ECONOMIA

Mark Mobius, gurú de los mercados emergentes, aconseja no invertir en la Argentina: “La situación es grave”

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El veterano inversor Mark Mobius, quien se especializa en mercados emergentes, advirtió sobre los riesgos de invertir en Argentina. “La situación es bastante grave”, argumentó.
La calidad de vida ha disminuido, los niveles educativos han bajado y todavía no estamos satisfechos con la situación macroeconómica”, dijo Mobius en declaraciones a Alphaville, servicio diario de noticias para profesionales de los mercados financieros creado por Financial Times, publicó Ambito.com.
Soros es uno de esos gurús de mercados emergentes muy escuchados en el mundo, como George Soros. La diferencia es que Soros suele invertir en la economía real, mientras que Mobius invierte solo en acciones que cotizan en bolsa en esos mercados.
El propio medio (referente en la comunidad de negocios) definió el contexto macro local como “sombrío”, al cuestionar la tasa de desempleo, el alto nivel de inflación, y la devaluación.
Mark Mobius también se refirió al escenario electoral y al presidente Mauricio Macri. “Está bajo mucha presión, y necesita obtener un fuerte mandato político en la elección antes de que reconsideremos (invertir)”. “Hay tantos aspectos negativos que Macri tiene que superar”, señaló.
Para Financial Times, el escepticismo de Mobius en el mercado local “está bien fundado”. Para argumentarlo, el medio publica mediciones de Citi, según las cuales “la confianza en el gobierno se ha desplomado desde que Macri asumió el cargo”.
Ante este escenario, el veterano inversor prefiere esperar hasta que el riesgo político disminuya. “Si el gobierno argentino continúa siguiendo el programa del FMI con cuidado y religiosidad, entonces el dinero irá llegando. El Fondo lo apoyará, pero los argentinos han aprendido la lección: ‘Si haces esto, te daremos u$s 2 mil millones. Si haces aquello, te daremos otros u$s 2 mil millones’”, ironizó.
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Se acelera la carrera entre precios y salarios

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El IPC GBA Ecolatina trepó 4,2% en marzo 2019. La inflación rozó 11% en el primer trimestre y elevamos a 39% nuestra proyección para todo el año. La aceleración de las expectativas de inflación complican las paritarias de 2019: no tienen guía y los contratos tienden a acortarse o indexarse.

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¿Qué hacemos con la yerba mate?

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¿Qué hacemos con la yerba mate? El 2018 cerró con un récord de exportaciones y un consumo por el techo en el mercado interno. El último laudo de la Nación fue superior a la inflación acumulada en el año. Pero el productor sigue penando miserias y el sector industrial está a un peso o dos de diferencia de no poder cerrar un balance, con deudas acumuladas por 3.627 millones, 50 por ciento más que en 2017, como consecuencia de las tasas por las nubes para contener la inflación.
Parece eterna la pelea por el precio, pero este último acuerdo tuvo la particularidad de tener a los dos extremos de la cadena acosados por la suba de precios, que dispara los costos de producción y al mismo tiempo le pone techo al consumo con precios que pesan en bolsillos cada día más deprimidos.
¿Cómo salir de la coyuntura? ¿Cómo recuperar el esplendor del bautizado oro verde? Las respuestas son múltiples y este artículo de Economis no pretende darlas todas, sino generar nuevas preguntas y nuevos debates en un sector que tiene dos o tres elementos externos de riesgo: la yerba es hoy un incipiente commodity cuya producción se expande en Paraguay, Brasil y… en Kenia (a modo de prueba). Como toda commodity, compite por precio en un mercado global.
Como punto de partida, el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad -candidato a gobernador por la Renovación- sugiere, en tiempos de alta volatilidad financiera, establecer un mecanismo de actualización permanente de costos y precio, para eludir discusiones perennes sobre el valor de la materia primera y evitar que se paralice la actividad. Sería un mecanismo similar al índice de la construcción, que permite, mediante los valores de insumos, determinar un promedio que rige para toda la actividad. Despejado ese debate, se podrán sentar las bases para fortalecer al sector.
“No puede ser que vos tengas un precio anual fijo con una volatilidad cambiaria e inflacionaria del 50 por ciento. Obvio que eso se ajusta solo en las áreas superiores y las intermedias quedan relegadas, porque todas sus variables se ajustan a la base de precio”, argumenta Herrera Ahuad.
Un directivo de una de las principales firmas yerbateras tiene una idea revolucionaria en el contexto actual: fijar el precio en planta y dejar el resto de la cadena al libre mercado. ¿Por qué? “Porque el precio de la materia prima se fija teniendo en cuenta una producción de 2.496 kilos por hectárea y la mayoría hoy produce seis mil por hectárea. Un promedio ideal sería 4.875 kilos por hectárea. Menos que eso es ineficiente y a ese productor hay que asistirlo para que mejore su productividad, no subsidiarlo”, explica. Lo mismo sucede con los secaderos: el precio se fija tomando en cuenta una productividad de dos mil kilos por hora, cuando la mayoría está consiguiendo diez mil kilos/hora. Y eso eleva los costos, encareciendo el producto.
En el sector industrial consideran que sin una reforma impositiva de fondo, la situación seguirá siendo endeble en todo el sector, ya que hay mucha informalidad laboral -en la escala más baja se calcula que hay 4.500 tareferos en negro- e impositiva, en la más alta, ya que un productor con buenos rindes, queda atrapado rápidamente en el impuesto a las Ganancias y termina ganando menos que el que está más abajo en la escala. “No hay una solución sola. Hay que empezar a hacer cambios estructurales”.
El ministro del Agro, José Luis Garay está convencido de que el primer paso es transparentar toda la cadena. El Centro de Transacción Electrónico -como ocurre con el trigo o la soja- permitirá seguir las operaciones online y ahí termina el 90 por ciento de los problemas, sostiene Garay. También advierte que los representantes de cada sector sentados en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, deben ser “genuinos”, es decir, elegidos por el voto directo para que voten en defensa de sus intereses, al mismo tiempo que se debe quitar la unanimidad en la definición del precio dentro del organismo. “Que sea por dos tercios o tres cuartos en un directorio de doce”, indica. “Con estas medidas se transparenta el mercado y se termina con la marginalidad, que perjudica al resto”, insiste. Para Garay, la transparencia en el sector y culminar el registro de productores, son pilares fundamentales para pensar en la yerba del futuro. El mapa de la yerba indica que hay 166.737 hectáreas, pero puede haber más no incorporadas.
El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Alberto Re, deja varias definiciones. La primera, contundente, es que la yerba no nos salva”. Lo que quiere decir es que no se puede pensar a la yerba como si fuera la cosecha que esperanza al Gobierno nacional con la lluvia de dólares, sino como la parte de una chacra que debe producir otras cosas.
“Cuando digo que no podemos vivir solo de la yerba, digo que tenemos que analizar el tema yerbatero en un contexto de desarrollo industrial también de las otras actividades agrícolas y forestales”, insiste.
Re lamenta que parezca que el sector yerbatero siempre esté intentando apagar incendios, en lugar de proyectarse a futuro. Pero trae algunos elementos a la mesa. Hay un plan maestro, desarrollado en 2013, con una visión de largo plazo, con algunos puntos que se están cumpliendo y otros todavía en proceso. Sin embargo, pocos recuerdan ese trabajo.
Entre las misiones de ese documento, aparecen ser proveedores confiables y trabajar por condiciones sociales que hagan al desarrollo del productor.
Re reconoce que “falta una mirada integral para alcanzar metas comunes”.
“Vivir (sólo) de la yerba, no es posible. No somos el ombligo del mundo. Y al mismo tiempo, hay que defender una producción que le genera a Misiones, a precios actuales, ingresos por cerca de ocho mil millones de pesos. El tabaco es un tercio de eso”, argumenta.  El presidente del INYM admite que la ley sancionada en 2002 puede revisarse, pero
“La idea del oro verde no es del todo buena. No es petróleo. Ya no estamos solos en el mundo. Hace unos años, en un Congreso de Brasil sobre la yerba mate se planteó que hoy es una commodity y que se globalizó. Varios países plantan y compiten por precios. En Chile, la yerba de Brasil entra más barata que la nuestra y es una competencia agresiva. Es decir, el mercado también fija el precio”.
Por eso, insiste en que es necesario posicionar a la producción yerbatera como una alimenticia, con los mejores estándares de calidad. Pero, advierte, “eso no necesariamente paga más”.
“Para el futuro, es necesario que el colono tenga mayor productividad y defienda el precio asociado en cooperativas”, proyecta. Y alienta. “Es necesario incorporar tecnología y crear nuevos productos a base de la yerba mate. Hay mercados potenciales en bebidas, energizantes, cosmética y hasta en la salud”, explica. “Pero hay que animarse a experimentar e invertir”, pide.
“La publicidad tácita de tener a Messi, Dybala, Ronaldo, Antoine Griezmann, el Papa, Obama o Xi Jinping es invalorable y hay que saber aprovecharlo. Pero entre todos”, sentencia.


No es el único que plantea la necesidad de una concertación. Juan José Szychoski sostiene que la clave del futuro pasa por dejar de lado las ambiciones sectoriales. “De otro modo, las crisis va a ser cada vez peor. Con la modificación del código alimentario, estamos yendo a un producto de mejor calidad, que aumenta lentamente el consumo local e internacional. Pero trabajando juntos podemos encontrar un mercado mayor en el que el único límite es el mundo. Pero lamentablemente caemos en la pelea del día a día”, reflexiona.

Para Szychoski, el pedido de 13,50 pesos para la hoja verde era irracional “para el momento”, pero quizás en un par de meses, si la inflación sigue desbocada, puede ser justo. Pero no quiere decir que el productor no deba recibir un mejor precio, aclara, sino que al plantear precios sin justificaciones técnicas, lo que hace es dispararse hacia arriba los valores en la cadena productiva. “Cuando se comenzó a hablar de ese precio, los supermercados aumentaron para cubrirse y los molinos aumentaron su stock a precio más bajo. ¿Quién pierde?”, argumentó.  Según sus datos, la yerba aumentó en góndola a 120 pesos el kilo porque los supermercados se cubrieron de los 13,50 pesos eventuales, es decir, por expectativas que no se cumplieron, pero que perjudican al consumidor y, en última instancia, al mismo productor si caen las ventas. 

“Debemos ponernos de acuerdo en cosas básicas, no más trabajo en negro, mejorar calidad, nos faltan controles, muchos y buenos. Con eso, tenemos las dos puntas de la cadena solucionadas”, indica.
El candidato a gobernador del Frente Popular, Agrario y Social, Isaac Lenguaza, discrepa con el precio laudado y asegura que los 13,50 pesos eran razonables. “Dos pesos menos es una barbaridad que mata al sector”, cuestiona.
El abogado coincide en que hay que eliminar la unanimidad para fijar el precio en el INYM y sostiene que es necesario un estudio de costos más objetivo, con intervención del Estado provincial. “Después se respetar y controlar. Por eso insistimos en rápida puesta en funcionamiento del Mercado Concentrador para asegurar el precio fijado y si es necesario, que suba el precio en góndola”, sentencia.
El delegado de Agricultura Familiar de la Nación, Jerónimo Lagier, también quiere que el INYM fije el precio de salida de molino porque “la competencia entre marcas por el mercado hace que el precio a salida de molino sea mas bajo. Esto origina el “planchar” el precio”. Considera que si no hay cartelización, toda la cadena puede mejorar su situación.

El precio actual es razonable, implica un 67 por ciento de incremento interanual. Pero es probable que a fin de mayo los secaderos y molinos estén pagando incluso por encima de ese precio, porque hay poca yerba en stock (canchada), entonces van a salir a pagar por encima del valor oficial”, dijo Lagier, miembro de la Asociacion Rural de la Yerba Argentina (ARYA).

Desde la chacra, Cristian Klingbeil, es la nueva camada de la histórica Apam (Asociación de Productores Agrícolas de Misiones) plantea otra revolución para pensar en la yerba de las futuras generaciones. “Hay que eliminar los agroquímicos e ir hacia una producción orgánica, como está haciendo el té, que consigue insertarse en mercados más exclusivos y caros. También plantea que hay que asistir a los pequeños productores, pero con mejor genética y conocimiento para que se puedan equiparar a los más grandes. “No es lo mismo el tratamiento de un secadero al productor de menos de cinco hectáreas que al resto”, explica.
“Hay que buscar darle valor agregado a la yerba tradicional. Hay que buscar nuevos mercados y productos y que la política escuche más a los productores que conocemos lo que pasa en la chacra. El productor tiene miedo a la diversificación porque ya está quemado con planes que no llegan a nada. Quienes tienen yerbales de baja productividad, apenas sobreviven con bajos precios. Por eso debemos ir hacia una producción de mayor densidad, orgánica, que genera mayor valor agregado y se puede cobrar más, al mismo tiempo que protege el ambiente. que todos debemos cuidar”, culmina.

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La carga tributaria indirecta sobre las tarifas de servicios

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Un informe realizado por Ariel Barraud, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) muestra como impacta las tasas municipales y los impuestos provinciales y nacionales en las facturas de los servicios:
Desde inicios de 2016, el desarmado de la estructura de subsidios relacionados con servicios como el gas y la energía eléctrica está generando una suba importante del valor de las facturas que reciben los usuarios, fruto de que los ciudadanos están afrontando una proporción cada vez mayor del costo económico real y efectivo del servicio que consumen.
Esta realidad pone nuevamente en la superficie la discusión sobre el impacto de la carga tributaria en el valor de la factura. Los servicios públicos, como cualquier otro bien o servicio, están gravados con impuestos sobre los consumos. La existencia de estos impuestos, como lo es a nivel nacional el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a nivel provincial el Impuesto a los Ingresos Brutos, tiene como sustento el hecho de que ellos actúan sobre la capacidad demostrada por los individuos a través de una manifestación indirecta de riqueza relativa, como son precisamente en este caso los consumos de servicios.
En nuestro país, la estructura tributaria descansa de manera relevante sobre impuestos indirectos. Debido a factores estructurales, la realidad muestra no sólo que en la Argentina y sus provincias la recaudación de impuestos directos (impuesto a los patrimonios y/o a las ganancias) se mostró dificultosa y por lo tanto su importancia siempre fue menor, sino que los elevados niveles de informalidad y evasión, junto al crecimiento permanente del tamaño del Estado en las últimas dos décadas, conllevaron la fijación de alícuotas crecientes en los impuestos indirectos mencionados.
Por su parte, el elevado nivel de cumplimiento tributario que se asocia al pago de impuestos “atados” a las facturas de servicios esenciales, como son los energéticos, implicó que los fiscos subnacionales gradualmente fueran incorporando diversos mecanismos tributarios como fondos especiales y/o tasas, cuya base imponible se determinó igual al valor del consumo de energía, gas (o agua y saneamiento, en algunos municipios) junto a una alícuota que da como resultado el monto del tributo a ingresar por cada contribuyente, que depende de su uso del servicio. En algunos casos, la tasa no resulta asociable a ningún tipo de beneficio específico recibido por el ciudadano, situación que la configura realmente como un impuesto que eleva el monto de la factura a pagar, entendiendo por tal la suma de la tarifa más todos los componentes tributarios asociados al consumo que dio lugar a la misma.
El elevado nivel de cumplimiento tributario asociado a las facturas de servicios implicó incorporar fondos especiales y tasas.
Para dar una idea cuantitativa, se analizan las características generales de la mochila tributaria que tienen los servicios públicos, como la energía o el gas, para el usuario final en lo que respecta a los impuestos calculados según el consumo. Esto permite pensar cómo los cambios en el peso de los impuestos indirectos podrían tener incidencia sobre el valor total de la factura.
La carga tributaria indirecta que recae sobre el consumo final tanto de energía eléctrica como de gas natural se compone, en su esencia, de IVA a nivel nacional, Impuesto a los Ingresos Brutos provincial, y tasas municipales generales y específicas. Esta sería una carga “de mínima” en el sentido de que no incluye otros conceptos que pueden estar presentes (en el caso de la energía residencial, por ejemplo, está la Ley 23.681 de “Recargo Santa Cruz”, que rigió en todo el territorio nacional hasta mediados de 2016). A pesar de que los impuestos cobrados tienen distintos destinos, para el usuario final significan incrementos importantes en su factura, y la carga impositiva según las distintas jurisdicciones varía notablemente.

Participación por impuesto y por nivel de gobierno en la carga tributaria indirecta sobre los servicios.
En % de la tarifa

Para el caso del IVA se considera la alícuota del 21% correspondiente al consumo residencial. A nivel provincial, según el Consenso fiscal de finales de 2017, la alícuota de Ingresos Brutos sobre el sector de Electricidad, Gas y Agua debe bajar progresivamente hasta quedar exento en el año 2021. Actualmente, la alícuota para el consumo no residencial es del 3,75%, mientras que el año pasado el límite era del 5%. Sin embargo, para los consumidores residenciales la alícuota según el Consenso es de un máximo del 4%, el cual se considerará en los cálculos a continuación. Las tasas municipales generales rondan el 1%, aunque las contribuciones municipales son muy variadas, ya que cada municipio tiene autonomía propia para aplicar en su jurisdicción los tributos que considere necesarios. En el ejemplo se considera una tasa hipotética específica con una alícuota del 4%, que se suma a la general.
Si la carga tributaria indirecta baja, el aumento porcentual de la factura es menor que el aumento porcentual que pueda tener la tarifa.
Toda esta carga tributaria representa el 30% del valor de la tarifa (costo del servicio antes de impuestos). Es decir que la mochila tributaria es de este orden. Desde el punto de vista del consumidor, lo relevante es saber cuánto de la factura son impuestos. El cálculo sería en consecuencia $30/$130. Es decir que, de cada $100 que se pagan en una factura por energía eléctrica o por gas natural por redes, $23 son impuestos indirectos.
Para tener en cuenta la importancia de este resultado, debe considerarse que, si la carga tributaria indirecta baja, el aumento porcentual de la factura es menor que el aumento porcentual que pueda tener la tarifa. Así, si se estuviera en una situación en la que las tarifas no crecieran más de aquí en adelante, la eliminación de la carga tributaria indirecta permitiría hoy una reducción del 23% del valor de la factura del usuario. Alternativamente, es relevante notar que, ante una suba del 100% de la tarifa, si al mismo tiempo se remueve completamente la carga tributaria indirecta, el valor de la factura a pagar para el usuario solamente sube 54 por ciento. Claramente, la eliminación de toda la carga tributaria es una alternativa de alto costo fiscal directo, y se establecería un nuevo subsidio a la energía. La particularidad es que se lo brindaría resignando recaudación.

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Sol Pérez tiene razón (ups)

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Para distendernos un poco del dólar, vamos a las cosas trascendentes que están ocurriendo en el país, como la pelea  entre la economista Sol Pérez y el farandulero Javier Milei sobre si el Estado debería cobrar impuestos y con eso ayudar a contener a los sectores de mayor vulnerabilidad social. La discusión va subiendo de tono, seguida de los insultos a los que nos tiene acostumbrados el señor del pelo revuelto y las contestaciones de la modelo que se termina levantando de la mesa porque no se banca la ninguneada que le pegaron, bueno, en realidad es más divertido verlo que contarlo así que acá está el video:

 
El tema de fondo es que Sol Perez defendía pagar impuestos para contribuir a aliviar la pobreza y Milei la mandó a leer libros porque, en su opinión, estaba totalmente equivocada ya que la bibliografía dice todo lo contrario a lo que ella expone y que le falta leer para opinar.
Todo esto me hizo acordar a un autor llamado Richard Musgrave, un docente, investigador y autor de libros de Finanzas públicas. Debe ser uno de los más citados en la bibliografía moderna de la Economía del sector público y de su curriculum quiero resaltar un par de actividades:
 Profesor emérito de Harvard.
 Miembro distinguido de la American Economic Association.
O sea estamos hablando de un economista norteamericano y no un loquito suelto, sino alguien que fue docente de una de las universidades más prestigiosas del mundo y un reconocido economista del país capitalista por excelencia.
¿Qué dice Musgrave? Que el Estado tiene tres funciones elementales:
Asignación: Algunos bienes sólo puede proveerlos el Estado, porque por más que sean necesarios y útiles por algún motivo no se los puede cobrar, y si no podemos obtener un precio nadie lo vendería. Todos necesitamos las calles para transitar, pero nadie va a construir una calle para después cobrar por transitar por ella, la escuela primaria gratuita, la policía etc. etc. son claros ejemplos de esto; bienes necesarios y útiles pero que por sus características no puede proveerlos el sector privado. Al que le interesa el tema busque “Bienes Públicos”.
Redistribución: La función por la cual Milei dice que el Estado es un ladrón; y si se trata de eso, cobrar impuestos mayores a los que más tienen para contener a los sectores más vulnerables. El Estado para asistir a la población tiene que comprar cosas y para comprar necesita el dinero de los contribuyentes. Se puede criticar si se hace bien o mal, mucho o poco, pero hay que hacerlo. De eso se trata también en la Argentina y todos los países del mundo… Asistir a los sectores más vulnerables de la sociedad de manera eficiente y justa  es el desafío. Y si se hace mal (dar planes a quien no necesita o pensiones a quienes no tienen invalidez) hay que corregirlo, pero de ninguna manera quitar esa función al Estado ya que la sociedad seria terriblemente cruel.
Estabilización: que se sintetiza en lograr bajar la inflación y lograr un crecimiento sostenido de la economía para que el desempleo sea el menor posible al igual que la pobreza; bueno ya sabemos lo que significa esto y es lo que esperamos gobierno tras gobierno y elecciones tras elecciones.
Existe un consenso mayoritario en pensar como Musgrave (o como Sol Pérez) o tantos otros que están dispuestos a que el Estado nos quite algo razonable para contener a los que menos tienen  a través de las políticas sociales. Se puede ver claramente, en los datos económicos y en la vida cotidiana, la importancia que tiene el Estado proveyendo bienes públicos y tomando medidas para combatir la desigualdad y la pobreza.  
A modo de ejemplo, en el siguiente gráfico se presentan los datos para Argentina (entre el 2000 y el 2017) del Gasto Público Consolidado (esto es el total del gasto público sumando lo que gasta Nación, las provincias y los municipios)  como porcentaje de PIB y el coeficiente de Gini, que es una medida de la desigualdad en los ingresos entre la población, cuanto más cercano a uno es este número, más desigualdad existe en el país y cuanto más cercano a cero indica que hay una menor desigualdad.  En el eje de la izquierda se refleja el gasto público como porcentaje del PBI, mientras que en la derecha podemos observar la evolución del índice de Gini. Podemos ver una clara relación entre ambos, es decir, que a medida que se fue incrementando el Gasto Público, mejoró la redistribución del ingreso entre la población y disminuyó la desigualdad, creando un país más justo y favoreciendo a los que menos tienen.

También debemos resaltar que las funciones del Estado de redistribución y estabilización tienen que cumplirse de manera conjunta, ya que no puede haber la una sin la otra. Es muy difícil combatir la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas en un contexto recesivo o inflacionario; de hecho, los países que crecen no lo hacen por abandonar la redistribución, sino por hacerlo de manera eficiente y responsable sin descuidar la estabilidad económica
En síntesis, aunque a veces no estemos totalmente de acuerdo en cómo se administran los recursos del Estado, nadie puede negar la importancia que tiene su intervención en la economía para conseguir una mayor equidad.
Con esto concuerdan numerosos economistas, entre ellos el ya nombrado Musgrave, un profesional reconocido en un país que hace del libre mercado su bandera. Además hay otros autores (premios Nobel incluidos) como Joseph Stiglitz que con sus aportes propios van en el mismo sentido. De hecho salvo lo que escucho de Milei nunca leí a algún académico serio de estos tiempos afirmar que el Estado no tiene que existir o no tiene que redistribuir algo de la renta para equilibrar las desigualdades y lograr la movilidad social.
 
Punto para Sol Pérez: estudió a Musgrave y otros similares más de lo que lo hizo Milei.

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