A solicitud del GocNea (Grupo Operativo Conjunto contra el Narcotráfico del Nordeste Argentino), del cual forma parte la Policía de Misiones, se llevó a cabo un anillo de seguridad inteligente guiado por cámaras. Esta operación culminó con el secuestro de una camioneta Amarok cargada con más de una tonelada de ladrillos y cogollos de marihuana, valuados en $2.477.478.385. El vehículo era conducido por un suboficial de la fuerza provincial, quien fue arrestado junto a un menor de edad._
La persecución se inició alrededor de las 4 de la mañana en las inmediaciones del barrio Nemesio Parma, en la capital provincial. En ese momento, los efectivos del GocNea advirtieron la presencia de una camioneta Volkswagen Amarok que podría estar transportando sustancias ilícitas. Al intentar detenerla, el conductor emprendió la huida a alta velocidad hacia el barrio Santa Clara. Ante esta situación, se solicitó apoyo a las patrullas de Prefectura y a la Policía.
De este modo, se desplegó inmediatamente un anillo de seguridad coordinado a través del Centro Integral de Operaciones 911, guiado por el sistema de videovigilancia, lo que evitó la fuga del vehículo, que finalmente fue interceptado en la avenida 147 y calle 248, en la zona del Bypass de la ex ruta 213.
Al reducir a los ocupantes —un adulto de 40 años y un menor de 17— los agentes determinaron que el vehículo estaba repleto de ladrillos de marihuana, tanto en su carrocería como en el habitáculo. Tras realizar un narcotest, se procedió al pesaje del estupefaciente, que arrojó un total de 1.010,700 kg entre ladrillos prensados y cogollos.
Además, se confirmó que la Amarok secuestrada figura en el sistema policial como robada en Buenos Aires. Es así, que tanto la droga como el vehículo y ambos involucrados fueron puestos a disposición de la Justicia Federal.
*Con respecto al hombre de 40 años detenido, la Jefatura de Policía confirmó que se trata de un sargento de la fuerza, por lo que ordenó el inicio de las acciones administrativas correspondientes, así como su inmediato pase a disponibilidad.*
Asimismo, la investigación sobre la procedencia y destino de la droga continúa su curso por parte de los agentes que componen el GocNea, integrado por efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y la Policía de Misiones.
Por Sílvia Lisboa y Carla Ruas, Dialogue Earth – María nació con una grave afección que limitó su desarrollo en los años siguientes. Aunque los médicos trabajaron rápidamente para drenar el exceso de líquido que se había acumulado alrededor de su cerebro, un trastorno conocido como hidrocefalia, no pudieron superar los graves daños que ya había sufrido la recién nacida. Más tarde, María se sometería a otras operaciones para intentar contrarrestar los daños musculares en sus pies, pero nunca llegaría a caminar, ni a hablar, y a medida que crecía fue perdiendo los pocos movimientos que antes había conseguido. Su mirada era distante, recuerda su familia.
Poco después de nacer María, los médicos informaron a sus padres de la posible causa de su estado: la contaminación por pesticidas. Son agricultores de frutas y verduras en Vacaria, una ciudad rural de 64.000 habitantes en Rio Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil, y utilizan estos productos a diario.
“Se sienten culpables, ha sido un dolor enorme”, dice una de las tías de María, que pide no ser identificada en interés de sus padres, que autorizaron la entrevista pero siguen sufriendo dos décadas después del diagnóstico. “Son víctimas, no se advierte de los riesgos”.
Con el paso de los años, María ―cuyo nombre se ha cambiado para este reportaje― fue entrando gradualmente en un estado vegetativo y murió en 2020, a los 21 años.
No se trata de un caso aislado. Una nueva investigación de Dialogue Earth, en colaboración con Tatiane Moraes, investigadora en salud ambiental de la Universidad de São Paulo, ha explorado los impactos de los pesticidas en la salud infantil. El análisis realizado por Moraes para este informe revela una fuerte asociación entre la aparición de anomalías congénitas, como la de María, y la proximidad a zonas agrícolas en Brasil. También se observó una asociación similar entre dicha proximidad y las muertes fetales, después de la semana 28 de embarazo.
El riesgo para la salud infantil es mayor en los principales estados agrícolas brasileños
Análisis sugiere mayor riesgo de muerte fetal y anomalías congénitas en estados productores de soja, maíz y caña de azúcar en las regiones Sur y Centro-Oeste
Utilizando la plataforma MapBiomas, Moraes identificó los estados brasileños en los que más de la mitad de los municipios tienen al menos el 5% de su superficie ocupada por la agricultura. A continuación, utilizando datos de 2013 a 2021 del sistema nacional de salud Datasus, comprobó si la tasa de anomalías congénitas y muertes fetales ―condiciones ya asociadas a la exposición a plaguicidas― había aumentado en estas ciudades.
El análisis detectó un mayor riesgo de estas afecciones en Rio Grande do Sul y Santa Catarina, en la región Sur del país, así como en Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, en la región Centro-Oeste. Estos estados son grandes productores de soja, maíz y caña de azúcar, según el estudio de Moraes.
Los mismos estados figuran entre los en los que más pesticidas se venden desde 2013, según datos del Ibama, el organismo de inspección medioambiental de Brasil. Mato Grosso ―primer productor agrícola del país― encabeza esta clasificación, mientras que Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina y Rio Grande do Sul figuran entre los diez primeros.
“Los resultados refuerzan la necesidad de reevaluar el uso masivo de pesticidas en la agricultura brasileña”, afirmó Moraes, que también fue becaria del Departamento de Salud Global y Población de la Universidad de Harvard en Estados Unidos.
En Mato Grosso, en ciudades como Sinop y Sorriso, donde la agroindustria domina la economía, el riesgo de anomalías congénitas es un 20% mayor que en ciudades sin plantaciones, y el de muertes fetales, un 30%.
Una mujer embarazada espera en una clínica de la sede del Sindicato de Trabajadores Rurales de Vacaria. El análisis de Moraes muestra que en los municipios donde hasta un tercio de la tierra se dedica a la agricultura, como Vacaria, el riesgo de desarrollar anomalías congénitas es un 2% mayor (Imagen: Anna Ortega)
En Rio Grande do Sul, en los municipios donde más de la mitad de la superficie está dedicada a la agricultura, el riesgo de muerte antes del nacimiento era un 73% mayor que en las zonas sin plantaciones. En las ciudades con hasta un tercio de su superficie dedicada a la agricultura ―como Vacaria, donde nació Maria― se comprobó que el riesgo de desarrollar anomalías congénitas era un 2% mayor entre 2013 y 2021.
Moraes señala que esta gran variación en el riesgo podría deberse a otros factores, como el acceso a la atención sanitaria en determinados municipios, y afirma que sería necesario seguir investigando para comprender estas cuestiones en profundidad. “Lo importante era demostrar que existía una asociación positiva y medir el riesgo de vivir en un municipio agrícola teniendo en cuenta a los niños”, añade.
El glifosato, peligroso y extendido
El glifosato, el pesticida más utilizado en el país, y otros productos químicos como el 2,4-D, la atrazina, el mancozeb, el clorotalonil y el acefato, interfieren en la regulación hormonal y pueden provocar anomalías, según el Atlas de Agrotóxicos. A excepción del glifosato y el 2,4-D, el uso de estas sustancias químicas está prohibido en la Unión Europea.
La investigación en Brasil y en el extranjero ha hecho hallazgos similares al trabajo de Moraes. En un estudio de 2019, la Fundación Oswaldo Cruz, con sede en Río de Janeiro, reveló que las microrregiones (es decir, regiones dentro de los estados) con mayores niveles de producción de cereales y exposición a plaguicidas presentaban tasas más elevadas de anomalías congénitas.
En un estudio similar de 2023, investigadores estadounidenses hallaron tasas de leucemia linfoblástica aguda superiores a la media en niños que viven en zonas donde se está expandiendo la producción de soja en los biomas de la Amazonía y el Cerrado de Brasil. Estimaron que entre 2008 y 2019 podría haber habido 123 muertes adicionales por encima de la media en niños menores de 10 años por esta enfermedad, vinculada a la exposición a la producción de soja.
Para una de las autoras, Kaitlyn Margaret Sims, profesora de microeconomía y política pública de la Universidad de Denver, el resultado fue sorprendente. “Habíamos oído rumores de que cuando llega la soja, el cáncer le sigue de cerca. Pero no pensábamos encontrar resultados tan significativos”, declaró a Dialogue Earth.
Otro estudio, publicado en la Revista de Estudios Económicos en 2023, mostró que incluso los niños que viven lejos de las plantaciones podrían verse afectados, ya que los residuos de glifosato son arrastrados por los ríos. Los resultados mostraron un mayor número de bebés nacidos prematuramente y con bajo peso, así como un aumento del 5% de la mortalidad infantil entre 2000 y 2010 en las regiones Centro-Oeste y Sur de Brasil.
“Incluso a distancias de hasta cien kilómetros de la zona de uso, seguimos encontrando algún efecto negativo”, explicó Mateus Dias, uno de los autores del estudio y profesor adjunto de economía de la salud en la Escuela de Negocios y Economía Católica de Lisboa.
Los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran que Brasil es el líder mundial en el uso de pesticidas. En 2022, el país aplicó más de 800.000 toneladas de pesticidas a una amplia variedad de cultivos, superando el total utilizado por China y Estados Unidos juntos.
“Estos datos hay que leerlos en su contexto: Brasil es un país tropical muy propenso a las plagas”, explica Décio Karam, investigador de Embrapa, la agencia federal de investigación agrícola. “Además, plantamos cuatro o cinco cosechas al año, a diferencia de países con inviernos rigurosos que solo plantan una. Aun así, hay mucho margen para reducir el uso de pesticidas con una gestión adecuada”.
El crecimiento del uso de pesticidas en Brasil coincide con la introducción de la soja modificada genéticamente y la adopción del glifosato a finales de los años noventa. Entre 2000 y 2022, según datos de la FAO, su consumo por hectárea plantada se ha quintuplicado en el país.
En Vacaria, la superficie plantada con soja creció 13 veces entre 1985 y 2022, y hoy ocupa 70.000 hectáreas, un tercio del municipio. Las manzanas, por su parte, que también requieren la aplicación intensa de pesticidas, ocupan casi 7.000 hectáreas.
En esta localidad, los campos pulverizados con pesticidas se encuentran muy cerca de las zonas pobladas. Cuando Dialogue Earth la visitó a mediados de junio, vimos nabina ―un cultivo de cobertura que fertiliza y descomprime el suelo, preparándolo para la siembra de soja― entrando en las instalaciones y el patio de la escuela rural Attilio Benedetti.
Un niño juega al fútbol en la escuela rural Attilio Benedetti de Vacaria, rodeada de plantaciones de soja. Un cultivo de cobertura que fertiliza el suelo, preparándolo para la siembra de soja, se puede ver entrando al patio de la escuela (Imagen: Anna Ortega)
La directora Leila Tais Fernandes explicó que el terreno había sido donado por un agricultor cuya granja linda con la escuela, y que la mayoría de los 75 alumnos son hijos de su personal.
La búsqueda de respuestas de una madre
Juliana Pedroso sospecha que los pesticidas están detrás del diagnóstico de su hijo de 7 años, João Otávio, que padece un síndrome neurodegenerativo extremadamente raro cuyos efectos incluyen paraplejia, discapacidad intelectual y obesidad. “Fue una mutación genética durante el embarazo, pero los médicos nunca dicen qué la causó. Me he preguntado si podrían ser los pesticidas que afectaron a su padre agricultor”, especula la técnica de enfermería, que vive en la zona urbana de Vacaria, también rodeada de plantaciones.
João Otávio (izquierda) y su madre Juliana Pedroso juegan juntos con un globo reventado lleno de harina de maíz en su casa en Vacaria. Pedroso sospecha que los pesticidas son la causa del síndrome neurodegenerativo extremadamente raro que le diagnosticaron al su hijo de 7 años (Imagen: Anna Ortega)
João Otávio nació prematuro y pronto mostró síntomas preocupantes. “Tenía las manitas hacia dentro y no podía mover el lado izquierdo”, recuerda su madre. Luego vinieron las convulsiones y las visitas cada vez más regulares a médicos y hospitales.
A pesar de sus dificultades, y gracias al empeño de su familia, João ha desarrollado bien el habla y los movimientos. Su mayor afición es su canal de YouTube dedicado a los videojuegos. En una fría tarde en la que los visitamos, João Otávio mostró orgulloso su habitación llena de animales de peluche y entretuvo a los periodistas reventando un globo lleno de harina de maíz que parecía nieve cayendo.
Tras 23 años al frente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Vacaria, Sérgio Poletto está decidido a entender si los pesticidas pueden haber contribuido a la aparición del síndrome que afecta a João Otávio, así como a las condiciones de otros niños de la localidad que esperan una plaza en Apae, un centro de rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad del municipio.
Un trabajador durante una sesión con un niño en Apae, un centro para la rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad. La demanda de plazas en el centro se ha disparado en los últimos años, lo que preocupa a su coordinadora pedagógico (Imagen: Anna Ortega)
La organización ha visto cómo se disparaba la demanda de plazas en los últimos años, y ha recurrido a Poletto para que investigue qué puede estar contribuyendo a ello. “Estamos muy preocupados por el aumento de niños discapacitados en los últimos 10 años”, afirma Maria Aparecida Fabris, coordinadora pedagógica de Apae, que actualmente atiende a 80 niños, mientras que otros 20 están en lista de espera. “No tenemos capacidad para acoger a más, porque todos se quedan con nosotros mucho tiempo”.
Con los hombros ligeramente inclinados, Poletto tiene un aspecto tímido que contrasta con sus valientes acciones. Ha asumido la tarea de “cuestionar lo que nadie cuestiona”, como él mismo dice. En 2013, ayudó a organizar un amplio estudio de más de 980 trabajadores rurales: el 95% dijo que utilizaba agroquímicos, y la mayoría los aplicaba con pulverizadores atados a la mochila, sujetos al cuerpo y utilizados sin protección.
Durante las visitas a fincas rurales, el dirigente sindical quedó asombrado por el uso intensivo de productos químicos, la falta de cuidado en su manipulación y el desconocimiento de sus riesgos. Neice Muller, médico de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, dirigió la investigación.
El presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Vacaria, Sérgio Poletto, inició una campaña de concienciación entre los trabajadores sobre el uso de equipos de protección individual al pulverizar plaguicidas, y nombró a un técnico para ayudar a los agricultores a orientarse hacia la agricultura ecológica (Imagen: Anna Ortega)
Poletto decidió utilizar la estructura del sindicato para concienciar a sus 7.000 afiliados de los riesgos de los pesticidas. Imprimió folletos y organizó charlas sobre la importancia de utilizar equipos de protección individual, además de nombrar a un técnico para ayudar a los agricultores a cambiar sus prácticas hacia la agricultura ecológica. Sin embargo, debido a la resistencia interna, solo pudo empezar ayudándoles a reducir el uso de pesticidas, en lugar de eliminarlos. “Tuvimos que suavizar el discurso para no perder miembros”, dijo.
Incluso Silvandro Fonseca, secretario municipal de Salud de Vacaria, confía a Poletto la búsqueda de explicaciones. Fonseca dice que le alertaron las tasas superiores a la media de muertes fetales, cánceres y problemas renales en el municipio, pero reconoce que la ciudad no tiene ningún programa de prevención. “Es difícil establecer una causa, por lo que también es difícil poner en marcha un programa”, dijo el secretario en una reunión en el ayuntamiento, convocada por Poletto y a la que asistió Dialogue Earth.
La decisión del Gobierno nacional de eliminar de las facturas de luz las tasas municipales que no tengan relación directa con la prestación del servicio, no es aplicable en Misiones ni en ninguna otra provincia que cuente con su propio marco regulatorio aprobado por Ley, según surge de los primeros análisis jurídicos de la polémica Resolución nacional 267/2024 publicada el miércoles 11 en el Boletín Oficial. Tampoco alcanzaría en forma específica al cobro del alumbrado público que es parte del servicio eléctrico en sí, y cuyo cobro incluso fue avalado por fallos judiciales.
En el caso del alumbrado público, la prestación requiere de un suministro constante de energía que se vuelca a las redes municipales y que cada distribuidora debe pagarle (caro) a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con un ítem específico en cada factura mensual.
En Misiones, la Ley X N° 17 (ex 3270) regula el servicio eléctrico y en su artículo 55 establece los conceptos que se pueden incluir o no en las facturas de luz. Al menos en el caso de Energía de Misiones, solo se refleja el cobro del alumbrado, mientras que los demás conceptos se refieren a leyes nacionales como el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), a la ley provincial que permite el descuento a los jubilados o a la propia recaudación del IVA. De hecho, si el objetivo del Gobierno nacional es aliviar la economía del hogar, estas alícuotas representan apenas el 1 por ciento del total. El IVA, que depende de la Nación, es el 21 por ciento.
En varias provincias existen normas similares y según advierten especialistas jurídicos de las comunas, las leyes provinciales tienen supremacía normativa sobre las resoluciones, por lo que estas últimas no serían aplicables allí donde se aplica una norma superior dictada en ejercicio de las autonomías.
Por el momento, la arremetida del ministro de Economía Luis Caputo parece más bien limitada puntualmente a los intendentes del conurbano bonaerense y al propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Justamente, el Organismo de Control de Energía (OCEBA) de la provincia de Buenos Aires se plantó con el adelanto de un dictamen jurídico al señalar que la normativa provincial “prevé la posibilidad de incluir conceptos ajenos en la facturación” y que, además, la Secretaría de Comercio de la Nación solo tendría jurisdicción sobre las distribuidoras Edenor y Edesur en las que el estado nacional ejerce contralor, ya que el resto se rige por otros marcos regulatorios.
“Atropello a las autonomías”
Provincias como Córdoba, Mendoza y Río Negro, entre otras, ya manifestaron que la resolución nacional no se va a aplicar en sus jurisdicciones porque tienen sus marcos regulatorios propios. En otras provincias prefieren analizar las aristas con tiempo y sin apresuramientos.
Sin embargo, otros actores salieron al cruce de Caputo con dureza, como el diputado nacional entrerriano Gustavo Bordet que presentó un proyecto para derogar la Resolución aludiendo al atropello a las autonomías, el intento de imponer marcos regulatorios extraños a cada jurisdicción en forma compulsiva y la puesta en peligro del servicio de alumbrado público esencial para la seguridad ciudadana. O el intendente de Rawson, que anticipó que irá a la justicia si avanzan con la prohibición o con sanciones.
“Se está trabajando con los equipos legales y creo que en las próximas horas es muy probable que haya un documento con la firma de muchos intendentes y gobiernos provinciales, contra esta medida de Nación”. Incluso alertó que “creo que va a haber una catarata de amparos, de medidas cautelares para frenar estas decisiones”.
Fallos a favor
En 2004, un fallo judicial que se encuentra firme y se dictó en el expediente 222/04 “T. R. c/ Municipalidad de Garupá y otros s/acción de amparo” y que tramitó en el Juzgado en lo Civil y Comercial 6 de la primera circunscripción judicial de Misiones, determinó que “la inclusión de la tasa de alumbrado público en las facturas de energía no se halla incluida en las prohibiciones que establece el artículo 55 de la Ley 3270 (ahora X N° 17)”.
La Cámara de Representantes aprobó la adhesión de Misiones al Régimen de Regularización de Activos de la Ley Nacional 27.743, Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, propuesta en sendos proyectos del Poder Ejecutivo provincial y de la diputada Lilia Torres, que obtuvo dictamen favorable en el estudio en comisión.
El blanqueo aplica a personas jurídicas, físicas y sucesiones indivisas que hayan exteriorizado tenencia de activos conforme a la ley citada y que, por lo tanto, resulten dentro del ámbito de competencia de la tributación a cargo de la Dirección General de Rentas. En el caso de Misiones, el incentivo será que las cuentas que adhieran a la medida, no pagarán Ingresos Brutos.
En el caso de las personas físicas, los bienes declarados deben ser preexistentes al 31 de marzo de 2024 y, para las personas jurídicas, a la fecha de cierre del último balance emitido antes del 31 de marzo de 2024.
En la sesión, el legislador José Pastori señaló que algunas cosas para resaltar de “esta ley nacional a la cual estamos presentando adhesión, es la diferencia que existe con la última ley de blanqueo, del año 2018; en aquella oportunidad, toda la masa de recursos que se generaba producida por esta ley de blanqueo no era coparticipable a la provincia, en este caso sí lo es, así que creemos que puede ser beneficiosa y, tal vez, dentro de este marco, esta situación financiera por la que hoy estamos atravesando puede ser un aliciente”.
La adhesión al blanqueo alcanza a los sujetos residentes fiscales en el país al 31 de diciembre de 2023 y las personas humanas no residentes que hubieran sido residentes fiscales en el país antes de esa fecha.
El Régimen está dividido en tres etapas, contemplándose para cada una de ellas el período para realizar la manifestación de adhesión, el pago adelantado obligatorio, la presentación de la declaración jurada, el pago del impuesto especial de regularización y la alícuota aplicable.
Al mismo tiempo, contempla supuestos especiales de exclusión de la base imponible y pago del impuesto especial de regularización, para el dinero en efectivo en el país y en el exterior, para el dinero depositado en cuentas bancarias del exterior y títulos valores depositados en entidades del exterior, los cuales quedan sujetos a las reglas especiales establecidas en la citada norma.
El gobernador Hugo Passalacqua extendió la posibilidad del blanqueo hasta el 30 de abril de 2025 inclusive, con facultad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo Provincial en caso de extenderse la vigencia del Régimen Nacional.
En el caso de personas humanas, los bienes declarados para el blanqueo deberán ser preexistentes al 31 de marzo de 2024 y en el caso de personas jurídicas, deberán ser preexistentes a la fecha de cierre del último balance emitido con anterioridad al 31 de marzo de 2024. Los montos resultantes de la exteriorización de activos deberán declararse conforme lo estipulado en la Ley Nacional N° 27.743 -parte pertinente- y en congruencia con lo declarado en igual sentido en la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la proporción que resulta concerniente a esta jurisdicción.
Los sujetos que se acojan al presente Régimen quedarán exceptuados del pago de tributos provinciales, así como también de intereses, multas y demás accesorios, por la tenencia de activos correspondientes a la exteriorización citada hasta la fecha de adhesión al régimen inclusive.
Los activos sujetos a exteriorización luego de la exoneración dispuesta procederán a tributar conforme las normas y procedimientos establecidos en el Código Fiscal Provincial, por encontrarse dentro de la competencia de la Dirección General de Rentas.
Se podrá blanquear bienes en Argentina, moneda nacional o extranjera en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo de entidades residentes en Argentina. También se podrá blanquear inmuebles ubicados en Argentina; acciones, participación en sociedades, derechos de beneficiarios o fideicomisarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares o cuotapartes de fondos comunes de inversión, siempre que el sujeto emisor de dichas acciones, participaciones, derechos o cuotaspartes sea considerado un sujeto residente en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias y siempre que estos títulos o derechos no coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores.
Asimismo se podrá ingresar all blanqueo con ítulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores.
Se podrá regularizar otros bienes muebles no incluidos en incisos anteriores, ubicados en Argentina; créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos sea un residente fiscal argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias; derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores, que sean de propiedad de un sujeto residente fiscal en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
Asimismo, se podrá transparentar criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares, bienes ubicados en el país susceptibles de valor económico, incluyendo los bienes y/o créditos originados en pólizas de seguro contratadas en el exterior de titularidad de sujetos residentes fiscales en Argentina.
En cuanto a bienes en el exterior, se podrá blanquear moneda extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo en entidades financieras del exterior; inmuebles ubicados fuera de Argentina; acciones, participación en sociedades, derechos de beneficiarios o fideicomisarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares, siempre que el sujeto sea emisor de dichas acciones, participaciones o derechos no sea considerado un sujeto residente fiscal en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias y siempre que estos títulos o derechos no coticen en bolsas o mercados.
Podrán incluirse títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados del exterior otros bienes muebles no incluidos en incisos anteriores ubicados fuera de Argentina; créditos de cualquier tipo o naturaleza, y derechos y otros bienes intangibles no incluidos o que recaigan sobre bienes incluidos.
No podrán ser objeto del presente Régimen de Regularización de Activos las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior mencionadas en el artículo 24.2, que a la fecha a la que hace referencia el artículo 24.4, (i) estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de Alto Riesgo (“Lista Negra”) o Bajo Monitoreo Intensificado (“Lista Gris”) o (ii) que estando.en efectivo, se encuentren fisicamente ubicadas en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de Alto Riesgo (“Lista Negra”) o Bajo Monitoreo Intensificado (“Lista Gris”).
La base imponible del Impuesto Especial de Regularización será el valor total de los bienes regularizados. A los efectos de calcular la base imponible del Impuesto Especial de Regularización en dólares estadounidenses, se deberán seguir las siguientes reglas de conversión:
Los valores que estén medidos o expresados en pesos argentinos serán convertidos a dólares estadounidenses tomando el tipo de cambio que fije mediante reglamentación el Poder Ejecutivo nacional, el cual deberá tomar como referencia el tipo de cambio implícito que surge de dividir la última cotización de un determinado título público con liquidación en pesos en el segmento prioridad precio tiempo en BYMA y la última cotización de dicho título con liquidación en USD en jurisdicción local, el día anterior a la Fecha de Regularización.
Si los bienes o valuaciones estuvieran denominados en una moneda extranjera diferente a dólares estadounidenses, la reglamentación establecerá las relaciones de cambio para convertir dicha moneda extranjera a dólares estadounidenses a efectos del cálculo de la base imponible del Impuesto Especial de Regularización, tomando como referencia la cotización de dicha moneda extranjera frente al dólar estadounidense en las diversas plazas del mundo a la Fecha de Regularización.
Todo contribuyente que realice la manifestación de adherir al blanqueo deberá ingresar, el pago adelantado de los impuestos a pagar. El pago adelantado deberá ser no menor al 75% del Impuesto Especial de Regularización establecido.
El presidente de la Nación, Javier Milei, firmó hoy la reglamentación del artículo 182 del DNU 70/23 con los lineamientos aplicables a la prestación del servicio esencial de aeronáutica civil comercial.
La decisión fue anunciada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger a través de su cuenta de la red social X.
La implementación de esta medida había sido anunciada tras el paro que llevaron adelante días atrás los gremios provocando un enorme perjuicio a Aerolíneas Argentinas y sus usuarios.
A partir de ahí se argumentó la importancia estratégica de este sector para la conectividad, el comercio y el transporte de pasajeros.
En este sentido, según se explicó en su momento, el decreto reglamentario firmado hoy establece medidas para garantizar un “nivel mínimo de servicios ante conflictos laborales” que puedan interrumpir total o parcialmente las actividades.
