POLITICA

Escalada pidió que el Estado asista a los productores mientras dure el proceso de expropiación de tierras de Alto Paraná

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El diputado Hugo Escalada, del bloque Vanguardia Radical destacó el anuncio del gobernador Hugo Passalacqua sobre la expropiación de las primeras 166 hectáreas del grupo Arauco –ex Alto Paraná- para brindar esas tierras a los productores organizados en cooperativas.
En paralelo, recordó un pedido realizado al Poder Ejecutivo para que implemente con urgencia, una ayuda económica temporaria para los Productores Independientes de Puerto Piray mientras dure el proceso mensura y expropiación de las 600 hectáreas de tierras de la empresa Alto Paraná SA.
“Todo proceso de expropiación conlleva su tiempo, más aún si hablamos de la empresa Alto Paraná SA, que se ha negado rotundamente a ceder tierras a las comunidades vecinas, a trabajar en formas asociativas con los productores, poniendo de manifiesto una y otra vez su visón monopólica, nada altruista, mostrando al mundo su desprecio por aquellos ciudadanos de escasos recursos necesitados imperiosamente de tierras para lograr subsistir”, explicó Escalada.
“Solamente un Estado presente traerá luz en la oscuridad, necesitados de una ayuda económica, un subsidio, mientras dure el proceso, para los integrantes de la asociación de productores de Puerto Piray que se encuentran en situación de pobreza y desempleo, subsistiendo únicamente por los planes sociales nacionales, en aquellas regiones dónde esta empresa se comprometían a traer desarrollo y sustentabilidad para las poblaciones lindantes”, argumentó el legislador.

Escalada destacó el ideario progresista de la ley de expropiación al asociar tierras, productores y cooperativizarlos en función de aunar esfuerzos y magnificar la producción con un fuerte sentido social y de arraigo.
Sin embargo, consideró que “pese a este ideario plasmado en la Ley, el Estado provincial continúa entregando tierras en forma particular, en unidades productivas no económicas, sin apoyo de una verdadera reforma agraria que incorpore conceptos productivos-asociativos y rentables, para evitar que las tierras entregadas se transformen en grandes negocios inmobiliarios para funcionarios políticos y empresarios con dineros del erario público”.

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Oficializaron el proyecto para reconvertir planes sociales en empleo formal

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El presidente Mauricio Macri había anunciado el lunes, en un acto del Día del Trabajador en el club Ferro Carril Oeste, un proyecto para reconvertir planes sociales en empleo formal. Esa iniciativa fue oficializada hoy con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 304/2017, que establece que “los trabajadores afectados por problemáticas de empleo incluidos en programas nacionales implementados por el Ministerio de Trabajo o por el Ministerio de Desarrollo Social que accedan a un empleo bajo relación de dependencia en el sector privado podrán percibir, o continuar percibiendo, una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo”.

Según había revelado Macri el lunes, la idea es “reconvertir” a quienes recibieron un plan social desde la crisis de 2001 y “pasaron los años y siguen en la misma situación”. Según el mandatario, la iniciativa es que los beneficiarios de planes “puedan entrar a trabajar sin perder el plan”.

“Las empresas pueden incluir ese plan que paga el Estado dentro de su salario y facilita que los puedan tomar”, había explicado el Presidente. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, había detallado a LA NACION: “Este proyecto permite que aquellos que están desde hace mucho dentro de los programas sociales tengan la posibilidad de incorporarse al mercado formal asalariado, eso les cambia el panorama en cuanto a la cobertura previsional, social, de salud, y les asegura un nivel de ingresos distinto del convenio”.

El decreto, que lleva las firmas de Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros Triaca ( Trabajo) y Carolina Stanley (Desarrolo Social), prevé que los estímulos económicos podrán extenderse hasta un plazo de dos años (24 meses) siempre que continúe vigente la relación laboral.

Artículo 1°.- Las trabajadoras y los trabajadores afectados por problemáticas de empleo incluidos en programas nacionales implementados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o por el Ministerio de Desarrollo Social que accedan a un empleo bajo relación de dependencia en el sector privado podrán percibir, o continuar percibiendo, una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en los términos del presente decreto.

Artículo 2°.- La ayuda económica mensual que percibirán los participantes de programas nacionales de empleo y de desarrollo social durante la nueva relación laboral tendrá carácter de subsidio al empleo y podrá ser contabilizada por los empleadores como parte de su remuneración laboral neta mensual.

Artículo 3°.- Los empleadores interesados en acceder al incentivo económico para la contratación laboral de participantes de programas nacionales de empleo o de desarrollo social previsto en la presente medida deberán adherir al Programa de Inserción Laboral y solicitar la incorporación al mismo de las trabajadoras y los trabajadores que contraten. Los empleadores gozarán de este beneficio si se trata de una nueva relación laboral, o de la regularización de una preexistente, respecto de la nómina total de trabajadores declarada al día 31 de diciembre de 2016.

Artículo 4°.- Las trabajadoras y los trabajadores que en el marco de la presente medida sean incorporados al Programa de Inserción Laboral podrán percibir la ayuda económica mensual en carácter de subsidio al empleo durante un plazo de hasta 24 meses, siempre que continúe vigente la relación laboral.

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Incentivo: una denuncia gremial que pone en riesgo el bolsillo de los docentes

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La decisión de ajustar los controles sobre licencias y adscripciones generó el enojo de un sector del sindicalismo docente que vio perder algunos privilegios. Hace unos días, el Frente Unidos de Trabajadores de la Educación, apadrinado por el diputado macrista Alex Ziegler, presentó una denuncia por supuestas irregularidades en el cobro del Incentivo Docente por parte de docentes que no están frente al aula. Lo curioso es que con el mismo argumento, varios de los denunciantes no deberían cobrar el adicional, como sí lo hacen Estela Genesini y al menos quince docentes de la comisión directiva de su agrupación que no encuadra en la ley, ya que carece de personaería gremial, pero no están frente a un aula desde hace años. Genesini goza de licencia gremial desde 2013 y hasta el 19 de este mes y cobra todos los beneficios, nacionales y provinciales. 

La acusación del FUTE apunta a  “funcionarios y empleados estatales que cobran como docentes a través de “escuelas fantasmas” sin desarrollar actividad alguna”. Sin embargo, fue el Consejo de Educación el que comenzó, bastante antes de la denuncia, un control exhaustivo de los beneficios, que a su vez son auditados por Nación desde 2009, mes a mes para habilitar los pagos. Ningún funcionario en el organismo cobra adicionales y muchos débitos también cayeron, además de que comenzaron a controlarse las licencias.

Si se comparan todos los cargos docentes del 2015 con los del 2016, hay 48 cargos docentes menos. “Estamos cuidando los recursos y algunos no están entendiendo”, señaló una fuente educativa.

Este tipo de denuncias solo logran poner en riesgo la continuidad de los adicionales para el conjunto de la docencia. La Provincia ya debe afrontar el pago del Incentivo con anticipos y haciéndose cargo de un porcentaje que dejó de enviar la Nación. 

La denuncia del FUTE también revela un desconocimiento de la reglamentación de ley del Incentivo Docente. El acta del 8 de julio de 1999 especifica que accederán a la asignación especial los docentes que presenten servicios dentro del sistema educativo, cualquiera sea la situación de revista, tanto en la gestión estatal como privada subsidiada, en todos los niveles y modalidades. Es decir, no necesariamente debe estar frente al aula y puede realizar otras tareas dentro del sistema educativo.

Asimismo, los sindicalistas aseguran que hay quienes cobran en escuelas “fantasmas”. Para eso utilizaron la base de datos del Código Único de Identificación del Servicio Educativo. Pero el CUISE no necesariamente obedece a una escuela, sino que hay aulas satélites y otros estamentos educativos que tienen identificación y personal trabajando. “Están pidiendo que cerremos aulas”, ironizó un funcionario provincial.

En cambio, se encuentran excluidos del pago del Incentivo, los docentes que se encuentren en comisión de servicio, afectaciones, adscripciones o cambios de funciones o quienes estén fuera del sistema educativo, aunque no hayan perdido el derecho a percibir sus haberes mensuales.

En el Gobierno consideran que la denuncia tiene que ver con los privilegios perdidos por algunos sindicalistas, que están enrolados en la oposición. Por eso no sorprendió que sea Alex Ziegler el padrino de la denuncia. El legislador, con poco espacio en Cambiemos, necesita recuperar el centro de la escena para ser considerado antes de las elecciones de octubre.

La denuncia contra el Ministerio de Educación provincial, el Consejo General de Educación y el Gobierno de Misiones llegó la semana pasada a los tribunales de Comodoro Py y quedó en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita y la jueza María Servini de Cubría

 

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Joaquín Losada: “A nosotros se nos van entre 15 a 20 millones por día por el puente”

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El intendente de Posadas, se expresó preocupado por el impacto de las asimetrías que siguen golpeando a la economía de la ciudad. Insistió en medidas del gobierno nacional que mitiguen las consecuencias.

El intendente de Posadas, Joaquín Losada, expresó su preocupación por el futuro del empleo en la ciudad ante el flujo constante de dinero que se fuga por el puente hacia Encarnación, y estimó que por día se pierden entre 15 a 20 millones de pesos. Asimismo, detalló que ante la caída de recursos de la comuna, debe priorizar el manejo de los recursos para atender la demanda de la población.

“La economía de Posadas en comparación a la economía nacional ha crecido la mitad, es muy difícil y nos impacta en nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo, y que el puerto pueda estar operativo este año puede significar poder resolver esta situación que es urgente”.

El jefe comunal se refirió  las aseveraciones del gobernador, Hugo Passalacqua en la apertura de sesiones de la Legislatura, y destacó en este sentido las inversiones que realiza la provincia en Posadas.

“La crisis afecta porque si la inflación para el año 2016 fue un 40 por ciento, la Argentina creció al 34 por ciento y nosotros crecimos al 17 por ciento, claramente estamos a menos de la mitad. Por eso para nosotros es una obsesión el empleo y destacamos no solamente la operatividad del puerto, sino la fábrica de leds y vamos a generar condiciones para que haya empleo en Posadas, nosotros el día del trabajo lo festejamos con mucha preocupación porque sabemos que si no se resuelve el atraso cambiario y el problema de las asimetrías, va a ser muy difícil todo”.

Losada pidió que “así como hubo beneficios para la soja con la quita de retenciones, también se mire de la misma manera a la Argentina de frontera” y en la misma línea, insistió en el artículo 10 de la ley de Pymes.

¿Este año va a cerrar igual que el 2016, peor?

La coparticipación viene mal y para nosotros viene peor porque nuestros ingresos están atados al desarrollo económico que no se da. A nosotros se nos van entre 15 y 20 millones por día por el puente.

¿Cómo se gobierna con estos recursos menos que llegan?

Siendo muy cuidadosos, yo el 1° de marzo lo dije, le pedí a todos los sectores que debíamos cuidar cada peso, tenemos la obligación de devolver con acciones lo que el posadeño aporta. Estamos trabajando para mejorar la recolección de residuos y para contar con equipamiento vial para el arreglo de nuestras calles.

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Se conoció parte del acta de entendimiento sobre Yacyretá que firmarán Macri y Cartes

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Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri y de Paraguay, Horacio Cartes firmarán el próximo jueves 4 de mayo, un histórico acuerdo sobre Yacyretá, en la Central Hidroeléctrica.

El acta de entendimiento para el nuevo Anexo C del Tratado permitirá el reordenamiento económico financiero de la institución y abre el camino para la construcción de otras obras para el beneficio de ambos países.

El director de Yacyretá del lado paraguayo, el ingeniero Angel María Recalde, explicó que la deuda entre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el Tesoro argentino queda fijado en alrededor de U$S 4.084 millones.

Según el titular de la EBY, la deuda comprende hasta el balance de diciembre de 2015, por lo que el monto podría incluso bajar atendiendo a la eliminación de los intereses.

El periodo de pago fue fijado en un plazo de 30 años, con 10 años de gracia, por lo que se comenzará a pagar en el año 11 del acuerdo.

Durante estos 10 años, la EBY tiene prevista la inversión en importantes obras como la maquinización del Brazo Aña Cuá, la instalación de tres turbinas más a la Central Hidroeléctrica y la recuperación total de la sala de máquinas, señaló Recalde.

Por otro lado, la deuda con el Estado paraguayo por territorio inundado fue fijado en alrededor de U$S 1.000 millones.  Este dinero será desembolsado desde el 2023, en 10 años y en cuotas consecutivas e iguales, mientras que el monto que se genera año a año, U$S 65 millones aproximadamente, será honrado año a año desde el 2018.

La Nota Reversal que modifica el Anexo C será elaborado a partir del acta de entendimiento a ser firmado por los mandatarios de ambos países y será sometido a la consideración de los Congresos de ambos países.

Angel María Recalde, director de la EBY Paraguay
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