POLITICA

Macron: “No debemos aceptar la ley del más fuerte”

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Emmanuel Macron subió al atril en al Foro Económico Mundial en Davos con un discurso que no tuvo que aludir a Estados Unidos para haber trascendido a la prensa como una condena las políticas de Donald Trump. El mandatario europeo rechazó el uso de “la ley del más fuerte” y el “nuevo imperialismo”, en un contexto de choques con Washington por sus intenciones de “adquirir” Groenlandia y su política arancelaria. 

El presidente francés, Emmanuel Macron, proyectó este martes en el Foro Económico Mundial (WEF) la imagen de un “mundo sin reglas, donde el derecho internacional es pisoteado”, como un ejemplo del “giro a la autocracia” del que alertó en su discurso en Davos, seguido por jefes de Estado, empresarios y organizaciones globales.

En medio de la confrontación entre Europa y Estados Unidos por las amenazas de Trump sobre la anexión de Groenlandia, Macron habló en contra de las “ambiciones imperiales”, antes de decretar que “Francia y Europa están comprometidas con su independencia”.

“Aceptar el nuevo enfoque colonial no tiene sentido y todos los jefes de Gobierno que han sido complacientes con ello deben tener responsabilidad”, aseveró el presidente francés, que calificó a la OTAN como una “institución debilitada”.

La disputa por el territorio danés semiautónomo ha supuesto un reto para la OTAN, ante la posibilidad de una agresión entre sus propios integrantes. El Tratado de la alianza militar trasatlántica no contempla un escenario en el que el agresor sea un Estado miembro, lo que genera múltiples interpretaciones sobre la postura que deberían adoptar los países adscritos. 

Ataviado con lentes oscuros al estilo ‘Top Gun’, debido a una infección ocular, el francés ofreció un discurso en un tono particularmente elevado, no del todo habitual en las declaraciones del Elíseo, al que añadió unas pinceladas de sarcasmo: “Es una época de paz, estabilidad y previsibilidad, así que intentemos abordar los principales retos del mundo en unos pocos minutos”, apuntó al inicio.

Macron invoca el arma comercial más potente de la UE

“No somos respetados y no se respetan las reglas del juego”, denunció Emmanuel Macron en uno de los foros económicos más importantes del planeta, en un intento por instar a la Unión Europea a aplicar el denominado mecanismo anticoerción.

La medida invocada por Macron es un instrumento regulatorio adoptado por la Unión Europea a finales de 2023 que permite a Bruselas defenderse de la coerción económica ejercida por terceros países. Conocido como la “bazuca comercial”, representa el arma en este campo más poderosa de la UE contra acciones económicas adversas

El francés incidió en que Europa dispone de herramientas “muy poderosas” en materia comercial y debe “utilizarlas”. El mecanismo anticoerción aún no se ha aplicado desde su aprobación. “Es un instrumento muy eficaz y no debemos tener dudas en usarlo en el difícil entorno actual”, zanjó el mandatario galo.

Macron describió la política comercial emprendida por Trump como una imposición de “concesiones máximas”, que “apunta abiertamente a debilitar y subordinar a Europa”.

En la antesala del Foro de Davos, Trump amenazó con aplicar aranceles adicionales del 10% a los países europeos que ejecuten maniobras militares en Groenlandia, como ya lo han hecho Dinamarca, Francia, Alemania, Finlandia, Países Bajos y Suecia, además de Noruega y el Reino Unido.

“Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado: Dinamarca”, agregó Macron, antes de tachar de “inaceptables” los aranceles impuestos por la Casa Blanca.

Washington también decretó un arancel del 200% sobre vinos y champanes franceses por la negativa del mandatario galo de entrar en la Junta de Paz para Gaza, contemplada en el plan de alto el fuego redactado en Washington para frenar la guerra entre Israel y Hamás.

“No debemos aceptar pasivamente la ley del más fuerte”, sentenció Macron ante los asistentes en Davos.

Desde París, el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, apoyó la suspensión de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. “La amenaza de aranceles aduaneros se utiliza como chantaje para obtener concesiones injustificables”, afirmó Barrot ante el Parlamento.

Socios europeos cierran filas con Macron

Una las comparecencias más esperadas del día en Davos era la de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien en un tono más conciliador que el de Macron calificó como un “error” los aranceles de Trump contra los socios europeos.

“La UE y Estados Unidos acordaron un pacto comercial el pasado mes de julio. Y tanto en política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo”, subrayó la política belga, en alusión al pacto entre Washington y Bruselas para fijar los aranceles a los productos de la UE en un 15%.

Sin referirse directamente al líder de Washington, destacó la importancia de dinamizar la economía de los Veintisiete. “Es hora de aprovechar esta oportunidad y construir una nueva Europa independiente”, sentenció.

En el plano territorial, Von der Leyen aseguró que la respuesta de la UE ante los planes de anexión de Groenlandia será “firme, unida y proporcional”. La presidenta de la Comisión Europea enfatizó la necesidad de ser “estratégicos”, antes de subrayar que la alianza continental está “plenamente comprometida y comparte los objetivos de Estados Unidos” en materia de seguridad en el Ártico.

“Deberíamos destinar una parte del aumento de nuestro gasto en defensa a la creación de una capacidad europea de rompehielos y a otros equipos esenciales para la seguridad en el Ártico”, agregó.

En línea con Emmanuel Macron, El primer ministro belga, Bart De Wever, se mostró a favor de adoptar una postura más firme frente a la Administración Trump.

“Si alguien dice: ‘Quiero quitarte territorio de la OTAN, o de lo contrario iniciaré una guerra comercial’, entonces iniciaremos una guerra comercial”, decretó el dirigente belga en una entrevista, al margen del Foro Económico Mundial de Davos.

A la espera de la intervención este miércoles de Trump, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, adelantó en Davos algunas de las posiciones de la Administración republicana al recomendar a la UE que “respire hondo, deje que las cosas se resuelvan y descarte represalias”.

Bessent defendió que la Groenlandia “es esencial para el escudo antimisiles Cúpula Dorada”, un mecanismo de defensa para misiles intercontinentales.

Macron comentó con la prensa que no planea reunirse con su homólogo estadounidense en Davos, después de que en la mañana del martes Trump filtrara unos mensajes privados del líder del Elíseo. “Estamos totalmente de acuerdo en Siria. Podemos lograr grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo con respecto a Groenlandia”, escribió Macron al republicano estadounidense, a quien además invitó a cenar a París después del foro en Suiza.

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La UE evalúa activar su “bazuca comercial” ante la amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

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La escalada de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea volvió a ganar intensidad luego de que el presidente Donald Trump anunciara aranceles adicionales contra ocho países europeos en represalia por su rechazo a la pretensión estadounidense sobre Groenlandia. Ante este escenario, Francia pidió formalmente a la UE activar el Instrumento Anticoerción Económica (ACI), conocido como la “bazuca comercial”, una herramienta aprobada en 2023 para responder a presiones externas que afecten la soberanía económica y política del bloque. La medida abre un frente de alto impacto económico, comercial e institucional en una relación bilateral que mueve más de US$1,8 billones al año.

La advertencia estadounidense no sólo reavivó el debate sobre la autonomía estratégica europea, sino que colocó al comercio internacional y a la estabilidad de las relaciones transatlánticas en el centro de la agenda política global, con posibles consecuencias sobre inversiones, cadenas de valor y flujos financieros.

Aranceles, Groenlandia y un conflicto que escala

El detonante del conflicto fue el anuncio de Donald Trump de imponer aranceles del 10% a los productos provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, porcentaje que se elevaría al 25% a partir de junio, condicionado a que Dinamarca acepte vender Groenlandia a Estados Unidos.

“¡La paz mundial está en juego! China quiere Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, en un mensaje que generó fuerte rechazo en Europa. La decisión fue comunicada pocos días después de que estos países enviaran una misión militar conjunta a Groenlandia para reforzar la seguridad del territorio.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, respondió con dureza: “Europa no se dejará chantajear”. En la misma línea, los gobiernos afectados iniciaron contactos diplomáticos con Washington y expresaron su disposición a dialogar “sobre la base de los principios de soberanía e integridad territorial”. Sin embargo, el tono del conflicto marcó un punto de inflexión.

En ese contexto, el presidente francés Emmanuel Macron calificó de “inaceptable” la amenaza arancelaria y solicitó a sus pares europeos avanzar con la activación del Instrumento Anticoerción Económica, una señal de que la UE evalúa pasar del diálogo a la disuasión efectiva.

Qué es el Instrumento Anticoerción Económica y cómo funciona

El ACI fue aprobado por la Unión Europea en 2023 como una herramienta de defensa frente a presiones externas. Según el Parlamento Europeo, su objetivo central es disuadir a terceros países de ejercer medidas coercitivas contra los intereses de la UE o de alguno de sus Estados miembros, y, en última instancia, permitir la aplicación de contramedidas.

El instrumento autoriza a la UE a adoptar una amplia gama de medidas retaliatorias, entre ellas:

  • Imposición de aranceles adicionales a productos importados.
  • Restricciones al comercio de servicios.
  • Limitaciones al acceso a la inversión extranjera directa.
  • Exclusión de empresas extranjeras de licitaciones públicas en los 27 Estados miembro.
  • Restricciones a la compra de acciones, al financiamiento público o privado y a la participación en contratos estatales.

Además, el ACI habilita a exigir una “reparación” económica al país que ejerza coerción comercial o financiera.

Tras la aprobación de la normativa, el eurodiputado alemán Bernd Lange sostuvo: “Este instrumento nos permite reaccionar rápidamente ante la presión de otros países. Ahora tenemos una amplia gama de contramedidas para defender la soberanía de la Unión”. Si bien el diseño del ACI es esencialmente disuasorio, su activación marcaría un giro significativo en la política comercial europea.

Antecedentes, comercio bilateral y el dilema político

El ACI comenzó a gestarse tras la primera presidencia de Trump, período atravesado por fricciones comerciales entre Washington y Bruselas. Sin embargo, el episodio que aceleró su aprobación fue el conflicto entre China y Lituania en 2021, cuando Pekín impuso restricciones comerciales luego de que el país báltico fortaleciera sus vínculos con Taiwán. En aquel caso, la UE argumentó que la coerción comercial no está contemplada en los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que justificó la creación de una herramienta específica.

La magnitud del actual conflicto explica la cautela europea. En 2023, el comercio de bienes y servicios entre la UE y EE.UU. superó los US$1,8 billones, con intercambios diarios cercanos a US$5.000 millones, según la Comisión Europea. En bienes, la UE registró un superávit superior a US$170.000 millones, mientras que en servicios EE.UU. obtuvo un saldo favorable de casi US$120.000 millones.

En julio pasado, ambas partes habían alcanzado un acuerdo para reducir aranceles del 25% al 15%, a cambio de inversiones europeas por miles de millones de dólares en el sector industrial y de defensa estadounidense. La posibilidad de que este pacto quede congelado ahora aparece como una de las principales consecuencias del conflicto.

Mientras Macron y otros líderes presionan para avanzar con el ACI, algunos gobiernos llaman a la prudencia. El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, recordó que el instrumento “está sobre la mesa”, pero pidió agotar la vía diplomática. En el mismo sentido, el primer ministro noruego Jonas Gahr Store advirtió: “Debemos ser muy cuidadosos para no entrar en una guerra comercial que se salga de control”.

Los embajadores de los 27 países de la UE tenían previsto reunirse de emergencia para analizar la situación y definir los próximos pasos, en un escenario donde la activación de la “bazuca comercial” podría redefinir la relación transatlántica y sentar un precedente clave en la política comercial global.

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La CGT y ATE endurecen su rechazo a la reforma laboral y advierten que profundizará la precarización

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La conducción sindical intensificó sus críticas al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa no solo “va a empeorar la situación laboral”, sino que además es “inconstitucional”. Así lo sostuvo el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, quien alertó sobre un creciente rechazo social —especialmente entre los jóvenes— a medida que se conocen los alcances del texto. En paralelo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó que el proyecto “se tiene que caer completo” y llamó a profundizar la estrategia de paro y movilización.

Las declaraciones marcan un endurecimiento del posicionamiento sindical y anticipan un escenario de mayor conflictividad política y social en la antesala del tratamiento legislativo de la iniciativa.

“Va a empeorar la situación laboral”: el diagnóstico de la CGT y el cuestionamiento constitucional

Jorge Sola afirmó que “hay una creciente consciencia” de que la reforma laboral promovida por Javier Milei “va a empeorar la situación laboral y es inconstitucional”. Según explicó, el avance del debate público permitió que distintos sectores identifiquen que la propuesta apunta a “profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos consagrados por la Constitución”.

El dirigente sostuvo que el deterioro del empleo no se origina en el marco normativo vigente, sino en el rumbo macroeconómico. “No es la legislación laboral, sino la política económica que aplica el Gobierno, que prioriza lo financiero y abandona la productividad, la que está agravando la crisis en las empresas, especialmente en las PyMes, destruyendo el tejido industrial del país”, afirmó.

Sola describió un escenario de impacto económico negativo que atraviesa al mercado de trabajo: “Vemos caída del consumo, aumento de la desocupación, caída de la recaudación. Y aún a la gente con trabajo, la plata le alcanza cada vez menos. Mientras aumenta el endeudamiento familiar y el del Estado nacional”. En ese contexto, pidió a los legisladores que “antes de votar piensen en legislar a favor del país y de las y los trabajadores” y advirtió que, de aprobarse el proyecto, “la Justicia dictaminará su total inconstitucionalidad”.

Estrategia política y presión sobre gobernadores y legisladores

Además del cuestionamiento jurídico, la CGT anticipó una reactivación de su estrategia política para incidir en el trámite parlamentario. La central obrera buscará dialogar con gobernadores con el objetivo de que no acompañen la iniciativa a través de sus legisladores o impulsen modificaciones en los artículos que concentran el mayor rechazo sindical.

La ofensiva sindical se apoya en la lectura de que el proyecto, tal como está redactado, genera un cambio estructural en las relaciones laborales y reduce derechos colectivos, lo que podría abrir una etapa de judicialización prolongada y tensión institucional entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y el sistema judicial.

ATE: “El proyecto se tiene que caer completo” y llamado a la movilización

El rechazo se profundizó con la posición de ATE. Tras reunirse con el titular del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, Rodolfo Aguiar aseguró que “hay un consenso creciente en la dirigencia sindical sobre que el paro y la movilización son las herramientas más eficaces para enfrentar la reforma laboral”.

Aguiar descartó la posibilidad de una negociación parcial: “No podemos caer en la ingenuidad de pensar que modificando un par de artículos vamos a frenar un ataque sin precedentes a todos nuestros derechos. No nos podemos conformar con el mal menor. Este proyecto legal de contrarreforma laboral se tiene que caer completo”. En un comunicado, afirmó que el texto “fue redactado por los estudios jurídicos de las grandes patronales” y que su aplicación “puede traducirse en más precarización, más explotación para los trabajadores y más rentabilidad para las empresas”.

El dirigente también cuestionó el argumento oficial de que la reforma promoverá el empleo. “La creación de empleo no depende de una ley, depende de la economía, y precisamente es la política económica del Gobierno la que ha destruido durante dos años los puestos de trabajo formales en la Argentina”, señaló. De la reunión también participó el abogado Matías Cremonte.

Finalmente, Aguiar alertó sobre los derechos colectivos en juego y convocó a la acción directa: “No podemos permitir que se afecte el derecho de huelga y que pretendan eliminar las asambleas. Sería una vergüenza que alguien termine aceptando que nos paguen nuestros salarios con paquetes de yerba o que tengamos que pedir permiso para realizar una asamblea. El único camino posible es la calle”.

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CAME respalda la reforma laboral, pero advierte riesgos por aportes patronales y convenios

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su respaldo general al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso, compuesto por 180 artículos, pero encendió alertas sobre cinco disposiciones puntuales que, según la entidad, podrían generar inestabilidad en el sector productivo y afectar de manera directa el funcionamiento de las cámaras empresariales. Las objeciones se concentran en los artículos 126, 128, 130, 131 y 132, que introducen cambios en el régimen de convenios colectivos y en el financiamiento de las organizaciones representativas del empresariado.

La advertencia no es aislada: también fue acompañada por reclamos de la Cámara de Comercio, ADIMRA y entidades empresariales del interior del país, que comparten la preocupación por el impacto institucional y económico de la iniciativa si se aprueba sin modificaciones.

Convenios colectivos y ultraactividad: el riesgo de una transición abrupta

Uno de los ejes centrales del planteo de CAME es la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Desde la entidad sostienen que, si bien los convenios requieren actualización, los cambios propuestos podrían provocar una ruptura abrupta del marco normativo vigente.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, advirtió que “estos convenios, si bien hay que retocarlos o mejorarlos o actualizarlos, no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja”. En declaraciones a Radio Rivadavia, el dirigente agregó que desarmar el entramado actual sin una transición adecuada “generaría más caos que soluciones en este momento”.

Desde la óptica de la mediana empresa, la ultraactividad funciona como un mecanismo de previsibilidad en las relaciones laborales. Su eliminación o restricción, sin un esquema gradual, podría impactar en la planificación productiva, en los costos laborales y en la estabilidad de los acuerdos vigentes, especialmente en sectores con menor capacidad de negociación individual.

Aportes patronales y financiamiento: una “desigualdad absoluta” frente al sector sindical

El artículo 128 del proyecto es señalado como uno de los puntos más sensibles. La norma propone la quita de la obligatoriedad de los aportes patronales a las cámaras empresariales, una medida que, según CAME, comprometería seriamente su sostenibilidad financiera.

Diab sostuvo que esta modificación colocaría a las entidades empresariales en una “desigualdad absoluta” frente al sector sindical, que mantiene sus mecanismos de financiamiento. En ese marco, afirmó que el proyecto “tiene como objetivo final la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas”.

La confederación remarcó que estos recursos no solo sostienen la estructura institucional, sino también programas de formación profesional que se desarrollan en todo el país. “Gracias a las capacitaciones que nosotros hacemos, hay muchas empresas o pequeños comercios, unidades productivas que se han sostenido con nuevas habilidades”, explicó el titular de la entidad. La eventual pérdida de estos fondos, advierten, tendría un impacto directo en la competitividad y en la capacidad de adaptación de las pymes.

Riesgos legales y gestiones políticas antes de la votación

Además de los aspectos financieros, CAME alertó sobre posibles consecuencias jurídicas derivadas de la aplicación de los artículos 130, 131 y 132. Según el análisis de los asesores legales de la entidad, estas disposiciones “pueden traer conflictos legales futuros”, lo que abriría un nuevo frente de incertidumbre para empresas y cámaras en un contexto ya complejo.

Ante este escenario, la confederación intensificó su estrategia de diálogo político. Representantes de CAME mantuvieron reuniones con “la mayoría de los legisladores, senadores que tienen de la comisión y otros también”, además de encuentros con distintos gobernadores. El objetivo es que el Poder Legislativo contemple estas observaciones antes de la votación definitiva de la reforma.

El debate se da en un momento clave para el entramado productivo, donde la reforma laboral es presentada como una herramienta para modernizar el mercado de trabajo, pero también genera tensiones sobre el equilibrio institucional entre sindicatos, empresas y el Estado. Para CAME y otras entidades empresariales, el desafío pasa por introducir cambios sin desfinanciar a las organizaciones representativas ni erosionar la previsibilidad que requieren las pymes para sostener la actividad.

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En su paso por Suiza, Javier Milei participará de la firma del Consejo de Paz

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El presidente Javier Milei agregó una nueva actividad a la agenda que mantendrá en Suiza, destino al que viajó para participar del Foro Económico de Davos, y aprovechará para asistir a la ceremonia que dará lugar a la firma del Consejo de la Paz creado por Donald Trump. 

El mandatario asistirá el próximo jueves a la formalización del Consejo de la Paz impulsado por su par republicano para bregar por la paz en la Franja de Gaza.

La delegación presidencial que lo acompaña está compuesta por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

El vuelo partió a las 21 del lunes, con planes de aterrizar este martes a las 15:30, y su cronograma de actividades incluye un encuentro con el emprendedor británico Maurice Ostro, a las 21 (hora local). Ostro es titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos. 

Para el miércoles 21 de enero, el mandatario tiene previsto un breve saludo para las 10.05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro.

Algunos minutos más tarde, participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, donde compartirá un encuentro de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings. Se trata de una reunión que apuesta a fomentar nuevas alianzas y facilitar el diálogo entre las naciones. 

A las 11.30, se reunirá con CEOs de bancos globales y a las 15.30, se verá con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro. Allí tomará la palabra luego de su par republicano, con quien se espera que se cruce, aunque no hay pedido formal de audiencia.

El jueves, en la previa a una serie de entrevistas programadas, iniciará la mañana a las 10.30 con la firma del acta fundacional de la instancia impulsada por Trump en Davos. Luego espera dar una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes. 

A las 18 (14 en la Argentina), el vuelo especial que transporta al libertario y la comitiva, que cuenta con agenda propia, emprenderá el regreso al país. El aterrizaje será el viernes 23 de enero a las 6.

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