POLITICA

La ANSeS transfirió la primera cuota automática a las cajas provinciales

Compartí esta noticia !

La ley de reparación histórica prevé 12 cuotas para 13 cajas previsionales. Son $ 8000 millones a transferir el 20 de cada mes, pero la primera se demoró a febrero.

El presupuesto nacional prevé para este año transferencias por $ 14.000 millones para que la ANSeS financie los rojos de las 13 cajas previsionales que siguen en manos de las provincias después de que se privatizó el sistema jubilatorio y de acuerdo al porcentaje de armonización con la liquidación a nivel nacional.

Según se acordó, $ 8000 millones de ese total serán transferidos en 12 cuotas iguales y consecutivas los días 20 de cada mes, lo que aportará previsibilidad a los ingresos de las provincias.

La primera transferencia, de $ 666,67 millones, se realizó finalmente el 1 de febrero a doce provincias, porque a Chubut todavía no se le realizó la auditoría correspondiente.

La provincia de Buenos Aires recibió $ 163,02 millones; Córdoba, $ 116,7 millones; Santa Fe, $ 88,5 millones; Entre Ríos, $ 74,5 millones; Chaco, $ 51 millones; Santa Cruz, $ 48,41 millones; Neuquén, $ 37,44 millones; Corrientes, $ 23,77 millones; La Pampa, $ 19,66 millones; Formosa, $ 19,58 millones; Misiones, $ 16,76 millones, y Tierra del Fuego, $ 7,22 millones.

La cuota se postergó 12 días desde la fecha prevista (20 de enero) en la ley de Reparación Histórica, hasta que ANSeS terminó de hacer los cálculos.

Sucede que la distribución a cada Tesorería está determinada en un 50% en función del déficit determinado por el organismo previsional el ejercicio anterior, en un 25% por la población de cada distrito y en un 25% por la cantidad de beneficiarios. De acuerdo a lo que detalla El Cronista, en el año, la transferencia que calculó ANSeS totalizará para la provincia de Buenos Aires$ 1956,26 millones; Córdoba, $ 1400,87 millones; Santa Fe, $ 1061,83 millones; Entre Ríos, $ 893,85 millones; Chaco,$ 612,95 millones; Santa Cruz, $ 580,99 millones; Neuquén, $ 449,39 millones; Corrientes, $ 285,24 millones; La Pampa, $ 235,92 millones; Formosa, $ 234,96 millones; Misiones, $ 201,14 millones, y Tierra del Fuego, $ 86,6 millones.

Estos importes, aunque son parciales, quedan en algunos casos por debajo de los déficits financiados en 2016, que implicó una transferencia total por parte de la ANSeS de $ 12.099,37 millones. El año pasado, el organismo fue transfiriendo los fondos a medida que las provincias eran auditadas y realizaban los cambios legislativos para armonizar el cálculo de las jubilaciones. El importe, además, neteó deudas entre las provincias y el ente previsional.

Los gobernadores confían en completar la diferencia entre los pagos mensuales automáticos y el déficit armonizado con los $ 6000 millones que restan de los presupuestados. Serán abonados tras simular el pago de las jubilaciones, retiros y pensiones de cada provincia en el sistema de liquidación de la ley 24.241 que utiliza la ANSeS menos los recursos que reciban las provincias para financiar las cajas previsionales de otras fuentes, tributarias o no.

Ese sistema de liquidación sigue la premisa de que el organismo que dirige Emilio Basavilbaso financia los déficits de las cajas previsionales en proporción al grado de armonización que se haya logrado en cinco componentes: la edad jubilatoria, las alícuotas de aportes y contribuciones patronales, la cantidad de años de servicio con aportes efectivos, la determinación del haber inicial y la movilidad jubilatoria.

Si bien se trata de parámetros objetivos, para algunas cajas previsionales la diferencia a cubrir puede estar sujeta a negociaciones políticas.

“El sistema es bien claro, es respetar la reglamentación de la ley. No hay espacio para la negociación política. Todo lo contrario. En 2017, va a ser más técnico que en 2016, porque a partir de este año va a pasar por el sistema de ANSeS y el número va a ser exacto”, dijo Basavilbaso.

Compartí esta noticia !

Macri convoca a desarrolladores inmobiliarios para construir viviendas

Compartí esta noticia !

El gobierno nacional presentó a los participantes del Foro de Inversión y Negocios de Argentina la propuesta que enviará al Parlamento para tener una Ley de Participación Público Privada (PPP) que permita el desarrollo de proyectos de infraestructura, tecnología, energía y vivienda, entre otros, a partir de establecer reglas claras para atraer al capital externo.

“Estos programas Conjuntos Urbanos Integrados ya los dimos a conocer en Mendoza y en la Capital Federal y próximamente viajaremos a otras ciudades como Córdoba, Salta y Jujuy para interesar a desarrolladores de todo el país”, dijo Marcelo Busellini, director nacional de Nuevos Desarrollos de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Busellini explicó a la agencia Télam que el 95% del déficit habitacional argentino se concentra en sectores de bajos ingresos (60%) y sectores medios (35%).

El programa se denomina Conjuntos Urbanos Integrados (CUI) y tiende a la “mixtura social” para que en un mismo proyecto urbanístico haya beneficiarios de distintos segmentos sociales.

El programa está destinado “a reducir el déficit habitacional de la base de la pirámide social y de sectores medios, priorizando la mixtura social”, apuntó Busellini.

El programa de los Conjuntos Urbanos Integrados apunta a tres variantes de vivienda: entre el 20% y 40% será para vivienda social; entre el 40% y 80% para unidades aptas para ser adquiridos por crédito hipotecario, como del plan Procrear y un 20% de las unidades serán viviendas de demanda libre o áreas comerciales.

Explicó que el rol del sector púbico es “facilitar, agilizar los trámites de obra en los municipios, para obtener rápidamente la aprobación de los proyectos, para que no se tarde en las subdivisiones”.

“Entidades que agrupan a desarrolladores como la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) construyeron para quintiles de más altos ingresos de la población y esto les abre la cabeza para ver otro tipo de oportunidad”, explicó Busellini.

“Los desarrolladores deberían ver a estos programas como una alternativa, por los incentivos que se les da”, expresó.

En estos proyectos, la tierra en la que se construirán los emprendimientos es fiscal municipal o incluso puede ser de los propios desarrolladores.

La Ley de Participación Público Privada fue promulgada a fines del año pasado y su objetivo es desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica.

La normativa, que incluye controles medioambientales y de la responsabilidad del contratista, fija en un 33% la obligación de participación de bienes y servicios de origen nacional en los contratos de obra pública.

Compartí esta noticia !

La CGT asegura que se perdieron 400 mil puestos de trabajo

Compartí esta noticia !

La Confederación General del Trabajo (CGT), aseguró que hubo 400 mil despidos en lo que va de gestión de Cambiemos. Así lo confirmó Juan Carlos Schmid, uno de los secretarios generales que integran la conducción de la central obrera.

Según el secretario del gremio de Dragado y Balizamiento, de acuerdo a los datos del propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) “cayeron 127 empleos registrados”. “Los economistas y los dirigentes sociales suelen explicar que cuando cae un empleo en blanco hay una onda expansiva en el empleo informal. No exageramos si hablamos de una pérdida de 400 mil puestos de trabajo. Es una locura”, explicó.

“El problema es la destrucción de trabajo. Hay despidos como consecuencia del derrumbe de la actividad económica y la caída del consumo”, consideró Schmid.

El sindicalista apuntó contra el empresariado y afirmó que la responsabilidad del sector frente a la pérdida de puestos de trabajo “es la falta de cooperación”. “Lo que está intentando hacer la UIA es justificar su falta de colaboración, al decir `si no hay venta ni consumo no puedo seguir manteniendo a la gente´. Pero ésa no era la idea del compromiso que tomamos todos. Para decirlo en lenguaje del fútbol, el espíritu era aguantar los trapos hasta marzo a ver si se ponía en marcha la economía. No lo hicieron. La ola de despidos se acentuó en diciembre y se puso peor en enero”, afirmó.

Consultado sobre la movilización anunciada para el 7 de marzo, sostuvo que la idea es ir “calentando los motores para desembocar en una protesta de mayor envergadura a finales de marzo”.

Compartí esta noticia !

Imputan a Malcorra por uso de fondos públicos para impulsar su candidatura en la ONU

Compartí esta noticia !

Según el fiscal federal Patricio Evers, el gasto en viáticos y pasajes que utilizó la canciller y secretarios fue de $ 1.347.854,24, por lo que pidió abrir formalmente una investigación en su contra: “Existen elementos para instar la acción penal en contra de Malcorra”, sostuvo en declaraciones a agencia NA.

Fue la presentación del último informe que el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, hiciera ante el Senado a partir de la cual se conoció los gastos en sostener la candidatura de Malcorra a la ONU, presidencia que finalmente quedó en manos del portugués Antonio Guterres.

Luego el abogado Denis Pitté Flechter presentó la denuncia ante la jueza federal María Servini de Cubría por los delitos de “peculado de servicios y malversación de caudales públicos”.

Según consigna el diario Ámbito Financiero el fiscal Evers solicitó informes previos y la Cancillería le comunicó sobre los gastos de viáticos y pasajes de Malcorra pero también de sus secretarios Tomás Giudici y Marcos Stancanelli.

La Cancillería informó al fiscal que Malcorra había realizado concretamente tres viajes durante 2016 con motivo de su candidatura: dos a la ciudad de Nueva York, uno entre el 2 y 9 de junio acompañada del secretario de embajada Giudici y entre el 24 y 27 de julio por Stancaneli.

El tercer viaje, según informó el organismo, fue a las ciudades de Nueva York, Luanda y El Cairo desde el 17 al 26 de agosto, y nuevamente fue acompañada por Giudici.

También la Cancillería detalló que entre los días 28 y 29 de septiembre la ministra realizó escala de un día y medio en Nueva York (luego de un viaje a Cartagena para presenciar la firma del acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC) para reunirse con representantes de países de miembros permanentes de la ONU.

Según el detalle del informe, la Canciller insumió pasajes por montos de $ 152.698 y otros $ 154.971 por los dos viajes a Nueva York, y luego de $ 318.166 por el que luego hiciera a esa ciudad junto con Luanda y El Cairo.

La escala por el día y medio en septiembre tuvo un costo en viáticos de $ 28.247, y los gastos totales por viáticos en esas cuatro oportunidades fue de $ 121.992.

El gasto de viáticos y pasajes que fue para el secretario Giudici fue por un total de $ 376.184 y en el caso de Stananelli unos 195.592.

Ante la jueza María Romilda Servini de Cubría, el fiscal pidió que se requiera al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la documentación que respalda los gastos informados por el organismo; y que también se informe sobre la nómina de personas que trabajaron en la candidatura de Malcorra apuntando sus funciones concretas.

También pidió que el Jefe de Gabinete informe si los gastos utilizados en la candidatura de Malcorra para acceder a la Secretaría General de la ONU fueron autorizados por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y “si se fundamentaba en razones de política exterior”.

Compartí esta noticia !

Vorágine

Compartí esta noticia !

El gobierno de Mauricio Macri entró al año político en medio de una vorágine que genera un enorme desconcierto. El manual indicaba que después de un año de ajuste, inflación y aumentos tarifarios, iba a haber algún tipo de concesiones para los más afectados por el nuevo modelo. Sin embargo, el Presidente sigue con el mismo libreto “poco simpático”. Ya se anunció un nuevo aumento de tarifas y la intención de discutir las paritarias con un techo que representa a la mitad de la inflación registrada durante 2016.

En ese escenario y con una notable ausencia de opositores, salvo el kirchnerismo duro, encabezado por la propia ex Presidenta, son los gremios los que comienzan a mostrar su desencanto. La CGT anunció el primer paro nacional en la era Macri y los docentes están en pie de guerra con la promesa de no iniciar las clases en todo el país si el Gobierno se empaca en la oferta salarial del 17 por ciento de aumento.

Son dos actores “nuevos” en el escenario electoral. La CGT se desperezó después de un año complaciente y los docentes, muchos de los cuáles votaron el cambio, no están dispuestos a resignar derechos conquistados en la mesa de negociaciones. Su actuación puede tener mucha influencia en el resultado de las elecciones legislativas en las que el Gobierno se juega mucho más de lo que está dispuesto a admitir.

Los resultados del primer año de gestión tampoco permiten dormir en laureles. La ola de despidos no se detuvo, la inflación llegó al 40 por ciento anual, muy superior al último año del kirchnerismo, y el Gabinete no tiene demasiados logros que celebrar en materia de resultados ni de cambios. Peor aún, algunos, como el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, hacen quedar mal al propio Presidente y echan por tierra la promesa de transparencia. Arribas, amigo personal de Macri, fue vinculado con el escándalo de las coimas en Brasil, conocido como el “Lava Jato”, que involucra a la firma Odebrecht. El Señor 5 recibió una transferencia –reconoce una- de parte de Leonardo Meirelles, uno de los operadores de Odebrecht que está destapando las maniobras como arrepentido. Primero dijo que se trató de la venta de un departamento en la época en que vivía en el vecino país. Y fue la misma versión que dio Macri. Pero no aportó ni una prueba de la operación. Obligado a dar explicaciones en el Congreso, insólitamente Arribas se desdijo y sostuvo que los 70 mil dólares girados a una cuenta en Suiza en realidad correspondían a la venta de muebles y cuadros. Tampoco presentó documentación que lo respalde. Pero peor aún, dejó en evidencia que le mintió a Macri o que el Jefe de Estado, a sabiendas, faltó a la verdad.

De cualquier modo, la verdad parece ser un valor devaluado. Después de hacer campaña con la promesa de Pobreza Cero, esta semana el Presidente reconoció que hacen falta dos décadas para erradicar la pobreza. La pobreza cero es una utopía en un país con tantas desigualdades. Nadie lo duda. La súbita alusión a las dos décadas, contrasta, sin embargo, con el principal eslogan de la campaña presidencial.

Harían falta dos décadas con un crecimiento continuo y una política de distribución progresiva, que está en las antípodas del reparto de la riqueza puesto en marcha desde el 10 de diciembre de 2015.

El “sinceramiento” de tarifas y el congelamiento de salarios, claramente van en la dirección opuesta. La pobreza creció durante el primer año del mandato macrista y mucha clase media está siendo empujada hacia el estrato más bajo, con una caída del consumo que se hizo sentir en las góndolas durante todo el primer año.

Los precios sincerados y transparentes también parecen ser otra trampa para el consumidor de menores recursos. Su puesta en marcha provocó una gran confusión entre comerciantes y compradores que no saben cuál es el precio de la mercadería, que ahora, obligatoriamente, debe tener a la vista el de contado y el financiado. También revela un grado de improvisación en el área productiva, ya que apenas antes de las fiestas navideñas, se había anunciado con bombos y platillos el plan Ahora 18, para estimular el consumo con compras a través de tarjetas de crédito. Un mes después, se desestimula el uso de la tarjeta, lo que también atenta contra la transparencia de las transacciones.

En zonas alejadas del confort porteño, la realidad es incluso más compleja. “Nosotros seguimos con los mismos precios que teníamos antes. Ponemos el cartel de la financiación con tarjetas porque es lo que nos pide la franquicia. Pero si le decimos los precios distintos al cliente, lo único que pasará es que no hará la compra y se irá a Encarnación”, contó la encargada de una conocida casa de ropas.

Es otro tropiezo más en materia económica, un área en el que todavía no hay resultados concretos y ya se cobró la primera víctima con la eyección de Alfonso Prat Gay. Su sucesor, Nicolás Dujovne, no tuvo tiempo de imprimirle su mirada a la gestión, pero se muestra confiado en que hay variables que se están recuperando, como el empleo: dijo que ya se crean 20 mil puestos por mes. Pero entre despidos y suspensiones, se contabilizan más de 240 mil puestos de trabajo perdidos.

Tampoco hubo un cálculo eficaz del efecto Trump en la economía global. El rubio ocupante de la Casa Blanca apuesta al proteccionismo en Estados Unidos, con un modelo cuyas consecuencias todavía son impredecibles. La suspensión de la importación de limones es apenas una muestra.

Argentina apuesta justo a lo contrario. Abrir la economía para la llegada de inversiones y capitales. Hasta ahora, solo llegan los financieros, a través de la toma de deuda.

Si la tendencia proteccionista se mantiene en Estados Unidos, correrían riesgo el 16 por ciento de las exportaciones misioneras, según los últimos datos oficiales, del primer semestre del año pasado. Si se tiene en cuenta el valor exportado, Brasil se encuentra en primer lugar con un valor de U$S 56.829.973; en segundo lugar, Estados Unidos con un valor exportado de U$S 37.111.970; Siria se posiciona en tercer lugar con un valor de U$S 17.302.528; seguido por China ascendiendo a U$S 5.448.997; Chile U$S 3.706.428 y Vietnam U$S 2.006.329.

La realidad de Misiones no solo es distinta por las asimetrías o la distancia. Recomendaciones para ahorrar energía, como las del ministro de Energía, Juan José Aranguren, son impracticables aquí donde el intenso calor reina durante varios meses. Cuatro horas de aire acondicionado no mitigan las altas temperaturas. En un país que se salvó de ser Venezuela no caben los insólitos tips de racionamiento que el ministro de Energía pretende imponer a la población al mismo tiempo que se le aplica un nuevo tarifazo.

Misiones es además una provincia con producción electrointensiva, donde el ahorro energético no es posible en la misma medida que otras provincias, con otras fuentes de energía.

El nuevo cuadro tarifario anunciado por Aranguren se trasladará en forma lineal a las empresas eléctricas provinciales. El gobernador Hugo Passalacqua ordenó a Electricidad de Misiones SA que el impacto de las subas sea mínimo entre los usuarios de menores recursos, pero de cualquier modo, habrá que pagar más desde abril.

En Misiones se padecen consecuencias directas de algunas medidas políticas y económicas que tienen otro impacto en el centro del país. La devaluación disparó las asimetrías empujando a miles a buscar precios más bajos en Paraguay y Brasil, con el combustible como atractivo principal. Recién en los últimos días la euforia por las compras fronterizas parece haber encontrado una calma, aunque habrá que esperar la comparación de precios de la lista de útiles escolares para saber si se trata de un síntoma de enero o una tendencia.

En realidad, hay datos que permiten aseverar que la economía de Misiones muestra una alentadora recuperación. La recaudación de Rentas cerró diciembre con un crecimiento del 35 por ciento, diez puntos más que el promedio de todo el 2016. El programa Ahora Misiones, que continuará por lo menos un mes más, también cerró diciembre con ventas registradas por 44 millones de pesos, por encima de las expectativas del Gobierno y comerciantes. Es decir, si se generan las condiciones, las compras se realizan en el país. La estrategia nacional, en cambio, puede generar el efecto contrario.

Las provincias no pueden escapar al rumbo que marca la Nación, más allá de que sus propias decisiones inclinen la balanza interna.

La discusión salarial con los docentes arrancó marcada por la decisión del ministro de Educación, Esteban Bullrich de saltarse las paritarias nacionales y discutir a partir de un techo de 17 por ciento de aumento. Esa postura condiciona a todas las provincias, ya que se tendrán que “arreglar” solas y cada una negociar de acuerdo a sus propios recursos y la presión que ejerzan los gremios locales.

Ese fue el punto en común entre los gobernadores que se reunieron el jueves en el Consejo Federal de Inversiones. Con las arcas flacas, ninguno puede aventurar una oferta que supere la nacional y sin asistencia federal, son varias las provincias que tendrán problemas para garantizar el inicio de clases. Aunque la raíz del problema es nacional, las consecuencias se verán en el interior.

Los gremios docentes no están dispuestos a aceptar menos que la inflación del año pasado y eso representa el doble de la oferta inicial.

La Unión de Docentes de la Provincia de Misiones –gremio docente mayoritario- advirtió además otros riesgos implícitos en la reticencia de Nación a ceder recursos para los salarios. “Más de 650 millones de pesos representa el artículo 9 del fondo compensador que pretenden dejar de pagarnos. Y entre incentivo y artículo 9 son más de  4500 pesos por dos cargos, que forman parte del salario de bolsillo”, indicó Stella Maris Leverberg, la secretaria general de UDPM. Es decir, la discusión no será solo por los aumentos, sino por conservar derechos.

Aunque la relación entre los gremios docentes y la Provincia sigue siendo buena, se anticipa que las negociaciones serán mucho más duras que las anteriores.

Un conflicto en el inicio de clases no es bueno para nadie. Pero más lo sufrirán las provincias que tienen el problema al alcance de la mano. En cambio, la Nación se reserva en última instancia, como interventor, con el poder de la billetera como moderador.

El efecto dañino de las aulas cerradas, sumado al descontento sindical y un anunciado paro nacional no parecen ser las mejores imágenes para iniciar una carrera electoral. Pero el Gobierno nacional no parece demasiado preocupado por mejorar el humor social. Es cierto que todavía mantiene un elevado respaldo de los antikirchneristas y que arriesga, en proporción, menos bancas que la oposición que no tiene un liderazgo claro y se mantiene dividida en parcelas cercadas.

Sin embargo, la alianza gobernante también tiene que resolver su interna. Macri se reunió con radicales para calmar las aguas, pero los socios quieren más protagonismo dentro del Gobierno y en las listas legislativas. En Misiones el radicalismo apuntará al consenso, pero el delicado equilibrio puede romperse si no tienen espacios expectables. Los operadores ya iniciaron contactos, pero todavía se está lejos de llegar a un acuerdo. El PRO local siente que puede andar bien sin los socios.

En la Renovación la situación es más clara. La gestión domina las decisiones y se deja para más adelante la definición de los nombres. No hay apuro, ya que todo apunta que la fecha de las elecciones coincidirá con las nacionales. De todos modos, son varios los funcionarios y dirigentes que están siendo testeados como posibles candidatos. Entre ellos, algunos que todavía no lo saben.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin