POLITICA

Gremios docentes presionan para que Nación convoque a paritarias federales

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La secretaria general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), Stella Maris Leverberg anunció que el jueves el sindicato participará del Plenario Nacional de Secretarios Generales de sindicatos docentes de todo el país. “El Ministro de Educación de la Nación abrió el conflicto con el sector docente cuando declaró que no habría mas paritarias”, resaltó. Por otra parte se confirmó que mañana realizará la primera reunión de la mesa de Diálogo Docente en el Ministerio de Educación de Misiones.

 

“Ahora se inició la discusión y eso hizo que estemos en permanentes reuniones a nivel nacional que permitieron consolidar la unidad y el fortalecimiento en la lucha de CTERA y los demás gremios que integran la representación oficial de los docentes en todo el país. Un ejemplo de ello fue, como se vio el pasado jueves, la movilización frente hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación,  donde se entregó un petitorio importante nucleando a todos los sindicatos nacionales que son integrantes de la paritaria docente consagrada en el año 2005 mediante la Ley 26075”, destacó Leverberg, y agregó que “esta ley pone en vigencia las paritarias nacionales que son el espacio de definición laboral, de definición de derechos de la clase trabajadora docente y además de salarios, también se  tratan las políticas educativas, los destinos de las inversiones y sus proyecciones, la inversión en infraestructura, el ámbito de la formación y calidad de la educación, es decir todas las condiciones de educabilidad para la escuela argentina”.

 

Enfatizó que “desde la UDPM nos sorprendió el posicionamiento obtuso y de enfrentamiento con lo que es una conquista porque el Estado tiene el deber indelegable de sostener la educación pública y justamente esta haciendo lo contrario empujando a los gobernadores a hacerse cargo de la situación y es precisamente al revés de lo que debería pasar ya que es gobierno nacional tiene el deber indelegable de garantizar la educación pública”.

 

“En el caso de Misiones ya hace más de una década, que la provincia absorbió todos los servicios nacionales de la noche a la mañana sin recibir fondos nacionales, es decir tuvo que sostener la caja previsional, todos los cargos, todas las escuelas. Es decir la Nación ya tiene una deuda con la provincia de Misiones”, añadió la sindicalista.

 

“Desde la UDPM insistimos que el gobierno nacional debe garantizar el financiamiento del incentivo docente y del articulo 9 (por cargo) que por ejemplo un docente con un doble turno o que tiene hasta 30 horas estamos hablando de un total aproximado de $4500, si el gobierno nacional no se hace cargo de estos fondos”,expresó

 

Asimismo secretaria general de la UDPM también declaró que “hoy por hoy, debe saberlo toda la sociedad, mas que discutir porcentajes, tenemos que discutir el ámbito a donde se van a discutir los porcentajes. Al no haber un ámbito, los porcentajes se transforman en una cuestión secundaria. El ámbito fue creado por ley para definir estos porcentajes los pisos salariales federales, para definir la garantía de un 40% que debe aportar la nación y un 60% que debe aportar la provincia. Dentro del 40% que debe aportar la nación se encuentra el incentivo docente (que se transforma en una herramienta de incremento a favor de los docentes, recordemos que el año pasado tuvo un incremento muy importante) y el articulo 9 (fondo compensador)”.

 

Por último resaltó que “nosotros en Misiones, como única provincia del país, contamos con la Mesa de Diálogo que nos permite discutir los temas de la agenda de la educación en la provincia entre las organizaciones que representan por un lado al estado provincial y por otro a las que representan a los trabajadores de la educación. Esta relación interinstitucional nos permite también un debate mucho más genuino, más responsable y con acciones directas e inmediatas”.

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Nuevo ordenamiento de accidentes y enfermedades laborales

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El decreto del Gobierno que modificó la normativa sobre accidentes y enfermedades laborales cambió las reglas para empresas, empleados y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), por lo que conviene conocer en detalle los nuevos trámites a seguir ante un siniestro total o parcial que afecte a un trabajador, y también el alcance de la intervención de las Comisiones Médicas, el trámite ante la Justicia laboral y el ordenamiento legal, según el cual el trabajador solo podrá iniciar la demanda por responsabilidad civil cuando haya agotado el procedimiento ante la respectiva Comisión Médica local y notificado a la ART.

La intervención de las Comisiones Médicas es previa y obligatoria. Con carácter previo a cualquier reclamo judicial el trabajador deberá agotar un trámite administrativo ante la Comisión Médica local.

En este trámite se determinará el carácter laboral de la dolencia, el porcentaje de incapacidad y las prestaciones dinerarias.

La decisión de la Comisión Médica local podrá ser apelada ante la Comisión Medica Central.

Los trabajadores no registrados no están obligados a cumplir con este trámite previo y pueden reclamar directamente ante la justicia.

Los honorarios del abogado del trabajador, así como los demás gastos en esta instancia estarán a cargo de la ART.

En cuanto al trámite ante la Justicia laboral, explicaron que el trabajador tiene la opción de apelar lo resuelto por la Comisiones Medicas, tanto Local como Central, ante la justicia laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad de Buenos Aires.

Los recursos interpuestos ante la justicia laboral suspenden los efectos de la resolución de la Comisión Médica, salvo casos especiales donde haya apelado la ART.

Las resoluciones de las Comisiones Médicas Locales y Central que no hayan sido cuestionadas, así como las resoluciones homologatorias, son cosa juzgada en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo.

En todos los casos, los peritos médicos deberán integrar el cuerpo médico forense y sus honorarios no estarán vinculados a la cuantía del reclamo.

Los trabajadores no podrán pactar honorarios con sus abogados como un porcentaje del monto recibido (pactos de cuota litis).

Respecto del ordenamiento al sistema de riesgos del trabajo, se estableció lo siguiente:

– La Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) se podrá extender hasta 2 años desde la primera manifestación invalidante. Si el trabajador se hubiera reincorporado al trabajo y volviera a estar de baja por idéntico accidente, su ILT continuará hasta el alta médica, hasta la Incapacidad Laboral Permanente o hasta completar 2 años efectivos de baja, sumándose todos los períodos anteriores.

– Cálculo del ingreso base: es el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicio, si fuera menor. Los salarios mensuales se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice Ripte (un índice que se calcula sobre la base del salario de un trabajador estable). Se devengarán intereses cuando sea necesario calcular indemnizaciones.

– Extinción del contrato: la ART podrá extinguir el contrato de afiliación de un empleador ante la falta de pago de 2 cuotas mensuales, consecutivas o alternadas, o la acumulación de una deuda total equivalente a 2 cuotas. A partir de la extinción, el empleador responderá directamente ante el trabajador.

– Depósito en cuenta sueldo: todas las prestaciones dinerarias e indemnizaciones que se liquiden administrativa o judicialmente, deberán ser depositadas en la “cuenta sueldo” del respectivo trabajador, siempre que aquella se encuentre disponible.

– Recupero Obra Social: están a cargo de la ART los gastos de atención médica en que incurra la obra social del trabajador y que resulten cubiertos por la Ley de Riesgos del Trabajo.

Estudio Adrogué, Marqués, Zabala & Asociados.

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Macri viaja a Brasil para fortalecer la relación

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El presidente Mauricio Macri viajará este martes a Brasil, en visita de Estado, para entrevistarse con su colega Michel Temer, con el propósito de fortalecer los vínculos entre ambas naciones y el Mercosur y su apertura a los mercados mundiales.

El martes, el Presidente viajará a Brasilia para reunirse con su par Temer, en una visita oficial que incluirá las sedes del Parlamento y el Supremo Tribunal Federal de ese país.

El encuentro entre ambos mandatarios apunta a mostrar la fortaleza del Mercosur y su apertura a los mercados mundiales para poder mejorar los acuerdos comerciales de la región con otros países.

En la última semana, funcionarios argentinos de los ministerios de Producción y Agroindustria coordinaron la agenda de temas que se abordará en la cumbre con el propósito de profundizar las relaciones comerciales entre ambos países.

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La ANSeS transfirió la primera cuota automática a las cajas provinciales

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La ley de reparación histórica prevé 12 cuotas para 13 cajas previsionales. Son $ 8000 millones a transferir el 20 de cada mes, pero la primera se demoró a febrero.

El presupuesto nacional prevé para este año transferencias por $ 14.000 millones para que la ANSeS financie los rojos de las 13 cajas previsionales que siguen en manos de las provincias después de que se privatizó el sistema jubilatorio y de acuerdo al porcentaje de armonización con la liquidación a nivel nacional.

Según se acordó, $ 8000 millones de ese total serán transferidos en 12 cuotas iguales y consecutivas los días 20 de cada mes, lo que aportará previsibilidad a los ingresos de las provincias.

La primera transferencia, de $ 666,67 millones, se realizó finalmente el 1 de febrero a doce provincias, porque a Chubut todavía no se le realizó la auditoría correspondiente.

La provincia de Buenos Aires recibió $ 163,02 millones; Córdoba, $ 116,7 millones; Santa Fe, $ 88,5 millones; Entre Ríos, $ 74,5 millones; Chaco, $ 51 millones; Santa Cruz, $ 48,41 millones; Neuquén, $ 37,44 millones; Corrientes, $ 23,77 millones; La Pampa, $ 19,66 millones; Formosa, $ 19,58 millones; Misiones, $ 16,76 millones, y Tierra del Fuego, $ 7,22 millones.

La cuota se postergó 12 días desde la fecha prevista (20 de enero) en la ley de Reparación Histórica, hasta que ANSeS terminó de hacer los cálculos.

Sucede que la distribución a cada Tesorería está determinada en un 50% en función del déficit determinado por el organismo previsional el ejercicio anterior, en un 25% por la población de cada distrito y en un 25% por la cantidad de beneficiarios. De acuerdo a lo que detalla El Cronista, en el año, la transferencia que calculó ANSeS totalizará para la provincia de Buenos Aires$ 1956,26 millones; Córdoba, $ 1400,87 millones; Santa Fe, $ 1061,83 millones; Entre Ríos, $ 893,85 millones; Chaco,$ 612,95 millones; Santa Cruz, $ 580,99 millones; Neuquén, $ 449,39 millones; Corrientes, $ 285,24 millones; La Pampa, $ 235,92 millones; Formosa, $ 234,96 millones; Misiones, $ 201,14 millones, y Tierra del Fuego, $ 86,6 millones.

Estos importes, aunque son parciales, quedan en algunos casos por debajo de los déficits financiados en 2016, que implicó una transferencia total por parte de la ANSeS de $ 12.099,37 millones. El año pasado, el organismo fue transfiriendo los fondos a medida que las provincias eran auditadas y realizaban los cambios legislativos para armonizar el cálculo de las jubilaciones. El importe, además, neteó deudas entre las provincias y el ente previsional.

Los gobernadores confían en completar la diferencia entre los pagos mensuales automáticos y el déficit armonizado con los $ 6000 millones que restan de los presupuestados. Serán abonados tras simular el pago de las jubilaciones, retiros y pensiones de cada provincia en el sistema de liquidación de la ley 24.241 que utiliza la ANSeS menos los recursos que reciban las provincias para financiar las cajas previsionales de otras fuentes, tributarias o no.

Ese sistema de liquidación sigue la premisa de que el organismo que dirige Emilio Basavilbaso financia los déficits de las cajas previsionales en proporción al grado de armonización que se haya logrado en cinco componentes: la edad jubilatoria, las alícuotas de aportes y contribuciones patronales, la cantidad de años de servicio con aportes efectivos, la determinación del haber inicial y la movilidad jubilatoria.

Si bien se trata de parámetros objetivos, para algunas cajas previsionales la diferencia a cubrir puede estar sujeta a negociaciones políticas.

“El sistema es bien claro, es respetar la reglamentación de la ley. No hay espacio para la negociación política. Todo lo contrario. En 2017, va a ser más técnico que en 2016, porque a partir de este año va a pasar por el sistema de ANSeS y el número va a ser exacto”, dijo Basavilbaso.

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Macri convoca a desarrolladores inmobiliarios para construir viviendas

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El gobierno nacional presentó a los participantes del Foro de Inversión y Negocios de Argentina la propuesta que enviará al Parlamento para tener una Ley de Participación Público Privada (PPP) que permita el desarrollo de proyectos de infraestructura, tecnología, energía y vivienda, entre otros, a partir de establecer reglas claras para atraer al capital externo.

“Estos programas Conjuntos Urbanos Integrados ya los dimos a conocer en Mendoza y en la Capital Federal y próximamente viajaremos a otras ciudades como Córdoba, Salta y Jujuy para interesar a desarrolladores de todo el país”, dijo Marcelo Busellini, director nacional de Nuevos Desarrollos de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Busellini explicó a la agencia Télam que el 95% del déficit habitacional argentino se concentra en sectores de bajos ingresos (60%) y sectores medios (35%).

El programa se denomina Conjuntos Urbanos Integrados (CUI) y tiende a la “mixtura social” para que en un mismo proyecto urbanístico haya beneficiarios de distintos segmentos sociales.

El programa está destinado “a reducir el déficit habitacional de la base de la pirámide social y de sectores medios, priorizando la mixtura social”, apuntó Busellini.

El programa de los Conjuntos Urbanos Integrados apunta a tres variantes de vivienda: entre el 20% y 40% será para vivienda social; entre el 40% y 80% para unidades aptas para ser adquiridos por crédito hipotecario, como del plan Procrear y un 20% de las unidades serán viviendas de demanda libre o áreas comerciales.

Explicó que el rol del sector púbico es “facilitar, agilizar los trámites de obra en los municipios, para obtener rápidamente la aprobación de los proyectos, para que no se tarde en las subdivisiones”.

“Entidades que agrupan a desarrolladores como la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) construyeron para quintiles de más altos ingresos de la población y esto les abre la cabeza para ver otro tipo de oportunidad”, explicó Busellini.

“Los desarrolladores deberían ver a estos programas como una alternativa, por los incentivos que se les da”, expresó.

En estos proyectos, la tierra en la que se construirán los emprendimientos es fiscal municipal o incluso puede ser de los propios desarrolladores.

La Ley de Participación Público Privada fue promulgada a fines del año pasado y su objetivo es desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica.

La normativa, que incluye controles medioambientales y de la responsabilidad del contratista, fija en un 33% la obligación de participación de bienes y servicios de origen nacional en los contratos de obra pública.

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