Carta abierta a la ciudadanía misionera: Se hizo justicia

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Luego de casi 6 años de trámites judiciales, la jueza Carmen Helena Carbone le puso un cierre a la pantomima victimista que pergeñó Marcelo Moreyra, cuando se hizo público y se difundió su pertenencia al personal civil de inteligencia durante la última dictadura militar. De esta forma, la magistrada rechazó las demandas interpuestas por Moreyra contra cuatro ciudadanos (entre ellos quien firma esta carta) los que, en su momento, habían alzado la voz para denunciar la inmoralidad de premiar a un personaje con tan siniestro pasado.

Repasemos los hechos. El 22 de junio de 2018 se le otorgó la distinción “Andresito” a Moreyra, junto a otros escritores misioneros, los que fueron designados a dedo por el entonces presidente de la Sociedad Argentina de Escritores de Misiones (SADEM), Aníbal Silvero. Frente al hecho consumado, renuncié en forma inmediata a la SADEM y reiteré la información pública ya conocida por todos, en especial por Moreyra y Silvero, en cuanto a que el nombrado integraba los listados del Batallón 601, la usina de espionaje ilegal en los tiempos del terrorismo de Estado.

Esta renuncia derivó en una serie de dimisiones, en la intervención decidida y comprometida de la por entonces ministra de Derechos Humanos de la provincia, Lilia “Tiki” Marchesini y en el retiro del premio, a instancia de la SADE nacional.

La respuesta de Moreyra no fue demostrar la falsedad de la información pública difundida sino comenzar un hostigamiento judicial cuya única finalidad era sacarnos plata a los denunciados. Al respecto, le fueron rechazados sin trámite dos denuncias que presentó en los foros de Puerto Iguazú y recién encontró eco en tribunales con esta tercera denuncia, la que transitó los tiempos de la justicia.

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El fallo sentencia dos aspectos que son centrales. En primer lugar, que estamos amparados por el derecho a la libertad de expresión, que “goza de la más amplia protección constitucional frente al derecho al honor”, según la resolución judicial. Pero, además, que es “quién objeta las expresiones públicas” el que debe hacer “la demostración inobjetable de la falsedad de las mismas”.

Y aquí vamos al segundo punto, que es lapidario para Moreyra. El fallo dice, textual: “La función que realizaba el actor durante la dictadura militar y su carácter de Personal Civil de Inteligencia “Agente de reunión”, fue designado como Personal C3, que conforme el art. 1 de la Ley 21.705 de 1977 es el personal auxiliar que realiza tareas operativas subrepticias de inteligencia y contrainteligencia (agente secreto) fue corroborado mediante prueba informativa” (el destacado es nuestro). Por ende, continúa la magistrada, “en principio, se encuentra demostrado que el actor Moreyra Marcelo, efectivamente se encontraba en las listas como Personal activo de Inteligencia del Batallón 601”.

El fracaso de la denuncia estuvo en que “no pudo demostrar el único requisito de prueba a los fines de acreditar la falsedad de lo expuesto”, afirma la jueza. El denunciante no quiso o no pudo demostrar que no es él la persona que tiene su mismo nombre, su mismo apellido y su mismo número de documento en los listados de personal civil de inteligencia de la dictadura.

Reitero lo que dije siempre, esto no indica que Moreyra haya cometido algún delito ni que sea el responsable del genocidio que sufrió el país, tan solo que fue parte del engranaje represivo en el rol de “buchón”, terminología que la propia jueza acepta como válida, ya que “está íntimamente ligada a como en el lunfardo se los llama a aquellas personas que por su oficio o profesión tienen que dar cuenta de las actividades que realizan las personas que espían o investigan”.

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Por este medio, quiero agradecer a los dos abogados que tuve en el proceso, el Dr. Juan Martínez y el Dr. Fernando Cantelli, ambos valientes letrados en los juicios por los Derechos Humanos en Misiones.

También a todos los compañeros, las compañeras, amigos y amigas que me brindaron su apoyo. Esta fue una batalla muy menor, muy mínima, pero fue una batalla más por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Por último, quiero dejar asentada mi felicidad por vivir en un país en el que cualquier ciudadano puede recurrir a la justicia si siente ultrajados sus derechos. Cuando venimos de una historia en la que 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos fueron asesinados sin poder acceder a la justicia se dimensiona el valor de la democracia y del Estado de derecho.

NUNCA MÁS


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