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Terremotos en Venezuela: ya hay al menos 235 muertos, 4.300 heridos y 157 desaparecidos

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La tragedia provocada por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon Venezuela sigue agravándose. A medida que avanzan las tareas de rescate, crece también el número de víctimas extranjeras identificadas entre los fallecidos y desaparecidos, en una catástrofe que ya se ubica entre las más graves registradas en América Latina en los últimos años.

Según el último balance oficial, el desastre dejó al menos 235 muertos, 4.300 heridos y 157 desaparecidos. Además, unas 2.927 familias resultaron damnificadas, mientras que cerca de 200 personas continúan atrapadas bajo los escombros de edificios colapsados.

La situación es particularmente crítica en el estado de La Guaira, señalado como el epicentro de la devastación. Allí colapsaron más de 100 edificios y se desplegaron más de 100 equipos de maquinaria pesada para remover escombros y asistir a los rescatistas. También se reportaron daños estructurales en al menos 250 inmuebles y afectaciones en ocho hospitales, algunos de los cuales debieron evacuar pacientes y personal sanitario.

Las autoridades y los gobiernos de distintos países comenzaron a confirmar víctimas entre sus ciudadanos. España informó inicialmente dos fallecidos y 80 desaparecidos, aunque horas después elevó el balance a tres muertos y 99 personas sin localizar. También se reportaron víctimas de nacionalidad portuguesa, brasileña, italiana y china, mientras continúan las tareas de identificación.

La preocupación internacional crece debido a la amplia presencia de comunidades extranjeras en las zonas afectadas, especialmente en Caracas y La Guaira. Entre los casos más resonantes figura la desaparición de Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, cuyo paradero aún se desconoce.

Más de seis millones de afectados

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de la ONU, estimó que hasta 6,76 millones de personas podrían haber sido afectadas directa o indirectamente por los terremotos. Solo en Caracas, alrededor de dos millones de habitantes sufrieron consecuencias derivadas de los daños en infraestructura, servicios básicos y comunicaciones.

La ONU advirtió además que el número de desplazados podría incrementarse en los próximos días a medida que se evalúe el alcance real de los daños y más familias deban abandonar viviendas comprometidas estructuralmente.

Durante la madrugada comenzaron a aterrizar en Venezuela los primeros vuelos con asistencia humanitaria. Equipos de rescate procedentes de Chile, España, Suiza, El Salvador y otros países ya se encuentran en territorio venezolano o en camino para reforzar las operaciones de búsqueda.

España desplegó efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto con personal sanitario, psicólogos y especialistas en rescate. Suiza envió 80 rescatistas, ocho perros de búsqueda y 18 toneladas de equipamiento. Por su parte, El Salvador confirmó el envío de seis aviones con maquinaria, insumos médicos y personal especializado.

Estados Unidos también activó una misión de asistencia a través del Comando Sur (SOUTHCOM), mientras el Departamento del Tesoro flexibilizó temporalmente algunas sanciones para facilitar las operaciones humanitarias y el flujo de recursos destinados a la emergencia.

Las próximas 48 horas serán decisivas para encontrar sobrevivientes. Los equipos de rescate continúan trabajando entre estructuras derrumbadas, mientras familiares recorren hospitales, refugios y centros de atención buscando noticias de sus seres queridos.

Con cientos de desaparecidos, edificios colapsados y miles de personas desplazadas, Venezuela enfrenta ahora una compleja etapa de emergencia humanitaria y reconstrucción, en medio de una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente.

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La ATM se reestructura: Misiones refuerza fiscalización, nuevas áreas estratégicas y moderniza el organismo recaudador

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La Agencia Tributaria de Misiones inició una de las transformaciones organizacionales más importantes de los últimos años. A través de un decreto firmado por el gobernador Hugo Passalacqua y refrendado por el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, la Provincia aprobó una nueva estructura orgánica que redefine áreas, funciones, competencias y responsabilidades dentro del organismo encargado de administrar la política tributaria provincial.

La medida modifica parcialmente el Decreto 2156/21 y actualiza el funcionamiento interno de la agencia tributaria en momentos en que las provincias enfrentan un escenario complejo: menor crecimiento de la recaudación, desaceleración económica, caída real de recursos nacionales y una creciente necesidad de optimizar los mecanismos de control fiscal. Más que una simple reorganización administrativa, la reforma revela cuáles serán las prioridades de la administración tributaria misionera en los próximos años: fiscalización inteligente, control de evasión, digitalización, coordinación interjurisdiccional y fortalecimiento de la capacidad operativa del Estado.

Qué cambia respecto de la estructura anterior

Aunque el decreto modifica parcialmente el esquema vigente desde 2021, el cambio más visible es la consolidación de nuevas áreas especializadas que reflejan la evolución de la administración tributaria moderna.

Entre las principales novedades aparecen:

  • La formalización y fortalecimiento de la Dirección de Coordinación de Políticas Fiscales.
  • La incorporación específica del Departamento de Control Fiscal en Ruta.
  • La creación de una Dirección de Organismos Interjurisdiccionales.
  • La redefinición de la Dirección de Informática como área estratégica.
  • La ampliación de funciones de auditoría, control de gestión y análisis de datos.
  • El fortalecimiento del área Penal Tributaria.
  • La incorporación de competencias vinculadas al intercambio de información con organismos nacionales, provinciales y municipales.

En términos prácticos, la nueva estructura deja de concentrarse únicamente en la recaudación y pasa a enfocarse en inteligencia fiscal, análisis de riesgo, coordinación institucional y control preventivo.

Más poder para el control fiscal

Uno de los aspectos más relevantes es la institucionalización del Departamento de Control Fiscal en Ruta, un área que ya operaba en la práctica pero que ahora adquiere rango formal dentro del organigrama.

Esta dependencia tendrá facultades para controlar mercaderías que ingresen o egresen de Misiones, verificar documentación respaldatoria, controlar anticipos de Ingresos Brutos, labrar actas, secuestrar mercaderías cuando corresponda e incluso requerir la intervención de fuerzas de seguridad.

La decisión ratifica la importancia estratégica que la Provincia asigna a los controles fronterizos y de circulación de bienes, especialmente en una jurisdicción con intensa actividad comercial vinculada a Paraguay, Brasil y otras provincias argentinas.

Otra novedad significativa es el fortalecimiento de la Dirección de Coordinación de Políticas Fiscales.

Esta área tendrá la misión de articular la relación tributaria entre la Provincia, los municipios y organismos nacionales, además de supervisar convenios con terceros prestadores de servicios y programas vinculados a la cultura tributaria.

El objetivo es que Rentas deje de actuar únicamente como organismo de recaudación y se convierta en un actor más activo en el diseño y ejecución de la política fiscal provincial.

La nueva dirección también tendrá un rol clave en programas de educación tributaria y formación ciudadana vinculada al cumplimiento fiscal.

Más inteligencia tributaria y análisis de datos

La reforma profundiza la orientación hacia una administración basada en información. La Dirección de Auditoría y Planificación amplía sus facultades para realizar auditorías operativas, contables e informáticas, evaluar el desempeño interno del organismo y medir resultados de gestión.

A su vez, el Departamento de Selección y Revisión adquiere mayor relevancia en la identificación de contribuyentes con riesgo fiscal mediante análisis estadísticos, cruce de información y estudios sectoriales.

La lógica es similar a la que vienen adoptando organismos recaudadores de todo el país: utilizar datos para focalizar controles y aumentar la eficiencia de las fiscalizaciones.

La nueva estructura también coloca a la Dirección de Informática en una posición central. Sus funciones incluyen el desarrollo de sistemas, auditorías tecnológicas, administración de bases de datos, procesamiento de información tributaria y control de plataformas digitales.

Además, se ratifica la importancia estratégica del sistema RENTAX, la plataforma tecnológica que sostiene buena parte de la administración tributaria provincial.

La apuesta apunta a profundizar la digitalización de procesos, reducir costos administrativos y mejorar la capacidad de control en tiempo real.

Fortalecimiento jurídico y lucha contra la evasión

La Dirección Jurídica y Técnica incorpora facultades ampliadas en materia de derecho tributario, procedimientos administrativos y coordinación de denuncias vinculadas a delitos contemplados en la Ley Penal Tributaria.

La estructura incorpora además un Departamento de Penal Tributario y Juicios Universales con competencias específicas para intervenir en causas penales, concursos preventivos y quiebras.

La decisión muestra una creciente preocupación por fortalecer las herramientas legales para recuperar créditos fiscales y perseguir maniobras de evasión complejas.

La reestructuración se produce en un momento especialmente sensible para las finanzas provinciales.

Durante los primeros meses del año, Misiones registró caídas reales tanto en recursos propios como en transferencias nacionales, obligando al Gobierno a profundizar medidas de eficiencia fiscal sin aumentar la presión tributaria.

En ese contexto, la nueva arquitectura de Rentas parece orientada a mejorar la capacidad de control, ampliar la base de contribuyentes cumplidores, reducir la evasión y aprovechar mejor la información disponible.

La creación de áreas especializadas, el fortalecimiento de la fiscalización inteligente y la consolidación de la infraestructura tecnológica revelan que la apuesta oficial no pasa por crear nuevos impuestos, sino por perfeccionar los mecanismos de administración y cobro de los existentes.

La reforma fija además un plazo de 90 días para completar la descripción detallada de los puestos de trabajo y adecuar el funcionamiento interno a la nueva estructura, un proceso que permitirá medir el verdadero alcance operativo de una reorganización que redefine el futuro de la administración tributaria misionera.

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Misiones incorpora ciudadanía digital y prevención de estafas a la educación financiera obligatoria

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La Cámara de Representantes de Misiones aprobó una profunda actualización de la ley de Educación Financiera con el objetivo de adaptar la formación de estudiantes a los desafíos que plantea la economía digital. La reforma amplía el alcance de la normativa vigente e incorpora contenidos vinculados con ciudadanía digital, bancarización, medios de pago electrónicos, protección de datos personales y prevención de estafas.

La nueva legislación transforma el actual esquema en el Programa Provincial de Educación Financiera para la Autonomía y Ciudadanía Digital, una herramienta que busca brindar conocimientos económicos, financieros y tecnológicos que permitan a los estudiantes tomar decisiones informadas, responsables y autónomas en un entorno cada vez más atravesado por la digitalización.

Uno de los cambios centrales es que la educación financiera pasa a consolidarse como un eje transversal y obligatorio en todos los niveles y modalidades de los establecimientos educativos públicos y privados de la provincia. La iniciativa apunta a que los contenidos no queden limitados a materias específicas, sino que formen parte de una estrategia educativa integral.

La reforma incorpora además el concepto de ciudadanía digital, entendido como el ejercicio responsable, crítico y seguro de derechos y obligaciones en entornos virtuales. En ese marco, la ley promueve la formación en protección de datos personales, identidad digital, seguridad informática y prevención de fraudes vinculados a operaciones económicas realizadas a través de plataformas digitales.

La actualización amplía significativamente los contenidos mínimos del programa. A los conceptos tradicionales de ahorro, planificación financiera y administración del dinero se suman herramientas cada vez más presentes en la vida cotidiana, como la bancarización, el uso de cuentas bancarias, tarjetas de débito y crédito, transferencias electrónicas, billeteras virtuales, pagos mediante código QR y gestión de presupuestos personales y familiares.

La prevención de estafas digitales ocupa un lugar destacado dentro de la nueva normativa. La ley incorpora contenidos específicos para identificar maniobras fraudulentas, resguardar información sensible y fortalecer la seguridad en las transacciones digitales, una problemática que afecta de manera creciente a usuarios de todas las edades.

La implementación del programa se realizará prioritariamente a través de espacios curriculares ya existentes, como Economía, Matemática y Formación Ética y Ciudadana. Además, prevé una fuerte utilización de herramientas tecnológicas y recursos pedagógicos digitales alojados en plataformas provinciales.

La norma también incorpora mecanismos innovadores para ampliar el acceso a la capacitación. Entre ellos se destacan cursos digitales sobre instrumentos financieros, home banking, billeteras virtuales y préstamos; modalidades de formación como MOOCs, bootcamps, tutorías y mentoring; señalética con códigos QR en organismos públicos para acceder a contenidos educativos; y el desarrollo de una aplicación móvil y un chatbot basado en inteligencia artificial orientado a la educación financiera.

La iniciativa sancionada reúne aportes de diversos proyectos legislativos impulsados por las diputadas Sara Butvilofsky, Analía Labandoczka y Nelli Guerrero, además de propuestas presentadas por el exdiputado Paulino Mela, la exdiputada Lilia Torres y recomendaciones surgidas del Parlamento de la Mujer en sus ediciones 2024 y 2026.

En los fundamentos de las iniciativas, las autoras coincidieron en la necesidad de actualizar la educación financiera frente a los cambios tecnológicos y económicos de los últimos años. Butvilofsky destacó que el programa busca brindar una capacitación integral vinculada con el desarrollo del emprendedurismo y la economía provincial.

Por su parte, Labandoczka señaló que uno de los objetivos centrales es dotar a la población de herramientas para prevenir fraudes, enfrentar publicidades engañosas y fortalecer la inclusión financiera en un contexto marcado por el crecimiento de las transacciones digitales.

Guerrero, en tanto, puso el foco en una realidad que atraviesa especialmente a los jóvenes: el uso cotidiano de billeteras virtuales, pagos con QR, transferencias, créditos, suscripciones digitales y compras en línea, junto con la creciente exposición a riesgos vinculados al fraude y la manipulación en entornos digitales.

Durante el tratamiento legislativo, la diputada Paula Franco, miembro informante del proyecto, sostuvo que la educación financiera y la ciudadanía digital son hoy dimensiones inseparables.

“La educación financiera y la ciudadanía digital van de la mano. Hoy es fundamental que los estudiantes aprendan a prevenir estafas, proteger sus datos personales y utilizar de forma segura las herramientas digitales”, afirmó.

Franco agregó que la reforma busca fortalecer la conexión entre la educación, el mundo productivo y las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones. “Queremos que la educación tenga una mayor conexión con el territorio, con el mundo productivo y con las oportunidades que necesitan nuestros jóvenes para desarrollar sus propios proyectos”, concluyó.

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Microchip y seguro especial: Misiones endurece las reglas para perros potencialmente peligrosos

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La Cámara de Representantes de Misiones aprobó este jueves una ley orientada a responder a desafíos cada vez más presentes en la vida cotidiana: la regulación de la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos.

La norma establece un marco integral para la identificación, registro y control de perros considerados potencialmente peligrosos, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, prevenir incidentes y promover una convivencia responsable entre personas y animales.

La legislación define como potencialmente peligrosos a aquellos perros que, por sus características físicas, antecedentes de agresividad comprobados o condiciones de manejo y crianza, puedan ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. Asimismo, contempla que dicha condición pueda ser determinada mediante informes veterinarios, actuaciones administrativas o antecedentes respaldados por denuncias e informes técnicos.

Uno de los aspectos centrales de la nueva ley es la creación del Registro Provincial Digital de Perros Potencialmente Peligrosos, una plataforma pública y de gestión digital donde deberán inscribirse los animales alcanzados por la normativa. La identificación será obligatoria mediante microchip subcutáneo u otra tecnología equivalente, complementada con collar o pretal con placa visible.

Los responsables de estos animales deberán mantener actualizada toda la información vinculada a cambios de titularidad, extravíos, robos o fallecimientos. Además, la norma fija estrictas condiciones para su circulación en espacios públicos: uso obligatorio de bozal adecuado, correa no extensible y conducción por personas mayores de edad con capacidad física suficiente para controlar al animal.

La ley también prohíbe que menores de 18 años paseen solos a estos perros y limita a un ejemplar por persona, salvo en el caso de paseadores habilitados bajo las condiciones previstas por la reglamentación.

En el ámbito domiciliario, los tenedores deberán garantizar estructuras de contención seguras para evitar escapes o contactos no controlados con terceros. Asimismo, será obligatoria la contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra eventuales daños a personas, otros animales o bienes.

La iniciativa reúne aportes de diversos proyectos legislativos impulsados tanto por diputados en ejercicio como por exlegisladores. Entre ellos figuran propuestas de Heidy Schierse, Waldovino Lemes, Juan Ramírez, Horacio Loreiro, Héctor Pereyra Pigerl y Santiago Mansilla.

Durante el debate parlamentario, Schierse destacó que la regulación apunta a preservar la vida y la integridad física de las personas y los animales, remarcando que la tenencia responsable implica un compromiso permanente que requiere prevención y control.

Por su parte, Lemes sostuvo que la norma fortalece las obligaciones de los tutores y guardadores, promoviendo el bienestar animal sin descuidar la seguridad de la comunidad.

Como miembro informante, la diputada Arabela Soler subrayó que la ley incorpora una fuerte dimensión preventiva y educativa. “La iniciativa incorpora una mirada preventiva y educativa mediante programas de capacitación sobre tenencia responsable, manejo seguro y prevención de situaciones de riesgo. No buscamos actuar después del problema, sino antes, promoviendo buenas prácticas”, señaló durante la sesión.

“Esta ley busca un equilibrio razonable entre la protección y el bienestar animal y el deber del Estado de resguardar la vida, la integridad y la seguridad de las personas”, concluyó.

Junto a esta normativa, la Cámara también sancionó una actualización de la legislación de educación financiera, ampliando su alcance hacia la ciudadanía digital. La reforma incorpora contenidos vinculados al uso seguro de herramientas financieras digitales, prevención de fraudes y estafas en línea, gestión responsable de recursos y formación para una participación más segura en entornos digitales.

La iniciativa busca adaptar los contenidos educativos a los nuevos desafíos tecnológicos y financieros, fortaleciendo las capacidades de estudiantes y docentes en un contexto donde las operaciones digitales, los medios de pago electrónicos y los riesgos asociados al fraude informático forman parte creciente de la vida cotidiana.

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La recuperación salarial se frenó en casi todo el país

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La desaceleración de la inflación y la estabilidad macroeconómica todavía no lograron traducirse en una recuperación sostenida de los salarios privados. Los datos del primer trimestre de 2026 muestran que el ingreso de los trabajadores formales volvió a perder terreno frente al costo de vida en la mayoría de las provincias argentinas, profundizando además las brechas regionales que caracterizan al mercado laboral nacional.

De acuerdo con un informe elaborado por Politikon Chaco sobre la base de estadísticas del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), el salario bruto promedio del sector privado registrado alcanzó en marzo los $2.207.129 a nivel nacional. Sin embargo, detrás de ese promedio se esconde una Argentina salarial partida en dos.

Las provincias vinculadas a la energía y los recursos naturales continúan liderando el ranking de remuneraciones. Neuquén encabezó la tabla con un salario bruto promedio de $3.808.627, seguida por Santa Cruz con $3.768.615 y Chubut con $2.958.750. Completan el lote de privilegio la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, únicas jurisdicciones que también superaron holgadamente la media nacional.

Salarios privados: Misiones en el lote más bajo del país

Salario bruto promedio del sector privado formal. Marzo 2026.

Jurisdicción Salario promedio Variación real interanual Lectura
Total país $2.207.129 -0,9% Promedio nacional
Neuquén $3.808.627 -0,5% Mayor salario del país
Santa Cruz $3.768.615 -1,0% Alta incidencia minera y energética
Misiones $1.410.385 -1,8% Entre los salarios más bajos
Corrientes $1.437.891 -3,3% Baja real superior al promedio
Chaco $1.448.454 -2,4% También debajo de la media nacional
Formosa $1.525.717 +0,3% Una de las tres subas reales
Fuente: Politikon Chaco en base a OEDE-STEySS e INDEC. Elaboración: Economis.

En el otro extremo aparecen las economías regionales y las provincias con menor desarrollo industrial. La Rioja registró el salario promedio más bajo del país con $1.308.235, seguida por Santiago del Estero, Tucumán y Misiones, donde la remuneración promedio alcanzó apenas $1.410.385 mensuales. Corrientes quedó apenas por encima, con $1.437.891.

La situación misionera presenta una doble preocupación. Por un lado, la provincia ocupa el quinto lugar entre las jurisdicciones con menores salarios privados registrados. Por otro, los ingresos continuaron perdiendo capacidad de compra durante el primer trimestre.

Según el informe, el salario privado formal promedio de Misiones cayó 1,8% en términos reales respecto del mismo período de 2025, una baja superior al promedio nacional, que fue de 0,9%. La provincia se ubicó entre los distritos donde la recuperación salarial todavía no logra consolidarse.

El dato adquiere relevancia porque apenas tres jurisdicciones lograron mostrar mejoras reales interanuales: Catamarca (+5%), San Juan (+0,8%) y Formosa (+0,3%). El resto del país continuó registrando retrocesos o estancamiento.

La energía paga mejor; el agro, menos

El informe también permite observar cómo la estructura productiva condiciona los ingresos.

En Misiones, el sector de Electricidad, Gas y Agua es el que paga los salarios más altos dentro del empleo privado formal. Sin embargo, se trata de una actividad con baja incidencia en la generación de puestos de trabajo, ya que representa apenas 1,8% del empleo privado provincial.

Por el contrario, Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura aparece como la actividad con los salarios promedio más bajos de la provincia. La situación resulta especialmente significativa porque ese sector concentra 7,2% del empleo privado formal misionero, una participación considerablemente superior a la de los sectores de mayores remuneraciones.

La fotografía revela una característica estructural de muchas economías regionales: las actividades que generan más empleo no necesariamente son las que ofrecen mejores salarios.

La geografía de los salarios

El mapa salarial argentino sigue mostrando una fuerte relación entre recursos naturales y remuneraciones.

Las provincias petroleras y mineras exhiben los salarios más elevados gracias al peso de actividades de alta productividad y fuerte demanda de mano de obra calificada. Neuquén, Santa Cruz y Chubut constituyen el ejemplo más claro de este fenómeno. En Santa Cruz, por caso, la minería explica más del 20% del empleo privado formal y sostiene los ingresos más altos del país.

En cambio, las provincias con economías más diversificadas o basadas en actividades agroindustriales tradicionales muestran salarios considerablemente inferiores y una mayor vulnerabilidad frente a los ciclos económicos.

La consecuencia es una brecha salarial que supera ampliamente el 190% entre la provincia con mayores remuneraciones y la que exhibe los ingresos más bajos.

Los datos del primer trimestre dejan una conclusión contundente: la desaceleración inflacionaria aún no alcanza para recomponer plenamente el poder adquisitivo de los trabajadores formales.

La caída real de los salarios privados registrada en la mayoría de las provincias muestra que la recuperación económica sigue siendo heterogénea y que las mejoras macroeconómicas todavía no llegan con la misma intensidad a todas las regiones.

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