La Cámara de Representantes de Misiones aprobó este jueves una ley orientada a responder a desafíos cada vez más presentes en la vida cotidiana: la regulación de la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos.

La norma establece un marco integral para la identificación, registro y control de perros considerados potencialmente peligrosos, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, prevenir incidentes y promover una convivencia responsable entre personas y animales.

La legislación define como potencialmente peligrosos a aquellos perros que, por sus características físicas, antecedentes de agresividad comprobados o condiciones de manejo y crianza, puedan ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. Asimismo, contempla que dicha condición pueda ser determinada mediante informes veterinarios, actuaciones administrativas o antecedentes respaldados por denuncias e informes técnicos.

Uno de los aspectos centrales de la nueva ley es la creación del Registro Provincial Digital de Perros Potencialmente Peligrosos, una plataforma pública y de gestión digital donde deberán inscribirse los animales alcanzados por la normativa. La identificación será obligatoria mediante microchip subcutáneo u otra tecnología equivalente, complementada con collar o pretal con placa visible.

Los responsables de estos animales deberán mantener actualizada toda la información vinculada a cambios de titularidad, extravíos, robos o fallecimientos. Además, la norma fija estrictas condiciones para su circulación en espacios públicos: uso obligatorio de bozal adecuado, correa no extensible y conducción por personas mayores de edad con capacidad física suficiente para controlar al animal.

La ley también prohíbe que menores de 18 años paseen solos a estos perros y limita a un ejemplar por persona, salvo en el caso de paseadores habilitados bajo las condiciones previstas por la reglamentación.

En el ámbito domiciliario, los tenedores deberán garantizar estructuras de contención seguras para evitar escapes o contactos no controlados con terceros. Asimismo, será obligatoria la contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra eventuales daños a personas, otros animales o bienes.

La iniciativa reúne aportes de diversos proyectos legislativos impulsados tanto por diputados en ejercicio como por exlegisladores. Entre ellos figuran propuestas de Heidy Schierse, Waldovino Lemes, Juan Ramírez, Horacio Loreiro, Héctor Pereyra Pigerl y Santiago Mansilla.

Durante el debate parlamentario, Schierse destacó que la regulación apunta a preservar la vida y la integridad física de las personas y los animales, remarcando que la tenencia responsable implica un compromiso permanente que requiere prevención y control.

Por su parte, Lemes sostuvo que la norma fortalece las obligaciones de los tutores y guardadores, promoviendo el bienestar animal sin descuidar la seguridad de la comunidad.

Como miembro informante, la diputada Arabela Soler subrayó que la ley incorpora una fuerte dimensión preventiva y educativa. “La iniciativa incorpora una mirada preventiva y educativa mediante programas de capacitación sobre tenencia responsable, manejo seguro y prevención de situaciones de riesgo. No buscamos actuar después del problema, sino antes, promoviendo buenas prácticas”, señaló durante la sesión.

“Esta ley busca un equilibrio razonable entre la protección y el bienestar animal y el deber del Estado de resguardar la vida, la integridad y la seguridad de las personas”, concluyó.

Junto a esta normativa, la Cámara también sancionó una actualización de la legislación de educación financiera, ampliando su alcance hacia la ciudadanía digital. La reforma incorpora contenidos vinculados al uso seguro de herramientas financieras digitales, prevención de fraudes y estafas en línea, gestión responsable de recursos y formación para una participación más segura en entornos digitales.

La iniciativa busca adaptar los contenidos educativos a los nuevos desafíos tecnológicos y financieros, fortaleciendo las capacidades de estudiantes y docentes en un contexto donde las operaciones digitales, los medios de pago electrónicos y los riesgos asociados al fraude informático forman parte creciente de la vida cotidiana.