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Adorni, Deus ex machina y blockchain como excusa…

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Guido Zatloukal, Presidente Fundación Blockchain Argentina. Después de semanas de sospechas de corrupción, el jefe de Gabinete del gobierno nacional Manuel Adorni fue consultado por bienes y gastos totalmente fuera de coherencia con sus ingresos previos y presentes, situación que incluso derivó en una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. En una entrevista con el periodista José Del Rio, Adorni intentó justificar todo con un gran deus ex machina criptográfico, la misma herramienta que criticaban los propios dramaturgos griegos, cuando una obra de teatro terminaba destrabando su conflicto justo al final con un elemento o una solución mágica. Una resolución que fue nombrada como ‘el dios que baja de la máquina’. Unos miles de años después, el jefe de Gabinete nacional vuelve a traer esa máquina mágica de los dioses como una manera de explicar, ordenar o encubrir sus finanzas. Una máquina que esta vez bautizó ‘bitcoin’, intentando justificar parte de su supuesto patrimonio no declarado como ganancias obtenidas entre 2013 y 2018 en inversiones en criptomonedas.

Recordemos que bitcoin nace como tecnología en 2009, por lo que los primeros años posteriores a su lanzamiento fueron de uso muy de nicho. Si bien es cierto que Argentina fue, casi desde los comienzos, tierra fértil para su utilización. En 2013, cuando el funcionario dice que “comenzó a incursionar en el mundo del bitcoin”, operar en el mercado cripto era algo complejo. No solamente en el país, sino también en el mundo. Adorni dice que en 2013 compró unos 200.000 dólares en bitcoin. Una cifra importante para ese momento y para ese mercado. Al año siguiente, cuando dice que empezó a invertir fuerte, el precio de bitcoin comenzó cerca de los 1.000 dólares, luego cayó hasta casi los 200 dólares y terminó el año repuntando hacia valores cercanos a los 600 dólares. En esos primeros años, lo más normal era hacer operaciones P2P, persona a persona, que fue desde el principio una de las ideas y espíritus principales de este sistema: crear una moneda que no requiriera de un ente de control centralizado ni de intermediarios. Los primeros exchanges locales nacen entre 2013 y 2014, algunos de los cuales continúan operando hasta hoy, como Ripio y SatoshiTango, funcionando en una primera instancia como mediadores entre partes para agilizar las operaciones. Incluso la paper wallet que el jefe de Gabinete mostró en la entrevista a modo de ejemplo era algo muy de nicho, utilizado muchas veces más como elemento propagandístico o de militancia de la tecnología que como una herramienta de uso real y masivo.

En 2018, Adorni dice que terminó su interés por las inversiones en el mundo cripto luego de haber ganado unos 300.000 dólares. Esto mostraría que el hoy jefe de Gabinete no solamente fue un buen hodler, sino también un gran trader. Aunque resulta extraño que, a pesar de haber tenido un excelente desempeño en el mercado, nunca más haya vuelto a operar y solamente haya recordado su experiencia en el mundo cripto cuando tuvo que dar explicaciones por su incremento patrimonial. Un deus ex machina demasiado conveniente. Esta es una muestra más de cómo el gobierno de Javier Milei y algunos de sus funcionarios utilizan la tecnología blockchain más como una excusa para cubrir sus hechos que como una herramienta para brindar transparencia y oportunidades reales de financiamiento y generación de valor agregado para distintas industrias. Algo que, bien utilizado, sería realmente una oportunidad para la Argentina.

Un gobierno que evoca al libertarismo y que supuestamente comparte valores propios de los mismos creadores de bitcoin utilizó esta tecnología, primero, para promover una estafa como fue LIBRA, y ahora para justificar gastos millonarios y el incremento patrimonial no declarado de un funcionario de alto rango.

Blockchain es una tecnología con tres virtudes principales: transparencia, trazabilidad y descentralización. Tres características con un potencial realmente serio para combatir la corrupción en el Estado. Argentina tiene uno de los ambientes de desarrolladores y usuarios cripto más activos y prolíficos del mundo. Por eso, utilizar la tecnología blockchain únicamente como excusa para encubrir la corrupción, y no como herramienta para combatirla, es una oportunidad perdida que la Argentina no puede permitirse.

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Radiografía PyME: caen producción y ventas, retrasos en la cadena de pagos y presión importadora

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La producción de las pequeñas y medianas industrias argentinas registró una contracción del 1,7% trimestral desestacionalizada y del 9,2% interanual durante el primer trimestre de 2026, según el último Informe Coyuntural publicado por la Fundación Observatorio PyME. El relevamiento -realizado entre abril y mayo sobre una muestra de 400 empresas de todo el país- refleja un escenario de tensiones en la actividad productiva, el empleo y la cadena de pagos, así como la creciente presión por el ingreso de manufacturas de origen chino, que amenaza la competitividad de la producción local. 

En línea con este panorama, los indicadores predictivos del Observatorio mostraron fuertes caídas: el PMI-PyME (Índice Anticipatorio del Ciclo de Actividad PyME) se ubicó en 34 puntos, 13 puntos menos que el trimestre anterior. Basado en stocks, empleo, producción y cartera de órdenes, este índice predice un escenario contractivo con valores menores a 50 y un escenario expansivo con valores mayores a 50. Por su parte el ICE-PyME (Índice de Confianza Empresarial) descendió a los 40 puntos (3 menos que el relevamiento anterior), registrando su valor más bajo desde el tercer trimestre de 2023.

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Datos clave del Informe Coyuntural 1T26, Fundación Observatorio PyME.

De acuerdo a los datos, el estancamiento de la actividad impactó directamente en el mercado laboral del sector, con una baja de la cantidad de ocupados del 1,4% respecto del trimestre anterior, alcanzando 13 trimestres consecutivos, y una reducción del 5% en la comparación interanual. Este deterioro del mercado laboral profundiza la tendencia registrada en el Informe Estructural 2025 (anual) del Observatorio, año en el que la cantidad de ocupados de las PyME industriales ya había caído un 3,6% respecto a 2024, la mayor baja de los últimos 5 años, y el 27% de las firmas atravesó procesos de achicamiento, el tercer nivel más elevado de la serie que comienza en 2004.

En el primer trimestre del año, la preocupación por la competencia de importados alcanzó al 46% de las PyME industriales, un fuerte aumento interanual respecto del primer trimestre 2025 cuando afectaba solo al 25% de las empresas. 

Este escenario coyuntural coincide con el diagnóstico estructural de 2025, donde el 46% de las PyME industriales manifestó sentirse amenazada por las importaciones, con China como principal origen de la competencia extranjera y una pérdida de mercado interno a mano de importaciones para el 33% de las firmas. Al cierre del 2025 los sectores más expuestos eran caucho y plástico, textiles, autopartes y metalmecánica.

Caída de ventas y tensiones financieras

La disminución de la facturación en el primer trimestre del año alcanzó al 57% de las PyME, explicada fundamentalmente por la retracción de las ventas en el mercado interno, que afectó al 61% de las empresas. En contraste, el mercado exportador mostró una mayor estabilidad con el 46% de las firmas manteniendo el nivel de facturación previo y un 33% reportando disminuciones.

Al evaluar el mapa de problemáticas, la caída de las ventas se consolidó en un máximo histórico afectando al 83% de las empresas seguida por el aumento de costos del principal insumo o materia prima, afectando al 67% de las firmas. También aumentaron otras preocupaciones como el retraso en el pago de los clientes, que sufrió un salto del 35% al 60%, y la preocupación por la competencia de productos importados  que alcanzó al 46% de las firmas (desde un 25% del año anterior).

Se registró un cambio de tendencia en materia de inversión: el 36% de los empresarios industriales consideró que es un buen momento para invertir, mostrando una ligera mejora respecto al tercer trimestre de 2025, donde la cuestión electoral podría haber influido negativamente. El indicador aún está en niveles históricos bajos: se ubica por debajo del 44% del 3T24 y a casi 30 puntos del máximo histórico de la serie (63,9% en 3T05). 

A esto se suma una brecha tecnológica estructural condicionada por las restricciones de financiamiento reflejadas en dicho informe: el acceso al crédito bancario mantuvo una participación reducida del 18% -alcanzando los valores más bajos desde 2006- lo que obliga a que cerca del 75% de la inversión en maquinaria y equipos deba sostenerse casi exclusivamente con recursos propios (reinversión de utilidades o aportes de socios). 

Medidas clave para el sector

Al ser consultadas sobre las reformas necesarias para apuntalar al sector, las PyME manufactureras señalaron tres prioridades claras: alivio fiscal (72%), estabilidad macroeconómica (61%) y medidas contra la competencia desleal (59%), un eje que viene ganando terreno de manera sostenida. Por otra parte, se registra una marcada suba en la urgencia por el acceso al financiamiento como herramienta para sostener la actividad.

Oportunidades ligadas a la energía y minería

De cara al futuro, las PyME industriales identifican oportunidades de crecimiento específicas. El 26% de las empresas PyME industriales manifestaron algún tipo de vinculación con los sectores de Oil & Gas y minería, mientras que un 12% expresó interés en vincularse. Un 49% de los proveedores directos e indirectos estiman un impacto alto o muy alto en sus ventas producto de su integración a esta cadena de valor, mientras que un 34% de los interesados en insertarse, afirmó en similar sentido. El crecimiento continuo de estos sectores podría dinamizar la producción local.

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Inocencia Fiscal: Came solicitó al Senado la suspensión de embargos y la reducción de multas para pymes

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Ante el inminente tratamiento en el Congreso de la Nación del anteproyecto modificatorio de la Ley de Inocencia Fiscal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) les pidió a los presidentes de todos los bloques del Senado de la Nación que se incorporen los pedidos que la semana pasada la entidad pyme le solicitó al Ministerio de Economía de la Nación.
 
La solicitud de CAME a los senadores nacionales se da en el marco del incremento de embargos y multas que está llevando adelante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).  Dichas circunstancias podrían subsanarse con las modificaciones que CAME solicita que se incluyan en la actual Ley de Inocencia Fiscal. Entre estos puntos que la entidad pyme le elevó a los legisladores se destacan:

  • Reducción de multas: que no se apliquen sanciones durante el “Período de Espera” previsto por ARCA y que, si el contribuyente regulariza su situación dentro de los 15 días posteriores a dicho período, la multa se reduzca en un 50%. La sanción total sólo debería aplicarse una vez vencido ese plazo sin cumplimiento.
  • Suspensión de ejecuciones y embargos: establecer una suspensión temporal de las ejecuciones fiscales y medidas cautelares, incluidos los embargos, para el sector pyme.
  • Plan especial de pagos: crear un régimen de facilidades de hasta 48 cuotas, con condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. El régimen debería abarcar deudas vencidas al 31 de mayo, así como planes vigentes y caducos.


Cabe destacar que la demanda de CAME se da en un contexto de consumo deprimido, sumado a la propuesta realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una reforma tributaria que reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y encarece la formalidad para los sectores de menores ingresos. “Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere de resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, dijo el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.

CAME considera indispensable que el Senado de la Nación Argentina atienda la solicitud, a fin de promover las condiciones que contribuyan a preservar el entramado productivo nacional, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible en un escenario económico de transformación.

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La UIF pidió investigar a Manuel Adorni por lavado de dinero

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Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente publicara su declaración jurada de 2025, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) elevó un pedido formal a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que lleve adelante la apertura de un expediente de inteligencia financiera con el propósito de realizar un análisis en relación con la evolución patrimonial.

Además, de ser necesario, radicar la denuncia ante la justicia penal por presunto lavado de activos del funcionario de Milei y su esposa, Bettina Angeletti, por la existencia de posibles fondos y bienes de, según la entidad, origen no debidamente acreditado.

El titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, es el destinatario del pedido del CIPCE que reclamó la aceptación de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” con el objetivo de monitorear de forma intensiva a Adorni y Angeletti, argumentando que son Personas Políticamente Expuestas (PEP), y así poder establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica del patrimonio.

¿Cuáles son los argumentos del CIPE para hacer el pedido a la UIF?

La compra de una casa en noviembre de 2024 en un barrio privado, más un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un año después (en noviembre de 2025), cuando Adorni ya ocupaba un cargo público, es donde se apoya el pedido del CIPE. Además, por contar con importantes sumas de dinero en efectivo, así como viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y la realización de operaciones crediticias, pero no bancarias, con personas que no tendrían la capacidad económica necesaria.

Asimismo, el CIPE sumó a sus argumentos la declaración realizada por Adorni a LN+ donde manifestó haber omitido “por error” en sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024 que los ahorros familiares se habían compuesto “en negro”. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, se justificó sobre US$500.000, según sus declaraciones.

En tal sentido, el reconocimiento de Adorni genera preguntas en relación con el cumplimiento de los parámetros de transparencia exigibles a las personas que ocupan el rol de funcionarios, así como también sobre el origen de los fondos involucrados, según la ONG especializada en investigar la corrupción y los delitos económicos.

Más aportes del CIPE al pedido a la UIF

El CIPCE incluyó en su pedido testimonios de personas que declararon en la Justicia federal que indicarían que, por lo menos, una de las tantas operaciones inmobiliarias no se habría escriturado por su valor real. En este sentido, si se llegara a confirmar, según el planteo, se podría encuadrar en maniobras de simulación capaces de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos.

A su vez, el CIPCE hizo hincapié en que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias que prevé la ley de “Inocencia Fiscal” ni suspende ni pone límite a las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos, así como a las facultades de la UIF para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes.

Y recordó que la ley actual ordena deberes de debida diligencia reforzada para las PEP, debido a su mayor exposición a riesgos de corrupción.

De esta forma y con la firma del director ejecutivo del CIPE, Pedro Biscay, el organismo enmarcó el pedido en el contexto internacional, resaltando que el país está bajo el seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual exige avances en la prevención como en la detección y la investigación del lavado, más precisamente cuando está vinculado a hechos de corrupción.

Por eso, el CIPE, en ese contexto, mantiene su posición diciendo que una actuación “diligente y oportuna” de la UIF en casos como este, en que involucra a un funcionario de alto rango, es una señal clave de cumplimiento de los estándares internacionales. Y, en consecuencia, pidió que se realicen los controles pertinentes de consistencia patrimonial integrales, que se cruce información proveniente de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero.

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Con amplio respaldo, la Legislatura aprobó el pliego de Andrés Poujade para el Superior Tribunal de Justicia

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La Cámara de Representantes de Misiones aprobó este jueves el pliego de Andrés Poujade para incorporarse al Superior Tribunal de Justicia (STJ), en una de las decisiones institucionales más relevantes del año para el sistema judicial provincial.

La propuesta enviada por el gobernador Hugo Passalacqua obtuvo 40 votos afirmativos, reflejando un amplio consenso político dentro del recinto. La defensa del dictamen estuvo a cargo de la diputada Anazul Centeno, integrante de Encuentro Misionero, quien destacó la trayectoria profesional, académica e institucional del candidato.

El acompañamiento al pliego trascendió las fronteras partidarias. Votaron a favor legisladores de la Renovación, de sectores libertarios y de bloques opositores. Entre ellos, Martín Arjol, Pablo Steckler, Adrián Núñez, Juan Ahumada y Ramón Amarilla, quienes respaldaron la incorporación de Poujade al máximo tribunal provincial.

La designación permitirá completar nuevamente la integración de nueve miembros del Superior Tribunal de Justicia, luego de la jubilación de Ramona Velázquez. Con este nombramiento, además, se modifica la composición de género del cuerpo, que vuelve a quedar conformado por cinco hombres y cuatro mujeres.

La incorporación de Poujade tiene relevancia institucional por el rol que desempeña el STJ dentro de la estructura estatal. Además de constituir la última instancia judicial provincial, el tribunal ejerce la superintendencia administrativa del Poder Judicial y fija criterios jurisprudenciales que impactan sobre la totalidad del sistema.

La sesión también avanzó con una amplia renovación de cargos judiciales en distintas jurisdicciones de la provincia. Fueron aprobados los acuerdos para Carla Alejandra Freitag como jueza de Instrucción del Juzgado N.º 1 de Posadas; Diego Agustín Lafata para el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá; y César Humberto Lirussi para el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Eldorado.

Asimismo, la Legislatura prestó acuerdo para la designación de Camila Arruti como fiscal de Primera Instancia en Puerto Rico y de Martín Ignacio Balor como agente fiscal en lo Correccional y de Menores de la Primera Circunscripción Judicial.

La nómina se completó con las designaciones de Luis Sebastián Martínez como juez de Paz Letrado de Primera Categoría de Posadas y de Rosa Raquel Dionisia Mazal como jueza de Paz Letrada de Primera Categoría de Puerto Iguazú.

La cobertura simultánea de vacantes en el Superior Tribunal, juzgados de instrucción, fiscalías y juzgados de paz constituye una de las renovaciones judiciales más amplias de los últimos años en Misiones. El objetivo es fortalecer la estructura permanente del Poder Judicial, reducir la dependencia de subrogancias y mejorar la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio provincial.

Desde el punto de vista constitucional, el proceso también ratifica el mecanismo de control cruzado previsto por el sistema republicano provincial: el Poder Ejecutivo propone y la Legislatura evalúa antecedentes, analiza idoneidad y otorga el acuerdo para la designación definitiva de magistrados y funcionarios judiciales.

Con la aprobación de estos pliegos, Misiones consolida una nueva etapa en la integración de su estructura judicial, con funcionarios que tendrán incidencia directa en la administración de justicia durante los próximos años.

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