 billones

Nuevo máximo nominal. El monto creció 58,3% real interanual y 60,9% frente a mayo.

Emisiones de junio $660.344 millones
Variación real interanual -34,3%

Quiénes concentraron los vencimientos

Buenos Aires
$856.528 M
Mendoza
$133.508 M
Salta
$74.389 M
Chaco
$67.380 M
Córdoba
$65.029 M
86% correspondió a amortización de capital
57% fueron vencimientos de Letras
13% se pagó en dólares: USD 115,3 millones

La concentración geográfica de los vencimientos vuelve a poner de manifiesto el enorme peso financiero de la provincia de Buenos Aires. El distrito explicó 65,6% de todos los pagos del mes, con vencimientos por $856.528 millones, muy por encima de Mendoza ($133.508 millones), Salta ($74.389 millones), Chaco ($67.380 millones) y Córdoba ($65.029 millones). Entre esos cinco distritos se concentró prácticamente el 92% de todos los vencimientos de junio.

En contraste, provincias como Misiones, Corrientes, Catamarca, Neuquén o Tierra del Fuego registraron compromisos significativamente menores. En el caso misionero, los pagos ascendieron a $798,9 millones, correspondientes a los bonos MI31 y MIM31, una cifra marginal dentro del total nacional.

La deuda en dólares sigue presente

Aunque el mercado provincial se ha ido pesificando en los últimos años, junio volvió a mostrar que la deuda en moneda extranjera continúa teniendo impacto.

Durante el mes se cancelaron USD 115,3 millones, equivalentes al 13% del total de los vencimientos. Los mayores pagos correspondieron a Salta, que abonó USD 52,2 millones; Córdoba, con USD 30,7 millones; y Santa Fe, que pagó USD 32,4 millones correspondientes al primer cupón de intereses de un bono emitido a fines de 2025.

Menos provincias salieron a buscar financiamiento

Mientras los vencimientos alcanzaban niveles récord, el mercado mostró un comportamiento mucho más prudente del lado de las emisiones.

Durante junio solamente dos provincias realizaron nuevas colocaciones de deuda: Buenos Aires y Chaco.

Entre ambas emitieron $660.344 millones, lo que representa una caída real interanual del 34,3%, pese a que el volumen continúa siendo elevado en términos nominales.

Buenos Aires explicó el 87% de esas emisiones mediante nuevas Letras del Tesoro y reaperturas de instrumentos existentes, mientras que Chaco retomó el mercado luego de dos meses sin licitaciones, colocando aproximadamente $83.379 millones en Letras de distintos plazos.

La fotografía de junio muestra un cambio de comportamiento respecto de los meses previos: el mercado permaneció abierto para los gobiernos provinciales, pero el acceso fue mucho más selectivo y con una participación muy concentrada.

El semestre cerró con más deuda… y más emisiones

En el acumulado del primer semestre, los vencimientos provinciales totalizaron $5,20 billones, un incremento real del 16,5% frente al mismo período de 2025.

Buenos Aires volvió a concentrar la mayor parte de esos pagos con $3,55 billones, seguida por Chaco ($349.591 millones), Chubut ($266.510 millones), Mendoza y Córdoba.

Del lado del financiamiento, las provincias colocaron durante los primeros seis meses del año $7,01 billones, lo que representa un crecimiento real del 80,9% respecto del mismo período del año anterior.

Sin embargo, ese incremento tiene una explicación puntual: durante el semestre varias jurisdicciones aprovecharon ventanas de mercado para emitir importantes bonos en dólares. Córdoba colocó USD 800 millones; Chubut, USD 650 millones; la Ciudad de Buenos Aires, USD 500 millones; y Entre Ríos, USD 300 millones, operaciones que explican buena parte del salto observado en las estadísticas semestrales.

Un mercado más exigente para las provincias

Más allá de los montos, los datos de junio reflejan un mercado que comienza a diferenciar con mayor claridad entre las jurisdicciones con capacidad de acceso al crédito y aquellas que optan por reducir su exposición financiera.

El récord de vencimientos confirma que las provincias atraviesan un ciclo de mayores obligaciones derivadas del endeudamiento acumulado en años anteriores. Pero, al mismo tiempo, la fuerte reducción de nuevas emisiones sugiere que el financiamiento ya no fluye con la misma facilidad.

En un escenario de tasas reales positivas, disciplina fiscal y menor liquidez disponible, la deuda provincial dejó de ser un instrumento de financiamiento masivo para transformarse nuevamente en una herramienta reservada a las jurisdicciones con mayor profundidad financiera y mejor acceso al mercado.

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Fin del pago a cuenta en rutas: ATM señala que el 95% de los transportistas pasará los controles en menos de dos minutos

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La suspensión del cobro anticipado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal de Misiones comenzó a regir este miércoles y ya muestra un cambio visible: donde antes había largas filas de camiones, ahora el tránsito fluye con controles exclusivamente documentales.

En una entrevista con Open 101.7, el subdirector de la Agencia Tributaria Misiones (ATM), Gabriel Petta, explicó cómo funcionará el nuevo esquema, que estará vigente en forma de prueba hasta el 30 de junio de 2027 y representa uno de los cambios tributarios más importantes de los últimos años en la provincia.

“La diferencia es que ahora el paso está totalmente dinamizado”, resumió el funcionario, al describir el nuevo funcionamiento de los puestos fiscales.

Según precisó Petta, de un universo cercano a 17.600 contribuyentes que durante 2025 estaban alcanzados por el régimen, alrededor de 16.800 -el 95%- quedan excluidos del pago a cuenta.

En esos casos, las empresas únicamente deberán presentar el Formulario 341 de carácter informativo antes de llegar al puesto de control. Una vez escaneado el documento y verificada la carga transportada con la documentación, el camión continúa su recorrido.

“Si coincide todo, el paso demora menos de dos minutos”, explicó.

El 5% restante corresponde a unos 800 grandes contribuyentes. Sin embargo, la mayoría de ellos tampoco deberá detenerse para realizar pagos, ya que opera mediante un sistema de pago global mensual previamente informatizado. Solo casos puntuales continuarán abonando el anticipo cuando corresponda.

Los puestos seguirán funcionando

Petta aclaró que la eliminación del cobro no implica la desaparición de los controles fiscales. Los puestos continuarán verificando la documentación respaldatoria del transporte de mercaderías, en línea con la normativa vigente de ARCA.

“Es exactamente igual que ocurre en Entre Ríos, Buenos Aires o cualquier otra provincia. Se controla la documentación, la factura y el Formulario 341. Ya no hay discusión por el pago ni demoras administrativas”, explicó.

La informatización del sistema permitió reducir considerablemente los tiempos de permanencia de los transportistas en los controles.

“Toda la operatoria está mucho más dinámica. Hace dos horas que estoy en un puesto y me estoy aburriendo de lo rápido que circulan los camiones. Hace un par de años había filas de hasta dos kilómetros”, graficó.

Consultado sobre el efecto económico de la medida, el subdirector de la ATM evitó hacer pronósticos categóricos, aunque reconoció que el objetivo es favorecer una mayor competencia entre proveedores.

“Mi mayor deseo es que esto repercuta en góndolas y en precios“, señaló Petta.

El funcionario explicó que numerosos proveedores evitaban operar con Misiones debido a las complicaciones administrativas que implicaba el pago anticipado del tributo.

“Había muchos proveedores que directamente no querían vender en Misiones por este inconveniente. Hoy esa excusa se termina. Al haber más competencia y más oferta, eso puede generar alguna consecuencia sobre los precios. Ojalá sea así”, sostuvo.

La suspensión del pago a cuenta fue anunciada semanas atrás por el gobernador Hugo Passalacqua y reglamentada mediante la Resolución General Nº 09/2026 de la Agencia Tributaria Misiones.

La medida pone fin, al menos por un año, a un mecanismo vigente desde 2007, conocido popularmente como la “aduana paralela”, que obligaba a anticipar parte del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al ingresar mercaderías a la provincia.

Con el nuevo esquema, Misiones mantiene los controles fiscales sobre la circulación de bienes, pero elimina el componente recaudatorio anticipado para la inmensa mayoría de los contribuyentes, apostando a una mayor fluidez logística y a mejorar la competitividad del comercio provincial.

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