EL PAIS

Microsatélite argentino viajará en la misión lunar Artemis II

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La República Argentina participará de la misión Artemis II de la NASA, el primer vuelo tripulado hacia la Luna desde el fin del Programa Apolo en 1972. El anuncio oficial, realizado el 16 de enero de 2026 por la Oficina del Presidente, implica un salto institucional y tecnológico para el país, que aportará desarrollo propio a una de las misiones espaciales más exigentes del mundo y se integrará a la nueva arquitectura global de exploración lunar.

La decisión posiciona a la Argentina dentro de un reducido grupo de países con capacidades técnicas y operativas validadas para misiones tripuladas de órbita profunda, con impacto directo en el sistema científico, tecnológico e industrial nacional.

El aporte argentino a Artemis II y el despliegue del microsatélite Atenea

Durante el lanzamiento de Artemis II, se desplegará el microsatélite argentino Atenea, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en conjunto con la empresa VENG S.A., el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).

El despliegue se realizará en la primera etapa de la misión, a más de 70.000 kilómetros de la Tierra, lo que constituye un récord para un satélite argentino y amplía significativamente el alcance operativo de la tecnología espacial nacional.

Según detalla el comunicado oficial, el microsatélite permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales, aportando información clave a la NASA. Entre sus funciones, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria y validará enlaces de comunicación de largo alcance.

Exigencias técnicas, estándares internacionales y validación institucional

El lanzamiento de Artemis II, con tripulantes a bordo, requiere los estándares de calidad y confiabilidad más exigentes del mundo para actividades espaciales. En ese contexto, la selección del microsatélite argentino constituye una validación explícita del nivel técnico y operativo que mantiene la República Argentina en materia de ciencia y tecnología aplicada.

Desde el Gobierno se destacó que el desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos constituyen una prioridad de la inversión en ciencia, en un esquema que busca eficientizar recursos mediante la eliminación de gastos considerados innecesarios en otras áreas del Estado.

La participación en Artemis II no solo refuerza la posición de la Argentina como socio confiable en programas científicos internacionales, sino que también fortalece su entramado institucional, promueve la transferencia de conocimiento y consolida capacidades locales en áreas de alto valor agregado vinculadas a la industria espacial.

Proyección estratégica

Desde una perspectiva económica y tecnológica, el proyecto impulsa la formación de recursos humanos altamente especializados, el desarrollo de proveedores nacionales y la integración de la Argentina en cadenas de valor globales asociadas a la exploración espacial. A nivel institucional, la participación en una misión lunar tripulada refuerza el posicionamiento del país en cooperación internacional de alto nivel.

El despliegue de Atenea en órbita profunda representa, además, un salto cualitativo para el sistema espacial argentino, con potencial impacto futuro en telecomunicaciones, navegación satelital y misiones científicas avanzadas.

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La DAIA reafirma su compromiso con la verdad y la justicia a 11 años de la muerte de Alberto Nisman

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A dos días de cumplirse 11 años de la muerte del ex fiscal Alberto Nisman, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) expresó que mantendrá su “nuestro compromiso inclaudicable con la verdad, la justicia y la memoria”.

Nisman apareció muerto en su departamento en Puerto Madero el domingo 18 de enero, un día antes de su exposición en la Cámara de Diputados donde iba a rechazar la firma del Memorándum con Irán sobre el atentado a la AMIA.

“El crimen del fiscal no es un hecho del pasado ni una causa cerrada, es un episodio de extrema gravedad institucional”, expresó la DAIA.

La organización política de la colectividad judía publicó en la red social X que “a 11 años del asesinato del fiscal Alberto Nisman, reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con la verdad, la justicia y la memoria”, publicó la Daia en la red social X

“Recordar a Nisman”

Agregó que “su asesinato ocurrido mientras investigada el atentado terrorista contra la AMIA-DAIA continúa siendo una herida abierta para la Repùblica Argentina”.

Señaló que “a lo largo de los años, la sociedad sigue aguardando respuestas claras y definitivas”.

Recordar al fiscal Nisman es reafirmar el compromiso con la lucha contra la impunidad y honrar la memoria de las víctimas del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994”, destacó.

Con esta publicación, la DAIA busca recordar al fiscal de la causa AMIA y reafirmar su postura de que Nisman fue asesinado.

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Defensa de la competencia subió la Unidad Móvil a $1.450,05 y ajusta multas y umbrales

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La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), a través del Tribunal de Defensa de la Competencia, actualizó el valor de la Unidad Móvil prevista en el artículo 85 de la Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, que pasará a ser de $1.450,05 a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. La decisión, formalizada mediante la Resolución 6/2026, tiene un impacto directo sobre los umbrales de notificación de concentraciones económicas, el cálculo de multas y otros parámetros clave del régimen antimonopolio argentino, en un contexto de alta inflación y reordenamiento institucional del sistema de control de mercados.

La actualización se basa en la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a 2025, publicado por el INDEC, y reemplaza el valor vigente en 2025, que era de $1.102,28, fijado por la Resolución 21/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio. En términos prácticos, el nuevo valor redefine el alcance económico de las sanciones y obligaciones previstas en la normativa de competencia para todo 2026.

Qué es la Unidad Móvil y por qué es clave en la Ley 27.442

La Unidad Móvil es la unidad de cuenta creada por el artículo 85 de la Ley N° 27.442 para indexar automáticamente los principales montos del régimen de defensa de la competencia. Su función es evitar que la inflación licúe el efecto disuasivo de las sanciones y distorsione los umbrales regulatorios.

Según la propia resolución, la Unidad Móvil se utiliza para determinar, entre otros aspectos, los valores previstos en los artículos 9, 11, 33, 55, 59 y 84 de la ley, que incluyen:

  • Umbrales de notificación obligatoria de concentraciones económicas.
  • Montos máximos de multas por conductas anticompetitivas.
  • Otros parámetros económicos relevantes del sistema sancionatorio.

El valor inicial de la Unidad Móvil fue fijado en $20, con actualización anual automática en función del IPC. Para 2025, el monto había ascendido a $1.102,28, y ahora, tras la variación acumulada del IPC de 2025, se eleva a $1.450,05 para 2026.

Fundamentos normativos y rol del Tribunal de Defensa de la Competencia

La resolución se apoya en un entramado normativo que busca poner plenamente en funcionamiento la Autoridad Nacional de la Competencia. La Ley N° 27.442 creó a la ANC como organismo descentralizado y autárquico, y estableció al Tribunal de Defensa de la Competencia como su órgano decisor.

La operatividad efectiva del sistema se consolidó mediante:

  • El Decreto N° 480/2018, que reglamentó la ley.
  • El Decreto N° 803/2025, que introdujo modificaciones para habilitar su aplicación inmediata.
  • El Decreto N° 810/2025, que designó a los miembros de la ANC y constituyó formalmente el Tribunal.

En este marco, el Tribunal —integrado por Marcelo D’Amore, Lucas Trevisani Vespa y Eduardo Rodolfo Montamat— ejerce las facultades para actualizar la Unidad Móvil y garantizar la coherencia económica del régimen. La resolución aclara que el nuevo valor regirá desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial y que, hasta tanto se produzca una nueva actualización anual, se mantendrá vigente ese monto.

Impacto económico y posibles efectos en empresas y mercados

El aumento de la Unidad Móvil tiene consecuencias inmediatas para empresas, estudios jurídicos y áreas de compliance, ya que eleva en términos nominales los montos de multas potenciales y ajusta los umbrales de notificación de operaciones de concentración. En un escenario de mayor fiscalización, el cambio refuerza el poder disuasivo del régimen sancionatorio y busca preservar la efectividad real de la política de competencia.

Desde el punto de vista institucional, la actualización también funciona como una señal de normalización del sistema de defensa de la competencia, con reglas previsibles y mecanismos automáticos de ajuste. Para los mercados, implica un marco regulatorio más consistente, alineado con la evolución de precios y con mayor capacidad de intervención efectiva frente a conductas anticompetitivas.

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Energía prorroga contratos de almacenamiento y busca cerrar 264 MW pendientes en AlmaGBA

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La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía dispuso una prórroga de 60 días hábiles, a partir del 12 de enero de 2026, para la firma de los Contratos de Generación de Almacenamiento adjudicados en la convocatoria “Almacenamiento AlmaGBA”, un programa clave para reforzar la confiabilidad eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La medida, formalizada mediante la Resolución 14/2026, apunta a completar la suscripción de contratos pendientes por 264 MW, sobre una potencia total adjudicada de 713 MW, en un esquema que impacta directamente en la seguridad del suministro, la planificación energética y los costos del sistema.

Un programa estratégico para el SADI y el AMBA

La convocatoria AlmaGBA, autorizada por la Resolución 67/2025, fue diseñada en el marco de la Ley N° 24.065, que establece como objetivos centrales garantizar el abastecimiento eléctrico de largo plazo, promover el uso eficiente de la energía y minimizar los costos para el sistema y los usuarios finales. En ese sentido, el almacenamiento energético se consolidó como una herramienta clave para mejorar la confiabilidad operativa del SADI, especialmente en zonas de alta demanda como el Gran Buenos Aires.

El proceso licitatorio tuvo una respuesta significativa del mercado. El 15 de julio de 2025 se recibieron 27 ofertas, que totalizaron 1.347 MW de potencia ofertada, casi el triple de la potencia objetivo inicial de 500 MW. Tras la evaluación técnica, legal y económica, la Secretaría de Energía adjudicó proyectos mediante las Resoluciones 361/2025 y 384/2025, y decidió ampliar la potencia objetivo en 150 MW adicionales, en función del análisis técnico realizado por CAMMESA y de los beneficios sistémicos asociados.

A la fecha de dictado de la Resolución 14/2026, se habían suscripto 7 contratos, que representan 449 MW, mientras que permanecían pendientes 5 contratos por 264 MW, correspondientes a proyectos adjudicados que aún no completaron la firma.

Prórroga administrativa y fundamentos regulatorios

La prórroga dispuesta responde a solicitudes formales de los adjudicatarios y se encuadra en lo previsto por el Artículo 21.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), que fija un plazo de 90 días hábiles para la firma de los contratos, con posibilidad de extensión por decisión de la Autoridad de Aplicación.

En particular, se consideraron pedidos vinculados a procesos de reorganización societaria y a requerimientos administrativos adicionales para cerrar la documentación contractual. La Secretaría evaluó estos planteos como “fundados” y resolvió extender de manera uniforme el plazo para todos los adjudicatarios listados en el anexo oficial.

La norma aclara que la prórroga no modifica aspectos sustanciales del esquema contractual: se mantienen sin cambios la Fecha de Habilitación Máxima, la Fecha de Inicio del Plazo del Contrato, la Fecha Objetivo, el Plazo de Contrato y el Esquema de Pagos hasta la Habilitación Comercial, conforme lo establecido en el Artículo 22.7 del PBC. De este modo, el Estado preserva el cronograma operativo y financiero del programa, al tiempo que otorga flexibilidad administrativa para cerrar las firmas pendientes.

Impacto económico, actores involucrados y escenarios posibles

La decisión tiene implicancias directas para el mercado eléctrico mayorista y para los usuarios del AMBA. Los contratos de almacenamiento, celebrados con EDENOR S.A. y EDESUR S.A. como compradores y con CAMMESA como garante de pago de última instancia, forman parte de un esquema cuyos costos serán trasladados a los usuarios finales de la jurisdicción, tal como fue previsto desde el inicio de la convocatoria.

Los proyectos que aún no han suscripto contrato representan potencias individuales que van desde 22 MW hasta 150 MW, con precios adjudicados que oscilan entre USD 11.290 y USD 12.591 por MW-mes, según el anexo oficial. Completar estas firmas permitiría consolidar una capacidad de almacenamiento relevante para mitigar picos de demanda, reducir riesgos de cortes y optimizar el despacho del sistema.

Desde una perspectiva institucional, la prórroga refuerza el mensaje de continuidad regulatoria y de acompañamiento estatal a inversiones estratégicas, sin alterar las reglas económicas del programa. Al mismo tiempo, introduce un compás de espera que el sector seguirá de cerca, dado que el cierre efectivo de los contratos será determinante para que los proyectos avancen hacia la etapa de ejecución y habilitación comercial.

En términos de escenarios, si la totalidad de los contratos pendientes se firma dentro del nuevo plazo, el programa AlmaGBA alcanzará plenamente la potencia adjudicada de 713 MW, consolidándose como uno de los esquemas de almacenamiento más relevantes del país. En caso contrario, la Autoridad de Aplicación podría enfrentar la necesidad de redefinir plazos o estrategias para asegurar los objetivos de confiabilidad del SADI en el AMBA.

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Sin producción nacional, el Gobierno suspende los derechos antidumping a rodamientos chinos

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El Ministerio de Economía resolvió abrir de oficio un examen por cambio de circunstancias y suspender transitoriamente los derechos antidumping aplicados a las importaciones de rodamientos de bolas radiales de una hilera, originarios de la República Popular China, tras el cierre de la planta productiva de SKF Argentina S.A., única fabricante local del sector. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 30/2026, firmada el 14 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero, con impacto directo en el comercio exterior, la cadena industrial y los costos para importadores y consumidores.

La decisión implica la suspensión inmediata de los derechos antidumping vigentes desde hace más de dos décadas para estos productos, mientras se desarrolla el examen administrativo que evaluará si corresponde mantener, modificar o suprimir definitivamente las medidas de defensa comercial. En términos prácticos, el Gobierno reconoce que, sin una rama de producción nacional activa, la continuidad del derecho antidumping pierde sustento económico e institucional.

El fin de la única producción local y el cambio de escenario industrial

El punto de inflexión fue el anuncio del cierre de la planta de SKF Argentina S.A. en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, comunicado oficialmente por la propia empresa y tomado como antecedente central por la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE). Según consta en el expediente, la firma explicó que la decisión respondió a una estrategia global de optimización, orientada a concentrar la producción en instalaciones con mayor escala, tecnología e innovación, manteniendo su presencia comercial en el país, pero sin fabricación local de rodamientos.

La CNCE, en su Acta de Directorio N° 2614 del 4 de diciembre de 2025, fue categórica: SKF Argentina constituía la única productora nacional de rodamientos en los términos del artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping. En consecuencia, el cierre de la planta implica que deja de existir la rama de producción nacional que justificó históricamente la aplicación de las medidas.

En ese marco, el organismo sostuvo que “mantener un derecho antidumping sin una rama de producción nacional activa a la cual proteger resulta un costo injustificado para los consumidores e importadores argentinos”, y concluyó que existen condiciones suficientes para iniciar un examen de oficio por cambio de circunstancias, conforme a los artículos 8°, 51 y 72 del Decreto 33/2025.

Qué medidas se suspenden y qué productos están alcanzados

La resolución dispone la suspensión de los efectos de la medida antidumping establecida por la Resolución 455/2022 del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo, que había prorrogado los derechos originalmente fijados en 2018. Estos derechos consistían en valores mínimos de exportación FOB por segmento de peso, que iban desde USD 15,62 por kilogramo para las series más livianas hasta USD 6,45 por kilogramo para las de mayor peso, aplicables a rodamientos clasificados en la posición NCM 8482.10.10.

Asimismo, se suspenden los efectos de la Resolución 405/2006, que alcanzaba a partes y piezas de rodamientos de iguales características, clasificadas en la NCM 8482.99.90, también originarias de China.

La suspensión regirá hasta que finalice el trámite del examen de oficio, durante el cual las partes interesadas podrán participar descargando los cuestionarios oficiales a través del sitio web de la CNCE, tal como prevé el artículo 12 del Decreto 33/2025.

Impacto económico y posibles repercusiones

La decisión tiene un impacto inmediato en el mercado. Para los importadores y sectores usuarios, como la industria automotriz, autopartista y de maquinaria, la suspensión del antidumping puede traducirse en menores costos de importación y una mayor oferta de rodamientos a precios internacionales. Para los consumidores finales, el efecto potencial es una reducción de costos indirectos en bienes que incorporan estos insumos.

Desde el punto de vista de la política comercial, la medida marca un giro relevante: el Estado reconoce que la defensa antidumping pierde sentido cuando ya no existe producción local que proteger. Al mismo tiempo, abre un debate más amplio sobre la reconversión industrial, la inserción de Argentina en cadenas globales de valor y el uso de instrumentos de defensa comercial en contextos de desindustrialización o relocalización productiva.

El examen de oficio será clave para definir el escenario definitivo. Si se confirma el cambio estructural de circunstancias, el camino quedaría allanado para la eliminación permanente de los derechos antidumping. En caso contrario, el Gobierno podría evaluar ajustes o redefiniciones del esquema, aunque el antecedente del cierre de la única planta local introduce un límite claro a cualquier intento de restablecer las medidas en su forma original.

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