PRODUCCION

El RENATRE apuesta a ordenar el mercado laboral rural con un nuevo programa federal

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El mercado laboral rural suma una nueva herramienta institucional. El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) creó el Programa de Empleo Rural (PER), una plataforma de intermediación laboral que conecta oferta y demanda de trabajo en el sector agropecuario y forestal, con foco en empleo formal, capacitación y productividad. La decisión quedó plasmada en la Resolución 20/2026, publicada el 2 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial, y deja sin efecto el esquema previo aprobado en 2019.

El cambio importa ahora porque apunta a uno de los cuellos de botella más persistentes del sector: la dificultad simultánea de los empleadores para conseguir mano de obra registrada y de los trabajadores para acceder a empleos formales y estables. El PER busca cubrir ese vacío con una intermediación activa, federal y digital, financiada con recursos propios del organismo.

Qué establece la norma, en términos económicos

La resolución crea formalmente el Programa de Empleo Rural (PER) en la órbita del RENATRE y lo define como un servicio de intermediación laboral asistida. No se trata solo de un registro pasivo: el programa contempla entrevistas, diagnóstico de perfiles, vinculación con búsquedas concretas y acompañamiento en el alta temprana del trabajador.

El esquema está dirigido a trabajadores y empleadores rurales inscriptos en el RENATRE, con especial atención a beneficiarios del sistema de prestaciones por desempleo. Para los empleadores, la consecuencia operativa es clara: acceso a una base validada de perfiles laborales, asistencia técnica en el reclutamiento y reducción del costo de búsqueda. Para los trabajadores, mayor visibilidad de su perfil, orientación laboral y acceso a capacitaciones específicas.

La norma también define que la selección final no obliga a contratar, preservando la decisión empresaria, pero incorpora trazabilidad y seguimiento del proceso, reforzando la formalización de los vínculos laborales.

Contexto

El PER reemplaza a la Resolución 189/2019, que había establecido un esquema anterior de intermediación. La nueva iniciativa amplía el alcance y la ambición del instrumento, en línea con las funciones que la ley asigna al RENATRE de centralizar información y facilitar contrataciones en un sector caracterizado por la estacionalidad, la dispersión territorial y la informalidad estructural.

El programa se inscribe en un contexto de economías regionales presionadas, donde la productividad y el arraigo rural dependen cada vez más de contar con mano de obra capacitada y registrada. La norma reconoce ese problema y propone una herramienta superadora del simple registro administrativo.

Impacto concreto

El impacto económico no viene por la vía de subsidios directos ni cambios salariales, sino por la reducción de fricciones en el mercado laboral rural. Para las empresas agropecuarias y forestales, el PER puede bajar costos de contratación, acortar tiempos de búsqueda y mejorar el “match” entre puesto y trabajador.

En términos de empleo, el objetivo explícito es ampliar el trabajo formal, con efectos indirectos sobre la recaudación de aportes y contribuciones y sobre la cobertura de la seguridad social. También puede mejorar la competitividad de las unidades productivas al fortalecer competencias laborales alineadas con las necesidades reales de cada actividad.

Los sectores más beneficiados serían aquellos intensivos en mano de obra y con alta rotación estacional, mientras que el desafío estará en lograr una adopción efectiva del sistema en todo el territorio.

Continuidad y fortalecimiento institucional

La resolución envía una señal de continuidad y fortalecimiento institucional más que de giro. No desregula el mercado laboral rural, sino que refuerza la intervención del RENATRE como actor de articulación entre empleadores y trabajadores. También marca una apuesta por la gestión digital y federal, con acompañamiento personalizado y uso de información registral.

Hacia el sector productivo, el mensaje es de apoyo a la formalización sin imponer nuevas cargas directas. Hacia los trabajadores, una señal de mayor presencia estatal en la facilitación del acceso al empleo registrado.

Qué habrá que mirar hacia adelante

El impacto real del PER se medirá en su capacidad de generar colocaciones efectivas, en la calidad de los perfiles formados y en la adhesión de empleadores de distintas economías regionales. En los próximos meses, el indicador clave será si la plataforma logra convertirse en un canal habitual de contratación y no solo en una herramienta complementaria dentro del ecosistema laboral rural.

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Misiones activa la campaña obligatoria contra aftosa y brucelosis y fija un precio de $3.200 por dosis

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Desde este 2 de marzo, el Gobierno de Misiones puso en marcha una nueva etapa del calendario obligatorio de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis. La Comisión Provincial de Sanidad Animal estableció un precio máximo de referencia de $3.400 por dosis y la Fundación Asuntos Agrarios fijó su valor operativo en $3.200. La decisión refuerza el estatus sanitario provincial y ordena costos en un contexto donde la sanidad define competitividad.

La medida no es meramente técnica. En una provincia con fuerte impronta productiva, sostener el esquema sanitario impacta de forma directa en la rentabilidad de los establecimientos ganaderos y en la estabilidad de la cadena cárnica y láctea. El dato concreto —fecha de inicio y precio por dosis— marca el ritmo de la agenda rural en las próximas semanas.

Calendario obligatorio y marco institucional

La campaña alcanza a todas las categorías de bovinos y bubalinos en el caso de la fiebre aftosa. Para brucelosis, la vacunación se concentra en terneras de entre 3 y 8 meses de edad, conforme a la normativa vigente. El encuadre no deja margen de discrecionalidad: se trata de un calendario obligatorio que integra el esquema sanitario anual.

La Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) fijó un precio máximo de referencia de $3.400 por dosis. Dentro de ese techo, cada ente sanitario define su valor operativo. La Fundación Asuntos Agrarios —ente ejecutor vinculado al Ministerio del Agro y la Producción— estableció el precio en $3.200, con opciones de pago al contado o mediante cheque a 15 o 20 días.

Esa diferencia de $200 respecto del máximo autorizado introduce un mensaje político: el Gobierno provincial interviene para ordenar el costo sanitario sin desbordar el marco fijado por la COPROSA. No modifica la norma, pero administra su implementación.

El Ministerio del Agro y la Producción articula la ejecución territorial. La estructura combina decisión política, regulación técnica y operadores sanitarios. En términos institucionales, la campaña refleja un modelo de gestión compartida entre Estado y entes ejecutores.

Sanidad como variable económica

Sostener altos estándares sanitarios no responde solo a una obligación normativa. La prevención de fiebre aftosa y brucelosis evita pérdidas productivas, reduce riesgos comerciales y protege la calidad sanitaria de carne y leche.

En ese punto, el Gobierno provincial introduce una lectura estratégica: la sanidad animal funciona como infraestructura invisible. No genera titulares diarios, pero condiciona mercados y competitividad. Un rodeo protegido preserva rentabilidad y previsibilidad.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, definió la sanidad como “una inversión estratégica” y vinculó cada campaña con la construcción de una ganadería competitiva. En la misma línea, el subsecretario de Desarrollo y Producción Animal, Carlos Caraves, subrayó que cumplir el calendario resulta clave para preservar el estatus sanitario alcanzado por la provincia.

Detrás de esas definiciones hay una señal política hacia el sector: el Gobierno sostiene reglas claras y acompaña la ejecución. En un escenario económico donde los costos productivos se monitorean con precisión, el valor fijado por dosis adquiere peso concreto.

Correlación productiva y gobernabilidad rural

La campaña impacta directamente en productores ganaderos, entes sanitarios y en la cadena de comercialización. Al fijar un precio operativo por debajo del máximo de referencia, el Ejecutivo provincial se posiciona como árbitro entre regulación y costos reales.

La decisión fortalece la relación institucional con el sector agropecuario, un actor clave en la estructura económica misionera. También ordena la agenda productiva en un momento donde la previsibilidad sanitaria incide en la planificación anual de los establecimientos.

No hay cambios normativos de fondo, pero sí una ratificación política de prioridades: sostener el estatus sanitario como política de Estado provincial. En términos de gobernabilidad, la señal apunta a evitar tensiones por costos y a consolidar la cooperación público-privada en territorio.

Lo que viene en el calendario sanitario

El inicio de la campaña abre una etapa operativa que se extenderá durante las próximas semanas. El nivel de cumplimiento del calendario será el primer indicador a observar. También el impacto real del esquema de precios en la adhesión de los productores.

La sanidad animal rara vez se discute en clave política, pero define escenarios productivos de largo plazo. Si la campaña avanza sin desvíos, el Gobierno consolidará una política sostenida en el tiempo. Si aparecen tensiones en costos o logística, la discusión podría trasladarse al plano institucional.

Por ahora, la provincia activa su calendario y refuerza su estatus sanitario. El desafío no termina con la resolución administrativa: comienza en el territorio.

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Yerba mate: exportaciones récord, auge de las bebidas energéticas y un mercado que apunta a US$ 3.460 millones en 2035

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La yerba mate dejó de ser un producto estrictamente regional para consolidarse como un negocio global en expansión. En 2024, Siria importó US$ 63 millones de yerba mate argentina y Estados Unidos US$ 61,4 millones, posicionándose como los principales destinos externos, según datos de UN Comtrade. En paralelo, el mercado mundial proyecta un salto desde US$ 2.030 millones en 2025 hasta US$ 3.460 millones en 2035, con una tasa anual compuesta de 5,48%, de acuerdo con Research and Markets y Market Research Future.

El crecimiento se apoya en tres vectores claros: exportaciones récord, expansión del formato ready-to-drink (RTD) y el desembarco de multinacionales que observan a la categoría como una vertical estratégica dentro de las bebidas funcionales.

Exportaciones y demanda internacional: de producto cultural a activo global

El mapa de comercio exterior confirma la transformación. Siria y Estados Unidos lideran las compras, con montos casi equivalentes en 2024. El mercado estadounidense, en particular, concentra el 70% de la demanda regional en América del Norte, donde las importaciones crecieron 40% en los últimos cinco años.

Europa también acelera. El mercado avanzó 35% en el último lustro, con Alemania y Francia concentrando la mitad de las ventas regionales. En Reino Unido, las importaciones crecieron 40%, impulsadas por un consumidor que prioriza certificaciones orgánicas —preferidas por 60% de los europeos— y productos asociados al bienestar.

En Asia-Pacífico, el crecimiento es aún más dinámico: las importaciones aumentaron 50%, con Japón y Australia liderando la adopción, mientras China comienza a mostrar interés pese a su arraigada tradición en té.

El trasfondo es estructural. La yerba mate se posiciona como alternativa natural frente a bebidas energéticas tradicionales y cafeína sintética. Según BeverageDaily, la categoría gana tracción por ofrecer “energía sostenida” sin el efecto “crash” asociado a otros estimulantes. Esa narrativa encaja con tendencias globales de consumo saludable y funcional.

El motor RTD y la entrada de multinacionales

El punto de inflexión no está solo en la hoja suelta. El formato RTD (Ready-to-Drink) creció 65%, desplazando el histórico dominio del producto tradicional y compitiendo de manera directa con el café frío premium y las bebidas energéticas.

Las versiones carbonatadas avanzaron 35%, mientras que 55% de los nuevos lanzamientos incorporan ingredientes funcionales —vitaminas, colágeno, adaptógenos— en una estrategia clara de diferenciación. La innovación en sabores también marca tendencia: cítricos (25% de los lanzamientos), frutos rojos (20%) y menta (15%) concentran la mayor parte de la oferta dirigida a consumidores jóvenes.

El interés corporativo acompaña la expansión. PepsiCo, a través de su marca Yachak en Estados Unidos, apostó por una narrativa de energía natural y origen vegetal. Junto a grandes jugadores, marcas como Guayakí, EcoTeas, Yerbaé y CleanCause desarrollaron propuestas basadas en certificaciones orgánicas, comercio justo y estilo de vida saludable.

En este contexto, el e-commerce emerge como canal acelerador: las ventas online crecen entre 45% y 60% interanual en distintos mercados, permitiendo a marcas emergentes sortear las barreras del retail físico. Sin embargo, supermercados e hipermercados todavía concentran cerca de 50% de las ventas globales, manteniendo su peso estratégico.

Producción argentina, capacidad instalada y regulación

Argentina sostiene el liderazgo productivo y exportador. Empresas como Las Marías concentran 30% del mercado, mientras CBSe alcanza 20%, según Market Research Future. Ambas ampliaron su capacidad de procesamiento en aproximadamente 30% desde 2023, en respuesta al aumento de la demanda internacional.

En el plano institucional, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) flexibilizó medidas adoptadas en 2022 que buscaban proteger a pequeños productores. Tras la pandemia, la oferta se expandió y el gobierno impulsa una agenda de modernización orientada a fortalecer la competitividad global.

Aunque la hoja suelta mantiene predominio en mercados tradicionales, las bolsitas de té son el formato de mayor crecimiento internacional. Sin embargo, el avance estratégico se concentra en el canal moderno y digital, donde el branding y la narrativa de bienestar adquieren peso determinante.

Un 2025 con récord exportador y consumo en recuperación

El cierre del año 2025 dejó una fotografía nítida y, a la vez, compleja para la cadena yerbatera. Los datos oficiales del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) confirman un récord histórico de exportaciones, una recuperación sostenida del mercado interno.

El dato más contundente del balance 2025 llegó desde el frente externo. Entre enero y diciembre, las exportaciones de yerba mate alcanzaron 57.980.912 kilos, el mayor volumen registrado en la historia del sector.

Este desempeño implicó un crecimiento interanual del 32,2%, consolidando una tendencia que ya se venía anticipando durante el año y que tuvo su pico en diciembre, mes en el que se exportaron 4.387.107 kilos.

El récord exportador no solo ratifica la consolidación de mercados tradicionales, sino que también refleja la capacidad de la yerba mate argentina para sostener competitividad internacional, con costos internos crecientes y tensiones macroeconómicas.

En el mercado doméstico, el desempeño también fue positivo, aunque con matices. Durante 2025, la yerba mate a salida de molinos destinada al consumo interno sumó 266.788.512 kilos, lo que representó una suba del 3,08% respecto de 2024.

Si bien el dato confirma una franca recuperación del consumo, todavía se mantiene por debajo del año 2023, que continúa siendo el máximo histórico en ventas internas. La comparación deja en evidencia que el consumo se recompone, pero aún no logra recuperar plenamente los niveles previos al ajuste del poder adquisitivo de los hogares.

Un negocio millonario en consolidación

Las proyecciones que sitúan al mercado global por encima de US$ 3.000 millones en la próxima década reflejan que la yerba mate dejó de ser una categoría cultural limitada al Cono Sur. Hoy compite en el segmento de bebidas energéticas naturales, donde la diferenciación ya no pasa solo por el contenido de cafeína, sino por sostenibilidad, certificaciones y funcionalidad.

Para marcas latinoamericanas, el escenario abre oportunidades en el desarrollo de RTD, certificaciones orgánicas como estándar de entrada y estrategias de expansión digital. La categoría atraviesa una transición: de commodity regional a activo estratégico dentro del mercado global de bebidas funcionales.

El desafío ya no es introducir la yerba mate al mundo, sino sostener competitividad en un mercado que crece, se diversifica y atrae capital internacional.

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PEFC impulsa “The Timber Truth” y busca posicionar la madera certificada en los mercados globales de la construcción sostenible

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En un escenario internacional donde la trazabilidad ambiental y la descarbonización se volvieron condiciones de acceso a mercados, el Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) acompañó la presentación de “The Timber Truth”, una publicación que apunta a desarmar 16 mitos sobre el uso de la madera en la construcción. La iniciativa no es meramente técnica: se inscribe en una estrategia más amplia para fortalecer la competitividad de la madera certificada frente a regulaciones ambientales cada vez más exigentes.

El mensaje es claro. La discusión sobre materiales de construcción ya no se limita a costos y prestaciones estructurales. Ahora incluye huella de carbono, trazabilidad y cumplimiento normativo internacional. En ese terreno, la certificación forestal se convierte en un activo económico.

Evidencia técnica para un mercado más exigente

“The Timber Truth” aborda percepciones extendidas en torno a la seguridad, durabilidad, disponibilidad y desempeño ambiental de la madera. A través de argumentos respaldados por datos y ejemplos concretos, la publicación busca ofrecer herramientas a arquitectos, desarrolladores, inversores y tomadores de decisión.

PEFC, como sistema de certificación de gestión forestal sostenible, respalda la iniciativa con un enfoque centrado en la madera de origen responsable. Según se destaca en la presentación, cuando proviene de bosques gestionados de manera sostenible y certificados, la madera es un material renovable con capacidad de almacenamiento de carbono, puede cumplir estándares técnicos exigentes, reduce la huella ambiental del sector y permite trazabilidad en cadenas internacionales.

El eje institucional es nítido: la certificación no solo valida prácticas forestales, sino que habilita cumplimiento regulatorio en mercados que exigen cadenas libres de deforestación y alineación con estándares ESG.

Construcción sostenible y acceso a mercados

La iniciativa se inserta en un contexto donde gobiernos e inversores incorporan criterios ambientales en políticas públicas y decisiones de financiamiento. La regulación internacional avanza hacia mayores controles sobre origen y sostenibilidad de insumos estratégicos, lo que redefine las condiciones de competencia.

En ese marco, la certificación forestal funciona como herramienta para facilitar acceso a mercados, reducir riesgos regulatorios y aportar transparencia en cadenas de valor globales. La madera certificada se presenta así no solo como alternativa técnica, sino como vehículo de inserción comercial.

El sector de la construcción tiene un rol clave en la transición hacia economías de bajas emisiones. Por eso, la discusión sobre materiales adquiere dimensión estratégica. Si la madera logra consolidarse como opción renovable y reutilizable con respaldo técnico y trazabilidad comprobable, el impacto trasciende al sector forestal e incide en desarrollos inmobiliarios, proyectos de infraestructura e inversiones institucionales.

Señal estratégica: sostenibilidad como competitividad

La presentación de “The Timber Truth” apunta a algo más que informar. Busca incidir en la toma de decisiones en un momento donde la descarbonización del sector edilicio ocupa un lugar prioritario en agendas públicas y privadas.

Al derribar mitos técnicos, PEFC intenta fortalecer la confianza en la madera certificada como parte de la solución climática global. La estrategia combina sostenibilidad ambiental y competitividad económica, dos variables que ya no se perciben como contrapuestas.

El desafío ahora pasa por la adopción efectiva de estos estándares en mercados concretos. A medida que la regulación internacional se vuelve más estricta y los compradores exigen mayor trazabilidad, la madera certificada podría ganar terreno. Pero esa transición dependerá de decisiones empresariales, políticas públicas y condiciones de mercado que aún están en evolución.

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Misiones activó créditos a tasa 0% para 50 productores tras la tormenta en San Ignacio

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El Gobierno de Misiones puso en marcha una línea de créditos a tasa 0% para asistir a 50 productores afectados por la reciente tormenta en el departamento San Ignacio. La medida, ejecutada por el Ministerio del Agro y la Producción, financia la compra de plásticos para reconstruir invernaderos con tres meses de gracia y devolución en tres cuotas de $82.000. En un contexto de eventos climáticos cada vez más frecuentes, la decisión busca sostener la producción hortícola y evitar un quiebre en el abastecimiento local.

El esquema no sólo atiende una emergencia puntual. También funciona como señal política hacia el sector productivo: la provincia prioriza instrumentos financieros ágiles para proteger infraestructura crítica y sostener empleo rural.

Microcrédito inmediato y condiciones financieras blandas

La entrega se concretó el viernes 27 de febrero en el salón municipal de Corpus. Alcanzó a productores y productoras de Corpus, Gobernador Roca, Loreto, San Ignacio y Garuhapé. Cada beneficiario accedió a un plástico financiado bajo la línea “Créditos para Plásticos 2026”, diseñada para responder con rapidez ante contingencias climáticas.

Las condiciones establecen un período de gracia de tres meses, tasa de interés 0% y devolución en tres cuotas de $82.000. Para acceder, los productores debieron presentar DNI, RENSPA actualizado y no registrar deudas. El diseño combina requisitos administrativos básicos con acceso simplificado, lo que permite reducir tiempos en situaciones donde la reconstrucción inmediata resulta determinante.

El ministro Facundo López Sartori señaló que, frente a eventos climáticos que afectan a las chacras, el tiempo define la capacidad de recuperación. Por eso, explicó, se activaron herramientas financieras ágiles para restablecer infraestructura y permitir que cada familia vuelva a producir en el menor plazo posible.

Impacto en la horticultura bajo cubierta y en la economía regional

El plástico es un insumo estratégico en la horticultura bajo cubierta. Protege cultivos, estabiliza condiciones de producción y resguarda inversiones realizadas por familias rurales. Cuando una tormenta destruye esa cobertura, el riesgo no se limita a la estructura: se interrumpe la cadena productiva y se comprometen ingresos futuros.

En términos económicos, la línea de microcrédito apunta a evitar un efecto dominó sobre precios, oferta de alimentos frescos y empleo en economías locales. La subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, Luciana Imbrogno, sostuvo que el financiamiento permite recuperar invernaderos sin comprometer la economía familiar y mantener el abastecimiento regional.

La asistencia no se circunscribe a un solo organismo. Durante la misma semana, otros municipios damnificados recibieron apoyo a través del Instituto de Macroeconomía Circular. La coordinación institucional amplía el alcance y refuerza la estrategia provincial de acompañamiento territorial ante emergencias productivas.

Señal política y gestión del riesgo climático

La intervención revela una lógica de gestión que combina crédito blando y presencia territorial. No se trata de subsidios directos, sino de financiamiento accesible con devolución, lo que preserva disciplina fiscal y compromiso productivo.

En un escenario donde los fenómenos climáticos intensifican su frecuencia, la política pública enfrenta un desafío estructural: diseñar instrumentos que permitan absorber shocks sin desarticular el entramado productivo. El caso de San Ignacio muestra una respuesta rápida y focalizada. La evolución de la campaña hortícola y la recurrencia de eventos extremos marcarán la profundidad de esa estrategia en los próximos meses.

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