Áspero debate sobre el INYM motivó la sanción de una ley de viviendas para el trabajador rural
La Cámara de Diputados aprobó en la noche del jueves una ley para que el Estado financie viviendas móviles que garanticen seguridad y protección a los trabajadores rurales, especialmente en la yerba mate.
La iniciativa, del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira y el diputado Darío Pietrowski, apunta a proteger a quienes desarrollan actividades agropecuarias en el medio rural.
Su finalidad es incrementar la productividad y la seguridad, protegiendo al sujeto esencial de un sistema productivo que se relaciona con radicación de la familia en el ámbito rural.
Los objetivos de la norma son mejorar las condiciones laborales de los trabajadores rurales, a través de una vivienda confortable y digna, durante el tiempo que dure la cosecha; fomentar el bienestar laboral y la calidad de vida del trabajador en los espacios rurales; y generar empleo local mediante el diseño de las viviendas, que deben ser fabricadas en su totalidad en Misiones, utilizando materiales y mano de obra local.
El objetivo de este programa es “incorporar conocimientos en el uso de los espacios y nuevas tecnologías a través de capacitaciones destinadas a los trabajadores, cooperativas agrícolas y municipios en general”, explicó el autor.
Sin embargo, el proyecto, que fue votado por unanimidad, disparó un áspero debate sobre el rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate en la protección de los tareferos, que, en muchos casos, viven en condiciones similares a las de la época de los mensúes.
El diputado Héctor Bárbaro, del partido Agrario, cuestionó severamente el accionar del organismo rector de la actividad yerbatera, que destina recursos a la promoción y a viajar a “exposiciones internacionales”, mientras que poco y nada hace por resolver las cuestiones urgentes de productores y yerbateros. “Es nuevamente el Estado, con el dinero de todos, el que debe salir a cubrir una falencia del INYM”, cuestionó y recordó que ya había actuado de manera similar con el programa de transporte para los trabajadores rurales, iniciado a partir de la muerte de un grupo de tareferos.
El radicalismo, por su parte, votó a favor de la ley, pero defendió al instituto yerbatero, encabezado por uno de los suyos, Alberto Ré. “No es su función. Es función del Estado el cuidado de los tareferos, así como se hace con la expropiación de tierras para dárselas a los ocupantes”, cuestionó.
La postura del radicalismo desnudó la grieta en la visión con sus socios del PRO, ya que contrasta con la expuesta por el diputado Alfredo Schiavoni, quien hace pocos días cuestionó la lentitud del INYM en resolver las prioridades del sector yerbatero y no actuar en contra de las grandes industrias, que, consideró, violan las leyes al vender yerba mate por debajo de los costos de producción.
La legisladora Claudia Gauto le contestó que desde siempre la Provincia se hizo cargo de la atención de los sectores más desprotegidos de la cadena yerbatera y recordó que la iniciativa forma parte de una más amplia, que está en tratamiento en el Congreso nacional, que crea un fondo yerbatero justamente para que la Provincia cuente con recursos para la atención a la producción primaria y los trabajadores rurales.
Después del cruce de opiniones, se aprobó otra norma que beneficiará a la industria de la madera: crearon un instituto para capacitar e investigar sobre la madera y el mueble.
De acuerdo con la ley aprobada esta semana por la Legislatura provincial, funcionará en el municipio de San Vicente.
Los objetivos del Instituto de Capacitación e Investigación de la Madera y el Mueble son la formación y capacitación del personal involucrado en el proceso productivo de la madera, y la transferencia de tecnología que atienda a la demanda de las industrias madereras.
El organismo buscará mejorar las capacidades de las organizaciones en el uso de maquinaria y perfeccionar recursos humanos, otorgándole mayor valor agregado a la madera.
Sus funciones serán, entre otras, las de ofrecer asistencia técnica para fortalecer los procesos productivos y mejorar la cadena de comercialización y distribución de los productos provenientes de la industria maderera; brindar capacitación en carpintería e industria de la madera al personal actual y futuro, y a los formadores de escuelas técnicas.
Además, promover la enseñanza de carpintería e industria de la madera en los niveles educativos de nivel medio y superior; realizar investigaciones, certificaciones y servicios a la producción industrial; y otorgar créditos o subsidios a pequeños carpinteros e industriales radicados en la provincia.
También, facilitar el acceso a tecnologías de avanzada a los pequeños y medianos aserraderos, carpinteros y establecimientos educativos; y propiciar la formación de cooperativas entre los egresados de las escuelas e institutos donde se forman carpinteros e industriales de la madera.
El diputado Héctor Bárbaro, autor del proyecto, consideró que, con esta ley, “el Estado contará con una herramienta y una obligación institucionalizada de ocupar un rol central en una de las industrias con mayor posibilidad de crecimiento, generación de riqueza y empleo de nuestra provincia”.
Para el legislador, “el desarrollo de la foresto-industria en nuestra provincia, particularmente, abarca otros aspectos complejos y problemáticos vinculados al desarrollo de una gestión sustentable y un adecuado manejo ambiental de los recursos, lo que exige un permanente y amplio debate con distintos sectores y organismos”.
