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COP30: La era de la irracionalidad en la política climática

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Escribe Pedro Barata / Inter Press Service – Llevo trabajando en política climática desde finales de la década de 1990. Estuve presente cuando las primeras discusiones sobre el mercado de carbono en Europa estaban dando forma a la arquitectura que finalmente sustentaría el Protocolo de Kioto.

Ese marco, construido en torno a la cooperación internacional y los mecanismos basados en el mercado, nació en un momento en que el cambio climático se entendía como un problema global que requería soluciones globales.

A pesar de todos sus defectos, el Protocolo de Kioto tenía una lógica subyacente: la acción colectiva era indispensable y las herramientas basadas en el mercado podían aprovechar la eficiencia y la escala.

Hoy en día, el panorama ha cambiado. Los presupuestos públicos se están reduciendo, las tensiones geopolíticas están aumentando y los efectos del cambio climático se están acelerando.

Sin embargo, en medio de esta urgencia, estamos asistiendo a un preocupante aumento de lo que solo puede calificarse de irracionalidad: la voluntad de mantener dos o tres ideas contradictorias a la vez, incluso cuando hay tanto en juego.

El autor, Pedro Barata

Tomemos, por ejemplo, la afirmación persistente de que la «compensación» de carbono ya no es posible en virtud del Acuerdo de París. El argumento es el siguiente: dado que ahora los países tienen límites de emisiones en virtud del Acuerdo de París, la compensación deja de existir de alguna manera.

Pero se trata de un malentendido fundamental. La lógica misma del sistema de límites máximos y comercio de derechos de emisión, ya sea en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (UE) o de los mercados internacionales, se basa en la compensación, es decir, en compensar las reducciones de emisiones en otros lugares en lugar de reducirlas en el propio país.

La compensación es perfectamente posible e incluso deseable, desde una perspectiva económica, en un entorno con límites. El problema nunca ha sido el principio. Ha sido la credibilidad de determinados créditos, la calidad desigual de la supervisión y la falta de transparencia en ciertos rincones del mercado.

Estos retos son reales. Pero la respuesta racional no es huir de ellos. Es redoblar los esfuerzos: reforzar la orientación y la regulación, exigir mejores datos, aumentar la transparencia, denunciar las malas prácticas e instaurar la integridad en toda la cadena de valor. Los mercados de alta integridad no son fáciles, pero son posibles, y ya están dando resultados.

Es más, las pruebas demuestran que la cooperación internacional en los mercados de carbono reduce los costes en todas las regiones modelizadas en comparación con los países que actúan por su cuenta, con un ahorro potencial de hasta 250 000 millones de dólares para 2030. Renunciar a estos beneficios sería un acto de autosabotaje.

La irracionalidad va más allá de los mercados. Los responsables políticos admiten sin reparos que las arcas públicas están agotadas, que los presupuestos de ayuda al desarrollo se están reduciendo y que el clima suele perder prioridad en el gasto nacional.

Sin embargo, casi al mismo tiempo, algunos sugieren que la mitigación internacional puede y debe financiarse principalmente con dinero público en lugar de con los mercados de carbono.

¿De dónde se supone que va a salir ese dinero?

Los datos son contundentes: el mundo necesita 8,4 billones (millones de millones) de dólares anuales en financiación climática para 2030, pero solo se proporcionaron 1,3 billones en 2021-2022.

Eso deja un déficit de 7,1 billones de dólares en la actualidad, que se prevé que siga siendo de casi 4,0 billones en 2030, incluso en escenarios de continuidad. El pensamiento mágico no desmantela las centrales de carbón, ni detiene la deforestación, ni amplía la eliminación de carbono.

La financiación privada no solo es útil, sino esencial. La financiación privada externa para el clima sigue siendo de alrededor de 30 000 millones de dólares al año en la actualidad. Para 2030, debe aumentar hasta entre 450 000 y 500 000 millones de dólares anuales, lo que supone un incremento de entre 15 y 18 veces.

No hay una vía plausible para cerrar la brecha sin movilizar capital a esta escala, y los mercados de carbono de alta integridad son una de las pocas herramientas disponibles en este momento que pueden canalizar esos flujos directamente hacia la mitigación.

Lo que se necesita no es pureza, sino pragmatismo. Necesitamos un conjunto completo de soluciones, un enfoque de cartera para la política climática. Deben continuar las reducciones profundas de emisiones a nivel nacional.

Las eliminaciones rápidas son esenciales para equilibrar el presupuesto de carbono. Y los flujos masivos de capital hacia una amplia gama de soluciones deben escalarse conjuntamente.

Ninguna de estas herramientas por sí sola resolverá la crisis climática. No hay soluciones milagrosas. Pero rechazar herramientas viables porque son imperfectas garantiza el fracaso. El mayor riesgo es el retraso, no la imperfección.

Por supuesto, la crítica desempeña un papel esencial. La crítica constructiva fortalece los sistemas, pone de manifiesto las debilidades e impulsa la mejora.

Pero cuando la crítica se inclina hacia el absolutismo, cuando se descartan por completo los mercados o se deja de lado la cooperación internacional en favor del aislamiento, se convierte en contraproducente.

En un momento en el que la inestabilidad geopolítica dificulta la cooperación, alejarse de los mecanismos disponibles es el colmo de la irracionalidad.

No pretendo tener la receta completa para restaurar la racionalidad en la política climática. Pero sí sé esto: el cinismo no es una estrategia y el retraso no es una opción. Los mercados, cuando están bien gestionados, siguen siendo una de las formas más rápidas de movilizar capital a gran escala para la acción climática. Las finanzas públicas, aunque limitadas, deben dirigirse de forma estratégica.

Y la cooperación internacional, por muy pasada de moda que esté, es indispensable. El futuro no se ganará eligiendo un camino y descartando los demás. Se ganará utilizando todas las herramientas disponibles y negándonos a dejar que la irracionalidad nos lleve a la inacción.

Pedro Barata es vicepresidente asociado del no gubernamental Fondo de Defensa Ambiental.

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Malagrida: “Misiones va a la COP30 a marcar agenda ambiental y a abrir mercados verdes”

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El ministro de Cambio Climático de Misiones, Gervasio Malagrida, viajará en las próximas horas a Belém do Pará, Brasil, para participar de la COP30. En diálogo con Economis, analizó el nuevo Fondo Forestal anunciado por Lula da Silva, destacó el rol pionero de Misiones en la región y adelantó que la provincia presentará en la cumbre su propio bono de carbono, el “Eco2”.

¿Qué opinión te merece el fondo que presentó Lula para salvar los bosques del planeta?

Es muy interesante porque, cuando se habla de precio, marca un valor internacional de lo que debería valer proteger, cuidar y restaurar los bosques. Básicamente, es lo que viene haciendo Misiones hace tiempo. Eso debería existir y aplicarse a nivel global. Lula busca preservar y lograr que los propietarios de bosques amazónicos no transformen sus tierras en frontera agrícola. Creo que lo va a lograr, porque el incentivo económico es una herramienta poderosa de conservación.

¿Y te parece bien el valor de cuatro dólares por tonelada de carbono?

Es un mínimo razonable. Pero ante mayor riesgo de deforestación o pérdida de ecosistemas, debería subir. La Amazonía corre hoy el mismo riesgo que tuvo la selva atlántica, de la cual Misiones conserva el último gran remanente continuo: más de un millón cuatrocientas mil hectáreas. Ese ecosistema llegaba hasta Salvador de Bahía, eran dos mil kilómetros de bosque continuo que desaparecieron en pocas décadas. Esa pérdida redujo la capacidad global de capturar CO₂, y hoy pagamos las consecuencias con el calentamiento global.

Misiones llega a la COP30 con una presencia inédita, como Estado subnacional con su propio programa de financiamiento climático.

Exactamente. Hace casi cuatro años venimos desarrollando nuestra estrategia REDD+, que es la reducción de emisiones por deforestación evitada. Este año atravesamos la auditoría internacional y estamos en la última etapa de validación con Verra, una calificadora global de primer nivel. Eso nos permitirá emitir nuestro bono “Eco2”, un instrumento financiero robusto que ya despertó el interés de varios inversores.

¿Qué objetivos tiene ese programa?

Nuestro plan tiene diez líneas. Ya empezamos con el fortalecimiento del cuidado de los bosques y con la mejora habitacional de comunidades guaraníes. En Puerto Libertad estamos construyendo seis unidades de venta de artesanías con diseño sustentable y refugio ambiental, además de la primera vivienda indígena financiada con fondos internacionales derivados del cuidado forestal. Es un modelo que vincula acción climática, inclusión y desarrollo humano.

El know how adquirido también tiene valor. Ya fue transferido a Santa Fe y se hará un trabajo en conjunto con Corrientes, que todavía no tiene diseñado un plan de mitigación ambiental. Pero también se exportará a Ecuador, en una región que también conserva selva. Se cobrará por el diseño del plan y regalías futuras.

Por eso, Misiones va a la COP30 con una espalda distinta a la de cumbres previas.

Consustanciado. Malagrida llegó a Economis en su tradicional bicicleta eléctrica con la que recorre la ciudad.

¿Misiones va a la COP buscar nuevos inversores o va a presentar resultados?

Vamos a hacer ambas cosas. Primero, reafirmar nuestro liderazgo ambiental regional. Misiones va a marcar agenda porque lleva cuatro años haciendo en serio lo que muchos siguen declamando. Ya no alcanza con decir “hay que cuidar el planeta”: queremos saber qué planes tienen, cómo miden su inventario de gases de efecto invernadero, qué respuestas implementan. Por eso creamos junto a otras cinco provincias la Alianza Verde Argentina, un bloque político-ambiental único en Sudamérica, con gobiernos de distintos signos pero un mismo objetivo: avanzar hacia una agenda nacional de acción climática real.

¿Misiones ya está comercializando bonos de carbono?

Estamos avanzando con Mercuria, una empresa asociada al desarrollo del Eco2. Con ellos ya financiamos parte de las soluciones habitacionales. En la COP vamos a mostrar acciones concretas de mitigación y adaptación. Nuestro plan no se limita a evitar la deforestación: busca mejorar la calidad de vida de los pueblos originarios, los primeros afectados por el cambio climático. Sudamérica captura más del 40% del CO₂ global, pero recibe menos del 10% del financiamiento internacional. Misiones vino a romper ese techo de cristal.

¿Qué lectura te deja que la Argentina no tenga una representación fuerte en la COP y que tampoco estén Estados Unidos ni China?

Argentina nunca tuvo un pabellón propio en las COP. Si alguna vez estuvo representada, fue en Glasgow y por proyectos impulsados desde Misiones. Firmar el Acuerdo de París es fácil; lo difícil es mostrar acción climática concreta. La guerra contra el cambio climático se libra acá, no en los escritorios. En Misiones, el frente de batalla es real: incendios, deforestación, contaminación. Por eso el fortalecimiento del cuidado ambiental requiere inversión y colaboración internacional. La CAF, por ejemplo, colaboró con Misiones en 2023 y 2024 con programas de energía alternativa y fortalecimiento de bosques.

¿Qué otras oportunidades abre la COP para la provincia?

Hay una etapa muy interesante que se viene con el mercado Corsia: las aerolíneas deberán compensar sus emisiones. Ya tuvimos reuniones con LATAM y Flaybondi, y en Belém voy a reunirme con la gerenta de Recursos Naturales de LATAM. Eso abre mercados para nuestros bonos verdes, que serán de la mayor calidad ambiental del mundo, respaldados por la selva en retroceso que protegemos.

¿Qué esperás traer de regreso de la COP30?Un objetivo comercial y otro político. Comercial, porque vamos con una lista de potenciales compradores de bonos; político, porque quiero que todas las provincias argentinas trabajen junto a la Nación en un plan ambiental común. Misiones ya demostró que se puede hacer. Ahora necesitamos que el país lo acompañe.

La delegación misionera se completa con el ministro de Ecología, Martín Recamán. Su participación comenzará el viernes 14 de noviembre, en el evento organizado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, titulado “Activando sinergias entre los mecanismos de mercado para clima y biodiversidad. Lecciones aprendidas en América Latina y el Caribe”. El encuentro, que se desarrollará en el Pabellón CAF – OTCA: América Latina y el Caribe (Zona Azul), reunirá experiencias regionales para fortalecer las conexiones entre financiamiento climático y conservación de la biodiversidad.

Luego, el sábado 15 de noviembre, Recamán será parte del panel “Misiones: An overview of a subnational Jurisdictional REDD+ Program in Argentina”, organizado por la Provincia de Misiones junto a representantes de Mercuria, en el IETA Business Pavilion Boardroom (ICC). Allí expondrá sobre el modelo jurisdiccional REDD+ que impulsa Misiones, una iniciativa pionera en el país que busca reducir emisiones y conservar los bosques nativos a través de políticas de desarrollo sostenible.

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Expertos de la ONU exigen justicia climática a las empresas

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Inter Press Service – La COP30 de las Naciones Unidas sobre el clima, que se celebra en Belém, Brasil, debe exigir responsabilidad a las empresas con respecto al cambio climático y limitar a sus grupos de presión, dijeron en una declaración más de 30 expertos de la ONU en derechos humanos.

“Las entidades comerciales tienen obligaciones y responsabilidades con respecto al cambio climático y sus repercusiones en los derechos humanos”, asentó la declaración de los expertos que actúan por mandatos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza de Ginebra.

Los Estados “deben regular, supervisar y controlar eficazmente a los actores públicos y privados en los sectores con altas emisiones y garantizar una cooperación internacional significativa”, señala el documento.

“Las violaciones pasadas y presentes de estas obligaciones implican la responsabilidad del Estado de reparar los daños”, agrega el texto.

Ese deber de los Estados incluye revocar todas las medidas que constituyen un hecho internacionalmente ilícito, prevenir y responder a las pérdidas y los daños, restaurar los ecosistemas y compensar los daños climáticos, se precisó.

Belém alberga la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en que participan delegados de 196 Estados más la Unión Europea, además de miles de representantes de la sociedad civil, incluidos de las empresas.

Temas centrales de su agenda son incrementar el financiamiento de la acción climática en los países en desarrollo, la adopción de nuevos compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta y para impulsar el abandono gradual del uso de los combustibles fósiles.

Los expertos advirtieron de que en la COP30 los Estados “deben negociar de buena fe, de conformidad con la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (del pasado julio) sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático, y para prevenir mayores daños al medio ambiente”.

En lo que respecta a las obligaciones y responsabilidades de los actores públicos y privados, ellas “deben implementarse de manera inclusiva y con perspectiva de género, basadas en la igualdad y la no discriminación, reconociendo a los grupos que históricamente se han visto forzados a situaciones de vulnerabilidad”, dice el texto.

Asienta que “la credibilidad de la COP30 sobre el clima depende de que se logren resultados significativos en materia de mitigación y cooperación financiera y tecnológica internacional, con especial referencia a los combustibles fósiles”.

Espera que el Programa de Trabajo para una Transición Justa, que debería adoptarse en Belém, garantice que la acción climática sea justa e inclusiva para los trabajadores y las comunidades, y se desarrolle conjuntamente con ellos.

Finalmente, los expertos reiteran “la necesidad de limitar la presencia de los grupos de presión de la industria de los combustibles fósiles en la COP sobre el clima, y garantizar la transparencia, la participación pública, un diálogo significativo con la sociedad civil y la protección efectiva de las personas defensoras de los derechos”.

“Todas estas son condiciones necesarias para una acción climática más eficaz y justa”, concluyeron.

Entre los más de 30 expertos que firman la declaración figuran los relatores especiales de la ONU para la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático; del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, y sobre los derechos de los pueblos indígenas.

También los integrantes de grupos de trabajo sobre campesinos y otras personas que trabajan en medios rurales; sobre personas de ascendencia africana; sobre discriminación contra las mujeres y las niñas, y sobre derechos humanos y empresas trasnacionales y otras empresas comerciales.

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Misiones refuerza la gestión del agua con un convenio entre Ecología y Aguas Misioneras

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Misiones fortalece la gestión del agua, convenio entre Ecología y Aguas Misioneras para garantizar el uso sustentable del recurso hídrico

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables y Aguas Misioneras S.E. firmaron un convenio de cooperación para articular políticas y proyectos que promuevan el uso responsable del agua en la provincia. La medida busca integrar controles, planificación y acciones conjuntas sobre un recurso estratégico para el desarrollo económico y ambiental de Misiones.

Un acuerdo estratégico para la gestión integral del agua

El martes se concretó la firma de un convenio de cooperación y asistencia técnica recíproca entre el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones y la empresa estatal Aguas Misioneras S.E. (AMSE). El documento, rubricado por el ministro Martín Recamán y el presidente de AMSE, Ángel Vallejos Larrea, establece un marco de trabajo conjunto orientado a garantizar el uso sustentable y la protección de los recursos hídricos de la provincia.

El acuerdo prevé la planificación, ejecución y evaluación de proyectos conjuntos vinculados al agua como bien estratégico, con foco en tres objetivos centrales: la protección de las fuentes hídricas, el control del uso en actividades productivas y comerciales, y la promoción del aprovechamiento equilibrado del recurso.

“El agua es un patrimonio natural de los misioneros y debe ser gestionada con responsabilidad, asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras”, enfatizó el ministro Recamán durante la firma del acuerdo.

Desde AMSE destacaron que la articulación institucional permitirá mejorar la eficiencia en los controles y la trazabilidad del uso del agua, integrando datos técnicos y ambientales para una gestión más transparente y sustentable.

Supervisión del uso productivo y control de perforaciones

Uno de los ejes centrales del convenio es la creación de un sistema de control conjunto sobre el uso del agua por parte de sectores productivos, comerciales y de servicios, en especial aquellas actividades que emplean agua subterránea o superficial con fines económicos.

Este esquema incluirá la supervisión de empresas perforadoras y de organizaciones públicas o privadas cuya actividad pueda incidir en la cantidad o calidad del recurso hídrico. El objetivo es garantizar que cada extracción o utilización del agua se realice dentro de parámetros técnicos y ambientales compatibles con la normativa vigente.

El Ministerio de Ecología aportará su experiencia en monitoreo ambiental y control territorial, mientras que Aguas Misioneras aportará su capacidad técnica y de gestión en torno a los estudios de cuencas, perforaciones y distribución del recurso.

“La cooperación interinstitucional es clave para equilibrar el desarrollo económico con la preservación ambiental”, señaló Vallejos Larrea, quien remarcó que el convenio representa un paso hacia la gobernanza hídrica moderna, basada en datos científicos y responsabilidad compartida.

Hacia una política provincial del agua sustentable

El acuerdo se enmarca en una visión provincial que concibe el agua como bien común y recurso estratégico, esencial no solo para la salud humana, sino también para la sostenibilidad de los ecosistemas y la productividad económica.

Misiones se posiciona como una de las provincias con mayor riqueza hídrica del país, con una vasta red de arroyos, ríos y acuíferos que requieren de una gestión integral ante los desafíos del cambio climático, la expansión urbana y la presión productiva.

La firma del convenio entre Ecología y Aguas Misioneras representa, en este contexto, un avance institucional hacia la coordinación de políticas públicas orientadas a la seguridad hídrica y al fortalecimiento del control ambiental, priorizando la educación, la prevención y la innovación tecnológica en la gestión del agua.

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Ecología detectó nueva extracción de madera nativa en el Parque Provincial Piñalito

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Durante un operativo de control territorial realizado por guardaparques dependientes del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, se detectó la extracción ilegal de madera nativa dentro del Parque Provincial Piñalito Sur. La intervención forma parte de las tareas permanentes de vigilancia y control que lleva adelante el Cuerpo de Guardaparques en las áreas naturales protegidas, con el objetivo de preservar los recursos naturales y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales.

El operativo se inició a partir de indicios que alertaban sobre posibles movimientos vinculados a la extracción de especies nativas. Frente a esta situación, se desplegó un procedimiento que incluyó sobrevuelos en helicóptero y recorridas terrestres intensivas, permitiendo identificar sectores con evidencias de corte de madera. Según los informes técnicos, se trató de una extracción selectiva.

Este tipo de actividad es difícil de detectar mediante imágenes satelitales, ya que no genera claros visibles en el bosque, lo que pone en valor la labor de campo y la presencia constante de los guardaparques en el territorio.

El punto afectado se ubica en un lote próximo a una propiedad privada lindante con el parque, la cual ya registra dos sumarios activos previos por hechos similares.

Ante este nuevo hallazgo, el Ministerio de Ecología realizó una nueva denuncia en la Dirección de Defensa del Medio Ambiente de la Policía de Misiones y puso los antecedentes a disposición de la Justicia, con el propósito de avanzar en la investigación y determinar responsabilidades.

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