Forestadora Tapebicuá paraliza su producción y deja en suspenso a más de 500 trabajadores
La Forestadora Tapebicuá SA, ubicada en Gobernador Virasoro, Corrientes, anunció la paralización total de sus operaciones por 30 días a partir de este viernes 8 de agosto. La medida deja en una situación de cesantía temporal a 520 operarios, en medio de una crisis económica y salarial que amenaza la continuidad de la planta. El conflicto se agrava por deudas millonarias en concepto de salarios y medio aguinaldo, y por un embargo judicial que limita la capacidad financiera de la empresa.
Tapebicuá atraviesa desde hace meses un cuadro de caída en la actividad y problemas de liquidez, en un contexto nacional marcado por la recesión industrial, la contracción del consumo interno y la dificultad para acceder a financiamiento. Según fuentes gremiales, la compañía ya mostraba “signos de crisis casi terminal” antes del anuncio.
La situación se vio agravada por la deuda salarial que mantiene con sus trabajadores: aún no abonó los sueldos correspondientes a julio ni el medio aguinaldo de junio. El incumplimiento llevó al Sindicato de Trabajadores de la Madera (STM) a iniciar una demanda judicial que derivó en el embargo de una cuenta bancaria de la empresa por un monto reclamado de $170 millones.
Alcance de la medida: suspensión total de actividades
El cese de operaciones implica la detención completa de las líneas de aserrado y procesamiento, afectando no solo a los empleados directos, sino también a proveedores, transportistas y contratistas vinculados a la cadena forestal de la región. “Es un golpe muy duro para Virasoro y para toda la zona forestal del norte de Corrientes”, reconocieron fuentes municipales, que admitieron preocupación por el impacto económico y social que podría extenderse a otras localidades.
El STM insiste en que la deuda salarial y las irregularidades contractuales requieren una solución inmediata para evitar que los trabajadores queden sin ingresos durante el período de paralización. Desde la empresa, en cambio, señalan que el embargo judicial limita su capacidad de pago y condiciona cualquier negociación.
“Con el embargo, se nos imposibilita acceder a los fondos necesarios para cumplir con nuestras obligaciones. Estamos en conversaciones para destrabar la situación”, indicaron voceros de Tapebicuá, sin detallar un plan concreto de pago o reactivación.
La industria forestal es uno de los pilares productivos de Corrientes, con fuerte concentración en Virasoro, Santo Tomé y zonas aledañas. El parate de Tapebicuá no solo compromete 520 empleos directos, sino que también afecta a decenas de pequeñas y medianas empresas que dependen de su actividad, desde transportistas hasta talleres mecánicos y proveedores de insumos.
Economistas locales advierten que una prolongación de la suspensión podría provocar pérdida definitiva de puestos de trabajo y una merma significativa en la recaudación municipal y provincial.
En el corto plazo, la reactivación de la planta dependerá de acuerdos judiciales y financieros que permitan levantar el embargo y obtener capital de trabajo para retomar la producción. El sindicato no descarta medidas de fuerza si no se regularizan los salarios en los próximos días.
A mediano plazo, el desafío para Tapebicuá será reinsertarse en un mercado interno deprimido y con alta competencia internacional, mientras lidia con costos financieros elevados y una deuda laboral que sigue creciendo.
A partir del 1° de agosto de 2025 entrarán en vigencia los nuevos valores de referencia para la venta de madera en Misiones, tras la actualización mensual dispuesta por el Instituto Forestal de Misiones (IFM) en su Disposición Nº 039. El incremento, del 1,6%, responde a la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) publicado por el INDEC para junio de este año.
La medida alcanza a los precios de contado —más IVA— por tonelada de madera rolliza de las especies Pinus sp, araucaria y eucalipto, tanto podadas como no podadas, puestas sobre camión, así como a los valores de trozas pulpables, chips pulpables, chip leña y leña.
Valores actualizados para rollizos aserrables y laminables (sobre camión)
Pino resinosa:
16-19,9 cm: $26.937 (podadas)
20-24,9 cm: $36.010 (podadas)
25-29,9 cm: $41.672 (podadas) / $36.010 (no podadas)
30-34,9 cm: $50.069 (podadas) / $42.558 (no podadas)
35 cm: $68.628 (podadas) / $58.335 (no podadas)
Araucaria:
25-29,9 cm: $56.257 (podadas) / $48.614 (no podadas)
30-34,9 cm: $67.592 (podadas) / $57.453 (no podadas)
35 cm: $92.649 (podadas) / $78.751 (no podadas)
Eucalipto:
16-19,9 cm: $24.243 (podadas)
20-24,9 cm: $32.410 (podadas)
25-29,9 cm: $37.505 (podadas) / $32.410 (no podadas)
30-34,9 cm: $45.062 (podadas) / $38.302 (no podadas)
35 cm: $61.766 (podadas) / $52.501 (no podadas)
Trozas pulpables y chips pulpables (puesto en fábrica hasta 50 km)
Trozas pulpables – raleo: $33.570
Chips pulpables: $36.927
Chip leña y leña (sobre camión)
Chip leña sin mezcla: $19.303
Leña de pino, eucalipto o araucaria: $17.374
El ajuste responde a lo previsto en la Resolución Nº 1/2025 del IFM, que establece actualizaciones mensuales automáticas hasta octubre de este año en función de la evolución del IPIM. El objetivo es mantener actualizados los valores de referencia para la comercialización de madera en la provincia, garantizando condiciones claras para productores, industrias y compradores.
El sector forestoindustrial avanza en negociaciones clave por rutas para bitrenes y aranceles de exportación
En el marco de la ExpoRural 2025, la Mesa Foresto-Industrial analizó con el Gobierno nacional la habilitación de rutas para bitrenes y el impacto de los aranceles en Estados Unidos y la Unión Europea sobre la madera argentina.
Rutas para bitrenes: una medida esperada para reducir costos logísticos
La tercera reunión anual de la Mesa Foresto-Industrial, realizada en el marco de la 137ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, tuvo como uno de sus puntos centrales la logística. Según informaron las autoridades, se encuentra próxima a publicarse una resolución que habilitará nuevos formatos de carga para transporte forestal y se avanza en un Decreto que definirá las rutas nacionales autorizadas para bitrenes, una herramienta que el sector considera fundamental para mejorar la competitividad y reducir los costos logísticos, especialmente en provincias productoras como Misiones y Corrientes.
Negociaciones internacionales: Estados Unidos y la UE, en el centro del debate
Otro eje crítico del encuentro fue el análisis del impacto de los aranceles a la madera en Estados Unidos, principal destino de exportación del sector. Juan Manuel Giménez (Zeni) presentó un panorama actualizado del proceso, recordando que el 1° de agosto será una fecha clave, ya que algunos productos permanecen bajo análisis para mantener un arancel cero, mientras que otros tributan actualmente el 10%.
En comparación con Brasil, que enfrenta un arancel del 50%, se señaló que esta diferencia podría representar una ventaja temporal para la Argentina, aunque se proyecta una convergencia de tasas hacia fin de año.
También se abordó el impacto del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR), que incluyó a Argentina en una categoría de riesgo que podría restringir el ingreso de productos forestales. Los funcionarios informaron que se realizan gestiones para solicitar una revisión de esa clasificación y evitar trabas al comercio con el bloque europeo.
Participación institucional y actores del sector
El encuentro contó con la presencia de Sabina Vetter, directora nacional de Desarrollo Foresto Industrial (SAGyP); Ornella Calvete, directora nacional de Proyectos Estratégicos (Secretaría de Industria y Comercio); y Santiago Bonifacio, director nacional de Cooperación e Inserción Internacional (SAGyP).
Por el sector privado participaron las cinco entidades que integran el Consejo Foresto-Industrial Argentino (CONFIAR): Claudia Peirano (AFoA), Juan Sackmann (AFCP), Mercedes Omeñuka y Fernando Couto (FAIMA), Osvaldo Kovalchuk (ASORA) e Ignacio Méndez (SRA).
La concreción de las rutas para bitrenes y la revisión de aranceles serán claves para fortalecer las exportaciones forestales argentinas y sostener el desarrollo del sector en un contexto de alta competencia internacional. Sin embargo, el cumplimiento de nuevas regulaciones ambientales como el EUDR y la definición de políticas arancelarias globales marcan los principales desafíos para la industria.
La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) destaca los beneficios térmicos de la madera y su papel clave en la transición hacia viviendas más sostenibles.
En un país donde el acondicionamiento térmico (calefacción y refrigeración) representa alrededor del 40% del consumo energético residencial, la elección de los materiales de construcción cobra un papel protagónico. En este contexto, la madera se posiciona como una aliada clave para mejorar la eficiencia energética, garantizar el confort térmico y reducir el impacto ambiental.
El confort térmico se define por un rango óptimo de temperatura y humedad relativa en interiores —entre 18 y 25°C y con una HR entre 30% y 70%, según la American Society of Refrigerating Engineers—. Mantener estas condiciones requiere un equilibrio entre consumo energético y aislamiento del entorno.
¿Cómo lograr ese equilibrio sin resignar confort? La respuesta está en el diseño arquitectónico, la planificación urbana, la tecnología… y, especialmente, en los materiales que elegimos.
Madera: aislamiento natural y menor consumo energético
Por su propia estructura celular, la madera actúa como un aislante natural, tanto térmico como acústico. Su baja conductividad térmica la convierte en un material ideal para conservar la temperatura interior, reduciendo la necesidad de calefacción o refrigeración.
Comparada con otros materiales de uso habitual:
Conductividad térmica de la madera: 0,10 – 0,20 W/m·K
Ladrillo: 0,39 – 0,80 W/m·K
Hormigón: 0,80 – 2,50 W/m·K
Esto se traduce en una mayor eficiencia. Por ejemplo, un muro de madera de 100 mm de espesor tiene una capacidad de aislamiento térmico 3,6 veces superior al ladrillo (140 mm) y 5,7 veces mayor que el hormigón (200 mm). Este rendimiento se refleja en un ahorro energético de hasta el 32%, según la zona climática.
A su vez, el uso de madera reduce el impacto ambiental asociado a la construcción: su transformación desde la materia prima hasta el material final demanda menos energía que el acero o el hormigón. Y al tratarse de un recurso renovable, gestionado de forma sostenible, se alinea perfectamente con los objetivos de descarbonización y transición energética.
Construcción rápida, eficiente y adaptable
Además de sus virtudes térmicas, la madera permite acelerar los tiempos de obra. Las viviendas construidas con madera se levantan más rápido que aquellas hechas con sistemas tradicionales, con un impacto ambiental significativamente menor y con la versatilidad para adaptarse tanto a entornos urbanos como rurales.
Desde FAIMA destacan que construir con madera no solo es una decisión técnica, sino también estratégica: una solución inteligente para un futuro más eficiente, accesible y sustentable.
Normativas y políticas públicas: un paso necesario
Para consolidar estos avances, es clave avanzar en normativas específicas. Desde FAIMA se impulsa el desarrollo de regulaciones para aberturas y envolventes construidas con madera, así como la implementación del Programa Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética de Viviendas (PRONEV), conforme a las resoluciones 595/2024 y 129/2025.
“Estas soluciones permiten cumplir con las exigencias térmicas establecidas, pero además lo hacen con menor impacto ambiental y mejor calidad de vida para las personas”, afirman desde la entidad.
Con la presencia de importantes figuras del arco político y legislativo nacional, así como de cámaras empresarias locales e internacionales, embajadas, organismos internacionales y entidades locales de ciencia y sociedad civil, la Mesa Argentina de Carbono lanzó su PLAN DE DESARROLLO DEL SECTOR CARBONO. Hoy nuestro país está ante una oportunidad histórica: transformar su vasto capital natural y productivo en una fuente estratégica de generación de divisas, inversión, empleo y posicionamiento internacional. Desde la Mesa Argentina de Carbono se impulsa una estrategia integral para que el país lidere la oferta de créditos de carbono en la región y transformar así al carbono en un nuevo motor de desarrollo económico y federal.
La certificación de la captura y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero generan créditos de carbono que se comercializan a nivel nacional e internacional. Los compradores son, principalmente, empresas que buscan equilibrar su huella de carbono, ya sea para cumplir exigencias gubernamentales (mercados internacionales por Art.6 del Acuerdo de París) o por compromisos voluntarios (Mercados Voluntarios). Un crédito de carbono representa 1 tonelada de CO2eq capturada o reducida mediante acciones que incluyen la producción agropecuaria y forestal, la eficiencia energética, las energías renovables, el transporte y la gestión de residuos, entre otros.
Con especial foco en el sector del carbono agropecuario y forestal, la Mesa Argentina de Carbono impulsa un plan que busca desbloquear entre USD 460 y 2.377 millones anuales en ingresos por la venta de créditos de carbono y USD 2.200 millones a 2030 en inversiones para el desarrollo e implementación de proyectos de carbono.
La propuesta no es restrictiva en cuanto a la producción, sino que ve a los proyectos de carbono como un complemento de la producción agropecuaria y forestal, generando financiamiento adicional. Para generar créditos de carbono no se requiere de inversión o financiamiento público, pero sí se requiere que el Estado pueda garantizar las condiciones para que el sector se desarrolle, tal como sucede en los países vecinos y de la región.
“Hoy nuestro plan abarca principalmente al sector agropecuario y forestal, pero nuestro objetivo es claro: poder ampliar el plan a todos los sectores que participan o podrían participar en la generación de créditos de carbono. Desde energía e industria hasta transporte, todo lo que pueda traccionar el desarrollo del carbono como sector productivo.” expresó Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa.
“A diferencia de lo que ocurre con los países vecinos y de la región, en Argentina aún hay muchas incertidumbres para que sea atractiva y confiable la generación de créditos de carbono. Asimismo, los créditos de carbono argentinos tienen un canal de venta muy acotado ya que por restricciones gubernamentales hoy solo es posible comercializar a través del Mercado Voluntario. Esto no solo hace que el crédito de carbono argentino se venda a precios un 80% más bajo que lo que se podría comercializar en Mercados de Cumplimiento, sino que restringe la posibilidad de desarrollar proyectos estratégicos y de alta escala por no ser viables con los precios del Mercado Voluntario” agregó.
El contexto argentino y la propuesta del Plan de Desarrollo del Sector Carbono
Argentina ha participado, desde 2005, en los mercados de carbono. Hasta el año 2024, se han registrado poco más de 60 proyectos de carbono en total. Esto es casi ínfimo si se compara con la situación a nivel global y regional. A nivel global, existen más de 12.000 proyectos de captura y reducción de emisiones certificados y registrados bajo estándares internacionales.
Por su parte, en Latinoamérica y durante los últimos 5 años se formularon el 22% de los créditos de carbono emitidos en todo el mundo, siendo así la segunda región proveedora de reducciones de emisiones certificadas, especialmente por parte de proyectos en Colombia, Brasil y México. Estos países, como así también recientemente Paraguay, cuentan con normativa vigente o en desarrollo para brindar seguridad jurídica para el desarrollo de proyectos de carbono.
El Plan de Desarrollo del Sector Carbono establece dos hitos principales para generar condiciones diferenciales para que el sector del Carbono agropecuario y forestal se desarrolle en Argentina:
a) Dar mayor seguridad jurídica a los créditos de carbono.
Al no estar tipificado en las leyes, se debe dar certeza a la propiedad y a la naturaleza jurídica e impositiva de los créditos de carbono. Esto debe hacerse a través de una Ley Nacional para que sea aplicable en todo el país.
b) Abrir canales de venta internacionales.
Al permitir que los créditos de carbono argentinos se puedan comercializar en los Mercados de Cumplimiento internacionales, es posible lograr precios de venta 80% mayores. Para ello se deben generar acuerdos con países compradores de créditos de carbono, tal como ya lo han hecho otros países de la región.
Según las estimaciones y proyecciones hechas por la Mesa Argentina de Carbono, si en Argentina se generaran créditos de carbono en el 10% de las tierras agropecuarias y forestales del país, podría estimarse preliminarmente que su venta podría representar ingresos anuales por USD460 millones.Si este cálculo se lleva al 30% de la superficie agropecuaria y forestal, representaría de USD 2.377 millones anuales. Estas estimaciones sólo incluyen a los sectores agropecuario y forestal, si se incluye a los sectores de energía, industria y transporte, el flujo económic o es aún mayor.
En este sentido, Argentina tiene un gran potencial de no solo cumplir sus compromisos internacionales mediante mecanismos trazables (muy útiles para cumplir con requerimientos de exportación a algunos mercados), sinotambién puede ser proveedor de reducciones de emisiones al mundo, generando así negocios complementarios para el sector agropecuario, la industria, las energías renovables y la foresto-industria, entre otros.
5 CLAVES DEL PLAN
1) Una nueva economía basada en la naturaleza
El carbono no es un pasivo ambiental: es un activo productivo y exportador. A través de proyectos agropecuarios y forestales certificados, Argentina puede generar créditos de carbono de alta integridad con impacto económico real.
2) Divisas sin deuda ni subsidios
Bajo la situación actual, los ingresos e inversiones del sector Carbono no superan los USD 10 millones anuales. Si se brinda mayor seguridad jurídica a través de una ley específica, los ingresos podrían alcanzar los USD 460 millones al año. Si además se habilita la venta a los mercados internacionales de cumplimiento, esa cifra puede escalar a más de USD 2.300 millones anuales. Todo ello sin inversión pública.
3) Inversión verde en el territorio
Los proyectos no compiten con la producción agropecuaria o forestal: la complementan. Permiten nuevos ingresos sin cambiar el uso del suelo. Con este plan, se podrían movilizar entre USD 2.200 y 3.800 millones en inversiones privadas hacia regiones productivas, con beneficios ambientales y sociales tangibles.
4) Empleo con arraigo
Se estiman más de 70.000 nuevos empleos directos e indirectos en viveros, monitoreo, manejo forestal, certificación y tecnologías asociadas.
5) Trazabilidad para el comercio internacional
Frente a barreras como el CBAM europeo o las exigencias de trazabilidad en California, los mercados de carbono son clave para promover las exportaciones y evitar sobrecostos de hasta 4.000 millones de dólares anuales.
Liderazgo regional posible
Con visión y decisión, Argentina puede liderar en América Latina la oferta de créditos de carbono confiables, de calidad y con impacto territorial. “No es un costo: es una palanca para el desarrollo federal, inclusivo y moderno. El carbono puede ser el próximo complejo exportador argentino”, sostienen los autores del plan. El momento es ahora. La ventana de oportunidad está abierta. Y el mundo está mirando.
