EL PAIS

Por el registro de los DEGs, el resultado fiscal fue superavitario en septiembre

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Un análisis de Ecolatina sobre las finanzas públicas

¿Cómo fue el desempeño fiscal en septiembre?

En el noveno mes del año, el Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) mostró un superávit primario de ARS 290.000 M (0,7% del PBI). Este saldo positivo se debió enteramente al ingreso de la transferencia de DEGs del FMI que se registró como un recurso corriente (sobre la línea). El monto de dicha transferencia fue de casi ARS 430.000 M (1,0% del Producto). Así, el superávit financiero rozó los ARS 240.000 M (0,5% del PBI). Sin registrar este ingreso, el déficit primario habría sido de ARS 136.000 M (-0,3% del PBI).

Con estos datos, considerando un monto elevado de ingresos extraordinarios (los mencionados DEGs y el aporte de una única vez de las grandes fortunas), el resultado fiscal muestra una importante mejoría en lo que va del año. El saldo primario acumulado asciende a un déficit de 0,3% del Producto y el financiero (que considera el pago de intereses de la deuda) es de un rojo de 1,4% del PBI.  De este modo, la reducción en comparación con igual lapso del año pasado es de 4,4 p.p. y 4,9 p.p. del Producto, respectivamente. Sin considerar los recursos extraordinarios la mejoría se mantiene, ya que habría sido de 3,0 p.p. y 3,4 p.p., respectivamente.

¿Qué explicó esta evolución?

Más allá de los ingresos extraordinarios, que distorsionan la dinámica fiscal de septiembre, se observó una reducción de los gastos primarios en términos reales en el mes, principalmente por la elevada base de comparación. Las erogaciones habían roto una racha de cinco meses consecutivos en terreno negativo en agosto, cuando los gastos primarios treparon 10% i.a. real. Sin embargo, en septiembre volvieron a descender en términos reales en comparación con igual mes del año pasado, acumulando una contracción real de 6% en lo que va del año.

Parte de la diferencia con el mes previo podría explicarse por la base de comparación en dos rubros centrales: prestaciones sociales (-18% i.a. real) y subsidios económicos (0% real).

En el primer caso, se observó una reducción en las erogaciones relacionadas con las prestaciones que ajustan por la fórmula de movilidad, ya que la misma mostró una caída real de 6,2% i.a., producto de la dinámica de la inflación. Asimismo, en igual mes de 2020 los pagos relacionados con el IFE y el ATP habían sumado cerca de $ 71.500 millones.En segundo lugar, los subsidios económicos se ubicaron en un nivel similar al promedio de los últimos tres meses, pero en septiembre de 2020 habían mostrado el mayor nivel del año.Excluyendo subsidios y prestaciones sociales (70% del gasto primario), el resto de las erogaciones mostró un incremento real de 16% i.a.

De esta forma, el gasto corriente primario mostró una caída de -7% i.a. en téminos reales, mientras que el gasto de capital creció 6% deflactado. Las transferencias no automáticas a las provincias fueron 6% menores en términos reales a las de igual mes del año pasado, mientras que los gastos de funcionamiento treparon 26% i.a. real, impulsados por la recuperación de la masa salarial del sector público y el impacto del pago de bonos realizados al personal de la Salud.

Por el lado de los recursos, la suba de 71% i.a. real está muy distorsionada por los DEGs y el aporte de las grandes fortunas (algo menos de ARS 20.000 M en el mes). En cualquier caso, si se descontaran estos ingresos, la evolución seguiría siendo favorable, ya que el avance habría sido de 6% i.a. real. por el mayor nivel de actividad que impulsó la recaudación de derechos de importación, IVA, créditos y débitos y ganancias (todos estos treparon entre 18% y 25% i.a. descontando el avance de los precios). Así, los ingresos -sin extraordinarios- fueron 4% mayores que los de septiembre de 2019 y apenas 1% inferiores a los del mismo mes de 2018.

¿Qué esperamos para lo que viene?

A pesar de que el resultado electoral desfavorable para el oficialismo gatilló el anuncio de varias políticas para fortalecer los ingresos de las familias, por el momento esto no tuvo un correlato muy relevante en los números fiscales. Algunos de los anuncios finalmente no se implementaron (cuarta ronda de IFE), mientras que otros implican un desembolso fiscal menor (bono a beneficiarios del progresar). Por otra parte, se está recurriendo a herramientas sin costo para el fisco, como el congelamiento de precios recientemente anunciado. Así, con la información disponible al momento, podemos esperar que el incremento del déficit sea inferior al calculado inicialmente.

De esta manera, esperamos que el déficit sea mayor en el último trimestre del año, tanto por motivos estacionales (se paga aguinaldos a empleados públicos y jubilados) como políticos (por la implementación de algunos programas para reactivar la actividad). Sin embargo, difícilmente este desbalance pueda ser mayor a 2% del Producto en dicho lapso. De esta manera, esperamos que el rojo primario anual rondaría el 2,4% del PBI en 2021 (3,4% si incluyéramos los DEGs).

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Fallo historico sobre la obligación de las empresas de implementar guarderías y salas maternales

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Es la primera vez en la historia que la Corte Suprema sanciona al Poder Ejecutivo por una omisión reglamentaria. Una omisión que atraviesa a todos los gobiernos y que ya lleva 47 años.

La Universidad Austral fue clave en el fallo de la Corte, ya que quienes hicieron la demanda son alumnos de la Clínica Jurídica de esta Universidad.

Tras más de 6 años de disputas judiciales, hoy 21 de octubre la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia que obliga al Poder Ejecutivo a fijar la cantidad de trabajadoras y trabajadores a partir de la cual las empresas deberán implementar guarderías para sus hijos pequeños. El fallo “Etcheverry y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986” busca poner en práctica la última parte del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, sancionada en 1974, que no fue reglamentada en 47 años, que dispone que el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías, dejando a la reglamentación fijar el número mínimo de trabajadoras necesarios para que los establecimientos estén obligados. Es la primera vez en la historia que la Corte Suprema sanciona al Poder Ejecutivo por una omisión reglamentaria.

La presentación de este caso fue realizada por alumnos de Abogacía de la Clínica Jurídica de la Universidad Austral. La Clínica Jurídica es un espacio curricular dentro de la carrera de Abogacía en el que los alumnos “aprenden haciendo”, proponiendo y llevando casos de interés público o asesorando jurídicamente de forma gratuita a personas sin recursos. “Así, los alumnos trabajan sobre casos reales. Esto les permite brindar un servicio directo a la comunidad, al tiempo que los capacita en habilidades profesionales prácticas y los forma en valores como el servicio y la solidaridad”, explicaron los profesores Julio Pablo Comadira y Juan Bautista Etcheverry, quienes coordinan la Clínica Jurídica.

En 2015, ante la falta de reglamentación de la Ley y, por lo tanto, el no reconocimiento del derecho de las trabajadoras y trabajadores a tener una guardería, los alumnos de la Clínica Jurídica Austral redactaron una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, presentada en septiembre de ese año. Los actores en la demanda fueron el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), el mismo Profesor Juan Bautista Etcheverry y Ximena Liggerini, esposa de Julio Pablo Comadira, y solicitaban que se proceda a la reglamentación.

Luego de una discusión sobre la competencia del caso, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que el expediente quede en ese ámbito. En primera instancia, el amparo fue rechazado, porque se argumentó que no se acreditaba suficientemente el carácter de urgente.

Ante esta decisión, los alumnos apelaron la sentencia. El 14 de febrero de 2017, la Cámara falló a favor de la presentación de los estudiantes de la Clínica Jurídica Austral y condenó al Poder Ejecutivo Nacional a reglamentar el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero El 10 de marzo de ese año, el Poder Ejecutivo (a través de la oficina legal del Ministerio de Trabajo), presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

Apenas unos días más tarde, los alumnos –siempre acompañados por sus docentes– contestaron el recurso extraordinario. Hoy, en un proceso donde trabajaron varias camadas de estudiantes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación les ha dado la razón a la Clínica Jurídica Austral en decisión unánime, con mayoría de los ministros Highton de Nolasco y Rosenkrantz y votos concurrentes de Maqueda y Lorenzetti, por un lado, y Rossati, por su voto.

La decisión implica muchas cosas: desde lo jurídico, es un leading case en varios puntos, incluyendo ser el primer caso de declaración de inconstitucionalidad por omisión de reglamentacion del PEN a una ley del Congreso; desde lo social, tendrá un fuerte impacto en materia de políticas públicas e igualdad de derechos de las mujeres trabajadoras al facilitarles su acceso al trabajo combinado con el cuidado de sus hijos e hijas, así como el reconocimiento de que los trabajadores varones también merecen la prestación de guaderías, e implica también un gran avance en el derecho de los niños y niñas, que podrán ahora estar cerca de sus padres.

Esta iniciativa se suma a otras acciones exitosas de la Clínica Jurídica Austral, entre las que se destacan el formulario de denuncia ante irregularidades durante las elecciones “Amparo electoral” y el sistema de “Consultas legales gratuitas on line”, en el marco de la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

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Convenio entre Banco Central y Conicet para el desarrollo de proyectos de investigación

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El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, y la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana María Franchi, firmaron un convenio para la convocatoria, identificación, gestión y financiamiento de proyectos de investigación. También firmó la presidenta de la Fundación INNOVA-T, Isabel Mac Donald.

Durante el acto, que se realizó en la sede del BCRA, Pesce resaltó la importancia del acuerdo, que permite potenciar la investigación en áreas de interés para la institución. “El Banco Central tiene un compromiso con la investigación científica desde su creación; tenemos una revista de ensayos económicos que ya es tradicional, tenemos las Jornadas sobre temas económicos, monetarios y bancarios que también es una tradición en la región”, afirmó Pesce, y añadió: “Con este acuerdo lo que estamos buscando es integrar al Banco Central al aparato científico tecnológico del Estado, orientando los elementos de investigación y financiando aquellos temas que son de interés para el propio Banco Central”.

Por su parte, la presidenta del CONICET valoró las oportunidades que brinda este acuerdo. “Este convenio nos permite financiar grupos de investigación en temáticas especificas dentro de economía, un área bastante vacante dentro del CONICET, y esto también nos permitirá avanzar en futuros convenios para reforzar los grupos de investigaciones que tenemos”, señaló Franchi.

En el acto también estuvieron presentes el subgerente general de Investigaciones Económicas del BCRA, Germán Feldman, que estará a cargo, por parte del Banco, del desarrollo de este convenio; y la gerenta de Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET, Liliana Sacco.

Proyectos de investigación

El convenio establece que, en una primera instancia, se realizará una convocatoria preliminar a Ideas-Proyecto según las áreas y líneas de investigación que se establezcan, vinculadas con la finalidad y funciones del Banco Central. En los próximos días se estarán difundiendo las bases de la convocatoria por este medio.

Se continuará luego con la presentación definitiva de proyectos, que tendrán una duración de dos años. Una Comisión Ad Hoc conformada por miembros propuestos por el BCRA y el CONICET, con representación federal y equidad de género, será la encargada de analizar los diferentes proyectos y de realizar un seguimiento del desarrollo de los mismos.

Los resultados de los proyectos de investigación se publicarán en la Revista Ensayos Económicos del BCRA, además de publicarse en otras revistas de interés científico.

La financiación de los proyectos la realizará el BCRA y la administración estará a cargo del CONICET, a través de la Fundación INNOVA-T

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Control de precios: Curitas en la inflación

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Escribe Federico De Cristo, profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales y del IAE Business School de la Universidad Austral – Las recientes medidas económicas impulsadas por el Gobierno para controlar los precios y frenar la inflación.¿Son estas medidas las adecuadas? ¿Cuánto podrían durar? ¿Será posible controlar la inflación? Todas las respuestas. 

  • La resolución 1050/2021 publicada ayer en el Boletín Oficial obliga a productores de 1430 productos de consumo masivo a retrotraer los precios de venta al 1 de octubre, y a mantenerlos hasta el próximo 7 de enero.
  • Dicha resolución fue publicada en el contexto de negociaciones que el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantiene con empresas y cámaras que las representan. Tras la publicación, se están reanudando las negociaciones, de modo que no se descarta que pueda haber algún cambio en la resolución publicada. 
  • La percepción de que los empresarios se cubrieron aumentando fuerte los precios en previsión a un congelamiento de precios explica la orden de retrotraer los precios a inicio de mes. La percepción de que los empresarios buscan exagerados márgenes de ganancia explica la medida del congelamiento para contener el aumento de los márgenes.
  • La duración de la medida se explica por la coyuntura electoral y el fin de año. Por un lado, se intenta contener o anular las consecuencias indeseables de medidas que se fueron tomando durante los dos últimos años y crear un poco de estabilidad para minimizar las bancas que se perderán en el Congreso tras las elecciones de noviembre. Por otro lado, se intenta prolongar dicha estabilidad hasta después de las fiestas para no dar excusas que pudieran justificar protestas y disturbios hacia fin de año.
  • Las medidas que se han tomado para combatir la inflación responden a una visión particular del fenómeno inflacionario. En la realidad uno observa un conjunto de variables que se mueven en la misma dirección, pero esa correlación no permite determinar causalidad. La causalidad es difícil de demostrar y responde a la construcción teórica que explica el fenómeno. En una magistral monografía de 1986 titulada “Tres ensayos sobre inflación y política de estabilización” (CEPAL), Daniel Heymann describe con mucha claridad las teorías que explican las causas últimas de la inflación. Las medidas de política económica que se toman para combatir la inflación responderán a la visión teórica que se tenga sobre el problema.
  • Por un lado, la visión monetarista postula que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario” (Friedman). Pero si bien la causa de la inflación es el exceso de emisión monetaria, reconoce que hay situaciones donde la causa última es el déficit fiscal financiado con emisión monetaria. El exceso de demanda que se genera por la política fiscal y monetaria expansivas serían los responsables del aumento de precios.
  • Los canales por los cuales podemos pasar de la emisión de dinero al aumento de precios son múltiples, pero hay dos más significativos. Por un lado, la emisión de dinero no demandado por el público para transacciones (lo que se precisa para ir al supermercado y otros gastos del mes, por ejemplo), reduce la tasa de interés e induce una salida de capitales que puede, bajo tipo de cambio fijo, reducir la oferta de dinero y las reservas internacionales. Pero, si el tipo de cambio es flexible o “administrado”, la mayor demanda de divisas por la dolarización de los ahorros aumentará el tipo de cambio y encarecerá los productos de importación y exportación (bienes transables). Por otro lado, las menores tasas inducirán al público a ahorrar menos y a tomar crédito para consumir en cuotas, aumentando la demanda y generando aumentos de precios cuando hay escasez de bienes.
  • Existen teorías alternativas para explicar el fenómeno inflacionario. Si se le pregunta a un productor porqué aumenta los precios, responderá que está trasladando a precios el aumento de costos, por ejemplo un aumento del costo salarial. Si se le pregunta al sindicato porqué pidió un aumento de salarios, responderá que quiere que le compensen la pérdida de poder adquisitivo que produjo la suba de precios de bienes y servicios en los últimos meses. ¿Quién empezó? Difícil saberlo… pero de la espiral de aumentos de precios y salarios se suele salir con un congelamiento o acuerdo de precios y salarios para coordinar dichos aumentos y frenar la espiral de crecientes ajustes (lo cual requiere cierto poder político), o bien con políticas contractivas (fiscal y monetaria) que generan desempleo y caída de la demanda, frenando las subas de precios y salarios con elevado costo social.
  • Esta visión de puja distributiva supone que el productor aumenta los precios para aumentar sus márgenes de ganancia y que los trabajadores luchan por mantener el poder adquisitivo del salario pidiendo aumentos que compensen la inflación pasada y, si las expectativas a futuro son muy negativas, adelantándose también a compensaciones por la inflación venidera. La aceleración de la inflación podría llevar a acortar el horizonte temporal de los ajustes (pasando de anuales a semestrales, trimestrales o mensuales) y acelerando la espiral de precios y salarios. Adicionalmente, el Gobierno se ve sometido a presiones para aumentar el gasto público (subsidios a las tarifas, rebajas impositivas, ajuste de jubilaciones, planes y salarios de empleados públicos) y si no tiene el margen político para frenar las presiones, el resultado puede ser un déficit fiscal creciente. Un congelamiento de precios responde a esta visión de la inflación, pero no debe ignorar la presión inflacionaria del déficit fiscal financiado con emisión y de la suba del tipo de cambio para evitar atraso cambiario.
  • Otra visión alternativa es la de la inflación estructural. Es posible que en la economía deba haber una recomposición de precios relativos, pero en un contexto de precios rígidos a la baja, el mecanismo para que se acomoden los precios relativos será la inflación. Algunos rubros aumentarán sus precios por debajo de la inflación y otros por encima, resultando en nuevos precios relativos. Típicamente, nos referimos a dólar y salarios, pero también a precios de transables (precios de importación y exportación) y no transables (servicios cuyo precio depende mayormente del costo de mano de obra). En Argentina podría pensarse en precios regulados y no regulados, siendo las tarifas uno de los rubros que más quedaron atrasados respecto del resto de los precios. Un ajuste de tarifas llevaría a un repunte inflacionario que resultará en un cambio en el precio relativo de los servicios públicos respecto del resto de los precios de la economía (otros bienes, tipo de cambio y salarios).
  • Sin embargo, estas medidas de congelamiento de precios, precios máximos, precios cuidados y otras variantes, no pueden ser consideradas un plan antiinflacionario. Para combatir la inflación hay que tomar un conjunto de medidas que incluyan converger al equilibrio fiscal y disminuir el ritmo de aumento de la cantidad de dinero y del tipo de cambio en un contexto de credibilidad política y económica. A modo de complemento, transitoriamente podrían utilizarse también medidas tales como congelamientos de precios y salarios.
  • Bajo una visión estructuralista y de puja distributiva, se buscaría mejorar la coordinación y contener la inflación haciendo política de ingresos, que suele incluir el compromiso de tres actores a fin de: los empresarios que se comprometen a mantener los precios dentro de determinado rango de aumento, los sindicatos se comprometen a contener las demandas salariales dentro de un rango similar, y el Gobierno que se compromete a administrar el crecimiento de los medios de pagos y el tipo de cambio dentro de un rango compatible con las metas fijadas. Obviamente, para que el compromiso del Gobierno sea sostenible y creíble, el déficit fiscal y el financiamiento deben estar alineados.
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Control de precios: AEA y la CAC rechazan las medidas; mientras Marolio aceptó el acuerdo

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Tras la nueva disposición del Gobierno en congelar los precios por 90 días, los empresarios argentinos dieron su negativa salvo un un puñado de empresas que cree una medida necesaria y justa. Entre ellos el dueño de Marolio.

La Asociación Empresaria Argentina aseguró en un comunicado que “la reciente resolución de la Secretaría de Comercio Interior respecto de la fijación de precios máximos es una medida muy negativa”

La poderosa Asociación Empresaria Argentina, la entidad que nuclea a los principales dueños de empresas del país, emitió un breve comunicado con una fuerte crítica a la medida del Gobierno de controlar de manera unilateral los precios de los alimentos y otros productos. La misma se impuso por una resolución de la secretaría de Comercio Interior a cargo de Roberto Feletti.

“La reciente resolución de la Secretaría de Comercio Interior respecto de la fijación de precios máximos es una medida muy negativa para el funcionamiento habitual de las empresas establecidas en nuestro país”, destacó la asociación empresaria que preside Jaime Campos.

“La experiencia de Argentina y mundial es muy elocuente en cuanto a que los congelamientos de precios no resuelven el problema de la inflación. Esta medida, al alterar significativamente la previsibilidad necesaria, desalienta la realización de inversiones productivas y la generación de nuevos empleos por parte del sector privado, que es el actor central del desarrollo económico y social”, agregaron.

AEA reúne a los accionistas y ejecutivos de las empresas más grandes del país. Entre sus vicepresidentes están Luis Pagani (Arcor), Héctor Magnetto (Clarín), Paolo Rocca (Techint), Cristiano Rattazzi (Fiat), Alfredo Coto (de la cadena homónima de supermercados), Carlos Miguens (Grupo Miguens), José Cartellone (Construcciones Civiles), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó) y Federico Beaun (La Anónima).

Otros miembros son Eduardo Elsztain (IRSA), Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Pablo Roemmers (Roemmers) y Luis Pérez Companc (Grupo Pérez Companc), entre otros.

En mayo de este año, la entidad había criticado al Gobierno por el cierre a la exportación de carne. A través de un comunicado titulado “Exportar es vital para crecer”, aseguraron que “el futuro argentino depende vitalmente de las exportaciones. Sólo exportando más saldremos del estancamiento y nos encaminaremos hacia el desarrollo. Restringir las exportaciones de carne vacuna es una decisión muy negativa que nos aleja de dicho objetivo”, señaló la AEA en su pronunciamiento.

Además, agregaron que las inversiones “requieren de un marco de previsibilidad y respeto a las reglas de juego que generen confianza en el rumbo del país. La decisión de restringir las exportaciones en un sector tan arquetípico como el de la carne lamentablemente no contribuirán al logro de dicho objetivo”.

Las críticas de AEA se sumaron a otras escuchadas en las últimas horas desde el sector empresarial. El titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, anticipó que con la decisión de congelar los precios “va a haber desabastecimiento”.

El dirigente empresario dijo sentir frustración e incredulidad luego de que naufragara la posibilidad de un acuerdo y el Gobierno decidiera imponer la medida mediante una resolución de la secretaría de Comercio Interior.

“Es como si un eximio personal de la salud insistiera con un medicamento que nunca ha funcionado,” ejemplificó Grinman. “Es muy raro porque los controles de precios nunca funcionaron. En la historia, en el mundo y en la Argentina. Jamás, desde que se comenzaron a implementar. El primero fue en el año 52 y después todos los gobiernos con algunas excepciones, incluyendo el Gobierno de [Mauricio] Macri hace unos años, implementaron controles de precios. Nunca funcionaron, porque es una aspirina que calma el dolor momentáneo de una enfermedad muy difícil, muy compleja, y la enfermedad continúa”, comentó Grinman.

“Si eso fuera la solución para controlar la inflación, en lugar de ponerlo por 90 días pónganlo por 4, 5 o 10 años. Pero no funciona”, ironizó el titular de la CAC.

Otra entidad del sector privado que criticó la medida fue la Coordinadora de los Productos de las Industrias Alimentiacias (COPAL), quien llevó adelante la negociación con la secretaría de Comercio Interior. Su presidente, Daniel Funes de Rioja, señaló: “La realidad demuestra que las políticas de congelamiento de precios no logran resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación. Adicionalmente, resultan insostenibles ya que afectan el largo plazo para la continuidad productiva, dado que lleva a las empresas a producir a pérdida por no atender los innumerables aumentos de costos que viene afrontando el sector”.

El kirchnerismo duro lanzó una campaña en las redes para boicotear a las empresas de alimentos que no aceptaron el pedido del Gobierno para congelar los precios por 90 días.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, firmó el martes por la noche una resolución que fija de manera unilateral los precios, tras el sonoro rechazo de la Copal, principal entidad que nuclea a las alimenticias, al “acuerdo” propuesto por el funcionario.

Este miércoles un sector del Frente de Todos atacó a las empresas que rechazaron la medida de Feletti y llamó a no comprar sus productos.

Uno de los promotores de la campaña fue el médico Jorge Rachid, integrante del Instituto Patria. De esta lista los peronistas y los patriotas no comprarán ningún producto”, tuiteó Rachid junto a una foto con las marcas de las empresas y el hashtag #NoCompresMolinosRíoDeLaPlata.

El flyer y el hashtag fueron compartidos por decenas de cuentas ligadas al oficialismo. Al mismo tiempo, esas cuentas viralizaron el tópico #CompremosMarolio, luego de que Víctor Fera, dueño de las cadenas Marolio y Maxiconsumo, volviera a anunciar que él sí acataría el congelamiento dispuesto por el Gobierno.

“Nosotros vamos a apoyar la medida, no tenemos ningún problema en hacerlo. Como Cámara estamos de acuerdo con el congelamiento de 90 días. No va a haber desabastecimiento bajo ningún punto de vista. Es más las ganas que hay en la gente que hace política que la realidad”, dijo Fera a Radio Con Vos.

“No podemos hablar más de que a un empleado no le alcance la plata para viajar o para comer. ¡Cómo se puede ser tan cínico en la vida! Un empresario que va y te dice: ‘Che, fui a comer a tal lado’ y sale 20 lucas el cubierto y un empleado gana 50 por mes. ¿Se puede ser tan hijo de puta?”, dijo Fera.

Fuentes Radio Con Vos e Infobae

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