EL PAIS

Rechazo contundente al proyecto de Ley ‘Ómnibus’ y defensa de la diversidad cultural y artística en Argentina

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Desde la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina manifestamos nuestro rechazo al proyecto de ley “ómnibus”. La propuesta reduce drásticamente el financiamiento autónomo del INCAA; modifica el régimen de fomento de manera letal para las producciones independientes, tanto medianas como pequeñas; cercena su carácter federal; elimina la formación continua de profesionales en todo el país; y  anula las herramientas mínimas que garantizan la difusión y exhibición del cine nacional.

La “Ley de fomento de la actividad cinematográfica nacional” que se construyó luego de años de debates con participación de sectores de la industria, del cine independiente y de los gobiernos provinciales, puede ser desarticulada de un plumazo y sin consultar a los sectores involucrados, en un claro gesto de autoritarismo del gobierno recién asumido.

En el texto, desmesurado y atípico por la cantidad de artículos y las materias que trata y en la que se destaca el pedido del presidente de que se le otorgue la suma del poder público, se quiebra la continuidad del financiamiento del INCAA y las formas de fomento de la actividad. Considerando el presupuesto de ingresos del INCAA en 2023, implica una caída del 66% del monto disponible para el Fondo de Fomento Cinematográfico. Es la destrucción del sistema virtuoso que llevó a que la cinematografía argentina crezca en cantidad, calidad, diversidad y federalismo, además de una expansión notable en el mercado mundial del audiovisual. Adicionalmente las producciones independientes, que se realizan a costos bajísimos y sin rentabilidad, son condenadas a la desaparición. Los fondos del fomento a la industria audiovisual no surgen de impuestos pagados por quienes no consumen ninguna de estas producciones, de modo que su eliminación no redundará en más recaudación ni en abaratamiento de los costos de las entradas o las cuotas de los sistemas de televisión paga.

Consideramos gravísimo el vacío que se plantea respecto de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Su cierre implicaría el quiebre de un proceso de formación profesional que permite que hoy Argentina sea un lugar elegido para las producciones de todas las compañías globales.

El nuevo proyecto propone que la totalidad del Consejo Asesor, que tiene que controlar los actos del Director, sea nombrado por él mismo. Así sea se elimina la participación federal y se deja que el responsable máximo del INCAA nombre a quienes lo deben controlar.

Se eliminan la cuota de pantalla para el cine nacional y toda regulación para la salas (calificación según su estructura y capacidad, cantidad de películas nacionales que tienen que proyectar por año); se minimizan los requisitos para que una película sea considerada nacional, abriendo la puerta a producciones no habladas en castellano; y se derogan sin más la mitad de los artículos de la ley vigente.

También queremos manifestar nuestro rechazo al cierre del Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, por el daño irreparable que significa para la cultura nacional, como también el cercenamiento de las capacidades que surgen de la modificación de las leyes de creación del Instituto Nacional de la Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

Como Asociación de Cronistas somos parte de la totalidad de argentinos y argentinas, y creemos en la necesidad del fomento colectivo de los procesos culturales de cada región y cada comunidad en la que vivimos, como garantía de la sostenibilidad y vitalidad de nuestras identidades, así como al acceso federal, igualitario, diverso a los bienes culturales producidos en nuestra nación. Es por eso que nos manifestamos en defensa de los derechos de todas y todos los que habitamos este suelo a gozar de una cultura nacional, representativa de las diferentes expresiones que son parte de nuestra argentina.

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La Iglesia católica ratificó que desde este año ya no recibirá fondos del Estado

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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) comunicó hoy que concluyó el “proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares” a los fondos previstos en la ley 21.950, por lo cual esas autoridades de la Iglesia católica dejarán de percibir los aportes del Estado nacional.

Las renuncias se realizaron el último día hábil de diciembre, “conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación”, indicó la CEA en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en una resolución del 26 de abril de 2023, había habilitado que los arzobispos y obispos que “hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar, de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley”, se detalló.

La ley 21.950 (del año 1979) establece que los “arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías (circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo) y exarcados (territorios) del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos”.

“El monto actual de la asignación es de 98.000 pesos”, precisó la CEA sobre la suma que recibían los eclesiásticos.

Además, se recordó que la CEA en 2018 había anunciado su “decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales” y se consignó que en julio de 2020 “los obispos avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país”.

“Si bien el aporte que realizaba el Estado -que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos- cubría solamente el diez (10) por ciento del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres”, se destacó.

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El Centro Azucarero Argentino advierte “grave riesgo” por iniciativas de la ley ómnibus

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El Centro Azucarero Argentino (CAA) advirtió que el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso por el Gobierno nacional contiene “dos iniciativas que ponen en riesgo de subsistencia a la principal actividad productiva del Noroeste Argentino”.

“Creemos que la derogación de la ley 25.715 es un grave error, porque no significa una protección del azúcar sino una preservación de la producción y del mercado interno frente a fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial, donde representamos menos del 1% y no tenemos ninguna incidencia”, comenzaron por indicar sobre uno de los cambios que afectarían al sector.

“El mercado internacional del azúcar es uno de los más regulados del mundo, por los subsidios, el dumping y restricciones de todo tipo de algunos países, que perjudican a los productores no subsidiados, como los argentinos, que es precisamente lo que neutraliza la ley 25.715”, agregaron al respecto.

En ese marco, exhortaron “a los diputados y senadores nacionales a no aprobar el artículo 59 del citado proyecto y evitar así lo que será un golpe irreversible para una cadena de valor integrada por 19 ingenios, 16 destilerías de alcohol y 6.000 productores cañeros independientes, que emplean en forma directa a 57.355 trabajadores, y una vasta red de proveedores, fraccionadores y distribuidores”.

Continuando, indicaron que “igualmente grave es la modificación que se impulsa de la Ley de Biocombustibles N° 27.640 (arts. 307 a 315), que rompe un régimen que tiene previsto, por ley, vigencia hasta el año 2030”.

“Se afrenta la seguridad jurídica con que se realizaron inversiones y se desarrolla la producción de bioetanol de caña de azúcar, puntal decisivo del sostenimiento económico de la actividad azucarera”, argumentaron contra la iniciativa.

Detallaron que “entre los cambios que impulsa el proyecto, se destaca la libre importación de bioetanol para su mezcla con naftas; la habilitación a las petroleras para producirlo y autoabastecerse o comprarlo a precio libre -a pesar de la posición dominante de tres empresas que compran el 95% del bioetanol a 20 elaboradoras-; elimina la participación equilibrada en el abastecimiento por parte de las elaboradoras de bioetanol y hasta faculta a la autoridad a reducir el porcentaje de mezcla del 12% con una simple decisión administrativa”.

“Consideramos que el proyecto puede ser mejorado, orientado a una Convergencia Técnica con el Mercosur, a que se mantengan las condiciones actuales para la mezcla del 12% con bioetanol de producción nacional y se contemple su incremento a un rango de entre 18% y 27% con mecanismos de competencia abierta”, promovieron.

“Haremos las contribuciones necesarias para que los diputados y senadores nacionales introduzcan cambios al proyecto de ley y se evite destruir un sistema de combustibles limpios que tantas inversiones significaron y tantos beneficios aportan para el agregado de valor a la producción regional, el medio ambiente y el entramado socioeconómico del Noroeste Argentino”, concluyeron en un comunicado de prensa.

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Vaca Muerta con récord histórico de pozos

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Las petroleras de Vaca Muerta pusieron a producir una marca inédita de pozos el año pasado, y en  11 meses estrenaron más pozos que en todo 2022.

En 11 meses, las petroleras de Vaca Muerta pusieron a producir más pozos que todo 2022, un hito que se alcanzó de la mano de una mayor actividad en gas y petróleo.

El acelerado nivel de trabajos que tuvo Vaca Muerta el año pasado fue una tendencia que se marcó ni bien arrancó el 2023 y, pese a las restricciones macroeconómicas y a la fuerte incertidumbre política que hubo, la industria logró sortear el complejo escenario y elevó todavía más la vara para este 2024.

En el período entre enero y noviembre del año pasado, las petroleras pusieron a producir unos 295 pozos nuevos entre ambos segmentos, de los cuales casi el 73% correspondió a pozos de shale oil.

Los 295 pozos que estrenaron las empresas de la formación significaron un salto del 3,5% respecto a los 285 que se engancharon en todo 2022. Si se hace la comparación interanual en el acumulado de los mismos meses en ambos años, se ve que en 2023 la actividad se aceleró un 20,40%.

Este último dato permite ver de manera más clara el incremento en la actividad de nuevos pozos que se consolidó el año pasado.

Pero para conocer los datos de diciembre y del total acumulado del 2023 hay que esperar hasta después del 20 de enero.

Según datos que publicó ‘Energía On’, de la consultora Economía y Energía, durante los primeros 11 meses de 2022, las petroleras conectaron un total de 245 pozos de los cuales 173 fueron de petróleo y los 72 restantes de gas. .

En total fueron 214 los pozos de petróleo que se conectaron el año pasado en el período de análisis, mientras que los de gas fueron 81. Lo que marca un salto del 24% en petróleo y un 12,50% en gas.

Por último, el promedio de nuevos pozos conectados entre enero y noviembre fue de casi 27 pozos por mes, mientas que en 2022 fue de casi 22. Teniendo en cuenta esto, si los datos de diciembre muestran esta misma tendencia, Vaca Muerta habrá superado por primera vez en la historia los 300 pozos conectados.Vaca Muerta: el mejor noviembre para el shale

Los datos de noviembre del año pasado también marcaron un récord y es que las petroleras estrenaron 37 pozos. Se trata de la marca más alta para ese mes, desde que comenzaron a desarrollarse los no convencionales en el país.

En detalle, se conectaron 26 pozos de petróleo y 11 de gas de los cuales el 70% estuvieron en manos de YPF: conectó 16 pozos en Loma Campana; 2 pozos La Amarga Chica; y 4 en Bajo del Toro Norte. Todos estos en el segmento del petróleo, mientras que sumó otros 4 en su bloque gasífero Rincón del Mangrullo.

Luego, se ubicaron las empresas Pampa Energía y Tecpetrol que conectaron 3 pozos de gas cada una, en Sierra Chata y Fortín de Piedra, respectivamente.

También sumaron pozos Pan American Energy (PAE) y Vista que pusieron a producir 2 pozos de petróleo cada una en Bandurria Centro y Bajada del Palo Oeste, en cada caso.

Por último, aparece Pluspetrol que agregó 1 pozos en su bloque estrella de gas en Vaca Muerta, La Calera.

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El Gobierno instruyó a la Sindicatura General a elaborar un informe de “Entrega y Recepción”

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El Poder Ejecutivo instruyó a la Sindicatura General de la Nación para que elabore, en un lapso de 30 días hábiles que comenzará a correr a partir de hoy, “un Informe de Entrega y Recepción” que contenga datos necesarios para “establecer un corte por cambio de administración al 7 de diciembre de 2023, a nivel de cada Ministerio, Secretarías de la Presidencia de la Nación y Organismos Descentralizados o Entes Autárquicos”.

Así se establece en el Decreto 126/2023, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y se dispone que la Sindicatura deberá consignar en las estructuras que analizará “cualquier observación o valoración de la misma que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN considere relevante, teniendo en cuenta los objetivos descriptos en los considerandos del presente”.

El organismo determinará además “el contenido, los requisitos y la modalidad en que será confeccionado el Informe de Entrega y Recepción, y los titulares de las Jurisdicciones y Entidades que serán analizadas designarán “un funcionario responsable de la provisión de la documentación necesaria”.

En el articulado de la norma se indica que el informe debe ser puesto a disposición de “la máxima autoridad de cada Jurisdicción o Entidad de acuerdo con las estructuras vigentes al vencimiento del plazo indicado”, y se aclara que la Jefatura de Gabinete de Ministros podrá prorrogar ese plazo en el caso de ser necesario.

Además, se establece que la Sindicatura podrá “dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueran necesarias para la ejecución del presente decreto”.

En los fundamentos de la norma, se consigna que “desde la asunción del actual Gobierno Nacional, el 10 de diciembre de 2023, se han tomado distintas medidas que tienden a lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del Estado Nacional”, y “como parte del ejercicio de toma de posesión de la Administración entrante, es preciso tomar conocimiento del estado de la situación del Estado a la fecha de asunción”.

“Con el fin de poder alcanzar estos objetivos es necesario contar con la información precisa y adecuada del estado de situación administrativa, patrimonial, financiera y de todas aquellas otras actividades en curso de realización en cada uno de los órganos que componen el Sector Púbico Nacional establecidos en 24.156”, se remarca en los fundamentos de este decreto.

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