El Gobierno de Misiones dio un nuevo paso en su estrategia de reorganización y modernización del Estado. A través del Decreto Nº 1185, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua y refrendado por el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, el Poder Ejecutivo ordenó acelerar el cierre definitivo de dos de los procesos de liquidación más prolongados de la administración provincial: el del Banco de la Provincia de Misiones Sociedad de Economía Mixta y el del Instituto Provincial del Seguro de Misiones.

La medida instruye a los interventores liquidadores de ambos organismos a presentar, en un plazo de 90 días, propuestas concretas para resolver los pleitos y juicios que aún permanecen abiertos y que impiden dar por concluidos los procesos de liquidación.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que la decisión responde a la necesidad de continuar mejorando la organización de la Administración Pública y optimizar el uso de los recursos del Estado. En ese sentido, remarca que la normativa provincial vigente faculta al Gobierno a adoptar medidas destinadas a garantizar una mayor eficiencia y productividad en el sector público.

El texto oficial reconoce que ambos procesos de liquidación se han extendido durante años y considera “oportuno y conveniente” adoptar acciones que permitan arribar a su conclusión definitiva.

La decisión se inscribe dentro de una política de revisión de estructuras administrativas que el Gobierno provincial viene impulsando en los últimos meses, con el objetivo de reducir organismos remanentes, simplificar la gestión pública y cerrar expedientes históricos cuya continuidad genera costos administrativos y judiciales.

Si bien el decreto no establece cuáles serán las alternativas para resolver los litigios pendientes, sí fija un plazo perentorio para que los responsables de ambas liquidaciones elaboren propuestas destinadas a destrabar los procesos.

Una vez cumplido ese plazo, el gobernador contará con los informes para definir los pasos administrativos y jurídicos necesarios para avanzar hacia el cierre definitivo de dos organismos que permanecen formalmente en liquidación desde hace décadas.

La decisión también apunta a reducir contingencias legales y patrimoniales que aún permanecen abiertas en la estructura estatal provincial, en línea con la política de eficiencia administrativa que el Ejecutivo viene profundizando mediante distintas reformas de la gestión pública.