La Subsecretaría de Primera Infancia formó parte del encuentro realizado en el Senado de la Nación, donde se debatieron nuevas estrategias de prevención y acompañamiento para niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. La “Jornada Latinoamericana: Prevención de Violencias contra Niñas, Niños y Adolescentes – Intercambios Globales”, fue un espacio de intercambio y construcción colectiva orientado a fortalecer políticas públicas de prevención, protección y acompañamiento integral de las infancias y adolescencias.
En representación de Misiones, la subsecretaria de Primera Infancia, Paula Schapovaloff, integró el panel de debate junto a referentes nacionales e internacionales especializados en prevención de violencias, protección de derechos y seguridad digital, donde se abordaron nuevas estrategias y herramientas para acompañar a niñas, niños y adolescentes frente a los desafíos que presentan los entornos digitales.
La actividad fue organizada por la senadora nacional Gabriela Valenzuela y la Red por la Infancia, y contó con la participación de Sean Coughlan, director de To Zero; Emilia Ismael, integrante de To Zero; Ian Drennan, director ejecutivo de We Protect Global Alliance; y Paula Wachter, directora ejecutiva de Red por la Infancia. También participaron la fiscal Daniela Dupuy y el fiscal misionero Juan Pablo Espeche.
Durante la jornada se compartieron experiencias regionales y estrategias de intervención vinculadas a la escucha activa, la detección temprana de situaciones de violencia y la construcción de herramientas de prevención adaptadas a las nuevas dinámicas sociales y digitales que atraviesan las infancias.
En este marco, Schapovaloff destacó la importancia de generar políticas públicas con una mirada integral, territorial y articulada entre los distintos organismos del Estado, las instituciones y las familias.“Hoy las infancias atraviesan realidades profundamente atravesadas por lo digital, por eso es fundamental construir herramientas de prevención, acompañamiento y escucha que estén adaptadas a esos nuevos escenarios. Desde Misiones creemos en un trabajo articulado, cercano y con presencia territorial para garantizar que cada niño y niña pueda crecer en entornos seguros y cuidados”, expresó la subsecretaria.
Asimismo, remarcó que uno de los principales desafíos es lograr que las políticas de protección lleguen efectivamente a todos los sectores de la provincia, especialmente a quienes viven en contextos de vulnerabilidad o en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.“Tenemos que construir dispositivos accesibles para las familias y para las infancias, que permitan prevenir situaciones de violencia, fortalecer vínculos y garantizar derechos. La escucha activa y el acompañamiento temprano son claves para llegar antes y cuidar mejor”, sostuvo.
En ese marco, además, se avanzó en el trabajo articulado para implementar en Misiones la plataforma “Reconectar”, una herramienta desarrollada por la Red por la Infancia con contenidos diferenciados según las edades y orientada a brindar herramientas de prevención y cuidado para niñas, niños, adolescentes y sus familias.“La idea es llevar a Misiones esta plataforma desde la Subsecretaría de Primera Infancia para trabajar articuladamente en la prevención de las violencias, adaptando a la realidad de nuestros niños y niñas y fortaleciendo también el acompañamiento a las familias”, destacó Schapovaloff.
Misiones continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a la protección integral de las infancias, promoviendo el trabajo conjunto entre organismos, instituciones y organizaciones para construir entornos más seguros, cuidados y respetuosos de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Con una mirada al desarrollo regional por fuera de las capitales del Mercosur, Luis Augusto “Guto” Silva, secretario de Ciudades del estado brasileño de Paraná dio una charla en Posadas. “Es muy fácil planificar sin gente; lo difícil es planificar con personas, con sus angustias y miedos”, argumentó.
En una entrevista con Economis, el especialista brindó su enfoque sobre planificación territorial y advirtió sobre uno de los principales obstáculos para el desarrollo regional: la falta de continuidad política y la carencia de arraigos entre lo que se planifica y las realidades sociales del lugar y su entorno. En otras palabras, no se puede pensar a Posadas sin su vínculo con Encarnación y las principales ciudades del sur de Brasil.
Silva vino a Misiones como invitado de la Universidad de la Integración Sudamericana (UNISUD), donde presentó una charla centrada en el “planeamiento de territorio en red”, un modelo que busca romper con la falta de coherencia política que afecta a las democracias latinoamericanas y que, según su visión, condena a muchas ciudades al estancamiento. “Pensar en la próxima elección hace que no haya un plan a largo plazo”, afirmó, al describir una dinámica que, según indicó, interrumpe proyectos y diluye estrategias.
Aclaró que con los actuales cambios en la tecnología y ciencia los planes a largo plazo no deben ser rígidos, sino que deben ser revisados y actualizados en el corto plazo, pero con metas a largo plazo.
El fracaso del planeamiento “vertical”
Para Silva, el principal obstáculo del desarrollo regional es el péndulo político: la tendencia a refundar las gestiones cada cuatro o seis años, descartando proyectos valiosos por falta de visión estratégica. “Muchos proyectos buenos se quedan en el camino por falta de una gestión focal”, advirtió el secretario, señalando que el planeamiento tradicional, diseñado por tecnócratas en oficinas centrales como Curitiba o Posadas, suele fracasar por su desconexión con la realidad territorial.
El modelo propuesto por el funcionario brasileño sustituye la jerarquía de “arriba hacia abajo” por un territorio en red. Esta metodología implica que la planificación no puede ser solo potestad del intendente o el concejal, sino que debe integrar a los actores locales. “Es muy fácil planificar sin gente; lo difícil es planificar con personas, con sus angustias y miedos”, analizó Silva. Explicó que los procesos técnicos muchas veces omiten conflictos, demandas y limitaciones concretas de las comunidades.
En ese sentido, describió la experiencia del estado de Paraná, donde se trabajó con los 399 municipios para construir una planificación más descentralizada. El objetivo fue evitar esquemas “de arriba hacia abajo” que, según advirtió, “están bonitos en el papel, pero no caminan”.
Uno de los enfoques centrales en su mirada sobre la planificación se centra en no solo hacer grandes planes, sino pensar objetivos en el corto plazo. Estos logros permiten validar la confianza de los actores del plan y permiten avanzar escalonadamente hacia un desarrollo integral.
Maringá: el espejo donde mirar el largo plazo
Como evidencia de éxito, Silva citó el caso de Maringá, ciudad brasileña de escala similar a Posadas (aproximadamente 450.000 habitantes), que ha sido elegida como la mejor ciudad para vivir en Brasil durante cuatro años consecutivos. La clave, según el funcionario, radica en un Consejo de Desarrollo que funciona de forma independiente al signo político del alcalde de turno.
“No importa quién es el intendente. Todos los años se firma el plan y se camina junto a él. Hay una agenda permanente hace 25 años donde los problemas se ponen sobre la mesa y se resuelven entre lo público y lo privado“, explicó.
La propuesta de Silva interpela directamente la coyuntura argentina, donde el debate actual oscila hacia una preeminencia del sector privado en la obra pública y la planificación. Ante esto, el secretario fue tajante: “El privado no puede planificar solo“.
En contraste, propone la “institucionalidad”, esto es la creación de “pequeños pactos” y relaciones de confianza es lo que permite que una red territorial gane fuerza y sobreviva a las crisis. Para él los consejos de desarrollo deben conformarse con representantes del sector público, el sector privado, la academia y la comunidad. Allí cada sector debe presentar sus problemáticas y en un debate abierto deben encontrarse las soluciones posibles y desarrollar los proyectos para lograrlos.
Silva argumenta que el sector privado, por su naturaleza, no prioriza los intereses colectivos ni el desarrollo humano por sobre la rentabilidad. El sector público debe actuar como el “director técnico” de un equipo (haciendo una analogía con el fútbol infantil) para evitar que todos los actores corran tras la pelota de forma desordenada.
En su visión, la planificación debe surgir de un equilibrio entre actores, donde cada sector asuma su rol dentro de un esquema coordinado. La construcción de consensos aparece como condición para sostener políticas en el tiempo.
“Hay que salir de la política solo como político. Si se queda concentrado en el concejal o el intendente, no va a ningún lugar”, planteó.
Bajo este enfoque, la planificación no se limita a la ciudad como unidad aislada, sino que incorpora su vínculo con el entorno rural, la producción, la industria y el sistema educativo. La clave, según explicó, es identificar problemas concretos y construir agendas compartidas: “Problema bueno es problema en la mesa”, sintetizó.
Este enfoque también apunta a reducir la volatilidad política. El ejemplo que citó fue el de ciudades brasileñas con planes de largo plazo que trascienden gestiones, donde los distintos gobiernos continúan una misma hoja de ruta.
Talento, inversión y desarrollo local
Uno de los ejes más sensibles que planteó Silva fue la pérdida de capital humano. Según indicó, la migración de jóvenes formados hacia grandes centros urbanos o el exterior debilita el desarrollo regional. Silva advirtió que si el territorio no“vibra” -es decir, si no ofrece condiciones culturales, educativas y de vida atractivas-, la inversión pública en educación termina siendo un subsidio para países centrales. “Cada vez que un joven formado en Posadas se va a trabajar a Estados Unidos, es una derrota nacional”, sentenció.
“No queremos perder más talento. Cuando eso ocurre es una derrota”, advirtió. En ese marco, vinculó la planificación territorial con la capacidad de generar condiciones para retener y atraer recursos humanos calificados. Recordó que la formación de recursos humanos significa una gran inversión desde el Estado.
Además, subrayó que el desarrollo económico no puede depender exclusivamente de una “vocación natural” del territorio, como la agroindustria, sino que debe abrirse a nuevas actividades mediante innovación y articulación entre sectores.
Integración entre Misiones, sur de Brasil y Paraguay
Silva puso énfasis en el potencial de integración regional entre el norte argentino, el sur de Brasil y Paraguay. Señaló que, pese a la distancia con los centros políticos nacionales, existe una cercanía cultural y económica que podría ser aprovechada.
“Hay mucha vida afuera de ese sistema centralizado”, afirmó, en referencia a las grandes capitales del Mercosur. En esa línea, cuestionó la lógica de “corredores” logísticos que solo conectan puntos, sin generar desarrollo local: “No queremos ser un corredor, queremos ser parte del desarrollo”, afirmó, instando a fortalecer los puntos de convergencia en las áreas agroindustrial y forestal que son comunes al Estado de Paraná y a Misiones.
El desafío, según lo expuesto, no pasa solo por diseñar planes, sino por construir acuerdos sostenibles que integren intereses diversos y generen resultados concretos. La evolución de estos modelos dependerá de la capacidad de los territorios para articular actores y sostener agendas más allá de los cambios de gobierno.
La implementación de estos consejos de desarrollo en el NEA dependerá de la capacidad de los actores locales (universidades, cámaras empresariales y gobiernos) para ceder cuotas de protagonismoen pos de una agenda común. La variable clave a observar será la voluntad política de institucionalizar estos espacios para que no queden reducidos a foros de debate sin ejecución real.
La pregunta que queda flotando es si el modelo de Maringá es exportable a una Argentina que hoy debate el repliegue del Estado en la planificación territorial.
El Itapúa Paraguay Convention & Visitors Bureau eligió a su nueva Junta Directiva para el período 2026–2028 durante una asamblea realizada en el AwA Resort Hotel. La conducción quedó en manos de Pablo Leiro, del Yacht Club Encarnación, quien encabezará una estructura que reúne a referentes del sector turístico, empresarial y de servicios del departamento.
La renovación institucional marca el inicio de una nueva etapa para el organismo, en un contexto donde el posicionamiento de destinos y la coordinación entre actores públicos y privados se vuelve un factor clave para captar inversiones y flujo turístico en la región.
Reconfiguración institucional con actores del sector
La nueva conducción incorpora representantes de distintos segmentos de la actividad turística. La vicepresidencia será ocupada por José Surián (AwA Resort Hotel), mientras que la secretaría quedará a cargo de Marcia Espínola (Carnaval Hotel Casino) y la tesorería en manos de Olga Fischer (La Misión Group).
El directorio se completa con miembros vinculados a hotelería, agencias de viaje y grupos empresariales, junto a representantes suplentes y síndicos que integran la estructura formal del Bureau.
Este esquema refleja una construcción institucional basada en la participación de actores directamente involucrados en la cadena de valor del turismo.
Turismo como vector de desarrollo
El enfoque en competitividad y visibilidad apunta a incrementar el flujo turístico, lo que podría impactar en sectores asociados como hotelería, gastronomía y servicios.
Si bien no se detallan cifras en el anuncio, el fortalecimiento institucional del Bureau se vincula con la búsqueda de crecimiento sostenible del turismo, un sector que suele actuar como dinamizador de economías regionales.
Pablo Leiro – Yacht Club Encarnación
La nueva Junta Directiva quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: • Pablo Leiro – Yacht Club Encarnación Vicepresidente: • José Surián – AwA Resort Hotel Secretaria: • Marcia Espínola – Carnaval Hotel Casino Tesorera: • Olga Fischer – La Misión Group Miembros Titulares: • Christian Vömell – Hotel Papillón • Fernando Clavero – El Jesuíta Viajes • Miguel González – Grupo Nativa Miembros Suplentes: • Graciela Acuña – Acuña Alliance S.A. • Monserrat Duarte – representante de Carlota Stockar Agencia de Viajes • Lurdes Altamirano – Alta Consultora de Comunicación Síndico Titular: • Marizabel Candia – Estudio Jurídico MW Síndico Suplente: • Jonatan Rotela – representante del Bella Vista Hotel
La conformación de esta nueva estructura institucional marca el inicio de una etapa de trabajo conjunto entre actores clave del sector turístico, empresarial y de servicios, con el objetivo de fortalecer la articulación público-privada y potenciar el desarrollo turístico del departamento de Itapúa.
El presidente electo, Pablo Leiro, anunció que se avecinan grandes desafíos para la nueva gestión, orientados a seguir posicionando y “poniendo en vidriera” al departamento de Itapúa como un destino estratégico a nivel nacional e internacional, mediante acciones que impulsen su visibilidad, competitividad y atractivo turístico.
Con esta nueva gestión, el Bureau de Itapúa ratifica su misión de seguir trabajando de manera articulada por el crecimiento sostenible del turismo regional.
Una fuerza conjunta de fiscales y policías de Paraguay avanzó este miércoles con allanamientos en Minga Guazú, a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, en busca de US$ 1,3 millón y R$ 4 millones desaparecidos tras la caída de un avión el sábado pasado. El operativo, ordenado por la Justicia y ejecutado en cinco viviendas del km 26 de la ruta PY02, no arrojó resultados, pero dejó una tensión latente: ¿se trata de un robo común o de un episodio más complejo que involucra fallas en los controles posteriores al siniestro?
El dato no es menor. El dinero era transportado por una aeronave vinculada a una empresa de caudales y su desaparición, confirmada recién el lunes por la tarde, abre un frente sensible en materia de seguridad y credibilidad institucional en una zona clave para el comercio regional.
Investigación bajo la lupa: foco en vecinos y vacíos en el procedimiento
El procedimiento fue encabezado por el Ministerio Público paraguayo, con orden judicial, y se concentró exclusivamente en familias de bajos recursos que viven cerca del lugar del accidente. Según el informe oficial, los allanamientos no encontraron evidencia vinculada al presunto robo, aunque las autoridades aseguran contar con información relevante para continuar la pesquisa.
El punto crítico no es solo la falta de resultados. La decisión de poner el foco en quienes primero asistieron a las víctimas —y no en otros actores que también estuvieron en el lugar desde el inicio— introduce un interrogante institucional. Policías, funcionarios del Ministerio Público, personal de la empresa de transporte de valores y bomberos no fueron incluidos en las medidas de verificación.
A esto se suma un dato que reconfigura la escena: la desaparición del dinero fue reportada dos días después del accidente. Ese desfase temporal instala dudas sobre lo ocurrido en las horas posteriores a la caída y abre la puerta a una hipótesis que ya circula en el expediente: la posibilidad de un fraude vinculado a la cobertura del seguro.
El accidente: una caída con impacto controlado y consecuencias abiertas
La aeronave, un Cessna 402B, se precipitó el sábado alrededor de las 15:30, a unos 700 metros del Aeropuerto Internacional Guaraní. Había despegado con destino a Asunción, pero tras registrar fallas mecánicas intentó regresar. En la maniobra final perdió potencia, impactó contra árboles y cayó parcialmente sobre una vivienda desocupada.
El piloto murió en el acto, mientras que tres ocupantes —dos de ellos empleados de la empresa transportadora de valores— resultaron heridos y fueron asistidos inicialmente por vecinos antes de la llegada de los equipos de emergencia. El incendio posterior fue controlado rápidamente.
El episodio, en sí mismo, ya implicaba un hecho grave. Sin embargo, la desaparición del dinero transformó el accidente en un caso de alto voltaje político y judicial.
Credibilidad en juego y tensión en la frontera
El desarrollo de la investigación empieza a impactar en dos planos. Por un lado, en la percepción de imparcialidad del sistema judicial paraguayo, ante cuestionamientos por el criterio selectivo de los allanamientos. Por otro, en la seguridad de las operaciones logísticas en una región donde circulan bienes, divisas y servicios entre Paraguay, Brasil y Argentina.
El faltante de dinero, sumado a la demora en su denuncia, coloca bajo presión a los actores involucrados en la cadena de custodia. No hay definiciones, pero sí señales de fragilidad en los mecanismos de control.
Para una provincia como Misiones, con fuerte vinculación comercial y territorial con el área del suceso, el caso no es ajeno. La dinámica fronteriza amplifica cualquier episodio que involucre transporte de valores, seguridad y circulación de capitales.
Entre el delito común y una trama más compleja
La investigación sigue en curso, pero el eje ya no es solo encontrar el dinero. También será clave reconstruir la secuencia posterior al accidente y determinar quién tuvo acceso real a la carga.
En las próximas semanas, el avance —o estancamiento— de la causa podría redefinir el enfoque: desde un robo puntual hasta un caso con implicancias institucionales más profundas.
Por ahora, el expediente deja más preguntas que certezas. Y en esa zona gris, donde se cruzan frontera, logística y control estatal, es donde se juega el verdadero alcance del caso.
La primera exportación de prueba de gas natural desde Argentina hacia Brasil por el Gasoducto del Mercosur, concretada tras años de inactividad, reabre un capítulo estratégico en la política energética regional. El envío, impulsado por TotalEnergies junto al grupo brasileño J&F hacia la central de Uruguaiana, no solo busca validar la infraestructura técnica, sino medir si el país puede consolidar una salida directa para el shale gas de Vaca Muerta sin depender de terceros. La tensión es clara: ¿se trata del inicio de un corredor energético estable o de un ensayo condicionado por limitaciones estructurales y regulatorias?
Un ducto inactivo que vuelve al centro de la agenda energética
La operación marca el primer flujo por el Gasoducto del Mercosur desde 2021. El test permitió verificar condiciones técnicas clave: integridad de la tubería, funcionamiento de válvulas y estaciones, y protocolos de operación tras años sin actividad.
El sistema conecta Aldea Brasileña, en Entre Ríos, con Uruguaiana, en Río Grande do Sul, a lo largo de 421 kilómetros, con capacidad de transporte de 15 millones de metros cúbicos diarios. La infraestructura, inaugurada en 2000, tiene licencia vigente hasta diciembre de 2027, con posibilidad de extensión por 20 años bajo el nuevo marco normativo.
La validación técnica no es un trámite menor. Es el paso previo para habilitar contratos de exportación en firme, en un contexto donde la confiabilidad del suministro se vuelve un factor político y económico.
De la prueba técnica a la geopolítica del gas
El ensayo se inscribe en un cambio más amplio del mapa energético regional. La caída de las exportaciones de gas desde Bolivia obliga a Brasil a redefinir su matriz de abastecimiento. En ese escenario, Vaca Muerta aparece como alternativa.
La prueba actual replica, en otro formato, los testeos realizados un año atrás vía Bolivia. Pero introduce una diferencia clave: la posibilidad de un corredor directo entre Argentina y Brasil.
Ese cambio altera la lógica de interconexión regional. Deja de depender de terceros países y abre la discusión sobre infraestructura propia. El proyecto en análisis contempla una extensión de más de 550 kilómetros del lado brasileño para conectar con Porto Alegre y, potencialmente, con el cinturón industrial de San Pablo.
Actores en juego y control del sistema
El movimiento involucra a múltiples actores con intereses convergentes pero no necesariamente alineados. Del lado argentino, la operación del ducto está en manos de Transportadora Gas del Mercosur, con participación de Total Gas, Tecpetrol, Central Puerto y CGC. En Brasil, la operación corresponde a Transportadora Sulbrasileira de Gás, con presencia de Petrobras, Total Gas, Repsol e Ipiranga.
Las tareas técnicas del test están a cargo de Petrobras y Ámbar Energía, del grupo J&F. El objetivo es determinar si el sistema puede operar de forma continua y estable.
La central termoeléctrica de Uruguaiana, con 640 MW de capacidad instalada, funciona como punto de anclaje de esta estrategia. Diseñada para operar con gas importado, requiere hasta 2,8 millones de m³ diarios para plena carga. Su historial de funcionamiento irregular —alternando entre GNL y combustibles líquidos— expone la fragilidad del suministro en ausencia de un esquema estable.
Integración energética y disputa por el mercado brasileño
El test refuerza una tendencia: la integración energética bilateral empieza a pasar de la planificación a la ejecución. Para el sistema eléctrico brasileño, el gas argentino aparece como una alternativa competitiva y cercana, especialmente en contextos de baja hidraulicidad.
Pero el impacto trasciende lo técnico. La posibilidad de exportaciones firmes redefine la posición de Argentina como proveedor regional. También reconfigura la competencia por el mercado brasileño, donde conviven distintas rutas de abastecimiento.
El Plan Nacional Integrado de Infraestructura de Gas Natural y Biometano de Brasil, que prevé inversiones por US$7.500 millones en 14 obras, incluye la conexión con Argentina como una de las prioridades. El proyecto contempla un gasoducto de 593 kilómetros con capacidad de 15 millones de m³ diarios.
En paralelo, el Grupo de Trabajo Bilateral Argentina-Brasil avanzó en un informe técnico que evalúa múltiples alternativas: rutas vía Bolivia, Paraguay, Uruguay y una conexión directa. Esa diversidad de opciones refleja que la decisión final aún no está cerrada.
Entre la validación técnica y la decisión política
El test en curso no define por sí solo el futuro del corredor energético. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo que sigue es una fase donde lo técnico se cruza con lo político y lo económico.
Habrá que observar si los resultados habilitan contratos en firme y si avanzan las inversiones en infraestructura complementaria. También, cómo se ordena la competencia entre rutas alternativas y qué rol asumen los Estados en ese proceso.
La exportación de prueba reactivó un ducto. Pero, sobre todo, volvió a poner en discusión quién controla el flujo de gas en el Cono Sur y bajo qué condiciones. Ese debate, más que técnico, es estratégico.
