EL PAIS

Argentina Ground Support obtuvo autorización para operar servicios de rampa

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La apertura del mercado de servicios aeroportuarios continúa sumando nuevos actores. El Gobierno nacional autorizó a la empresa Argentina Ground Support S.A. a explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en todo el país, una decisión que se enmarca en la estrategia de desregulación del sector aerocomercial impulsada por la administración nacional para incrementar la competencia en actividades que históricamente estuvieron concentradas.

La autorización fue oficializada mediante la Disposición 16/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el subsecretario Hernán Adrián Gómez. La medida habilita a la firma a prestar servicios de asistencia en tierra, una actividad clave para la operatoria de las compañías aéreas.

La empresa había solicitado la autorización en el marco de las modificaciones introducidas por el Decreto 599/2024, que redefinió el régimen de acceso a los mercados aerocomerciales. Esa normativa amplió el esquema de autorizaciones para actividades vinculadas al transporte aéreo, incluyendo expresamente los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa, con el objetivo de facilitar el ingreso de nuevos operadores privados.

Según surge de la disposición, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a través de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, emitió un dictamen técnico favorable sobre la solicitud. Asimismo, la firma acreditó los requisitos de capacidad técnica, económica y financiera previstos en el artículo 105 del Código Aeronáutico, además de cumplir con las exigencias regulatorias establecidas por la legislación vigente.

La autorización se encuadra además en la Resolución 49/2024 de la Secretaría de Transporte, que reglamentó el procedimiento para el otorgamiento de permisos destinados a empresas de servicios de rampa. Ese régimen establece autorizaciones por un plazo de 15 años, con renovación automática siempre que los operadores mantengan los estándares exigidos en materia de seguridad operacional.

La asistencia en tierra comprende un conjunto de servicios indispensables para la actividad aeroportuaria, entre ellos la carga y descarga de equipajes y mercaderías, el remolque de aeronaves, el abastecimiento de equipos en plataforma y otras tareas logísticas que permiten la operación de los vuelos comerciales. La incorporación de nuevos prestadores busca ampliar la oferta disponible para las aerolíneas y reducir las barreras de acceso a este segmento del negocio aeroportuario.

Desde una perspectiva económica, la decisión consolida uno de los ejes de la política aerocomercial del Gobierno: sustituir un esquema de fuerte regulación por un modelo con mayor competencia entre operadores privados. La expectativa oficial es que el incremento de oferentes contribuya a mejorar la eficiencia de los servicios, generar inversiones en infraestructura operativa y reducir costos para las compañías aéreas, con potencial impacto sobre la conectividad y la competitividad del sistema aeroportuario argentino.

Con esta autorización, Argentina Ground Support se incorpora al universo de empresas habilitadas para competir en un mercado que atraviesa una profunda transformación regulatoria, en línea con la política de liberalización del transporte aéreo que el Ejecutivo viene implementando desde 2024.

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Seguridad incorpora a Uber a la red de difusión de Alerta Sofía para acelerar la búsqueda de niños desaparecidos

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El Ministerio de Seguridad Nacional dio un nuevo paso en la incorporación de herramientas tecnológicas para la búsqueda de personas al firmar un acuerdo de cooperación con Uber, que permitirá integrar el sistema Alerta Sofía a la plataforma de movilidad en Argentina. La iniciativa apunta a ampliar la difusión de los casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes cuya vida se encuentre en riesgo inminente, utilizando la capacidad de alcance y geolocalización de una de las aplicaciones con mayor presencia en el país.

El convenio fue suscripto por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el director Global del Equipo de Seguridad Pública de Uber, Michael Sullivan. A partir de esta integración, cada vez que la Justicia disponga la activación de una Alerta Sofía, los usuarios registrados y los socios conductores que se encuentren dentro del área de búsqueda recibirán una notificación directamente en la aplicación con la información oficial del caso, facilitando una respuesta más rápida de la comunidad.

La medida busca potenciar uno de los principales activos en este tipo de investigaciones: el tiempo. La experiencia internacional demuestra que las primeras horas posteriores a una desaparición son determinantes para incrementar las probabilidades de localización, por lo que ampliar los canales de difusión se convierte en un elemento estratégico para las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales.

Durante la firma del acuerdo, Monteoliva sostuvo que la cooperación entre el Estado y el sector privado constituye una herramienta fundamental para fortalecer las políticas de seguridad. Según explicó, la articulación con plataformas tecnológicas permitirá acelerar la circulación de información oficial en situaciones donde cada minuto resulta decisivo para proteger la vida de niñas, niños y adolescentes.

Alerta Sofía es el sistema de emergencia implementado por el Ministerio de Seguridad Nacional para la búsqueda inmediata de menores desaparecidos cuando existe un riesgo inminente para su integridad. Su activación no es automática: únicamente puede ser solicitada por la autoridad judicial competente una vez verificados los requisitos establecidos por el protocolo, lo que garantiza que el mecanismo se utilice en situaciones de máxima gravedad. Una vez emitida, la alerta contempla una difusión masiva y geolocalizada destinada a promover la colaboración ciudadana.

Desde Uber destacaron que el acuerdo forma parte de la estrategia global de la compañía para poner la tecnología al servicio de la seguridad pública. Michael Sullivan afirmó que la colaboración con organismos estatales permite ampliar el alcance de las alertas y facilitar que las autoridades lleguen a más personas en menor tiempo, reforzando la capacidad de respuesta ante emergencias.

La incorporación de Uber al sistema Alerta Sofía refleja una tendencia creciente en materia de seguridad pública: la utilización de plataformas digitales con millones de usuarios para fortalecer mecanismos de prevención, respuesta y búsqueda de personas. En este caso, la integración tecnológica permitirá sumar una nueva red de difusión georreferenciada que complementará los canales tradicionales utilizados por las autoridades nacionales.

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Día del Amigo 2026: el asado lidera las preferencias y el gasto promedio proyectado asciende a $40.500

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El Día del Amigo volverá a convertirse en uno de los principales motores del consumo de julio. Este año, la celebración presenta una particularidad que amplía las expectativas comerciales: caerá un lunes, en plena primera semana de vacaciones de invierno en gran parte del país, mientras que el domingo previo coincidirá con la final del Mundial 2026. Esa combinación extenderá los festejos durante varios días y generará una ventana más amplia de actividad para la gastronomía, el entretenimiento, el turismo urbano y el comercio minorista.

Un relevamiento de Focus Market proyecta que el gasto promedio por persona para esta celebración alcanzará los $40.500, impulsado por un consumidor que continúa priorizando las experiencias compartidas, aunque bajo una lógica de consumo más racional y planificado.

Según explicó Damián Di Pace, director de la consultora, el calendario de este año permitirá distribuir los encuentros entre el fin de semana previo y los días posteriores, favoreciendo especialmente a bares, cafeterías, cervecerías, restaurantes, comercios de regalos y servicios vinculados al ocio. En un contexto donde el consumo sigue mostrando selectividad, las reuniones sociales funcionan como uno de los pocos segmentos capaces de sostener niveles de actividad por encima del promedio.

Las preferencias gastronómicas reflejan la vigencia de las comidas tradicionales para compartir. El asado encabeza las elecciones con el 28%, seguido muy de cerca por la picada, con el 26%, y la pizza, con el 24%. Más atrás aparecen las empanadas, elegidas por el 15%, las pastas, con el 5%, y otras opciones que reúnen apenas el 2% de las respuestas.

La elección del lugar para reunirse también confirma una búsqueda de equilibrio entre costos y experiencia. El 27% de los consultados planea comprar los alimentos en supermercados o locales especializados para cocinar en el hogar, mientras que el 20% optará por un bar. Las pizzerías concentran el 18% de las preferencias, las parrillas el 13%, los restaurantes el 11%, los servicios de catering el 6% y un 5% anticipa que no celebrará la fecha.

El hogar continúa consolidándose como una alternativa competitiva frente al mayor costo de las salidas. Entre las opciones de delivery relevadas, una promoción de picada para compartir alcanza los $61.700, lo que representa un incremento interanual del 21% respecto de los $52.000 registrados en 2025. En el caso del sushi, una promoción de 40 piezas pasó de $20.000 a $30.000, con una suba del 25%.

Para quienes prefieren celebrar fuera de casa, la oferta también se diversifica. Una fiesta en barco con navegación por la zona de Olivos, cena y acceso al boliche tiene un valor cercano a $50.000, mientras que el ingreso únicamente al evento nocturno ronda los $35.000. Las degustaciones de vino con propuesta gastronómica también se ubican en torno a los $50.000, mientras que los recorridos organizados por bares, con pizza y bebida incluida, parten desde $25.000 por persona.

El mercado de regalos mantiene opciones para distintos niveles de presupuesto. Entre $10.000 y $15.000 predominan productos como tazas de cerámica, pulseras, almohadones personalizados o marcos con fotografías. En el rango de $20.000 a $25.000 aparecen boxes de golosinas, botellas térmicas, chocolates y remeras, mientras que quienes destinan entre $30.000 y $35.000 pueden optar por artículos de diseño, velas aromáticas, accesorios gamer o delantales de jean.

Desde Focus Market sostienen que la coincidencia entre la definición del Mundial y el Día del Amigo constituye un factor adicional para dinamizar el consumo durante todo el fin de semana. El efecto combinado podría traducirse en mayores ventas para restaurantes, cervecerías, servicios de delivery, comercios de bebidas, confiterías, locales de regalos y espacios de entretenimiento, consolidando a las experiencias compartidas como uno de los principales impulsores del gasto en un escenario económico donde el consumidor continúa administrando cuidadosamente cada decisión de compra.

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ANAC flexibiliza certificaciones aeronáuticas y habilita permisos provisorios para acelerar el ingreso de operadores

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La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dio un nuevo paso en la agenda de desregulación y simplificación administrativa impulsada por el Gobierno nacional. Mediante la Resolución 436/2026, el organismo autorizó el otorgamiento de certificados provisorios para una amplia gama de actividades aeronáuticas cuando los únicos requisitos pendientes sean de carácter documental o administrativo y no comprometan la seguridad operacional.

La medida busca reducir los tiempos de ingreso al mercado de nuevos operadores, uno de los ejes centrales de la política aerocomercial vigente desde la aprobación del nuevo Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales. En la práctica, permitirá que empresas y organizaciones comiencen a operar mientras completan trámites accesorios, evitando demoras burocráticas que hasta ahora postergaban la emisión de habilitaciones definitivas.

El régimen alcanzará a los Certificados de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), Certificados de Explotadores de Trabajo Aéreo (CETA), certificados digitales para operadores aeroportuarios y de rampa, centros de instrucción y entrenamiento aeronáutico, talleres aeronáuticos de reparación, reconocimientos de certificados extranjeros y dispositivos de simulación de vuelo, entre otros.

La resolución establece que los certificados podrán emitirse únicamente cuando los requisitos técnicos, operativos y de seguridad ya hayan sido acreditados por las áreas competentes de la ANAC. Los aspectos pendientes deberán limitarse a cuestiones consideradas no esenciales, como la acreditación del pago de aranceles, inscripciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), legalizaciones, apostillas, traducciones públicas o registraciones societarias.

No obstante, el organismo aclara que la enumeración no es taxativa y que cualquier duda respecto de una eventual afectación de la seguridad operacional deberá resolverse con criterio restrictivo, privilegiando siempre la protección de la actividad aérea.

Los certificados provisorios tendrán una vigencia máxima de 90 días corridos desde su emisión. Antes de su vencimiento, el interesado podrá solicitar una única prórroga por igual período, siempre que fundamente las razones que impiden completar la documentación requerida. En caso de no regularizar la situación dentro de esos plazos, la autorización caducará automáticamente.

Como parte del nuevo esquema, la ANAC también instruyó a sus dependencias técnicas a incorporar de oficio la documentación que ya obre en poder del Estado, evitando exigir nuevamente certificados de matrícula, aeronavegabilidad, licencias del personal aeronáutico, certificaciones médicas, antecedentes operativos, contratos de utilización de aeronaves u otra información disponible en bases oficiales. La disposición se apoya en el principio de eficiencia burocrática incorporado a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que prohíbe requerir al administrado documentación que ya se encuentre en poder de la Administración Pública.

Desde el punto de vista regulatorio, la resolución se inscribe en el relevamiento normativo dispuesto por el Decreto 90/2025, que ordenó revisar y eliminar normas consideradas redundantes o generadoras de sobrecostos para el sector productivo. También se articula con las modificaciones introducidas durante el último año para liberalizar el mercado aerocomercial, fortalecer el gobierno digital y agilizar los procedimientos administrativos.

Para la industria, el impacto potencial es significativo. La posibilidad de obtener habilitaciones provisorias reduce tiempos de espera para nuevas líneas aéreas, empresas de trabajo aéreo, centros de capacitación y talleres aeronáuticos, acelerando proyectos de inversión y ampliando la oferta de servicios sin resignar los controles técnicos que exige la seguridad operacional.

En un contexto en el que el Gobierno busca incrementar la competencia y mejorar la conectividad federal, la resolución procura equilibrar dos objetivos estratégicos: mantener los estándares internacionales de seguridad aérea y eliminar barreras administrativas que históricamente demoraban el ingreso de nuevos actores al mercado. El resultado esperado es un sistema regulatorio más ágil, apoyado en procesos digitales y con menor carga burocrática, capaz de responder con mayor rapidez al crecimiento de la actividad aeronáutica.

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Argentina inicia el reemplazo del histórico fusil FAL

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Después de casi seis décadas de servicio, el histórico Fusil Automático Liviano (FAL) comenzó a recorrer el tramo final de una trayectoria que lo convirtió en uno de los símbolos del equipamiento militar argentino.

El Ministerio de Defensa firmó con su par de Israel el contrato para la adquisición de los primeros fusiles ARAD, fabricados por la empresa Israel Weapon Industries (IWI), en una operación que constituye uno de los principales programas de modernización del armamento individual de las Fuerzas Armadas en los últimos años

El acuerdo, cerrado el 28 de junio bajo la modalidad de cooperación entre Estados, contempla una primera entrega de 700 fusiles ARAD 7, acompañados por 167 dispositivos de fogueo y diversos accesorios, por un monto cercano a 1,73 millones de dólares.

Según la documentación difundida por TN y replicada por distintos medios, el envío podría concretarse en las próximas semanas, marcando el comienzo formal del reemplazo progresivo de los FAL actualmente en servicio.

El contrato establece además una ventana de ejecución de tres años durante la cual la Argentina podrá ampliar las adquisiciones hasta un monto total de 12 millones de dólares. Esto permitirá incorporar tanto la versión ARAD 7, calibre 7,62 mm, como la ARAD 5, calibre 5,56 mm, según las necesidades operativas de cada fuerza.

La decisión forma parte de un programa más amplio financiado a través del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y enmarcado dentro de los objetivos del Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL), orientado a recuperar y modernizar capacidades consideradas estratégicas para el instrumento militar argentino.

Contrariamente a lo que podría suponerse, el proyecto no se limita únicamente al reemplazo del FAL. De acuerdo con información difundida por especialistas en defensa y medios sectoriales, la iniciativa contempla una modernización integral del armamento portátil, incluyendo futuras adquisiciones de pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, sistemas ópticos y municiones para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El camino hacia esta decisión comenzó durante 2024. Según publicaciones especializadas, el Estado Mayor Conjunto inició reuniones técnicas con representantes de empresas internacionales para evaluar alternativas disponibles en el mercado. Entre los candidatos analizados figuraban distintos sistemas de armas, aunque el ARAD israelí fue consolidándose como una de las opciones con mejores resultados en las pruebas técnicas y operativas realizadas posteriormente.

Durante ese proceso, delegaciones argentinas viajaron a Israel para conocer las capacidades de los sistemas desarrollados por IWI y otros fabricantes. Posteriormente, equipos conjuntos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea realizaron evaluaciones técnico-operacionales cuyos resultados fueron incorporados al análisis final elevado al Ministerio de Defensa.

La selección del ARAD representa un cambio significativo para las Fuerzas Armadas. El FAL, desarrollado originalmente por la firma belga FN Herstal, comenzó a equipar a las tropas argentinas durante la década de 1960 y participó en prácticamente todos los despliegues militares relevantes del país, incluyendo la Guerra de Malvinas.

La incorporación de los primeros lotes no implicará una sustitución inmediata de todo el parque de FAL existentes. Por el contrario, se trata de un proceso gradual que demandará varios años y que comenzará con la distribución inicial entre las distintas fuerzas para realizar verificaciones operativas, pruebas de desempeño y adaptación doctrinaria. Solo después de esa etapa se avanzará en una incorporación más amplia.

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