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Proyectan que la cadena de valor bovina tiene potencial para aumentar 30% la producción hacia 2028

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La cadena de valor bovina tiene potencial para aumentar un 30% la producción, de 3 millones de toneladas (Mt) a 4 millones hacia 2028; generar unos US$ 3.600 millones adicionales de exportaciones (4% más sobre las exportaciones totales); y aportar unos 50.000 empleos directos e indirectos más, según un documento del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) presentado ante el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella.

“Sin lugar a dudas es una cadena estratégica para nuestro país, es fuente de empleo y divisas; por eso estamos alineados en los objetivos y trabajamos para enfrentar los distintos desafíos que presenta”, expresó Vilella luego del encuentro con directivos del Consorcio ABC, encabezados por su presidente, Mario Ravettino, en un comunicado.

El documento presentado por los exportadores lleva el título “Potencial de la Cadena Bovina en Argentina”, y contiene los principales lineamientos de desarrollo para un sector que “cuenta con un gran potencial de cara al futuro”, remarcó Agricultura.

Para alcanzar los objetivos planteados en términos de producción, generación de divisas y de empleo, las partes plantearon la necesidad de “eliminar el doble estándar de la cadena y modernizar el consumo; eliminar restricciones internas para abrir mercados internacionales; incentivar el aumento de la producción ganadera y desarrollar un frente unificado de sostenibilidad”.

Por su parte, Ravettino agradeció la posibilidad de la reunión y expresó sobre el plan presentado que “esos son los ejes, lo que hay que mejorar, una serie de acuerdos y lineamientos de hacia dónde puede ir el sector en el futuro que cuenta con un alto consenso de toda la cadena”.

Acompañaron a Vilella los subsecretarios Germán Di Bella (Agricultura) y Pedro Vigneau (Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios), y el director de Ganadería, Belisario Castillo.

Por ABC estuvieron presentes el vicepresidente de Frigorífico Gorina, Carlos Riusech (h); el secretario de Frigorífico Friar, Alberto Gorleri; los vocales de Frigorífico ArreBeef, Hugo Borrell; de Frigorífico Frimsa, Federico Vilariño (h); de Frigorifico Rioplatense, Martín Costantini; de Marfrig Argentina, Alain Martinet; de La Anónima, Nicolás Braun; y el economista en jefe del Consorcio, Miguel Jairala.

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Para el Gobierno, la “urgencia y necesidad” del DNU son “cuestiones políticas no justiciables”

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El Gobierno nacional afirmó hoy que las “razones de urgencia y necesidad” que motivaron el DNU 70/2023 “constituyen cuestiones políticas no justiciables”, tras lo cual reclamó que el Poder Judicial no intervenga en las causas contra el decreto del presidente Javier Milei porque ya está a consideración del Congreso.

La opinión del Gobierno nacional quedó plasmada en distintas presentaciones realizadas esta tarde por abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Rodolfo Barra, a las que accedió Télam a través de fuentes judiciales.

“Debe anticiparse que las razones de urgencia y necesidad constituyen cuestiones políticas no justiciables. Por lo tanto, actualmente el DNU se encuentra bajo la revisión y control del Congreso de la Nación; por lo que, la intervención de la Justicia en esta instancia sería al menos prematura además de transgredirse el principio de división de poderes”, sostuvieron los abogados.

“No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial”, afirmaron en las presentaciones a las que accedió esta agencia.

“La necesidad y urgencia constituyen una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable. Asimismo, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad mérito y conveniencia, lo cual también es de valoración estrictamente política”, enfatizaron.

“El conjunto de medidas implementadas por el DNU N° 70/2023, se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria”, señalaron los abogados Carolina Maidana y Rodolfo Aguirre en representación del Estado Nacional.

La postura del Gobierno quedó plasmada en dos informes de más de 80 páginas cada uno presentados ante el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico quien se encuentra de turno en la feria judicial.

Los informes fueron presentados en los expedientes iniciados con las acciones de amparo contra el DNU realizadas por el abogado Jorge Rizzo, por un lado, y asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, por otro.

En ambos casos se reclamó que se declare la inconstitucionalidad del DNU y que hasta que eso ocurra se dicte una medida cautelar que suspenda todos sus efectos, ante lo cual el juez Lavié Pico había solicitado los informes del Gobierno para cada caso.

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El Senado retoma hoy la discusión sobre el proyecto de Boleta Única

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El proyecto de Ley de Boleta Única de Papel, que modifica el modo en que los argentinos emiten su voto en cada elección, tendrá hoy un nuevo capítulo en el Senado, cuando el oficialismo busque reabrir la discusión en comisión, interrumpida la semana pasada por disidencias con la oposición.

El bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA), liderado por Ezequiel Atauche, negocia más apoyos con sus aliados de Juntos por el Cambio (JxC) y pretende emitir dictamen, pero el peronismo avisó que no admitirá un debate sin consensos.

El objetivo de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, es llevar el tema al recinto en la tercera semana de enero, antes de que finalice el actual período de sesiones extraordinarias, abierto por el presidente Javier Milei

El expediente fue aprobado por la Cámara de Diputados a mediados de 2022 y permanece desde entonces archivado en el Senado, debido a que el Gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner se negó a acelerar su tratamiento y a discutirlo a nivel comisiones.

El miércoles pasado, un plenario de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales avanzó con un debate que duró más de tres horas y en el que, finalmente, se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a las 14.

El pedido de cuarto intermedio, acompañado por el Frente de Todos (FdT) y por un sector del radicalismo, fue propuesto por el peronista correntino Carlos Espínola, quien dejó hace dos años el FdT para conformar un bloque disidente junto al entrerriano Edgardo Kueider.

Kueider es quien modera el debate como recientemente designado presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales con acuerdo del oficialismo.

En declaraciones a la prensa en la Cámara alta, Espínola consideró que al proyecto de ley hay que hacerle correcciones “de su funcionamiento” y que “algunas pueden hacerse vía reglamentación y otras vía Cámara Electoral”, por lo que deslizó la posibilidad de que la norma vuelva a Diputados.

Si fuera así, la Cámara iniciadora podrá aceptar las correcciones hechas en el Senado o insistir con la sanción original.

Pero eso ya ocurriría en marzo, con el nuevo período ordinario de sesiones, a menos que el Poder Ejecutivo prorrogue las extraordinarias que finalizan el 31 de enero.

En cambio, desde el FdT, senadores como Martín Doñate, Carolina Moisés o Daniel Bensusán ya expresaron su negativa a apoyar la norma, tal como hicieron sus compañeros de partido en la Cámara de Diputados en 2022.

La razón para no apoyar la norma, en el caso de los senadores peronistas, es que en la ley ómnibus que presentó el Poder Ejecutivo hace algunos días, y que comenzó a ser debatida en la Cámara de Diputados se busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que permanecen mencionadas en el texto del proyecto de Boleta Única de Papel.

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Cúneo Libarona: “Las reformas se fundan en la situación gravísima de la Argentina”

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El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló hoy en la Cámara de Diputados que el capítulo referido al área a su cargo incluido en el proyecto de ley ómnibus del Gobierno “se funda en la situación gravísima en que está la Argentina”.

“Estas reformas se fundan en la situación gravísima en que está la Argentina. La ciudadanía se manifestó en las urnas a favor de un cambio, de un nuevo presidente para reformar el Estado”, remarcó el funcionario al exponer ante el plenario de comisiones de Diputados que analiza el proyecto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo.

Cúneo Libarona remarcó que “la ciudadanía se pronunció a favor de un cambio, con un presidente que busca soluciones, achicar el Estado, desregular y ordenar” y que “el plan para la Justicia apunta a un sistema procesal y penal adecuado, en el que Argentina sea ejemplo de justicia y orden”.

“No me interesa hablar de herencias; sí de futuro y esta ley es el futuro; tenemos un régimen procesal penal que ha fracasado. En eso se va trabajar ansiosamente, a partir de la modernización que introduce”, aseveró.

En la última etapa de su exposición se refirió a derechos humanos: “Para mí son amplísimos, no solo tienen que estar dirigidos al género o las causas contra militares, que van a seguir. Mi visión está puesta en la víctima, no en el imputado”.

“La ley de víctimas fue una buena iniciativa, pero hay que reforzarla, por eso le pediría a la Cámara que ordenemos la ley. Sueño con un equipo de abogados, psicólogos y apoyo material 24 horas, que le den realmente contención a la víctima”, cerró.

Con respecto a la propuesta para que los jueces usen toga y martillo explicó que “se usa en muchas provincias y en muchos lugares del mundo”, aunque aclaró: “No vamos a dejar de aprobar el tema del juicio por jurados porque el proyecto incluya el tema de la toga”.

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Milei cumple un mes al frente del Gobierno: reformas estructurales, decretos, leyes y devaluación

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(Por Gabriel Tuñez) El presidente Javier Milei cumplirá mañana un mes al frente del Gobierno nacional, lapso en el que, entre otras medidas impulsó por medio de un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) y un voluminoso proyecto de ley una reforma estructural del Estado que incluyó derogaciones y modificaciones de normas económicas, políticas, laborales, tributarias y penales, y llevó adelante una fuerte devaluación del peso frente al dólar, cuyos efectos repercutieron en un alza de los precios de los productos de consumo básico de la población.

“Comienza una nueva era en la Argentina”, expresó Milei el pasado 10 de diciembre al pronunciar su primer discurso como Presidente tras la ceremonia de asunción, en la que recibió los atributos de jefe de Estado de manos del saliente mandatario Alberto Fernández y de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el recinto del Congreso Nacional y ante la Asamblea Legislativa.

La toma de posesión del mando por parte de Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel solo cumplió con la formalidad del protocolo, porque el Presidente planteó aquel día los objetivos de su Gobierno por medio de un mensaje que durante 35 minutos leyó al aire libre, parado sobre las escalinatas del Congreso, acompañado por su gabinete, invitados internacionales y de cara a miles de personas que agitaron banderas argentinas inclusive pese al panorama sombrío que expuso a raíz, sostuvo, de la herencia recibida en el Gobierno.

Milei dijo al asumir que a partir de ese momento daba por terminada “una larga y triste historia de decadencia y declive” en el país, aunque para lograrlo, subrayó, no había “alternativa posible” que aplicar medidas de “ajuste” y “shock” que iban a impactar “de modo negativo sobre el nivel de actividad económica, el empleo, los salarios reales y la cantidad de pobres e indigentes”, que según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) componen el 44,7% y el 9,6% de la población del país. “Nos han dejado plantada una hiperinflación. Vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla”, explicó.

Si bien en el corto plazo la situación económica y social iba a “empeorar”, Milei aseguró que los “frutos del esfuerzo” de la sociedad iban a verse reflejados sobre las bases de un “crecimiento sólido y sostenible en el tiempo”.

En su primera semana al frente del país, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo -cuya designación recién hizo oficial pocos días antes de la asunción, tras su paso como funcionario durante la presidencia de Mauricio Macri-, aplicaron una devaluación del 120% de la moneda nacional frente a la cotización oficial del dólar estadounidense, que trepó hasta los 800 pesos.

La medida redujo del 170 al 30% la brecha cambiaria con otras cotizaciones del dólar, pero derivó en un fuerte aumento de precios, principalmente de los productos de primera necesidad de la población.

El 20 de diciembre pasado, solo diez días después de llegar a la Casa Rosada, Milei hizo público, por medio de una mensaje transmitido por cadena nacional, en el que estuvo acompañado por su gabinete, los alcances del DNU 70/2023 por medio del cual, sin discusión parlamentaria, derogó una serie de leyes, puso fin a distintas regulaciones en materia económica y financiera, habilitó la privatización de empresas públicas y dispuso, entre más de 360 medidas, una reforma laboral y en el sistema de salud.

Ese DNU, fue observado por distintos fallos judiciales que aceptaron diversos planteos hechos por distintos sectores, entre ellos la CGT, que se manifestó frente a los Tribunales y anunció una huelga para el próximo 24 de enero.

Una semanas después de firmar el DNU 70/2023, el jefe de Estado envió a la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, una iniciativa que le plantea al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de prorrogar por otros dos años esas atribuciones.

El texto incluye más de 600 artículos, contiene algunas medidas ya contempladas en el DNU, pero también incorpora, por ejemplo, modificaciones en materia electoral, entre ellas la derogación de las PASO y cambios en la composición de la Cámara de Diputados; y penales, como la aplicación de penas de prisión para quien impidiera, por medio de protestas y cortes de caminos y rutas, el transporte y otros servicios públicos.

Tanto el DNU como la llamada “ley ómnibus” -entre ambos contemplan casi un millar de artículos- se encuentran bajo estudio del Congreso Nacional.

Milei le exigió a los legisladores celeridad para el tratamiento de ambas iniciativas, que son clave, dijo, para el avance de las reformas que propone. “No negociamos nada, aunque sí aceptamos sugerencias”, advirtió el jefe de Estado a los legisladores, tanto de la oposición como de los bloques aliados, entre ellos algunos sectores de Juntos por el Cambio (JxC) que están representados en el gabinete nacional por ministros como Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y el propio Caputo en Economía, producto del acuerdo político que Milei selló antes del balotaje con el expresidente Macri.

Junto a las reformas incluidas en el DNU y la “ley ómnibus”, Milei dispuso la no renovación de unos 7.000 contratos de trabajadores estatales firmados durante 2023 y también acompañó la puesta en vigencia del “protocolo para el mantenimiento del orden público” promovido por la ministra Bullrich, cuyo objetivo es que las fuerzas de seguridad impidan que manifestantes ocupen la vía pública durante movilizaciones de protestas, una medida que en lo que va del mes se aplicó en dos ocasiones pese a las críticas de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil locales.

En materia de política exterior, el Gobierno nacional desestimó la invitación hecha para que el país se incorporara al bloque de países emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics), en tanto que dispuso alinear los intereses internacionales argentinos a los de Estados Unidos, Israel, Ucrania y Taiwán, entre otras naciones.

Este jueves, un día después de cumplir un mes al frente del Gobierno, Milei y toda la población conocerán el índice de inflación de diciembre.

El Presidente consideró que si la cifra que informará el Indec ronda el 30% sería “un numerazo” en medio de “un espanto” signado por los constantes aumentos de precios que la Argentina soporta hace años.

En este contexto, el mandatario consideró que habría que “sacarlo a pasear en andas” a ministro Caputo porque ese 30% representaría “un logro fenomenal” debido a que se estimaba un dato, sostuvo, cercano al “45%”.

La inflación podría crecer en los próximos meses, según indicaron distintos especialistas, si el Gobierno implementa una modificación en los criterios de segmentación de la tarifa del gas natural, que representaría un fuerte aumento de su valor.

En tanto, el Gobierno de Milei estableció que las tarifas de trenes y colectivos volverán a incrementarse mensualmente de acuerdo con la inflación acumulada, más allá de la decisión de los aumentos adicionales que habrá por la quita de subsidios.

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