Energía de Misiones realizó una importante inversión para optimizar el servicio de energía eléctrica en el barrio Fátima de Garupá, con beneficio directo para 600 familias pero que a la vez estabiliza la prestación en una de las zonas más densamente pobladas del Sur provincial.
Los trabajos, destinados a mejorar la potencia disponible, requirieron la remodelación de una línea de baja tensión sobre la Avenida Guacurarí.
La mejora incluyó la incorporación de nueva infraestructura clave para reforzar las instalaciones y mejorar la distribución eléctrica. Con la instalación de postes de hormigón y el tendido de 1.200 metros de cable preensamblado, dicha obra beneficiará directamente a unas 600 familias, mejorando la calidad del suministro eléctrico en la zona.
Las acciones ejecutadas forman parte del trabajo continuo de la empresa Energía de Misiones y el Gobierno de la provincia para optimizar las redes, reforzar el servicio en tiempos de alta demanda por el calor y contribuir con el desarrollo de las diferentes localidades.
Los intendentes de los municipios que integran el área de concesión de la Cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín, junto a la presidenta de la entidad, María Victoria Vercelli, expresaron su preocupación por el impacto de la Resolución Administrativa 267/24 de la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación. Esta normativa prohíbe incluir en las facturas de energía eléctrica el ítem correspondiente al alumbrado público, un servicio que la cooperativa presta desde hace 45 años en convenio con los municipios.
En una conferencia de prensa realizada en Puerto Rico, los intendentes Carlos Koth (Puerto Rico), Ramón Arrúa (Capioví), Víctor Vogel (Ruiz de Montoya) y César Araujo (Jardín América), con el respaldo de sus pares Gerardo Schmied (Garuhapé) y Elvio Rivas (Puerto Leoni), señalaron que la medida atenta contra el progreso y la seguridad de sus comunidades. También adelantaron que recurrirán a la justicia para frenar la aplicación de la resolución.
Carlos Koth, intendente de Puerto Rico, destacó que el cobro del alumbrado público a través de la factura de energía permitió a su municipio instalar 4.000 luminarias LED en cinco años, además de extender el servicio a barrios que antes carecían de iluminación. “Este modelo no solo asegura un servicio de calidad, sino que es equitativo y eficiente. Ahora quieren privarnos de esos beneficios, atendiendo a intereses ajenos a nuestra realidad”, afirmó.
Koth también advirtió sobre el impacto económico de la resolución, que obligaría a los municipios a garantizar el servicio con fondos propios. En el caso de Puerto Rico, esto implicaría destinar 45 millones de pesos mensuales, recursos que, según el jefe comunal, podrían usarse para obras de pavimentación o proyectos educativos. “No vamos a permitir que decisiones tomadas a miles de kilómetros destruyan un sistema que funciona y que ha sido avalado por la comunidad”, subrayó.
Por su parte, María Victoria Vercelli, presidenta de la Cooperativa Luz y Fuerza, defendió la legalidad del convenio entre la entidad y los municipios, validado por asambleas de asociados. “El alumbrado público no es un impuesto, es un servicio que prestamos y cuyo costo está claramente identificado en las facturas. Esta resolución desconoce nuestras facultades y pretende imponer un modelo ineficiente”, explicó.
Vercelli también enfatizó que la cooperativa cuenta con el personal capacitado para instalar, mantener y ampliar la red de alumbrado público, algo que, según dijo, las municipalidades no podrían garantizar de manera autónoma.
Tanto los municipios como la cooperativa anticiparon que en los próximos días presentarán una acción judicial para solicitar la anulación de la resolución. “Vamos a defender el progreso y la seguridad de nuestras comunidades. Este modelo no solo es eficiente, sino que representa una alianza histórica entre la cooperativa y los municipios, que no vamos a permitir que se destruya”, concluyó Koth.
Cabe recordar que municipios como Leandro N. Alem ya obtuvieron fallos judiciales favorables en casos similares, lo que abre un precedente para la resolución del conflicto.
Oberá se posiciona como una de las localidades más atractivas para el comercio en la provincia de Misiones, gracias a su régimen accesible de habilitación comercial y a un crecimiento sostenido en la apertura de negocios. Según datos proporcionados por la intendencia, liderada por Pablo Hassan, la actividad comercial registra un aumento del 10% mensual en los trámites de habilitación.
Este año, 323 comercios han iniciado su proceso de registro en la Capital del Monte, de los cuales una proporción significativa pertenece al rubro de servicios y ventas a través de plataformas digitales, evidenciando una tendencia hacia los negocios sin local físico. Este formato, que permite a los comerciantes operar con un canon anual de apenas $8.000, ganó popularidad, especialmente entre emprendedores que brindan servicios o comercializan sus productos en línea.
Tasas accesibles: el atractivo diferencial
Entre los principales incentivos para la instalación de negocios en Oberá ofrece tasas competitivas. Los comerciantes con local físico que facturan hasta $400.400 mil tienen una alícuota del 0,5% -equivalente a 4.400 pesos-, una de las más bajas de Misiones, lo que otorga un margen de ventaja frente a otros municipios de la provincia. Para el comercio mayorista, esta misma alícuota refuerza la competitividad de la localidad. Por la tasa de comercio, además, quienes tienen los pagos al día, tienen una bonificación del 10 por ciento, por lo que terminan pagando 0,45 por ciento.
Hassan aseguró que “queremos que Oberá sea un punto de referencia para los emprendedores y las empresas que buscan desarrollar sus negocios. Nuestro sistema fiscal está diseñado para ser inclusivo, eficiente y accesible, porque creemos en el valor de fortalecer la economía local y regional”.
El sistema de Oberá permite a los comerciantes optimizar costos en términos de tasas, un factor que contribuye a consolidar la ciudad como un centro estratégico para la distribución de mercaderías. Los costos de transporte y logística por kilogramo, litro o unidad son inferiores en Oberá respecto a otras localidades, sumando otro incentivo clave para los negocios locales.
“Estamos trabajando para que Oberá no solo sea una ciudad para hacer negocios, sino un lugar donde se valore la calidad de vida. Queremos ofrecer infraestructura, conectividad y oportunidades para que cualquier proyecto, desde una startup hasta una gran empresa, tenga aquí un espacio para crecer”, remarcó Hassan.
El abanico de rubros habilitados es amplio, pero los negocios más numerosos incluyen boutiques y despensas, seguidos por comercios mayoristas. A pesar del crecimiento en el segmento tradicional, los registros sin local continúan dominando el panorama, reflejando un cambio en las dinámicas comerciales hacia el entorno digital.
Hassan destaca que el crecimiento económico de Oberá está respaldado por políticas locales que favorecen tanto a pequeños emprendedores como a empresas consolidadas. “Buscamos un equilibrio entre incentivos y controles, promoviendo una economía diversificada y sostenible”, expresó.
Con un sistema fiscal competitivo y un entorno favorable para los negocios, Oberá se consolida como un hub de expansión económica en Misiones, trabajando en conjunto con otros municipios para fortalecer el desarrollo de la zona centro.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Leandro N. Alem aceptó una medida cautelar innovativa solicitada por la Municipalidad de esa localidad, suspendiendo los efectos de la Resolución Nº 267/2024 emitida por el Ministerio de Economía de la Nación, a través de su Secretaría de Industria y Comercio.
La medida, promovida por el intendente Matías Sebely, argumentó que la resolución de Nación ponía en peligro el servicio de alumbrado público municipal al afectar la recaudación de la tasa correspondiente, gestionada desde 1984 mediante un convenio con la Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (CELA). Este convenio permite que la cooperativa, integrada por socios locales, no solo facture la tasa de alumbrado público, sino que también administre el mantenimiento y la extensión del servicio.
Además, los socios han expresado su preferencia por mantener este sistema de gestión, que consideran más eficiente.
Desde la Municipalidad, se subrayó que la autonomía municipal está respaldada por el artículo 123 de la Constitución Nacional, que otorga a las localidades la potestad de dictar sus propias normas para gestionar servicios públicos esenciales.
Sebely advirtió que la interrupción de este convenio obligaría al municipio a asumir directamente la tarea de facturación y mantenimiento del alumbrado, lo cual generaría la necesidad de contratar más personal y un aumento del gasto público, lo que va en contramano de la política implementada por el joven alcalde.
Actualmente, Alem es reconocida por haber reducido el porcentaje de su presupuesto destinado al gasto en personal, pasando del 45% al 35%, mientras mantiene los mejores salarios municipales de la provincia.
Asumir esta nueva carga administrativa iría en contra de la política local de optimización del Estado. Además, en caso de que el 50% de la población no pagara la tasa de alumbrado, se requeriría iniciar hasta 14.000 juicios ejecutivos cada tres meses, lo que resultaría inviable tanto financiera como operativamente.
El fallo judicial destacó que la resolución nacional podría vulnerar derechos fundamentales al comprometer la prestación del servicio y la seguridad pública, además de afectar la autonomía municipal. La jueza argumentó que, mientras se resuelve la cuestión de fondo, es imprescindible mantener la situación previa para evitar daños irreparables en el bienestar de la población.
La localidad de Cerro Azul se prepara para un hito educativo: en 2025 comenzará a dictarse la carrera de Técnico en Comunicación Social de manera gratuita, gracias a un convenio firmado este miércoles entre la Municipalidad de Cerro Azul, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios de Misiones (Codeim).
El acuerdo, que busca ampliar las oportunidades académicas en la región, permitirá que estudiantes de Cerro Azul y localidades vecinas accedan a una formación universitaria sin costo. Las inscripciones ya están abiertas y se mantendrán habilitadas durante diciembre, enero y febrero en la Municipalidad de Cerro Azul. Los interesados pueden realizar consultas y registrar su inscripción personalmente con Yésica Fernández, de lunes a viernes en horario de atención al público, o comunicarse al número 3764 71 87 51.
Durante la firma del convenio, el intendente de Cerro Azul, Gaspar Dudek, expresó su entusiasmo, calificando la iniciativa como “un sueño cumplido”. Agregó que esta propuesta educativa “mejorará el futuro de muchas personas y familias de Cerro Azul y municipios vecinos”.
El acuerdo contó con la presencia de importantes autoridades, como el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, Cristian Garrido; el intendente de Olegario Víctor Andrade, Gustavo Knebel; y el coordinador de la Codeim, Daniel Bruening. Este último destacó que “es una decisión política de los intendentes que favorece y se ocupa de generar espacios para brindar oportunidades en varios municipios”.
La carrera de Técnico en Comunicación Social busca consolidarse como una herramienta clave para el desarrollo profesional en la región, abriendo nuevas perspectivas a jóvenes y adultos interesados en el ámbito de la comunicación.
