The New York Times. La reputación de Roundup, cuyo ingrediente activo es el herbicida más usado del mundo, se vio afectada recientemente cuando una corte federal de Estados Unidos abrió el acceso a documentos que plantean dudas sobre su seguridad y los métodos de investigación de su fabricante, el gigante de productos químicos Monsanto.
Roundup y otros productos similares se usan en sembradíos de todo el mundo, desde cultivos extensivos hasta jardines particulares. Es el producto insignia de Monsanto, y desde hace tiempo las investigaciones financiadas por la industria lo consideran relativamente seguro. Un caso de una corte federal de San Francisco ha desafiado esa conclusión basándose en los hallazgos de un panel internacional que declaró que el principal ingrediente de Roundup podría causar cáncer.
Los documentos incluían correos electrónicos internos de Monsanto, así como intercambios de correos entre la compañía y organismos reguladores federales. Los registros sugieren que Monsanto habría desarrollado investigaciones que luego se atribuyeron a académicos, además de indicar que un funcionario sénior de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) pudo haber impedido que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos revisara el ingrediente principal de Roundup, el glifosato.
Los documentos también revelaron que había desacuerdos dentro de la EPA sobre su propia evaluación de seguridad.
Los expedientes fueron divulgados por el juez Vince Chhabria, que tiene en sus manos el litigio presentado por personas que declaran haber desarrollado linfoma no Hodgkin debido a su exposición al glifosato. La demanda se originó luego de un dictamen de hace casi dos años emitido por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (una rama de la Organización Mundial de la Salud), acerca de que el glifosato era un posible carcinógeno, basado en investigaciones que lo asocian con el linfoma no Hodgkin.
Los documentos de la corte muestran que Monsanto recibió un aviso sobre esta determinación por parte de un subdirector de división en la EPA, Jess Rowland, con meses de anticipación. Eso permitió que la compañía elaborara un plan de relaciones públicas contra la investigación mucho antes de su publicación. En sus correos, los ejecutivos de Monsanto también señalaron que Rowland había prometido resistir el esfuerzo del Departamento de Salud y Servicios Humanos que buscaba realizar su propia revisión.
Dan Jenkins, un ejecutivo de Monsanto, sostenía en un correo electrónico de 2015 que Rowland, en referencia a la posible revisión de la agencia, le había dicho: “Si puedo darle un carpetazo a esto, mereceré una medalla”. La revisión nunca se realizó. En otro correo, Jenkins le decía a un colega que Rowland planeaba retirarse, y que “podría ser útil mientras avanzamos con nuestra defensa del glifosato”.
La seguridad del glifosato no es un hecho científico establecido. Varias agencias, incluyendo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la EPA, han estado en desacuerdo con la agencia internacional para el cáncer, restándole importancia a las inquietudes sobre el riesgo de cáncer, y Monsanto lo ha defendido enérgicamente.
Sin embargo, los registros de la corte también revelan un debate dentro de la EPA. La Oficina de Investigación y Desarrollo de la agencia planteó su inquietud por la solidez de una evaluación realizada por la Oficina de Programas de Plaguicidas, donde Rowland era un funcionario sénior, y en diciembre de 2015 recomendó tomar acciones para “fortalecer” la “evaluación en la salud humana”.
Al respecto, Monsanto declaró: “El glifosato no es un cancerígeno”. Y añadió: “La afirmación de que el glifosato puede provocar cáncer en los humanos no coincide con las décadas de revisiones exhaustivas de seguridad realizadas por las principales autoridades regulatorias de todo el mundo. Los demandantes han presentado documentos aislados que se han tomado fuera de contexto”.
La EPA no emitió ningún comentario inmediato, y tampoco se pudo establecer contacto con Rowland.
En un correo electrónico que se divulgó el martes, William Heydens, un ejecutivo de Monsanto, les decía a otros funcionarios de la compañía que podrían escribir investigaciones sobre el glifosato y luego contratar a académicos para que firmaran como autores de los artículos que redactaba Monsanto. “No gastaríamos tanto si nosotros escribiéramos, y ellos solo editaran y firmaran con sus nombres, por decirlo así”, escribió Heydens, y además citó una ocasión anterior en la que la compañía ya había hecho eso.
Cuando se hicieron preguntas sobre este intercambio de correos, Monsanto sostuvo que sus “científicos no escribieron de manera encubierta el artículo” al que se hacía referencia ni tampoco trabajos anteriores, y añadió que un artículo que finalmente apareció “pasó por todo el proceso de revisión rigurosa por parte de los evaluadores antes de su publicación”.
David Kirkland, uno de los científicos mencionados en el correo electrónico, dijo en una entrevista: “No publicaría con mi nombre un documento que hubiera escrito alguien más. No tuvimos interacción con Monsanto durante el proceso de revisión de los datos y la redacción de los artículos”.
Estas revelaciones son las dudas más recientes sobre la integridad de las investigaciones financiadas por las compañías agroquímicas. El año pasado, una revisión realizada por The New York Times mostró cómo la industria puede manipular la investigación académica o presentar engañosamente los hallazgos. En la revista Critical Reviews in Toxicology señalaban que los integrantes del panel de una investigación habían sido reclutados por una consultora. El intercambio de correos que se divulgó muestra que algunos funcionarios de Monsanto analizaron y discutieron qué científicos debían ser considerados, además de darle forma al proyecto.
“Creo que es importante que la gente le pida a Monsanto rendir cuentas cuando dicen algo que se contradice por completo en documentos internos muy francos”, dijo Timothy Litzenburg de la Miller Firm, uno de los despachos legales que conducen el litigio.
El asunto de la seguridad del glifosato no es trivial para los estadounidenses. En las dos décadas anteriores, Monsanto ha modificado mediante ingeniería genética el maíz, la soya y el algodón para que sea más fácil regarlos con este herbicida, y aproximadamente 100 millones de kilos de glifosato se usaron en 2015 en Estados Unidos.
“La gente debería saber que hay excelentes científicos en el mundo que no estarían de acuerdo con Monsanto y algunas evaluaciones de las agencias regulatorias, y que incluso dentro de la EPA hay desacuerdos”, dijo Robin Greenwald, un abogado de Weitz & Luxembourg, que también participa en el litigio. “Incluso dentro de la Unión Europea existe un gran desacuerdo entre países. No es tan simple como Monsanto quiere que parezca”.
