Nave, la plataforma de Grupo Galicia diseñada para brindar soluciones a los comercios, lanza su nuevo QR interoperable que acepta pagos con tarjetas de crédito y dinero en cuenta de cualquier billetera o App bancaria, con una propuesta visual innovadora y diferente al resto.
Según Coelsa, en promedio, cada persona tiene 3,7 cuentas bancarias y 3 cuentas digitales. Con este lanzamiento, el comercio solamente necesita un único QR para cobrar, porque centraliza las ventas de su negocio aceptando pagos desde cualquier app bancaria o billetera virtual en el mismo lugar, simplificando su manera de cobrar. También simplifica la experiencia al cliente final, porque el nuevo QR tiene como objetivo aportar transparencia respecto a todos los medios de pago disponibles y trae claridad a todas las partes involucradas en un cobro. por lo que este nuevo QR interoperable de Nave trae simplicidad y agilidad al momento del cobro por parte de los comercios.
“Nave es el primer adquirente argentino en integrarse con Mercado Pago y poder recibir pagos con tarjeta de crédito desde su billetera. Esta integración marca un hito en la historia de los pagos digitales cuyo resultado es darles a los comercios la libertad de elegir cómo cobrar. Nos entusiasma seguir colaborando con aliados estratégicos para traerle más soluciones a nuestros comercios.” señaló Matías Dawidowickz, Head de Payments en Nave.
Todos los usuarios de Mercado Pago y CuentaDNI ya pueden pagar en el QR de Nave con sus tarjetas de crédito asociadas a la billetera.
El QR de Nave hoy acepa pagos con dinero en cuenta de todas las billeteras y apps bancarias.
La interoperabilidad con tarjetas de crédito aplica tanto a QR estático, como a QR dinámico en pagos en tiendas online lo cual amplia las posibilidades de pagos para e-commerce.
Al nuevo QR se suman los pagos con tarjeta de crédito de billeteras como Mercado Pago y Cuenta DNI a los de MODO y todo el ecosistema bancario detrás como Galicia, Banco Nación, Santander, Macro, NaranjaX, entre otros.
En el marco de la normativa sobre la interoperabilidad, el BCRA estableció la obligatoriedad de que los adquirentes acepten pagos con tarjeta de crédito en cualquier código QR sin importar el banco o la billetera virtual de la que sean clientes. Esto robustece la normativa previa, que indicaba únicamente obligatoriedad para pagos con dinero en cuenta (transferencias 3.0). A partir de esta medida, Nave lanza su nuevo QR Interoperable.
Nave nació con el propósito de simplificar el día a día de los comercios, permitiéndoles cobrar con seguridad, potenciar sus negocios y acceder a herramientas e información clave para incrementar sus ventas. Los comercios que cobren con Nave pueden elegir entre múltiples opciones como QR, Link de pago y las terminales de cobro Nave Point o integraciones a tiendas online para venta en eCommerce. Además, pueden acceder a un ecosistema de soluciones para potenciar sus negocios.
Con este lanzamiento, el nuevo adquirente del ecosistema, fomenta la interoperabilidad y otras iniciativas que mejoren la experiencia de comercios y sus clientes.
Acerca de Nave:
Nave es una innovadora solución de cobros y plataforma de gestión del Grupo Galicia, creada para impulsar el crecimiento de los negocios. A través su One Stop Shop, los comercios cuentan con múltiples soluciones de cobro como QR, link de pago, tiendas online y terminales Nave Point. Asimismo, Nave ofrece soluciones de gestión para simplificar la cotidianeidad del negocio a través de datos de los clientes, herramientas de marketing gratuitas, detalles de ventas, la posibilidad de integrar los cobros con otras plataformas en un mismo portal, crear promociones propias y capitalizar la de otros players del mercado, siempre con un único fin: impulsar su crecimiento.
Las tardes del sábado en Santa Ana y del domingo en San Ignacio se poblaron este fin de semana de los sonidos de la América Prehispánica que trajo la OIANT. La gira misionera de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías culmina hoy con una visita a la comunidad Ka’aguy Poty y un intercambio virtuoso de saberes y vivencias con integrantes del pueblo mbyá guaraní.
Emoción y mucha información cargada de sentido fueron los ejes de las dos presentaciones de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías (OIANT), perteneciente a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).
El sábado la cita fue a sala llena en el Teatro de la Selva (ubicado en el Parque Temático de la Cruz) y el domingo en la plaza de armas de la reducción jesuítica de San Ignacio Mini. Esta última fue transmitida en vivo por la pantalla de Canal 12 y contó con la presencia del coro de niños Tava Miri, que dirige Germán Acosta.
La propuesta se enmarcó en el mes de la Diversidad Cultural, y se relaciona con la proximidad a la conmemoración de los 40 años de la Declaración de los Complejos Jesuíticos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La visita se gestionó a partir de la Secretaría de Estado de Cultura, con el apoyo de los Ministerios de Turismo, Derechos Humanos y Ecología, la Secretaría de Energía, el Instituto Misionero de la Biodiversidad -Imibio-, los municipios de Santa Ana y San Ignacio y Gendarmería Nacional. Además, se hizo en el marco de una articulación saludable con el sector privado, las funciones cuentan con el apoyo de las empresas Crucero del Norte, Banco Macro, Club del Río, Petri, y Sancor Lovelli & Roullet.
Clase magistral a través del sonido
La puesta en escena que ofrece OIANT es una experiencia de características profundas y singulares, en la que artistas que a su vez son investigadores formados académicamente, llevan adelante un conmovedor rescate sonoro, visual e incluso espiritual de diversas culturas ancestrales del continente americano. Con un peso cercano a los mil kilos en total, los instrumentos (percutivos, de viento, etc) creados por los propios integrantes de la Orquesta en base a sus indagaciones científicas, constituyen el núcleo sensorial que dinamiza el espectáculo. Se trata de piezas que en sus versiones originales eran utilizadas por diferentes culturas precolombinas en distintos rituales e incluso en instancias bélicas.
Muchos de estos instrumentos, al ser ejecutados con la sapiencia de sus creadores, captan con asombrosa precisión vibraciones propias de la naturaleza, y evidencian al mismo tiempo, la amplitud del conocimiento de estas culturas en materia de construcción y de los usos musicales de ciertos materiales, incluyendo el agua.
Alejandro Iglesias Rossi, director de la Orquesta, fue el encargado de presentar y explicar al público diferentes aspectos de la propuesta, haciendo del espectáculo también una clase magistral. “Esta orquesta fue fundada como un espacio de reflexión sobre lo que significa ser artista en América Latina. A través de la revalorización de instrumentos nativos”.
La presentación dio inicio con la obra denominada “Consejo de los Siete Fuegos”, pieza de la musicóloga y directora escénica de la OIANT, Susana Ferreres, ausente en este viaje a la provincia. La pieza fue interpretada en simultáneo a la exhibición de máscaras autóctonas, que acompañaron visualmente el mensaje. Posteriormente, una obra del compositor chileno Carlos Zamora, evocó el mundo de los sikus y la rítmica del altiplano andino. En cada interpretación, los músicos ofrecieron una ventana a la riqueza cultural de América.
Cabe destacar que los ejecutantes de la Orquesta se forman en la Licenciatura en Música Autóctona, Clásica y Popular de América y en la Maestría en Creación Musical, ambas dirigidas por Iglesias Rossi en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. En estas carreras, aprenden no solo a tocar, sino a construir y componer para estos instrumentos, creando así un ciclo completo de aprendizaje. Este enfoque no sólo revaloriza los instrumentos, sino que también fomenta una identidad artística propia y promueve el uso de estos instrumentos muchas veces marginados frente a las tradiciones europeas.
Las presentaciones incluyeron una muestra explicativa sobre los instrumentos que simbolizan diferentes tradiciones y ritos. Desde vasijas silbadoras incas (que emiten sonidos de agua y lágrimas), llamadores de pájaros (que evocan el espíritu de la naturaleza y la conexión con lo espiritual) y otros elementos conectados ancestralmente a diversas celebraciones, la muestra expuso el compromiso de la orquesta en redescubrir y dar vida a un patrimonio sonoro extraordinario.
Agradecimientos y visita a la comunidad
“Todavía estoy en shock. Es un espectáculo de una potencia arrolladora, pero a la vez te hace reflexionar y aprender un montón. Este tipo de proyectos que además son valorados en todo el mundo, nacen en el ámbito de la universidad pública que tanto nos enorgullece” señaló Antonia (67), presente en primera fila en Santa Ana.
“Ayer lo vi en Santa Ana y hoy quise regresar a verlos. Es una experiencia muy conmovedora, no me la quería perder”, dijo Marta, sentada en su silleta en el patio del conjunto jesuítico. Como ella, mucha gente se movilizó desde distintas localidades para apreciar este atípico concierto.
El final fue con un carnavalito y la invitación a bailar a todo aquel que quisiera sumarse. “Agradecemos a Joselo Schuap, quien movió cielo y tierra para que esto pueda ocurrir”, destacó el director Rossi, invitando al escenario al secretario de Estado de Cultura. También brindó su saludo Eliseo Chamorro, subsecretario de Revalorización Cultural de la Provincia, quien hoy será anfitrión de la visita de OIANT a la comunidad Ka’aguy Poty, en el valle del Cuña Pirú. Será la forma de culminar la gira misionera, en un intercambio virtuoso de saberes y vivencias con integrantes del pueblo mbyá guaraní
Escribe Lilian Caramel / Dialogue Earth – El crecimiento de los parques solares en el nordeste del país ha generado críticas de las comunidades tradicionales por su impacto en el paisaje y el agua en este bioma semiárido.
La rápida expansión de las centrales solares en una región semiárida del nordeste de Brasil está destruyendo el medioambiente y afectando a la agricultura, según la población local. Comunidades rurales de dos estados del Seridó, región que alberga un geoparque reconocido por la Unesco, afirman haber tenido problemas desde que comenzó el desarrollo de las centrales.
Tres comunidades quilombolas ―aquellas formadas por descendientes de africanos esclavizados― y una aldea rural del estado de Paraíba afirman que su modo de vida tradicional se está viendo afectado. Al norte, en Rio Grande do Norte, los grupos quilombolas afirman estar sufriendo la deforestación de la Caatinga, un gran bioma de matorral semiárido.
La Caatinga, que posee la mayor biodiversidad de todas las regiones semiáridas del mundo, es uno de los ecosistemas menos resistentes al cambio climático de Brasil. Se calcula que el 10% de su territorio está en proceso de desertificación. En algunos pueblos, los ríos se han secado y las casas han sido abandonadas.
El análisis realizado por Dialogue Earth de los datos publicados por la plataforma Terra Brasilis del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) muestra que solo el 8,8% de la Caatinga está protegida en áreas de conservación. En los dos últimos años, se han deforestado unas 1.000 hectáreas del bioma en el estado de Paraíba para construir centrales de energía renovable, según datos de la plataforma MapBiomas. En Rio Grande do Norte, la deforestación con el mismo fin habría alcanzado las 1.600 hectáreas en el mismo periodo.
En el norte de Paraíba, la empresa Rio Alto, con sede en São Paulo, explota el complejo solar de Santa Luzia, un proyecto que constará de 28 centrales y que linda con la comunidad quilombola de Pitombeira, donde viven unas 70 familias.
Cuando empezó a construirse en 2022, el gobierno estatal calificó el proyecto como la mayor instalación solar del país. La primera planta entró en funcionamiento en septiembre, y las demás deberán empezar a funcionar en 2027, con un total de más de 2,6 millones de paneles fotovoltaicos y 1,4 gigavatios de capacidad instalada. Para lograrlo, podrían ser deforestadas hasta 1.500 hectáreas, dijo Rio Alto.
Pero los habitantes de la comunidad de Pitombeira afirman que las explosiones de dinamita durante la construcción han provocado grietas en las cisternas y en las paredes de varias casas, y que el proyecto ya ha enturbiado sus ríos.
Cisterna agrietada en la comunidad quilombola de Pitombeira, al norte de Paraíba, que los residentes atribuyen a las explosiones de dinamita de la construcción del cercano complejo solar de Santa Luzia (Imagen: Yasmin Formiga)
“El agua del río Sabugi era clara y ahora está turbia. Donde se pescaba, ya no se pesca”, afirma José Amaro da Silva, presidente de la Coordinadora Estatal de Comunidades Negras y Quilombolas.
Rio Alto afirma que sus actividades no tienen ningún impacto en el río Sabugi y que el año pasado analizó las aguas de otro curso de agua cercano, el Riacho do Rolo, pero no encontró cambios.
“Se demostró que las obras no influían en la calidad del agua”, explica a Dialogue Earth Renata Vilela, responsable de medioambiente del grupo empresarial. También dijo que la empresa promueve actividades de educación ambiental en el quilombo, con el que mantiene una buena relación.
La lideresa de la comunidad, Francisca Zuíla dos Santos, confirma que ha existido diálogo con la empresa, pero añade que “eso no significa que vayamos a hacer la vista gorda ante los daños causados”. Además, para ella, el análisis de la empresa “no mostraba la realidad”.
Zuíla dos Santos afirmó que la deforestación y la compactación del suelo causadas por las obras habían provocado el vertido de barreiros, embalses tradicionales excavados en el suelo para almacenar agua de lluvia. Además, el agua del Riacho do Rolo, que antes estaba limpia, “se convirtió en un mar de lodo”. “Ni siquiera los animales quieren beberlo”, dice.
En Coremas, en el mismo estado, Rio Alto explota el complejo solar de Coremas, con una capacidad instalada de 365 MW. El proyecto, que ya está activo, ha provocado enfrentamientos con las comunidades quilombolas de Mãe D’Água y Santa Tereza, cuyos líderes acusan a la empresa de promesas incumplidas.
Según Damiana Tomaz, dirigente local y residente en Santa Tereza, la empresa prometió renovar la sede de la asociación comunitaria e instalar un centro de reciclaje, pero hasta ahora nada ha avanzado: solo se ha construido un pozo.
“Las empresas vienen con conversaciones difíciles que no entendemos”, dice. “Al principio, nos aseguraron que nos ayudarían. Luego, con el tiempo, empezamos a darnos cuenta de que la planta podría perjudicarnos”.
Para proteger sus derechos, los habitantes de las tres comunidades quilombolas están elaborando el protocolo de Consentimiento Libre, Previo e Informado, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que otorga a las comunidades indígenas derechos sobre los desarrollos en sus tierras.
Convenio 169 de la OIT
Brasil ha suscrito el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza a los pueblos indígenas afectados por proyectos de infraestructura el derecho al consentimiento libre, previo e informado. El convenio fue ratificado en 2002 y entró en vigor al año siguiente.
Todas ellas están certificadas como comunidades quilombolas por el gobierno federal, primer paso de un proceso de reconocimiento de la propiedad de la tierra del que aún carecen muchos otros grupos quilombolas.
La trabajadora sanitaria Deuziene da Silva lleva más de dos décadas trabajando en la aldea rural de Pau de Leite, en Malta, en el interior de Paraíba. En 2018, los agricultores arrendaron sus tierras para la instalación de una planta de energía solar, expulsando a los pequeños propietarios que las venían utilizando. Como consecuencia, decenas de familias tuvieron que abandonar sus hogares y trasladarse a la ciudad.
“Son pequeños agricultores que vivían de la tierra y ahora viven de pequeños trabajos en las afueras”, dice Silva. “Recibieron una miseria en la rescisión del contrato con sus jefes y fueron desplazados”.
“Por si fuera poco, creemos que el herbicida utilizado para impedir que la maleza crezca bajo los paneles ha contaminado el embalse Engenheiro Arcoverde, que abastece a Malta”, añade.
Dialogue Earth se puso en contacto por correo electrónico y teléfono con Proton Energy, que explota el complejo de Angico y Malta, cerca del embalse Engenheiro Arcoverde, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.
Actualmente, según datos de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), hay más de 90 plantas solares en construcción o en proyecto en Paraíba.
Deforestación de la Caatinga
En el municipio de Açu, en Rio Grande do Norte, la comunidad de Bela Vista da Lagoa do Piató ha sufrido las consecuencias de la deforestación de la Caatinga para la instalación del complejo solar Assú Sol, propiedad de Engie Brasil, filial de la empresa francesa del mismo nombre. Las familias denuncian que, sin la protección de la vegetación, las tormentas de arena son cada vez más frecuentes, sobre todo en los periodos más secos, lo que agrava la erosión y dificulta la plantación.
Deforestación de la vegetación de la Caatinga cerca de la comunidad de Bela Vista da Lagoa do Piató, en Rio Grande do Norte, para la instalación del Complejo Assú Sol. Los residentes informaron que, sin la protección de la vegetación, las tormentas de arena son ahora más frecuentes, lo que agrava la erosión y dificulta el cultivo (Imagen: Dulce Bentes)
“La destrucción es desgarradora”, afirma el líder quilombola Edvan Costa, del Comité Estatal para la Igualdad Racial. “Las máquinas exterminan la vegetación para que no pueda volver a crecer. Abren una zanja y lo echan todo dentro sin dejar siquiera un corredor ecológico [un vínculo esencial entre distintas zonas de hábitat]”.
“Además, cuando llueve, el agua no se filtra porque los árboles han sido talados, y el barro de las carreteras obstaculiza el tráfico”, añade.
Costa también asegura que los residentes han empezado a sufrir mordeduras de jararacas. Con la pérdida de su hábitat, las serpientes venenosas han aparecido cerca de sus casas. La comunidad también está certificada por el gobierno federal, pero aún no tiene el título de propiedad.
“Incluso las contrapartidas prometidas por Engie están tardando mucho”, añade Costa. “El depósito de agua y la escuela aún no han empezado a construirse”.
En un comunicado, la empresa, que opera el complejo de forma remota desde Florianópolis, en el sur del país, dijo que está trabajando con los organismos federales para reforestar la zona y cuenta con equipos para las acciones de rescate.
El inicio de la explotación parcial del complejo solar Assú Sol, con una capacidad instalada de 752 MW, está previsto para este mes, según la empresa. Engie Brasil dijo también que había donado equipos agrícolas y ofrecido formación a la comunidad quilombola.
La comunidad está situada a unos 100 kilómetros del Geoparque Seridó, uno de los seis que existen en Brasil. Reconocido por la Unesco como patrimonio de importancia internacional, la zona se considera única por su diversidad geológica. La Aneel ha autorizado una veintena de proyectos solares en municipios que forman parte del geoparque, en la región de Rio Grande do Norte. “Los geoparques son ricos en minerales como la scheelita, fuente de wolframio, rocas volcánicas recientes, fósiles y pinturas rupestres antiguas”, explica Marcos Nascimento, coordinador científico del territorio. “Antes entraban con fuerza los parques eólicos. Ahora empieza a llegar la energía la solar. Estamos atentos, porque si se va a instalar una central renovable en la zona, debe hacerse dentro de los más altos estándares de sostenibilidad”.
Pinturas rupestres en el Geoparque del Seridó, Rio Grande do Norte, zona reconocida por la Unesco como patrimonio de importancia internacional. Se han autorizado unos 20 proyectos solares en municipios que forman parte del geoparque (Imagen: Marcos Nascimento)
Auge de la energía solar en el nordeste
El auge de la energía solar en Brasil se concentra sobre todo en la región Nordeste del país, donde los índices de energía procedente del sol son más elevados. En conjunto, la generación centralizada y distribuida de energía solar allí suma 7,9 GW de capacidad instalada, equivalente a más de la mitad de la potencia de la central hidroeléctrica de Itaipú, la mayor represa de Brasil.
Según el nuevo plan de transición energética del país, lanzado en agosto, se espera que la generación solar se duplique con creces en los próximos cuatro años para satisfacer la creciente demanda de electricidad de Brasil.
El mayor fabricante mundial de equipos solares, China, está suministrando módulos, inversores y otros componentes, además de financiar grandes proyectos de generación en las regiones Nordeste, Sudeste y, más recientemente, Centro-Oeste. Así lo afirma la Asociación Brasileña de Energía Solar Fotovoltaica (Absolar), principal agrupación del sector que reúne a 800 empresas nacionales y extranjeras activas en el país.
Es raro encontrar un proyecto solar en Brasil que no cuente con tecnología procedente de China. La empresa Rio Alto, por ejemplo, mantiene una colaboración con la china Huawei para implantar inteligencia artificial en las plantas de Coremas. Rio Alto también utiliza seguidores solares suministrados por Trina Solar, otra empresa china líder en el sector fotovoltaico, en sus proyectos en Brasil, como el complejo junto a la comunidad quilombola de Pitombeira en Santa Luzia.
“Hay un creciente interés de los empresarios chinos por las oportunidades brasileñas, incluido el desarrollo de baterías de almacenamiento estacionario. La asociación es bienvenida y ayudará a acelerar la transición energética”, afirma Rodrigo Sauaia, CEO de Absolar.
El país asiático entró en el sector eléctrico brasileño en 2005, y sus empresas se convirtieron en actores principales y explotan grandes centrales hidroeléctricas. Según datos del China Global Investment Tracker, las inversiones en proyectos y contratos energéticos de gigantes chinos como China Three Gorges y State Grid ya suman 60.000 millones de dólares en Brasil.
Salud Pública, IMAS, AMSE y EPRAC firman convenio para mejorar el control de la calidad del agua potable
El Ministerio de Salud Pública de Misiones reafirmó su compromiso con el cuidado de la salud de los misioneros a través del control de la calidad del agua potable, en colaboración con otras instituciones provinciales clave: el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), el Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC) y Aguas Misioneras Sociedad del Estado (AMSE).
Este martes se firmó un convenio marco para coordinar esfuerzos entre los cuatro organismos, marcando la primera vez que se establece un trabajo conjunto de esta magnitud. Hasta ahora, cada institución había colaborado de manera individual con el Ministerio de Salud en diferentes momentos: EPRAC desde 2006, AMSE desde 2014 e IMAS desde 2021.
La firma del acuerdo estuvo a cargo del ministro de Salud Pública, Dr. Héctor González; el presidente de Aguas Misioneras Sociedad del Estado, Cr. Ángel Vallejos; la presidenta del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas, Lic. Soledad Balán; y el vicepresidente del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento, Dr. Mariano Grillo.
El equipo de la División de Calidad de Alimentos, Aguas y Laboratorio de la Dirección de Saneamiento Ambiental será el encargado de implementar las actividades específicas de control de la calidad del agua. Desde 2020, este equipo ha analizado 1.186 muestras de agua provenientes de distintos puntos de la provincia, aportando datos clave para la mejora del servicio.
El convenio busca optimizar recursos, mejorar la capacitación de los equipos técnicos y fortalecer las acciones de monitoreo y análisis del agua para consumo humano que se vienen realizando desde hace casi dos décadas. Además, la iniciativa tiene como objetivo promover el acceso a agua potable segura, concientizar a la población sobre su uso responsable y valorar este recurso vital en la economía de la provincia.
Las autoridades destacaron la importancia de esta articulación entre las cuatro entidades, subrayando que permitirá generar mayor eficiencia en los controles y garantizar mejoras continuas en la calidad del agua que consumen los misioneros.
“Más concentración, menos soberanía alimentaria y un acceso a la comida cada vez más difícil para los sectores populares“, es el resultado que arrojó un estudio sobre la desregulación del sistema alimentario que elaboraron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA).
El relevamiento sobre el impacto en la producción y consumo de alimentos del “vaciamiento” de políticas, organismos y leyes mostró que hoy, con el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) o una jubilación mínima, es posible preparar un 27% menos de porciones de guiso que en noviembre del año pasado.
En contraste, la investigación “Rascar la olla”, precisó que las empresas alimentarias aumentaron sus ganancias un 1300% y el complejo exportador de granos un 4900%, en el mismo período.
Las conclusiones se expusieron, este jueves, en una mesa de debate con Nicolás Caropresi (MTE – UTEP), Julián Ferrero (Ciudad Futura), Hugo Sand (APAM-Misiones), Deolinda Carrizo (MNCI), Diego Montón (MNCI-ST) y Diego Mora, del Observatorio Villero de La Poderosa.
Entre los hallazgos, los investigadores destacaron que de noviembre a julio se desmantelaron 111 políticas públicas relacionadas con la producción, consumo y acceso a los alimentos.
“Apenas asumida la presidencia, Javier Milei puso en marcha un plan de ajuste brutal orientado por un solo objetivo: lograr el superávit fiscal, sin importar a qué costo”, indicaron y enumeraron la “brusca” devaluación del peso; el despido de decenas de miles de trabajadores del sector público y un recorte “feroz” de todo el gasto público.
Estas decisiones que generaron una caída de la actividad económica con aumento del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos no impactan por igual en los distintos estratos sociales. “El ajuste lo pagaron quienes ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad”, como quienes perciben la jubilación mínima, trabajadores informales, cuidadoras, entre otros.
En ese sentido, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) son reveladores ya que, en el primer semestre de 2024, la pobreza creció 11,2 puntos y al menos 5.379.588 personas no llegan siquiera a cubrir la canasta básica de alimentos.
Para el análisis, se relevaron 111 políticas y se volcaron los resultados de producción, acceso, y apoyo al consumo popular a través de un“semáforo”.
Además, para hacer más representativo el estudio, se calculó el aumento del precio de un plato de guiso y de una taza de mate cocido con pan, considerando los costos de sus ingredientes y su relación con el SMVyM, entre noviembre de 2023 y julio de 2024.
Entre las conclusiones, se destacó que el consumo de alimentos se redujo, en promedio, un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Las caídas más significativas se observaron en bebidas (26%), lácteos (12%), carnes (9%), frutas y verduras (7%), y productos de almacén (6%).
El costo de preparar un guiso aumentó un 151% en 8 meses, por eso, con el SMVyM o una jubilación mínima en julio, es posible preparar un 27% menos de porciones.
Entre las conclusiones, se destacó que el consumo de alimentos se redujo, en promedio, un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Las caídas más significativas se observaron en bebidas (26%), lácteos (12%), carnes (9%), frutas y verduras (7%), y productos de almacén (6%).
El costo de preparar un guiso aumentó un 151% en 8 meses, por eso, con el SMVyM o una jubilación mínima en julio, es posible preparar un 27% menos de porciones.
En términos de producción de alimentos, describe que las medidas adoptadas favorecieron principalmente la promoción de la actividad agropecuaria, agroindustrial y minera para la exportación de commodities, junto con la desregulación de las economías regionales. En simultáneo, advierte que se eliminaron políticas dirigidas a la agricultura familiar campesina e indígena.
Como contracara a la desregulación del mercado alimentario el análisis muestra que se desprotegió a los consumidores. “Se congelaron iniciativas para promover los mercados de cercanía, y se eliminaron programas de educación alimentaria y nutricional”, destacó.
En el período abarcado, los precios al consumidor aumentaron un 111%, sin embargo, la participación del productor en el precio final pasó de un 12% en marzo de 2023 a entre un 5% y un 8% en junio de 2024.
En cuanto al apoyo al consumo popular de alimentos, se eliminaron políticas comunitarias, mientras que se reforzaron presupuestariamente las políticas asistenciales de transferencia directa para grupos específicos -AUH, AUE y 1000 días-. Aun así, el aumento de los niveles de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2024 muestran que este refuerzo de ingresos, fue insuficiente para neutralizar el efecto de la recesión económica.
Por último, la investigación alerta que “la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo argentino están en juego”.
“Las políticas implementadas por el gobierno favorecen la concentración económica del sistema agroalimentario, perjudicando el acceso a los alimentos de los sectores populares”, concluye.
