RÍO DE JANEIRO, New York Times– Agentes federales de Brasil intervinieron las operaciones de las principales empresas alimentarias del país a partir de acusaciones de que sus empleados supervisaron un plan que incluyó sobornar a inspectores para permitir que se sirvieran alimentos podridos en escuelas públicas y que se exportara a Europa carne contaminada.
La investigación a cargo de la policía federal brasileña constituye otro golpe a las instituciones comerciales del país, que batalla para recuperarse de colosales escándalos de corrupción relacionados con Petrobras, la petrolera paraestatal, y Odebrecht, una enorme constructora.
En el último escándalo, los investigadores afirman que los empleados de dos gigantes de procesamiento de alimentos, JBS y BRF, pagaron para que inspectores federales ignoraran la adulteración o caducidad de alimentas procesados. Según las autoridades, los inspectores también falsificaron permisos sanitarios y se canalizaron sobornos al Partido del Movimiento Democrático Brasileño del presidente Michel Temer.
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Para Rafael Cortez, politólogo de Tendências, una consultora de São Paulo, la investigación relacionada con la industria cárnica es “un elemento más que se sumará al panorama de la inestabilidad política”. Las instituciones políticas brasileñas ya estaban tambaleándose por los múltiples casos de corrupción.
La investigación relacionada con los envíos de carne también genera dudas sobre la industria agropecuaria brasileña, un pilar relativamente resistente en medio de la débil economía nacional. JBS es una de las productoras de carne más grandes del mundo, con la procesadora de pollo Pilgrim’s Pride, de Estados Unidos, como una de sus subsidiarias extranjeras. BRF es una importante exportadora de carne hacia Medio Oriente y Asia.
Las empresas atrapadas por la investigación, que abarca también a negocios más pequeños, fueron acusadas de entregar sobornos en efectivo en contenedores plásticos junto con carne de res como picanha, un corte de tipo sirloin.
Al mismo tiempo, de acuerdo con las autoridades, los inspectores hicieron la vista gorda respecto de prácticas como la exportación a Italia de carne contaminada con salmonela, lo que da pie a la posibilidad de que las exportaciones cárnicas brasileñas enfrenten restricciones en mercados importantes.
Los investigadores mencionaron que BRF vendió un producto etiquetado como salchicha de pavo que contenía pollo y proteína de soya en reemplazo del pavo en un porcentaje elevado, y que adulteró carnes vencidas con un tipo de ácido que según los investigadores se ha asociado con el cáncer. Estos productos se vendieron luego a escuelas en el estado sureño de Paraná.
“Los niños de las escuelas públicas de Paraná están consumiendo comidas elaboradas con carne caduca y echada a perder, o incluso con cancerígenos, todo para sustentar los intereses de esta gran organización criminal”, escribió Mauricio Moscardi Grillo, un investigador federal, en su descripción del caso.
BRF declaró que coopera con las autoridades e insiste en que sus productos no suponen “ningún riesgo” para los consumidores. JBS señaló que su casa matriz en São Paulo no fue objeto de las inspecciones, y que “repudia vehementemente” la adulteración de sus productos.
El ministerio de Agricultura brasileño señaló que más de 30 de sus empleados fueron destituidos de sus cargos como resultado de la investigación.
“Este es un terrible golpe para nosotros”, dijo el ministro Blairo Maggi al periódico Estado de São Paulo, y enfatizó que sus mayores preocupaciones son “la imagen de Brasil en el extranjero y la pérdida de la confianza de nuestros consumidores”.
