EL MUNDO

Después de una primera vuelta ajustada, Ecuador elige al sucesor de Rafael Correa

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QUITO, New York Times — A las cinco de la tarde del 19 de febrero de 2017, en Ecuador se anunciaron dos victorias electorales. En una, Lenín Moreno, el candidato presidencial por el partido oficialista Alianza País se declaraba el nuevo presidente de Ecuador. Según la encuesta a boca de urna de la consultora Opinión Pública —difundida por Ecuador TV, el canal estatal de televisión— Moreno, exvicepresidente de Correa, había obtenido más del cuarenta por ciento de los votos válidos y una ventaja de más de diez puntos sobre el segundo candidato más votado, el opositor Guillermo Lasso. Según la ley ecuatoriana, ese margen de votos le daba la presidencia sin necesidad de un balotaje. “Hemos ganado las elecciones en justa ley”, dijo Lenín Moreno.

A la misma hora, pero más de cuatrocientos kilómetros al sur, en Guayaquil, Lasso daba como cierta la información de la encuestadora Cedatos: según sus números, Moreno no llegaba a la meta del cuarenta por ciento y Lasso lo seguía nueve puntos detrás. “Más del 60 por ciento de los ecuatorianos le dijo No al gobierno, ellos quieren un cambio”, dijo Lasso, y anticipó que, con el paso de las horas, la diferencia de votos se iba a reducir, confirmando la segunda vuelta.

Hace diez años que el Ecuador no va a una segunda vuelta como lo hará este domingo 2 de abril de 2017. La última fue en noviembre de 2006, cuando Rafael Correa derrotó al excéntrico magnate bananero Álvaro Noboa. Desde entonces, el país había vuelto a votar dos veces más por presidente (en 2009 y 2013) y en ambas ocasiones, Correa ganó en la primera ronda.

La tensión callejera, los gritos de fraude de lado y lado y los rumores sobre descontentos militares que se reprodujeron en los días posteriores a la primera vuelta, eran un síntoma de la fragmentación que ha sufrido el país desde siempre, y que se profundizaron durante la década de gobierno de Correa.

Recién la noche del 22 de febrero, Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció oficial y solemnemente que habría una segunda vuelta. Horas antes, en un encuentro con medios internacionales, Correa reconoció que su partido había quedado “a medio punto de ganar en primera vuelta” y dijo que contemplaba la posibilidad de que su partido —que tendrá una apretada mayoría en el congreso— aplicara el mecanismo legal de muerte cruzada (un recurso constitucional que le permite tanto al presidente como a la asamblea cesar al otro en sus funciones con la obligación de convocar a elecciones presidenciales y legislativas). Su anuncio tuvo tono de amenaza: “La mejor forma de tenerme lejos un tiempo es que se porten bien. Si se portan mal nos vemos en un año y los volvemos a derrotar”.

El 10 de marzo de 2017 arrancó oficialmente la campaña que terminará en la elección del 2 de abril de 2017. Muy pronto el país se partió entre quienes votarán por Lasso por convicción o por salir del correísmo, y quienes creen que Moreno permitirá ampliar la oferta de servicios sociales e infraestructura que le dio alta popularidad al gobierno de Alianza País.

La caída sostenida de los precios del petróleo desde 2015, la apreciación del dólar —que Ecuador usa como moneda propia y que no puede devaluar— han puesto al Ecuador en una crisis económica que causó la pérdida de casi 350 mil empleos en un año. Sumada a los efectos del terremoto de 7,8 grados de intensidad que destrozó pueblos enteros en las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas en abril de 2016, los casos de corrupción en Petroecuador —la compañía estatal petrolera—, la denuncia de que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado sobornos a funcionarios ecuatorianos entre 2007 y 2016, y sin su mejor carta electoral —el presidente Correa— la permanencia en el poder de Alianza País parece, por primera vez desde su ascenso, en riesgo.

Cedatos, la consultora que atinó el pronóstico de que habría una segunda vuelta, publicó el 21 de marzo su más reciente encuesta: Moreno aventaja a Lasso 52,4 por ciento a 47,6 por ciento. Hay un margen de error del 3,4 por ciento en esa medición. Es un empate técnico que otras firmas corroboran, aunque unas pocas como Opinión Pública —la misma que anunció que no habría balotaje— dicen que Moreno adelanta a Lasso con más de catorce puntos.

La elección del domingo 2 de abril cerrará una campaña que ha sido descarnada y que en los últimos días tuvo un incidente de violencia: el 28 de marzo, cuando salía del estadio Olímpico Atahualpa de Quito, después de ver el partido de las eliminatorias al mundial de Rusia 2018 entre Ecuador y Colombia, una turba recibió a Guillermo Lasso y su esposa, María de Lourdes Alcívar, afuera del estadio. Primero lo abuchearon y después le lanzaron las vuvuzelas que habían llevado. Lenín Moreno rechazó la violencia, pero el candidato a Vicepresidente de Alianza País, Jorge Glas, dijo que podía haberse tratado de un autoatentado para victimizarse. La declaración sigue la tónica general de una competencia de entradas desleales, de insultos y amenazas.

El último tramo de la carrera electoral de 2017 se ha parecido más a una pelea de vida o muerte que a un proceso democrático. Para muchos en Ecuador es, más que elegir un presidente, una manera de recuperar la democracia de las manos de un gobierno autoritario y corrupto. Para otros es la batalla por evitar el regreso al poder de las élites que causaron el feriado bancario, la mayor crisis económica y social de la historia del Ecuador, y de la que acusan a Guillermo Lasso de ser parte.

La realidad es que, pase lo que pase el 2 de abril, al día siguiente el Ecuador seguirá ahí, con los desafíos intactos. Podría ser un momento propicio para que —gane quien gane— el país aproveche el fin de la hegemónica presencia de Rafael Correa en el debate público para intentar una reconciliación que hoy —a pocas horas de votar por su sucesor— parece lejana.

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El Tribunal Supremo de Venezuela disolvió el Parlamento

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela -controlado por el chavismo- emitió anoche una sentencia en la que declaró nulas todas las facultades de la Asamblea Nacional (AN), con mayoría opositora, y asumió la función legislativa. Ante esta situación, el parlamento venezolano se declaró este jueves (30/03) en rebelión y dijo que desconocerá los fallos del Tribunal. “Nicolás Maduro ha organizado un golpe en Venezuela”, declaró el presidente de la Asamblea, Julio Borges. En tanto, Perú anunció el retiro de su embajador en Caracas como medida de protesta ante el “flagrante quebrantamiento del orden democrático en ese país”.

Es grave la situación política que se vive por estas horas en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -máximo tribunal del país, controlado por el chavismo-, se adjudicara competencias legislativas Como reacción a esta sentencia, el parlamento venezolano se declaró este jueves (30/03) en rebelión y dijo que desconocerá los fallos del Tribunal. La oposición denuncia que hay un “Golpe de Estado”.

Ayer, el TSJ, que ya había anulado muchas acciones del Congreso desde que pasó a ser controlado por la oposición a inicios del 2016, dictaminó expresamente que su sala constitucional abarcará el rol de los diputados.

“Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por esta Sala o por el órgano que ella disponga“, indicó la sentencia fechada el miércoles 29/03.

En su primera medida bajo esta nueva prerrogativa, el TSJ autorizó al presidente Nicolás Maduro crear empresas mixtas en el área petrolera, invalidando el procedimiento constitucional que establece que deben ser aprobadas por el Congreso.

“Este parlamento se rebela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional“, dijo hoy el presidente del legislativo, Julio Borges, rompiendo un ejemplar de la sentencia frente a los periodistas. “Esta Asamblea Nacional desconoce al TSJ, ellos se escogieron a ellos mismos, a nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos“, agregó.

Por su parte, el líder de la oposición y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, pidió desde Bogotá que la comunidad internacional fije una posición sobre el hecho.

“¿Qué más pruebas necesita la comunidad internacional para terminar de fijar posición unánime y firme de que en Venezuela hay una dictadura?“, se preguntó Capriles.

“Si hoy no hacemos nada por salvar la democracia en Venezuela, mañana tendremos una situación en Colombia y pasado mañana en otro país de la región y así va en cadena”, agregó.

El TSJ sostiene que las decisiones de la Asamblea Nacional son nulas por estar en “desacato” al no haber apartado a tres diputados acusados de comprar votos en las elecciones parlamentarias de fines del 2015.

Pese a que los tres diputados no están ejerciendo funciones por decisión de la propia Asamblea, el TSJ sigue manteniendo su posición, lo cual ha llevado a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a acusar al máximo tribunal de cercenar el parlamento para favorecer al Gobierno.

Diversos miembros de la oposición compararon el episodio con el “fujimorazo“, como se conoce a la disolución del parlamento perpetrada en 1992 por el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien, a partir de allí, gobernó con mano dura.

De hecho, en la primera reacción internacional, Perú anunció el retiro de su embajador en Caracas como medida de protesta.

“La decisión adoptada (…) que otorga al Presidente de Venezuela facultades que corresponden constitucionalmente a otros poderes del Estado, es un flagrante quebrantamiento del orden democrático en ese país”, dijo la cancillería peruana en un comunicado, en la primera reacción de un país latinoamericano.

“Frente a la gravedad de estos hechos, el Gobierno del Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su Embajador en la República Bolivariana de Venezuela”, agregó.

El presidente peruano Pedro Kuczynski, quien ha sido muy crítico de la situación venezolana, condenó también la decisión por Twitter: “América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela”.

La cancillería dijo que ha iniciado consultas con países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que adopten medidas por la situación en Venezuela con la mayor urgencia. “Dicha ruptura es incompatible con las normas del sistema interamericano“, agregó.

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El mandato de Temer quedó en manos de la justicia electoral

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El mandato del presidente de Brasil, Michel Temer, quedó hoy en manos del Tribunal Superior Electoral, que debe evaluar si hubo irregularidades o delitos de corrupción en la financiación de la campaña vencedora de Dilma Rousseff en 2014, de la que fue vicepresidente y ahora busca ser juzgado en forma separada para evitar ser destituido en caso de condena.

Este proceso ante la justicia electoral pone nuevamente a Brasil dentro de la inestabilidad institucional, a menos de un año de la destitución de Rousseff como presidenta vía un juicio político que es calificado por la oposición a Temer como un “golpe parlamentario” dado que el Congreso la desplazó del poder bajo un cargo menor: irregularidades contables en el presupuesto.

“Este proceso puede terminar en una elección indirecta de un nuevo presidente por parte del Congreso, en caso de que Temer sea destituido, aunque preveo que los plazos no serán cortos”, dijo a Télam el abogado Fernando Neiffer, presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Instituto de Abogados de San Pablo (IASP).

Lo cierto es que una nueva batalla política guiada por la delación de los ejecutivos de Odebrecht se trabará en la justicia electoral, luego de que el instructor del caso, el juez Herman Benjamin, entregara su informe luego de recolectar las pruebas en el proceso.

Todo está dominado por la declaración que dieron al máximo tribunal electoral los ex ejecutivos de la constructora Odebrecht, uno de los cuales, Claudio Melo Filho, acusó a Temer de pedirle tres millones de dólares en 2014 para su fuerza, el Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil (PMDB), distribuidos en efectivo y en forma ilegal.

Pero también Marcelo Odebrecht, heredero del imperio de la ingeniería condenado a 19 años de prisión que en diciembre podrá quedar libre debido a su delación premiada, dijo que Rousseff “sabía” que él le pagaba ilegalmente en paraísos fiscales en el exterior a su publicista de campaña, Joao Santana.

Sin embargo, el empresario “arrepentido” admitió que nunca habló con Rousseff sobre ese asunto.

Rousseff y Temer pidieron anular las declaraciones de Odebrecht porque forman parte de la Operación Lava Jato y de un acuerdo de delación premiada.

El pedido de esta investigación fue realizado por el candidato derrotado por Rousseff en 2014, Aecio Neves, senador y presidente del Supremo Tribunal Federal (STF).

Como una paradoja de esta crisis que se parece a un juego de matrioshkas, las muñecas rusas que se van sucediendo una dentro de otra, Neves se alió a Temer en 2016 y formaron un programa de gobierno y una fuerza parlamentaria que retiró a Rousseff del poder.

A esta acusación de Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Rousseff la calificó de “golpe dentro del golpe”.
Es que Neves pidió ayer que sean separados los procesos de Temer y de Rousseff.

“Es algo muy difícil que eso ocurra, desafía a toda la jurisprudencia, pero todo dependerá de la visión de los miembros del tribunal electoral. Personalmente no creo que todas las apelaciones, sea como sea el resultado, terminen resueltas antes de las elecciones de 2018”, comentó el abogado Neiffer a Télam.

En caso de que Rousseff y Temer sean condenados, estarán inhabilitados para cargos públicos por 8 años.

El gran protagonista de todo este asunto es una de las figuras más polémicas del llamado “Mundo Brasilia”, el presidente del tribunal electoral, Gilmar Mendes, también integrante de la corte suprema y asiduo visitante a cenas y almuerzos al Palacio del Jaburú, la residencia de Temer en Brasilia.

Mendes fue abogado del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y es tal vez el juez más poderoso del país, al punto que varios columnistas de los principales diarios han considerado el domingo pasado que el magistrado es un candidato para ser electo en forma indirecta por el Congreso como presidente en caso de una condena rápida de Temer.

El Tribunal Superior Electoral está compuesto por siete jueces, tres del STF, dos miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y otros tantos abogados elegidos por el presidente de la República.

A los dos abogados actuales se les vence el mandato en mayo y Temer debe nombrar a otros dos, con lo cual su situación contaría con cierta ventaja.

Para acelerar los tiempos, el presidente del tribunal, Mendes, dijo que convocará a sesiones extraordinarias para terminar la sesión.
Según la Constitución, si el vacío en el Poder Ejecutivo se da en los dos últimos años del mandato (el actual terminar el 31 de diciembre de 2018), el reemplazo es mediante una elección indirecta en el Congreso, ampliamente dominado por la alianza PMDB-PSDB de Temer y Aecio Neves.

De acuerdo a filtraciones a la prensa, el instructor del caso se inclina por la condena contra la fórmula Rousseff-Temer por abuso de poder económico.

El recaudador de la campaña de Rousseff, Edinho Silva, alcalde de la ciudad paulista de Araraquara, negó que hayan existido pagos de caja dos a la campaña de Rousseff ya que hubo un pago de 70 millones de reales (unos 22 millones de dólares) al publicista Santana.

Odebrecht dijo que le pagó dinero directamente a Santana en cuentas en el exterior supuestamente en nombre del Partido de los Trabajadores (PT) para abonar gastos de campañas, un argumento que rechaza Rousseff.

“La pelota está en manos de Gilmar Mendes, que podrá llevarla al punto del penal o tirarla a la tribuna. El está acusado de ser cercano al gobierno de Temer. Sobre dividir la fórmula presidencial Rousseff-Temer, será algo exótico: los votos de Dilma sirvieron para elegir a Temer pero dejarán de valer para destituirlo”, apuntó el columnista Bernardo Mello Franco, de Folha de Sao Paulo.

 
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Londres envió la carta que inicia su salida de la Unión Europea

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Nueve meses han pasado desde que los ciudadanos de Reino Unido votaran a favor de abandonar la Unión Europea. Hoy 29/03/2017, camino de que el referéndum que aprobó el Brexit cumpla 1 año, la primera ministra de las islas británicas, Theresa May, ha firmado el divorcio con el Viejo Continente. Ahora llega lo más difícil, determinar lo que se puede y lo que no se puede negociar, y lo más complicado, cerrar miles de acuerdos y aprobar otros tantos nuevos.

El bloque comunitario recibió el pedido formal para activar el artículo 50 que da comienzo a las negociaciones para la salida de Londres.

La Unión Europea (UE) recibió hoy a las 13.20 hora local (8.20 de Argentina) la carta de Londres que pone en marcha el proceso de salida de Reino Unido del bloque europeo, anunció el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, a través de su cuenta en Twitter.

“Después de nueve meses, el Reino Unido ha cumplido”, dijo Tusk, quien subió una fotografía en la que se le veía junto con el embajador británico ante la UE, Tim Barrow, haciéndole entrega de la carta.

Tusk acompaña la imagen con la frase “la carta del artículo 50”, en referencia al artículo del Tratado de Lisboa que establece las negociaciones sobre la salida de un país comunitario.

La misiva fue entregada a la vez que la primera ministra británica, Theresa May, se dirigía al Parlamento británico para informar a los diputados de la notificación a la UE de la voluntad de su país de salir del bloque.

Reino Unido quedará fuera de la Unión en el plazo de dos años, salvo que los Veintisiete acuerden de manera unánime continuar con las conversaciones, o si el Reino Unido se echa para atrás en ese plazo de 24 meses.

Se espera que en 48 horas a partir de este miércoles, probablemente el viernes, Tusk haga público un borrador de “directrices negociadoras”, que tendrán en cuenta el contenido y las intenciones expresadas en la carta británica.

En las semanas posteriores ese documento será debatido a diferentes niveles (en reuniones de expertos, sherpas y ministros), indicaron a la agencia EFE fuentes europeas.

Los líderes de los Veintisiete adoptarán las directrices que fijarán los principios básicos de las negociaciones en una cumbre extraordinaria que tendrá lugar el próximo 29 de abril.

¿Qué significa realmente el Brexit?

Reino Unido está en el proceso de salida del bloque d e 28 países al que se adhirió en 1973. Inicialmente concebida como una zona de libre comercio -que hoy en día ampara a 500 millones de consumidores- la UE es, a ojos de muchos británicos, pura burocracia, una comunidad alejada de la realidad, demasiado cara y un obstáculo para el control de la inmigración. Cabe recordar que la libre circulación de los ciudadanos es un principio básico de la legislación de la UE.

> ¿Cómo funciona el proceso de salida?

El artículo 50 del Tratado de Lisboa, documento guía de la UE, detalla y define cómo un país debe abandonar el bloque comunitario. El caso es que nunca se ha activado y se supone que todo está explicado en tan solo 260 palabras. Lo que se sabe a ciencia cierta es que al país se le da hasta dos años para negociar “su futura relación con la Unión Europea”.

> ¿Existe una factura?

La UE dice que sí. Barnier ha indicado que quiere que los británicos cumplan con todos los compromisos presupuestarios ya acordados. Juncker calcula que la suma en cuestión es de unos 50.000 millones de libras esterlinas (58.000 millones de euros). En el otro extremo se encuentra el secretario de Comercio británico, Liam Fox, quien rechazó la idea de la factura calificándola de “absurda” y el secretario para el Brexit, David Davis, quien dijo que la cantidad final no tendrá “nada que ver” con las cifras de las que se habla.

Parte de la Cámara de los Lores también cuestionó si el Reino Unido está bajo ninguna obligación legal de pagar. Sin embargo, funcionarios de la UE dicen que no van a discutir el acuerdo comercial que quiere May hasta haber resuelto el problema de la factura, incluso parecen dispuestos a for zar la situación frente a la Corte Internacional de Justicia. Así pues, May podría verse forzada a pagar algo, aunque extender un gran cheque atraería sin duda la ira de su país.

> ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo?

Reino Unido saldrá de la UE en 2 años, independientemente de si se ha llegado a un nuevo acuerdo comercial.En ese caso, las ‘diferencias’ pueden acabar en los tribunales y el comercio entre las islas y el Viejo Continente estará expuesto a las tarifas de la Organización Mundial del Comercio, después de décadas de comercio libre de impuestos.

Davis dice que esto es un “escenario poco probable” y no “aterrador. Pero Gran Bretaña debe prepararse para cualquier escenario”, entiende, aunque reconoce que a día de hoy el Gobierno de May no ha analizado las consecuencias económicas. John Kerr, el diplomático que redactó el artículo 50, calcula la posibilidad de una ruptura de las conversaciones en más del 30%. Las empresas temen llegar al “borde del acantilado” (la salida de Reino Unido con aranceles y sin certeza sobre el futuro). Mientras tanto, May repite una y otra vez que ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo.

 

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Otro golpe parlamentario en Paraguay: fuerzan enmienda para aprobar reelección

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Según reportaron medios colegas, el senador Velázquez desde su puesto en la Cámara Alta, como vicepresidente segundo, hizo el llamado a sesión extraordinaria para modificar el reglamento interno.

Según un reporte los Senadores que buscan el cambio salieron de la sala de sesiones para obtener el dictamen de comisiones y llevar adelante el debate en la sala bicameral del Congreso Nacional.

Lo que buscan los senadores consiste en que el presidente del Congreso no logre “cajonear” el proyecto de enmienda, además desean que algunas mociones no requieran dos tercios (30 votos), sino mayoría absoluta (23 votos).

El senador Eduardo Petta dijo a los medios es que la situación no fue válida ya que estaban presentes el presidente del Senado, el liberal Roberto Acevedo, y el vicepresidente segundo, Eduardo Petta.

Mediante el cambio del reglamento buscan dar vía libre al proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial.

En la residencia presidencial estuvieron siguiendo de cerca la tensión del Congreso. El cartismo busca cerrar la jugada y llegar hasta las últimas consecuencias con el plan de enmienda para la reelección.

Durante todo el tiempo en que los legisladores oficialistas se pulsearon ayer con la oposición en el Congreso, el presidente Horacio Cartes y su equipo de asesores se pasaron monitoreando paso a paso los acontecimientos desde Mburuvicha Róga.

Hubo intensas llamadas y tratativas para encaminar el tema, pese a todos los cuestionamientos que surgieron sobre el intento de forzar la sesión para llevar adelante el proyecto de enmienda.

Hubo nulo movimiento desde tempranas horas de la mañana en la residencia presidencial. Cartes solamente tuvo una reunión oficial con un equipo de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería para tratar el tema de la carne. Estuvieron por la residencia los ministros Juan Carlos Baruja (Agricultura y Ganadería) y Antonio Barrios (Salud Pública). Ninguno dio declaración oficial.

Los principales operadores desde el Senado, Lilian Samaniego y Juan Darío Monges, mantuvieron al tanto de las negociaciones principalmente a los asesores políticos Darío Filártiga, Arnaldo Franco y Basilio Núñez.

Un colaborar cercano de Cartes aseguró que se juegan al todo o nada y que llegarán hasta conseguir aprobar la enmienda, necesaria para plantear la reelección para las elecciones de 2018.

El que se borró durante la confrontación política en el Senado fue el Fernando Lugo. Sus aliados solamente señalaron que se mantiene en su posición de no apoyar la enmienda. Sin embargo, será uno de los principales beneficiados ya que una vez aprobado el plan iniciará su campaña para competir contra Cartes.

Desde el oficialismo aseguran que ya tienen el paso asegurado para aprobar la enmienda y que hay conversaciones avanzadas con la Justicia Electoral para impulsar el referéndum.

La idea de los cartistas y sus aliados es que puedan realizar el referéndum a más tardar entre mayo y junio, para arrancar luego con las internas.

Desde el cartismo indican que ya tienen armada la lista de senadores de Honor Colorado y que la lealtad de muchos en el Congreso es una señal de que ya tienen asegurado su espacio, como Lilian Samaniego, quien nuevamente quiere ocupar uno de los primeros lugares.

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