LA REGION

El Mercosur sumó el Protocolo Adicional N° 221 al ACE 18 y refuerza su marco comercial

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El Acuerdo de Complementación Económica N° 18 (ACE 18) del Mercosur incorporó formalmente un nuevo instrumento: el Ducentésimo Vigésimo Primer Protocolo Adicional, que entró en vigor el 20 de diciembre de 2025 para la Argentina. La medida, publicada en el Boletín Oficial en enero de 2026, actualiza el entramado jurídico-comercial que rige las relaciones entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con impacto directo en la arquitectura normativa del comercio intrazona y en la previsibilidad institucional del bloque.

Un nuevo paso normativo dentro del Mercosur

La entrada en vigor del Ducentésimo Vigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE 18 se formalizó a través de su publicación en el Boletín Oficial, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 24.080, que regula la vigencia de instrumentos multilaterales que no requieren aprobación legislativa.

El protocolo fue celebrado el 12 de marzo de 2025 en Montevideo, República Oriental del Uruguay, y comenzó a regir para la República Argentina el 20 de diciembre de 2025, según consta en la comunicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El texto fue difundido por la Dirección de Tratados, con firma de Juan Pablo Paniego, Consejero de Embajada y Cónsul General.

El ACE 18 constituye la columna vertebral jurídica del Mercosur desde su firma original y concentra, a través de protocolos adicionales, las sucesivas adecuaciones, ampliaciones y precisiones normativas que los Estados Parte acuerdan en el marco del proceso de integración regional.

Marco legal y procedimiento de vigencia

La publicación se encuadra en el régimen previsto por la Ley N° 24.080, que establece la fecha de entrada en vigor para la República Argentina de aquellos instrumentos multilaterales que, por su naturaleza, no requieren aprobación del Congreso Nacional. En este caso, el Protocolo Adicional N° 221 se incorpora automáticamente al ordenamiento jurídico vigente una vez cumplidas las condiciones previstas en el propio acuerdo.

El procedimiento refuerza la lógica de flexibilidad operativa del Mercosur, permitiendo actualizar normas comerciales y regulatorias sin necesidad de un trámite legislativo completo, siempre que se mantenga dentro de los márgenes establecidos por el derecho interno.

La nota oficial aclara además que los anexos que integran el instrumento se encuentran disponibles en la edición web del Boletín Oficial de la República Argentina, asegurando el principio de publicidad y acceso a la información normativa.

Impacto institucional y relevancia económica

La entrada en vigor de un nuevo protocolo adicional al ACE 18 consolida el funcionamiento incremental del Mercosur, basado en ajustes técnicos sucesivos más que en reformas estructurales únicas. En términos institucionales, refuerza la vigencia del esquema de acuerdos de complementación económica como herramienta central de coordinación entre los Estados Parte.

Desde el punto de vista económico y regulatorio, estos protocolos suelen tener impacto directo sobre las condiciones de acceso a mercados, reglas comerciales comunes y mecanismos de administración del comercio intrazona, factores clave para empresas exportadoras, operadores logísticos y sectores productivos vinculados al intercambio regional.

La formalización del Protocolo N° 221 también aporta previsibilidad jurídica, al dejar constancia expresa de su fecha de celebración y de entrada en vigor, un elemento central para la planificación comercial y la seguridad normativa dentro del bloque.

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El principal paso argentino-brasileño arrancó 2026 con una caída del 31% en el flujo migratorio

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El flujo migratorio entre Argentina y Brasil a través del corredor Paso de los Libres–Uruguaiana mostró una fuerte retracción en los primeros días de 2026. Según datos oficiales de las autoridades migratorias brasileñas, el flujo total de viajeros cayó un 31% en comparación con el mismo período del año anterior, una señal relevante para el turismo, el comercio fronterizo y la dinámica económica regional en uno de los pasos internacionales más activos del Mercosur.

Menos cruces en el inicio del año

Entre el 1 y el 5 de enero de 2026 se registraron alrededor de 41.000 movimientos de entrada y salida por la aduana de Uruguaiana, en el sur de Brasil, frente a la ciudad correntina de Paso de los Libres, sobre el río Uruguay. De ese total, aproximadamente 32.000 correspondieron al ingreso de ciudadanos argentinos a territorio brasileño.

La comparación interanual refleja con claridad la magnitud de la baja. En el mismo lapso de enero de 2025, el volumen había alcanzado unos 60.000 registros migratorios, de los cuales cerca de 48.000 fueron entradas de argentinos a Brasil. La diferencia entre ambos períodos marca una reducción cercana al 31% en el flujo total, con un impacto directo en el turismo de verano y en las actividades asociadas al tránsito fronterizo.

Un corredor clave que mantiene su relevancia

A pesar de la caída, las autoridades brasileñas remarcan que las cifras continúan siendo elevadas en términos absolutos y ratifican la importancia estratégica del puesto de Uruguaiana como uno de los principales corredores de tráfico internacional entre Brasil y Argentina.

Durante la temporada estival, el paso suele concentrar un intenso movimiento de turistas y viajeros por motivos recreativos, familiares y comerciales. Incluso con la merma registrada en el inicio de 2026, el cruce sigue figurando entre los más concurridos de la frontera sur brasileña, lo que refuerza su rol central en la integración regional y en la logística del tránsito binacional.

Señales para la región

La disminución del flujo migratorio en este punto fronterizo introduce señales de cautela para los sectores vinculados al turismo, el comercio y los servicios en ambas márgenes del río Uruguay. Menos cruces implican menor circulación de consumo turístico y una desaceleración relativa en economías locales que dependen en gran medida del movimiento estacional.

Al mismo tiempo, el hecho de que los volúmenes sigan siendo significativos sugiere que el corredor Paso de los Libres–Uruguaiana continúa siendo una vía estructural del intercambio argentino-brasileño, aunque con un arranque de año más moderado que el observado en 2025.

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Con boleto a $1.890, el transporte urbano de Corrientes enfrenta un nuevo conflicto salarial

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La Cámara de Empresarios del Transporte Urbano de Corrientes rechazó este miércoles 7 de enero el pedido de recomposición salarial formulado por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) sede local y aseguró que el incremento pretendido por los choferes no puede ser afrontado en el actual contexto del sistema. Con una tarifa plana de $1.890 —la más alta del NEA y entre las más caras del país— y una caída sostenida de pasajeros, el sector empresario advirtió que elevar los haberes pondría en riesgo la continuidad del servicio.

“El acuerdo está firmado y los haberes son de $1.200.000. El nuevo salario de $1.370.000 que pide la UTA es inviable de pagar”, sostuvo el vocero de la cámara empresarial, quien remarcó que las condiciones económicas actuales del transporte urbano no permiten absorber una suba de ese nivel.

Salarios, costos y caída de pasajeros: el diagnóstico empresario

Según explicaron desde la Cámara de Empresarios del Transporte Urbano, el reclamo sindical choca con una realidad operativa marcada por la reducción de la demanda y el encarecimiento de los costos. “Es un pedido de recomposición salarial que es inviable; los trabajadores lo saben porque ven la caída de pasajeros que tenemos, es notable y es imposible de considerar. Así no podemos continuar”, afirmaron.

En la actualidad, el salario de un chofer de colectivo urbano en la ciudad de Corrientes asciende a $1.200.000. El pedido de la UTA apunta a elevar ese ingreso a $1.370.000, lo que representa un aumento significativo para empresas que sostienen su estructura con una recaudación cada vez más ajustada.

Desde el sector empresario subrayan que la ecuación económica del transporte urbano ya se encuentra tensionada, incluso con una tarifa que se ubica en $1.890 por viaje. Ese valor posiciona a Corrientes como la ciudad con el boleto más caro del NEA, un factor que, según reconocen, también incide en la retracción del número de pasajeros.

Tarifa elevada y límites del sistema

La discusión salarial se da en un contexto sensible para el transporte público urbano, donde el margen de maniobra para absorber nuevos costos aparece prácticamente agotado. La tarifa vigente, considerada alta en términos comparativos, no logró frenar la pérdida de usuarios ni garantizar una mejora sustancial en la sustentabilidad del sistema.

Para los empresarios, el aumento del boleto no es una alternativa inmediata ni viable para compensar el incremento salarial solicitado, dado el impacto social que tendría sobre los usuarios y el riesgo de profundizar aún más la caída de la demanda. En ese escenario, advierten que cualquier ajuste adicional en la estructura de costos podría comprometer la prestación del servicio.

Repercusiones

El rechazo al pedido de la UTA anticipa un escenario de negociación compleja en el corto plazo. La advertencia empresarial pone en evidencia los límites económicos del sistema de transporte urbano correntino y abre interrogantes sobre cómo compatibilizar las demandas salariales con una estructura tarifaria ya elevada y una demanda en retroceso.

Mientras tanto, el conflicto deja expuesta una problemática recurrente en las ciudades del interior: la dificultad de sostener servicios públicos esenciales frente a la combinación de costos crecientes, ingresos limitados y menor cantidad de usuarios, sin mecanismos que permitan equilibrar la ecuación económica sin trasladar todo el peso a trabajadores o pasajeros.

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Reclamo por Yacyretá y coparticipación: Valdés apuntó contra el reparto de recursos

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, volvió a poner en el centro del debate el esquema de distribución de recursos nacionales al denunciar lo que considera una inequidad estructural en el reparto de regalías energéticas de Yacyretá y de la coparticipación federal.

En declaraciones públicas realizadas en un programa de televisión abierta emitido los domingos por la noche en la ciudad de Corrientes, el mandatario sostuvo que su provincia aporta más a la Nación, pero recibe menos recursos, y apuntó directamente contra la situación de Formosa, a la que acusó de beneficiarse sin realizar aportes equivalentes.

Sin mencionar de manera explícita a la represa de Yacyretá, ubicada en Ituzaingó, Valdés aludió al sistema de regalías vinculadas a la generación de energía y expresó su malestar por la distribución actual. “Formosa no produce nada, recibe más y se lleva plata de los correntinos”, afirmó, sintetizando un reclamo que combina argumentos económicos, fiscales e institucionales.

Coparticipación federal y reclamo por un esquema “injusto”

Según el portal CorrientesHoy el eje central de las críticas del gobernador correntino se concentró en el actual régimen de coparticipación federal, al que calificó de “injusto”. Según su planteo, Corrientes contribuye de manera sostenida al financiamiento del Estado nacional a través del trabajo de sus ciudadanos, la producción y las industrias locales, pero esa contribución no se ve reflejada en el volumen de recursos que retorna a la provincia.

En ese marco, Valdés contrastó la situación de Corrientes con la de Formosa, a la que señaló como una provincia que, de acuerdo con su visión, “no aporta nada y recibe más por coparticipación del trabajo de todos los correntinos”. La afirmación apunta directamente a la lógica redistributiva del sistema vigente y reabre una discusión de fondo sobre los criterios con los que se asignan los fondos federales.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente tensión entre las provincias y la Nación por la disponibilidad de recursos, en un escenario económico complejo que obliga a los gobiernos subnacionales a revisar sus estrategias de financiamiento y a reforzar sus reclamos ante el Poder Ejecutivo nacional.

Regalías energéticas y defensa de los intereses provinciales

Aunque no la mencionó de forma directa, el planteo del gobernador tuvo como telón de fondo la represa de Yacyretá, una de las principales fuentes de generación de energía del país y ubicada en territorio correntino. La referencia implícita a las regalías nacionales por energía refuerza la idea de que Corrientes considera insuficiente la compensación que recibe en relación con el impacto territorial, ambiental y productivo que implica albergar una infraestructura de esa magnitud.

Valdés adelantó que insistirá ante el Gobierno Nacional para que se revise la situación y se avance en la sanción de una nueva ley de coparticipación, que garantice un criterio más equilibrado. “No es posible que Corrientes aporte más y reciba menos”, remarcó, fijando una posición política clara de cara al debate federal.

Con este pronunciamiento, el mandatario busca instalar el tema en la agenda nacional, no solo como un reclamo coyuntural, sino como una discusión estructural sobre la distribución de fondos, la equidad fiscal y el reconocimiento a las provincias que generan recursos estratégicos. Al mismo tiempo, reafirma su discurso de defensa de los intereses de Corrientes y de sus recursos naturales, en un escenario donde la puja por ingresos y regalías se vuelve cada vez más visible entre las jurisdicciones.

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Paraguay promulgó el Presupuesto 2026 con foco social y control del déficit fiscal

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, una ley clave que define el rumbo económico y social del país para el próximo año. El plan de gastos e ingresos asciende a 149,6 billones de guaraníes, equivalentes a unos 19.000 millones de dólares, y representa un incremento del 12,3% respecto al presupuesto 2025, con un fuerte énfasis en inversión social, salud, educación y seguridad, pero manteniendo el déficit fiscal dentro del tope del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

La norma, sancionada previamente por el Congreso y promulgada en el último día de 2025, marca el inicio del proceso de reglamentación y ejecución presupuestaria para 2026. Desde el Poder Ejecutivo destacaron que se trata de un presupuesto consensuado con el Poder Legislativo y alineado con el objetivo de priorizar a los sectores más vulnerables sin desordenar las cuentas públicas.


Un presupuesto expansivo con fuerte eje en políticas sociales

El Presupuesto 2026 destina partidas significativas a programas sociales emblemáticos. Entre ellos se destaca el programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, que contará con 370 millones de dólares, con el objetivo de alcanzar a un millón de estudiantes en todo el país. A esto se suma una asignación de 412 millones de dólares para el programa de adultos mayores, que permitirá incorporar 30.000 nuevos beneficiarios al sistema.

El esquema de gastos también refuerza áreas sensibles como Seguridad, Defensa, Salud y Educación, consolidando un perfil de presupuesto orientado a la inversión social y a la provisión de servicios públicos esenciales. En el área sanitaria, las modificaciones introducidas por el Congreso incluyeron un aumento cercano a 47.000 millones de guaraníes, destinados a obras e inversiones específicas como la ampliación del Hospital de Caaguazú (20.000 millones), la adquisición de mamógrafos (10.000 millones), equipamiento para el futuro hospital de Curuguaty y la reposición de recursos para el Centro de Tratamiento de Adicciones.

Cambios legislativos y reasignaciones estratégicas

Durante el debate parlamentario, ambas cámaras introdujeron ajustes relevantes al proyecto original del Ejecutivo. Uno de los cambios más significativos fue la reasignación de fondos originalmente previstos para el Ministerio de Obras Públicas, que se redireccionaron para fortalecer el presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con el objetivo de dinamizar la construcción de viviendas sociales en 2026.

También se incrementó el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en 10.000 millones de guaraníes, y el del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en 17.000 millones de guaraníes, destinados en gran parte al proyecto “Letrina Cero”, que prevé la construcción de baños adecuados en 347 escuelas, con una asignación específica de 15.000 millones, mientras que el resto se orientará a tareas de supervisión regional.

En términos globales, el PGN aprobado asciende a 149,1 billones de guaraníes (unos 18.928 millones de dólares), una cifra muy cercana a la propuesta original del Ejecutivo y consistente con la estrategia fiscal del Gobierno.

Orden fiscal y señal política al mercado

Uno de los aspectos más destacados del Presupuesto 2026 es el cumplimiento del tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB, un límite que no se respetaba desde 2018. Al conocerse la sanción legislativa, el presidente Peña celebró este punto y subrayó su relevancia institucional y económica: “Esto marca un hito: es la primera vez desde 2018 que se aprueba un presupuesto dentro de este límite, lo que demuestra nuestro compromiso absoluto con el orden administrativo”.

Desde una mirada macroeconómica, el PGN 2026 busca combinar expansión del gasto social con disciplina fiscal, un equilibrio que será observado de cerca tanto por los actores políticos internos como por analistas económicos y organismos internacionales. La ejecución efectiva del presupuesto y el cumplimiento de las metas fiscales serán determinantes para sostener la credibilidad del programa económico del Gobierno en un año clave para la gestión.

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