Ricardo Delgado

Presidente de Analytica Consultora, economista UBA.

La inyección electoral suma casi un punto al PIB

Compartí esta noticia !

El primer semestre concluyó con un déficit fiscal primario de 0,5% del PIB, una performance muy superior al 3,7% de la primera mitad de 2020. El gobierno se vio forzado a la disciplina fiscal dada la necesidad de controlar el impacto del gasto público sobre la demanda de dólares y de mostrar credenciales en la negociación con el FMI.

En los próximos meses, gracias a este colchón, el déficit irá creciendo, pero sin superar el objetivo de 4,5% sancionado en el presupuesto, tanto por la caída en los ingresos extraordinarios (aporte extraordinario de las grandes fortunas, retenciones a la soja) como por el aumento del gasto. Estimamos que este mayor “gasto electoral” aportará un crecimiento adicional de 0,9% sobre la actividad económica entre el tercer y el cuarto trimestres.

El interrogante es cómo se reemplazará este impulso fiscal en 2022 cuando, cierre del acuerdo con el Fondo mediante, el gobierno esté obligado a reducir aún más el déficit.

En el primer semestre los ingresos fiscales crecieron 22% en términos reales en tanto el gasto primario se contrajo 9%. De este modo, el Tesoro logró un déficit de $208.100 millones, apenas 10% del presupuestado para todo 2021 y más bajo que el promedio mensual de abril, mayo y junio del año pasado. Este colchón fiscal tiene componentes autónomos y otros exógenos que comenzaron a desaparecer en la segunda mitad del año. Veamos:

  1. Autónomos
    Jubilaciones: en los primeros seis meses, el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas cayó 8% en términos reales; si se compara respecto a 2019, la reducción fue del 6%. La eliminación del pago de bonos compensatorios que existió en 2020 y el cambio de fórmula de actualización de los haberes jubilatorios son decisiones que van en línea con una mayor sostenibilidad fiscal.
    Salarios públicos: cayeron 5,6% en términos reales en el primer semestre. Las paritarias acordadas en los primeros meses de este año no lograron compensar la inflación.
    Aporte solidario a las grandes fortunas: generó un ingreso extra hasta ahora de $233.000 millones, luego de que 10.300 personas humanas hagan su contribución. En el universo estimado por la AFIP, 13.000 personas deberían haberlo abonado
  1.  Exógenos:
    Recaudación récord de derechos de exportación: traccionada por el aumento de 66% en el precio de soja, estos ingresos se duplicaron en términos reales respecto de un año atrás. A pesos corrientes, generó una caja adicional de $300.059 millones.

Hacia adelante, estos cuatro componentes invertirán su dinámica. La recaudación se queda sin ingresos extraordinarios: el saldo del aporte solidario es marginal y la liquidación de exportaciones del agro se reduce por cuestiones estacionales. A su vez, se suman ampliaciones de gasto ligadas a la seguridad social y de operación por un total de $429.361 millones, explicadas en parte por el bono de 5.000 pesos a los jubilados y la reapertura de las paritarias en los gremios estatales.

Según nuestras estimaciones, incorporando los efectos multiplicadores del gasto, el año cerraría con un déficit primario de 3,5% del PBI. Así la disputa por el 1,2% del PIB extra de recaudación que aportaron el agro y los grandes contribuyentes, se resolvió levemente en favor del equipo económico: 0,7 puntos fueron a reducir el déficit y 0,5 puntos al aumento del gasto.

En un año electoral y en un contexto de crisis como el actual, es de esperar que los gastos sean mayores que los estipulados. Por caso, entre los años 2007 y 2015, las erogaciones estatales fueron 25% superiores a los aprobados por el Congreso. A su vez, el presupuesto puede sufrir modificaciones debido a que la inflación es superior a la esperada al momento de consolidar las partidas. Obviamente, este año ése está siendo el caso.

El gasto corriente, principalmente salarios y subsidios económicos, ya se amplió en $ 108.000 millones (+3% nominal), estimando que restan unos $ 60.700 millones más. En tanto, el gasto social también creció 3% nominal respecto del presupuesto ($141.000 millones), proyectando ampliaciones por $ 393.000 millones. Por último, el gasto de capital (obra pública), la gran apuesta del gobierno, registró modificaciones similares a las partidas anteriores, del orden del 3%, pero lleva ejecutado apenas un 37% del total; por el momento descartamos ampliaciones presupuestarias en infraestructura, aunque seguramente haya redistribución entre obras de menor ejecución hacia aquellas con mayor grado de avance.

Los impactos que el aumento de cada partida de gasto tiene sobre el nivel de actividad se estima mediante los desencadenamientos virtuosos generados al resto de la economía. El remanente de ejecución por encima de lo previsto será el impulso fiscal en este segundo semestre. El cuadro a continuación muestra cómo se distribuye entre las distintas partidas.

Destinar cerca de 0,7% del PIB extra en los sectores más golpeados redunda en un crecimiento extra del +0,9% para 2021 y un panorama inicial más favorable en 2022. La explicación más sencilla es obvia; nuestra estructura productiva depende 60% del consumo, y aquellos sectores con mayores necesidades básicas y sociales insatisfechas gastan todo ingreso adicional. Vale recordar que desde 2017 la pobreza crece en forma sostenida y hoy 4 de cada 10 argentinos la
padece.

Aumentar el gasto público, revertir la pobreza y a la vez dinamizar el mercado interno es el sueño de cualquier gobierno. El problema es que debe proseguir un proceso sostenido de reducción del déficit fiscal, dada la dificultad para financiar el gasto sin más inflación. En la primera mitad del año el gasto social cayó 17% en términos reales, en tanto los subsidios económicos aumentaron en igual proporción. Hasta ahora, el gobierno decidió recortar salarios públicos y de las jubilaciones antes que disminuir los subsidios a la luz y el gas en los sectores medios y altos del AMBA. En 2022 tendrá menos margen para expandir el gasto, con lo cual la disputa entre ganadores y perdedores seguramente será más intensa.

Compartí esta noticia !

El cepo, combustible transitorio para la inversión

Compartí esta noticia !

La inversión, tanto pública como privada, está mostrando un dinamismo inusual para una economía bajo una profunda crisis marcada por la incertidumbre. En el primer trimestre creció 38% respecto de 2020, y consolidó el aumento del 16% de los últimos tres meses del año pasado. Con el FMI auditando los movimientos del gobierno, la inversión en infraestructura es la bala de plata para compensar, aunque sea discursivamente, el ajuste en el gasto social. En tanto, la inversión privada se acelera paradójicamente debido a la persistente brecha cambiaria que se ubica nuevamente en 75%. Con restricciones para operar en pesos, las empresas asignan parte de sus excedentes en nuevos equipamientos. Ahora, ¿bajo qué lógica?

El segmento más dinámico de la inversión es el de equipos de transporte (+78%), principalmente de origen nacional (+98), en tanto maquinaria y equipo, y construcciones también muestran crecimientos significativos, de 38,7% y 35,5% respectivamente.

La inversión privada es siempre una buena noticia; se garantiza más productividad y más oferta. No sorprende entonces que mientras la inversión se aceleraba, la producción industrial creciera al 14% respecto del primer trimestre de 2020.

Sin embargo, desde abril el panorama productivo comenzó a cambiar. La caída acumulada entre abril y mayo de 2021 fue de 7 puntos; en este último mes alcanzó a los 16 sectores que computa el INDEC. El nivel actual de la producción industrial está 6,6% por debajo de 2018, cuando la economía comenzaba a atravesar una nueva recesión.

En paralelo, la capacidad instalada de la industria volvió a resentirse. Ya en mínimos históricos, a niveles similares a los de 2003, en el segundo trimestre volvió a declinar, ubicándose en 61,5% en mayo, luego del pico de marzo (64,5%). Si bien está dentro del promedio desde 2016, sigue lejos de niveles considerados aceptables para la industria, superiores al 70%.

Entonces, ¿qué factores explican la mayor inversión con tanta ociosidad respecto del producto potencial y con una economía operando en niveles inferiores a los picos de 2013 y 2017. ¿Por qué equiparse si hay capacidad instalada excedente?

Concretamente, vemos que los márgenes vienen recuperando fuerte y esto genera excedentes que se canalizan en la inversión.

La expectativa de beneficios futuros aplica. Ciertos sectores, como alimentos, pueden estar previendo una recuperación sostenida de la demanda. Las empresas invierten planificando en un horizonte no inferior a cinco años. Sin embargo, a nivel agregado esta justificación no se sostiene.

Domina la incertidumbre que, en forma cuantitativa, muestran los mercados financieros.

Los bonos argentinos cotizan a precios que descuentan una nueva crisis de deuda en los próximos años. Por tanto, el salto en la inversión puede deberse casi con exclusividad a ineficiencias en la asignación de los recursos propia del control de capitales. Se sabe que, frente al cepo, el dólar financiero es la única puerta de acceso para transferir dólares al exterior. Desde fines de 2019 no se giran utilidades y dividendos al exterior, algo que no sucedió nunca desde la creación del mercado único y libre de cambios (MULC). Estas transferencias tocaron un pico en el primer gobierno de CFK, con usd 3.900 millones anuales, para caer a usd 750 millones por año en su segundo mandato, con el primer cepo. En la era Macri, con una cuenta capital liberada, el giro de dividendos y utilidades promedió los usd 1.800 millones anuales.

Para evitar que la cobertura de las empresas en los meses previos a las elecciones presione sobre el dólar “contado con liquidación” (CCL), tanto la Comisión Nacional de Valores (CNV) como el Banco Central, endurecieron las restricciones una semana atrás. Por un lado, se limitó el acceso al mercado de cambios a una empresa si otra de su mismo holding había realizado operaciones con CCL en los tres meses anteriores. Hasta ahora, el acceso dependía únicamente de las operaciones de cada empresa. Al mismo tiempo, se fijó un límite al volumen máximo operado por las empresas en el CCL mediante los agentes de liquidación y compensación (Alycs). Los montos semanales superiores a usd 50.000 nominales deberán cursarse por el mercado de negociación bilateral (Senebi), donde el precio se negocia en forma directa y el Banco Central no interviene vendiendo bonos.

La profundización del cepo busca garantizar la pax cambiaria hasta las elecciones. La brecha entre el dólar oficial y el financiero (CCL) promedió casi 70% en los primeros siete meses del año, pero con una tendencia alcista desde fines de mayo, cuando alcanzó 74%.

Bajo este escenario, las empresas tendrán mayores dificultades para acceder al dólar, una cobertura clásica para aislar sus excedentes de los shocks. En consecuencia, seguramente continúen sobre-acumulando capital en forma preventiva e impulsando así la inversión a precios “subsidiados”, al tipo de cambio oficial. Si se descuenta que luego de las elecciones el peso se depreciará, el racional de esta suerte de “inversión encepada” es consistente.

¿Cómo se está financiando la inversión? Básicamente, a través de tres canales:
 La participación de los beneficios empresarios en el PBI, con un aumento de 2,7 puntos porcentuales entre el último trimestre del 2019 e igual periodo del año pasado.
 Los excedentes de liquidez en pesos, más de dos puntos del producto superiores al nivel alcanzado en la etapa Kicillof del cepo cambiario (2012-2015), como indicamos en el Analytico#606. Son colocaciones a plazo fijo, en su mayoría corporativas.
 Los márgenes de rentabilidad, medidos cómo la relación entre los precios al productor y los precios al consumidor, están en máximos de la serie histórica, como dijimos en el Analytico#602.

En tanto, otras vías más usuales para financiar la inversión pierden terreno. El crédito a las empresas cae en términos reales desde el pico en septiembre de 2020 y converge a niveles prepandemia.

Entre mayo y julio este crédito se contrajo al 18% mensual respecto a un año atrás. Por su parte, luego del reperfilamiento forzado de la deuda externa privada en 2020, el ingreso de dólares por ese mecanismo es prácticamente inexistente. Hasta mayo ingresaron apenas usd 360 millones por líneas de crédito y financiaciones, un 90% menos que en igual periodo de 2019 (usd 3.000 millones).

Es claro que en las condiciones actuales el impulso a la inversión tiene corta vida. La expansión de la oferta siempre se correlaciona con el nivel de actividad, actual y esperado. Más pronto que tarde, si el gobierno no logra estabilizar la macro, generar más certidumbre e impulsar la demanda a través del consumo privado y las exportaciones, la inversión volverá a caer. Con esos pesos sin destino, la presión sobre el dólar será aún más fuerte

Compartí esta noticia !

Seis meses como límite para la estrategia oficial

Compartí esta noticia !

El equipo económico abandonó el ancla nominal de 30% ante la falta de resultados concretos en su política de coordinación y la necesidad de cumplir con su promesa de recuperación del poder adquisitivo de los salarios. En consecuencia, comenzó a convalidar una nueva lógica, con convenios paritarios que empezaron a cerrarse por encima del 40% y con el sostenimiento de los castigados ingresos de los jubilados con bonos durante julio y agosto. Este escenario puede estar garantizado en los próximos meses por el cepo cambiario y un buen resultado fiscal. Pero más allá de las elecciones de noviembre podría transformarse en una dinámica muy peligrosa. El retorno de un modelo como el del período 2011-2013 con una inflación al menos 20 puntos más alta, sin un acuerdo con el FMI e ingresos públicos de naturaleza transitoria es una experiencia que difícilmente termine bien.

Si no se logra coordinar las expectativas, esta nueva lógica nominal puede significar mayores presiones sobre el dólar y la inflación. Si las empresas descuentan que en 2022 tendrán que enfrentar ajustes en la demanda y en la disponibilidad de insumos al tipo de cambio oficial, pueden adoptar comportamientos inflacionarios, mejorando sus beneficios por unidad vendida hoy de forma de prepararse para un contexto más restrictivo. Con financiamiento escaso (en pesos) o caro (en el exterior), la forma más natural de preservar el patrimonio empresario es aumentar los
márgenes. Una dinámica que, como explicamos en el Analytico#605, ya viene sucediendo. Un incremento del consumo puede facilitar la convalidación de precios más altos, revirtiendo la potencial mejora salarial y limitando los alcances de la nueva lógica oficial.

Ahora bien, más allá de las expectativas de 2022, el gobierno cuenta con cierto margen para estimular la demanda en la segunda mitad del año sin mayores sobresaltos. Como dijimos, un factor central es el buen resultado fiscal. A mayo, último dato disponible, los ingresos acumularon en el año un aumento, en términos reales, de 21% respecto de 2020 y de 1,5% comparado con 2019 (con precios externos más favorables que entonces). Por otro lado, el gasto se redujo 10% en comparación con el año pasado pero aumentó 6,2% frente a 2019. En consecuencia, en los primeros cinco meses el déficit primario fue de apenas $55.000 millones.

En estos meses habrá distintas medidas con impacto directo sobre las erogaciones del sector público. Sin embargo, si no surgen sorpresas, la meta de déficit primario del presupuesto, de 4,2% del PIB, no corre peligro. Lo importante es que el aumento del gasto sea de carácter transitorio (bonos, aumentos en línea con la inflación) y no permanente (bajar la edad de jubilación, aumento del empleo público, etc.), de modo de evitar la profundización del déficit estructural.

En una economía de escala más pequeña, el estado, al igual que las empresas, también contará con menores ingresos. Al analizar la recaudación de un conjunto de tributos relacionados directamente con el mercado interno (IVA DGI, Internos coparticipados, Combustibles, Débitos y créditos, Seguridad Social), como se observa en el gráfico, vemos que se encuentran 11% por debajo de 2019, medido en términos reales. Por su parte, la recaudación total, traccionada por las exportaciones, aportes extraordinarios como el impuesto a las grandes fortunas y aumentos en el pago de bienes personales, se mantiene constante.

En esta línea, durante junio la recaudación apenas aumentó 4% real respecto de mayo. La caída en las retenciones a las exportaciones (-8%) fueron compensadas por mayores ingresos por aranceles de importación (+18%). A su vez, el IVA aduanero aumentó 16% mientras la recaudación de IVA interno se mantuvo constante. El mensaje es claro; luego del pico de mayo, la menor liquidación del agro restringe no sólo los dólares en el Banco Central sino también los pesos en el Tesoro. La reactivación del mercado interno vía aumentos salariales es funcional también a la necesidad de mantener activa la recaudación fiscal.

La señal política que significó el aumento de 40% en los salarios del poder legislativo modificó el panorama de las negociaciones en el sector privado. Sin embargo, de los diecisiete gremios que acordaron paritarias, todavía en apenas seis los trabajadores no perderían poder adquisitivo.

Esta reapertura de paritarias y los bonos compensatorios probablemente aumenten ese número en el camino hacia las elecciones de noviembre.

Este cambio de nominalidad vía un mayor gasto público y mayores salarios en el segundo semestre conlleva riesgos por tres vías, con un denominador común: el impulso de la actividad económica tiene fecha de vencimiento en diciembre.

Veamos.

Por un lado, la recaudación pierde velocidad dados los menores ingresos por exportaciones y por aportes extraordinarios. El impuesto inflacionario ya alcanzó su límite en 3 puntos del PIB en 2020, el máximo porcentaje desde 1989. En un contexto donde el cronograma electoral generó que los vencimientos de deuda en pesos se concentren entre julio y setiembre (40% del total del año), el gobierno necesitaría convalidar mayores tasas de interés sobre la deuda del Tesoro. En consecuencia, tanto la recaudación como los compromisos de deuda ponen un límite claro a la
expansión del gasto público.

A su vez, la nueva nominalidad convergiendo por encima del 40%, se da en un contexto donde hay liquidez excedente. En particular, en la primera etapa de cepo cambiario, entre 2012 y 2015, el stock de plazos fijos promedió 5,4% del PIB, mientras este año ronda 7,8% del producto. En consecuencia, sobran al menos 2,4% puntos del PIB de liquidez. Ese exceso es una fuente de presión sobre los dólares bursátiles, que ya desde mayo se empieza a verificar; la caída real de
los plazos fijos (1,3% en mayo y 1,6% en junio) está en línea con un salto de 10 puntos porcentuales en la brecha cambiaria (por encima de 70%). Los volúmenes diarios operados en bonos que permiten acceso al dólar financiero se duplicaron entre abril y junio.

Finalmente, la presión sobre el dólar no aparece únicamente en el canal financiero. El aumento buscado en el nivel de actividad por los mayores salarios y más gasto público implica también más importaciones. El excedente de dólares en el Banco Central aún es muy acotado. El superávit del mercado de cambios en los primeros cinco meses del año fue de usd 4.700 millones pero se tradujo en un aumento de sólo usd 2.500 millones en las reservas internacionales, que en junio aumentaron usd 500 millones más. En concreto, aún hacen falta usd 23.000 millones adicionales para compensar la pérdida acumulada en las reservas entre 2019 y 2020. Por lo tanto, la expansión interna enfrenta en la restricción externa un límite muy cercano, más aún sin haberse acordado con el FMI y el Club de París.

Si bien con claras las limitaciones macroeconómicas, la recuperación de los salarios es sin duda una demanda social fundamentada. El poder de compra del salario en pesos promedio formal en abril, último dato disponible, fue 20% inferior al de igual mes de 2015

Una recomposición salarial bajo este escenario no tendría un gran impacto sobre la competitividad exportadora, ya que en dólares la caída del salario resulta aún superior, del 41% en igual período. El salario formal se ubica en niveles de 2010 o, más lejos aún, en los de la segunda mitad de la década de 1990. Restablecer los equilibrios macroeconómicos perdidos y trazar una trayectoria sostenible que viabilice ciertos equilibrios sociales básicos parecen ser hoy utopías inalcanzables.

Compartí esta noticia !

Sólo una mayor actividad hará bajar la inflación

Compartí esta noticia !

Escribe Ricardo Delgado – Presidente de Analytica Consultora – Los efectos del COVID sobre la actividad económica persistirán por largo tiempo. No son triviales los impactos de una caída del PIB como la de 2020 para una economía estancada desde hace más de una década, que ya venía perdiendo ingresos reales de manera sistemática. Durante el primer trimestre el producto per cápita a precios constantes fue el más bajo desde 2011 y la industria manufacturera produce un 15% menos con respecto a ese mismo año.

La secuela más significativa es que en la “nueva normalidad” una parte importante de las empresas, principalmente en sectores de bienes transables, operará en una escala más pequeña, quedando con estructuras sobredimensionadas en capital y en trabajo. La escasez estructural de dólares, además, limita hacia adelante la capacidad de recomponer el poder de compra de los salarios. Estos fenómenos son muy relevantes también para determinar el nivel de inflación.

Ya en julio del año pasado desde Analytica advertíamos estos efectos. En nuestro Analytico #562 hablábamos del “downsizing”, o de cómo las empresas debían adaptarse a operar en una escala de producción y consumo más reducida. Entre las opciones de supervivencia, aparecían la reducción del empleo (restringida para el sector formal), el financiamiento con proveedores, bancos y el estado postergando impuestos, y la caída de los stocks y los costos variables.

Además, decíamos especialmente un año atrás que en este contexto adquiere gran relevancia el aumento de los márgenes brutos por unidad de producción en los sectores que tienen cierto poder para fijar precios, son exportadores y cuentan con importantes encadenamientos en la estructura de insumo-producto. De acuerdo al INDEC, mientras en 2017 la participación de las utilidades en el excedente de producción era del 46,6% hoy alcanza el 51,1%, mientras que a la inversa los salarios pasaron del 42,6% al 38,5%.

En las estructuras de costos de las empresas que producen bienes comercializables internacionalmente, en su gran mayoría grandes, la forma más habitual para proteger los niveles de rentabilidad es aumentar los márgenes. Pueden hacerlo desde ya en el mercado interno, más protegido. De este modo, podrían funcionar con salarios reales más elevados o, lo que es lo mismo en un régimen de inflación moderada, con un tipo de cambio real más apreciado, si el mercado interno fuera lo suficientemente grande. Pero no es el caso argentino, donde las empresas deben exportar para subsistir, y, por lo tanto, demandan un tipo de cambio más alto para ser competitivas internacionalmente ya que la escala opera en detrimento de la eficiencia productiva. Esta es la razón por la cual funcionan con márgenes altos en el mercado interno y requieren elevados niveles de competitividad cambiaria para exportar.

Esta lógica redunda en una inflación mayorista más elevada, que puede observarse en la relación con los precios minoristas. El índice de precios básicos al productor contiene en su mayoría bienes que se comercian en el mundo, con precios que han subido 73% en el último año. A su vez, el 83% de las exportaciones son realizadas por grandes empresas, que tienen elevados costos fijos y financieros, independientes del nivel de producción. Por otra parte, el tamaño está asociado a la concentración de mercado y a los encadenamientos en las cadenas locales de valor. Por lo tanto, el comportamiento de este sector se disemina con fuerza sobre el resto de la economía a través de los precios que paga el resto de los productores.

A partir de junio de 2020, los precios al productor (IPP) dieron un salto hasta ubicarse por encima del 4% mensual, con un pico de 6% en octubre, cuando la brecha cambiaria superó al 132%, y de 6,4% en enero de este año. Recién en marzo llegó a 3,3%, un porcentaje similar al de mayo y por debajo de abril (+5%). Como resultado, en el último mes la variación interanual de los precios al productor fue del 73%, mientras que la de los precios al consumidor llegó al 48%.

Al analizar cómo se movieron los distintos sectores, se destaca el aumento en los precios al productor en bienes primarios (+98% i.a.) mientras que los productos manufacturados lo hicieron +64% i.a. De igual forma que en los precios minoristas, el atraso en las tarifas de servicios públicos actuó de ancla; el índice correspondiente a energía eléctrica en mayo aumentó 44% i.a..

Vale notar, con todo, que hay otros dos factores que explican el comportamiento de los precios mayoristas en los últimos meses:

• Los precios de las materias primas de exportación son un costo de oportunidad significativo cuando se trata de vender en el mercado local. En mayo el índice de commodities del FMI registró un aumento de 70% respecto de un año atrás.
• Cómo se observó en el caso de la carne, los actuales niveles de rentabilidad de las empresas y la necesidad de generar dólares genuinos no permiten implementar restricciones a las exportaciones. Por lo tanto, la inflación importada derrama en el mercado interno y del resto de la región.
• El estancamiento de una década y la pandemia provocan que la economía 2021, aun creciendo 7%, recupere apenas el tamaño de 2010. Así, como señalamos previamente, las empresas buscan compensar vía precio la caída de las cantidades vendidas.

Es interesante notar que los precios al productor aumentan en la pandemia de forma similar a los momentos de devaluaciones de shock como las que acontecieron entre 2018 y 2020. Entre junio y noviembre del año pasado el IPP aumentó 31%, mientras que entre setiembre de 2018 y febrero de 2019 lo hicieron 25%.

Nuestra visión es que este fenómeno de escala reducida, el “downsizing” sobre el que está parada la economía argentina, profundiza las tendencias inflacionarias. Ergo, a contrario sensu de lo que dice la teoría, una vía, no la única, por cierto, para reducir la inflación pasa por estimular la actividad. De este modo, las empresas podrían mantener sus niveles de rentabilidad sin requerir de más competitividad cambiaria ni presionar sobre los márgenes.

Sin embargo, el actual contexto no permite cualquier tipo de estímulo. Si se buscara empujar la actividad exclusivamente con política fiscal, la estructura de financiamiento se resentiría. El sobrante de pesos que aún se observa en el mercado limita la posibilidad de un financiamiento monetario del orden de los 3 puntos del PIB como establece el Presupuesto. Por su parte, si bien hasta ahora el Tesoro viene colocando letras en pesos por encima de sus vencimientos, se observa que en las últimas licitaciones los inversores privados ya no están dispuestos a financiar al fisco si no convalida tasas más altas.

La economía argentina se encuentra atrapada en un largo letargo de estancamiento con alta inflación del que sólo podrá salir con un “big push” financiado por el mercado, que apreciaría el tipo de cambio (parte del fondeo sería externo) y llevaría a la economía hacia una escala más eficiente.

La coalición gobernante enfrenta un dilema de hierro en este punto. Si quiere mitigar los impactos de la menor escala sobre los márgenes empresarios, precisa estimular la economía, un camino que podría generar excesos de liquidez y nuevas tensiones sobre la nominalidad. En contrapartida, si mantiene el sendero del ajuste fiscal y monetario, en línea con las apetencias del FMI y los inversores privados, difícilmente en el corto plazo la actividad alcance la velocidad necesaria para bajar los márgenes empresarios y, en consecuencia, se requerirá de un tipo de cambio más alto, una combinación negativa para cualquier intento de estabilización de los precios.

Existe un camino intermedio, moderado, que permitiría cierta expansión de la actividad con un financiamiento del mercado en pesos a una tasa algo más elevada. Los ingresos extraordinarios (el impuesto a las grandes fortunas y las retenciones) que contribuyen a sostener niveles muy razonables de déficit primario tienen fecha de vencimiento, reafirmando el propio diagnóstico oficial acerca de que la salida llevará años, muy complejos, incluso con un razonable acuerdo con el FMI en los primeros meses de 2022.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin