Desde el año 2008 hubo en todo el país 939 condenas en juicios orales por crímenes de lesa humanidad, según un informe de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, dependencia creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Acordada 42/08, con el objeto de asistir y detectar los problemas que obstaculizan la tramitación de esos procesos.
Además, según el informe, en 2017 se dictaron 18 condenas en dos juicios orales, uno en Jujuy y otro San Martín.
Suman 750 los condenados por crímenes de lesa humanidad y hay casi 800 procesados
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró un nuevo informe, que se puede descargar desde esta página. Hay más imputados en libertad que detenidos. Y, de estos, más de la mitad tiene prisión domiciliaria. 118 causas aguardan juicio oral. Sólo el 25 por ciento de las condenas está firme.
Desde la reapertura de los procesos judiciales y la realización de los primeros juicios en 2006, 827 personas fueron sentenciadas en Argentina por crímenes de lesa humanidad, 750 de las cuales resultaron condenadas y 77 absueltas, según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Los sentenciados, así, son alrededor del 30 por ciento de los 2780 imputados por crímenes de lesa humanidad en más de una década en todo el país.
Las estadísticas elaboradas por el organismo a cargo del fiscal general Jorge Auat -en base a la información remitida por las fiscalías que actúan en estos procesos- contienen los datos cerrados al 2 de marzo pasado.
“Sólo el 25% de aquellos que han sido condenados (un total de 187) tienen al menos una de sus sentencias firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 17% (13 imputados)”, indicó la Procuraduría en el informe.
En cárceles federales o provinciales, hay 455 detenidos por crímenes de lesa humanidad.
Mientras tanto, 118 causas -con 280 acusados- aguardan en todo el país la realización de un juicio oral y público, y en el horizonte hay sólo siete de ellas que tienen fecha de inicio, dos de las cuales –UP 1 de Córdoba y Megacausa II de San Juan– comenzaron en los últimos días, tras el cierre de datos del informe. Hay 16 juicios en curso en todo el país.
En este contexto, los imputados que transitan el proceso en libertad son más que los que se encuentran detenidos y entre los que están encerrados, la mayoría está en su domicilio. Los números son los siguientes:
– 1149 están en libertad.
– 1044 están detenidos.
Ahora bien, de los 1044 detenidos:
– 518 tienen prisión domiciliaria,
– 455 están efectivamente en cárceles federales o provinciales,
– 65 están en centros de salud o lugares de detención no penitenciarios. La gran mayoría, 53, están alojados en la denominada Unidad 34, ubicada en el predio militar de Campo de Mayo.
Los números, las personas y las causas
Entretanto, de los 2780 imputados por el Ministerio Publico Fiscal desde la reapertura de los juicios hace más de una década, 794 se encuentran procesados (28 por ciento), 53 no llegaron a juicio porque fueron sobreseídos y otros 153 tienen falta de mérito. El número global también tiene en cuenta a 467 que fallecieron y a los 45 que están prófugos. Además, otros 438 están sólo imputados y de todos ellos sólo 27 han sido indagados, por lo que se aguarda respecto de estos últimos la definición sobre su estatus procesal.
La situación de todas esas personas ha tramitado y tramita en 593 causas judiciales abiertas desde el reinicio de los juicios, de las que formaron parte otras 257 que fueron unificadas a aquellas, dando lugar a las que se denomina “megacausas”. De todos esos expedientes, al 2 de marzo pasado se había dictado sentencia en 175. Otros 284 se encuentran en la etapa instrucción. A esas cifras se suman las 118 elevadas a juicio oral y público.
En 42 de las 284 causas que se encuentran en instrucción, la fiscalía ha formulado el requerimiento de elevación a juicio. “El universo de causas en instrucción se sostiene como el más amplio. El hecho de que las investigaciones continúen activas, sumado a las demoras en la realización de las actuaciones en todas las instancias (instrucción y juicio), hace que persista un cuello de botella que impide un avance más veloz”, evaluó la Procuraduría en el informe.
