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Bono para importadores: el Gobierno y la UIA discutieron mejoras en el instrumento

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Autoridades del Banco Central (BCRA) y la Secretaría de Comercio se reunieron hoy con empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) para repasar distintas alternativas que mejoren el atractivo del bono para importadores con deuda comercial denominado Bopreal.

En representación de la autoridad monetaria estuvieron el director Alejandro Lew y el gerente general Agustín Torcassi, acompañados por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne.

Por parte de la UIA participaron en forma presencial el vicepresidente Miguel Ángel Rodríguez; el director ejecutivo Diego Coatz; el vicepresidente Pyme, Javier Viqueira; y el miembro de la Junta Directiva Alejandro Gentile.

El presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, se sumó a la reunión por videollamada, de la misma forma que lo hicieron más de 100 empresarios.

El encuentro, que duró casi dos horas, fue organizado por el Gobierno para seducir a los empresarios a suscribirse a los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), diseñados por el BCRA para despejar el stock de deuda comercial que tienen las empresas, estimado en más de US$ 60.000 millones.

Los Bopreal son títulos para importadores de bienes y servicios con deuda comercial pendientes de pago, que se suscriben en pesos al tipo de cambio oficial mayorista y se pagan en dólares en plazos que llegan hasta 2027.

Con los bonos, la autoridad monetaria aspira a estirar los plazos de pago en un contexto de alicaídas reservas internacionales.

Ayer, tras la culminación de la segunda licitación, la autoridad monetaria informó que se adjudicaron ofertas por un valor nominal de US$ 57 millones, significativamente por debajo del máximo previsto de US$ 750 millones.

El BCRA comenzó la semana pasada con el ofrecimiento de estos títulos; oportunidad en la que captó 34 ofertas por un valor nominal de US$ 68 millones, equivalente a 9% del total ofrecido.

Las dos licitaciones realizadas hasta el momento encontraron una muy baja demanda por parte de los importadores.

Fuentes empresarias señalaron a Télam que “la de hoy fue una reunión institucional en la que nos explicaron las ventajas que, a su entender, tienen los Bopreal; ellos confían en que el bono va a caminar pero nosotros tenemos dudas; creemos que al instrumento aún le faltan algunas zanahorias para que sea más atractivo”.

Es que los empresarios evalúan que, al no saber aún a cuánto van a cotizar los instrumentos en el mercado secundario, todavía no pueden saber a ciencia cierta si conviene suscribir al bono o no.

Según pudo saber Télam, los hombres de negocios propusieron alternativas como un mayor acceso al mercado único y libre de cambios (MULC) para quienes entren al Bopreal o la posibilidad de anticipar una parte en el mercado del dólar contado con liquidación (CCL), entre otras opciones.

Un capítulo aparte mereció el tema de las pymes: “Para ese segmento es aún más complicado, porque tienen menos capacidad de entender el funcionamiento de la herramienta y otras urgencias; en ese marco pedimos alguna solución alternativa, y nos dijeron que cuando tengan el padrón definitivo de deudores van a ofrecer algo más para las pymes”, contó un empresario que participó del encuentro.

En la reunión también se repasaron las dificultades para registrar deudas en el padrón de deuda; y se confirmó que el plazo de 25% a 30, 60, 90 y 120 días es lo que se puede garantizar ahora desde el MULC para poder cubrir el flujo actual de importaciones, informaron desde la UIA.

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La reunión entre Caputo y Posse con el FMI se postergó en principio para el lunes

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La reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) se postergó, en principio, para el lunes que viene, en función de que los representantes del organismo participarán esta tarde en distintos encuentros con funcionarios del Banco Central y del Palacio de Hacienda.

De esta manera, la reunión con el ministro Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, “se haría el lunes”, según consignaron a Télam voceros de Economía.

“Se acordó con el FMI que desde hoy comenzarán las reuniones con los equipos técnicos de Economía y del Banco Central, y que la reunión con Posse y Caputo se haría, en principio, el lunes”, señaló la fuente.

La llegada del equipo técnico del organismo multilateral, encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, tendrá como principal eje de análisis la posibilidad de “reencauzar el acuerdo que está caído por el incumplimiento en todas las metas que el Gobierno anterior había pautado con el organismo”, dijo ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

El martes pasado, ante la consulta de Télam, voceros del FMI señalaron que el objetivo del equipo técnico será “continuar las negociaciones sobre la séptima revisión del programa apoyado por el FMI”.

“Nuestro objetivo sigue siendo apoyar los esfuerzos en curso para restablecer la estabilidad macroeconómica en beneficio de Argentina y su gente”, agregaron las fuentes.

En este contexto, el Gobierno autorizó la emisión de letras del Banco Central por US$ 3.200 millones a diez años de plazo ante “la proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda”.

La medida se dispuso a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 23/202, publicado hoy en el Boletín Oficial, “con el fin de garantizar la continuidad del normal funcionamiento del Estado nacional”, se indicó en sus considerandos.

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Francos analizó con Villarruel y Menem la conformación de comisiones para tratar DNU y ley ómnibus

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El ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió hoy en la Casa de Gobierno con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; para analizar la conformación de la comisiones que tratarán el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el proyecto de ley ómnibus enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

El encuentro, en el que también participó el Secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, Omar de Marchi, se concretó este mediodía en el despacho del ministro del Interior tras la reunión que encabezó el presidente Javier Milei, también en la Casa de Gobierno, con legisladores de La Libertad Avanza para analizar estrategias que buscan aprobar ambas iniciativas.

Fuentes oficiales informaron a Télam que en el encuentro “se analizaron tanto el proyecto de ley”, denominado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el Decreto de Necesidad y Urgencia.

“En el encuentro se habló del avance de lo enviado por el Ejecutivo en las últimas semanas”, indicaron.

En este sentido, según las mismas fuentes, la Vicepresidenta informó a Francos que desde “el Senado ya se constituían hoy las comisiones” que tendrán a su cargo analizar los textos enviados por el Poder Ejecutivo.

“En la reunión también hablaron sobre la coordinación entre Ejecutivo y el Parlamento”, indicaron a esta agencia voceros de uno de los participantes del encuentro.

En este sentido, fuentes cercanas a De Marchi confirmaron que mañana se “constituirán las comisiones y se va a realizar la elección de autoridades”.

“El objetivo es que las comisiones se constituyan esta semana y comenzar a tratar los proyectos a partir del 25 de enero”, indicaron.

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“La desregulación no acaba con los problemas históricos del sector turístico”, opinó un especialista

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El abogado especialista en derecho del turismo, Diego Benítez, opinó hoy que “la desregulación” implementada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y propiciada por el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, enviado ayer por la Casa Rosada al Congreso Nacional, “no terminan con problemas históricos del sector”, al tiempo que se pronunció en favor de la rápida conformación de una “mesa público privada” con el propósito de “dar todas las discusiones que no se dieron en 30 años” en la actividad.

Docente en la Universidad Nacional de Río Negro y consultor de la Organización Mundial del Turismo para la redacción de la Convención de Protección de los Turistas, Benítez aclaró que la derogación de la Ley Nacional N° 18.829, que regulaba la actividad de las agencias de viaje, y cuya pérdida de vigencia desde mañana no conlleva “ningún cambio en relación a la responsabilidad civil y penal” que tales empresas pudieran tener por acciones u omisiones relacionadas a su actividad.

Tras marcar que “una de las mayores debilidades” de la norma que quedará derogada a partir de mañana fue la falta de efectividad del fondo de garantía que ordenaba constituir a las agencias para “asegurar su buen funcionamiento y proteger al turista” ante eventuales incumplimientos contractuales, el especialista advirtió la necesidad de “evitar que cualquiera se considere con derecho a vender servicios turísticos” a partir de la eliminación del registro de prestadores.

“Tenemos que garantizar al consumidor de alguna manera un seguro de protección ante la compra (de un servicio turístico) y el proyecto de ley ómnibus podría ser la oportunidad de corregir esa debilidad histórica” que, en su mirada, conllevaba la Ley N° 18.829, entendió Benítez.

Si bien resultará también desregulado desde mañana, para Benítez el proyecto ómnibus ingresado ayer al Parlamento da un indicio de la intención oficial de establecer una diferenciación en las agencias de turismo estudiantil respecto a otras del sector, al buscar sustituir un artículo -el 3- de la Ley Nacional N° 25.599 e instrumentar la creación de un “certificado nacional de autorización” para el primer tipo de empresas.

No obstante, el abogado recordó que mientras el DNU estará vigente desde las cero de mañana, la iniciativa de la administración de Javier Milei tiene por delante el derrotero propio del debate y la sanción legislativas.

“A partir de ahora habrá una zona gris en materia de transporte turístico, de prestadores que brindan servicios en la naturaleza o turismo rural y en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales”, ejemplificó Benítez, por lo cual insistió en la idea de que el Gobierno, “sin contradecir el principio de desregulación” -dijo-, “muestre voluntad política” y avance en el establecimiento de un “mecanismo de concertación que incluya a las jurisdicciones (NdR: el Consejo Federal de Turismo, que permanecerá vigente) y a los privados”.

“Hay que poner un equilibrio entre el turista como consumidor, la administración turística y los prestadores”, opinó Benítez.

Por último, caracterizó como “un interrogante” cuál será la política que en materia de turismo social llevará adelante el Gobierno nacional.

En tanto, otro de los especialistas consultados por Télam, Alejandro López, sostuvo que, “antes de tomar una decisión tan trascendental, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deberían escuchar al sector turístico y, en particular, a la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y las entidades que la conforman”.

Especializado en turismo accesible y docente universitario, López opinó: “Siempre hay cosas por mejorar, modificar y hacer. Pero tomar decisiones arbitrarias, sin lograr un consenso con el sector previo a un diagnóstico es un error”.

El también coordinador de la Mesa de Turismo Accesible en la CAT expresó que “el turismo es una actividad social y económica, tal como la define la Organización Mundial del Turismo, y en nuestro país debería ser un sector estratégico, generador de divisas y motor de desarrollo sostenible”.

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Libreros, editores y otros actores del sector editorial rechazan que se derogue la Ley del Libro

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Por Josefina Marcuzzi – El Gobierno Nacional envió hoy al Congreso el Proyecto de Ley Ómnibus que, entre otras propuestas de su articulado, deroga la Ley del Libro, que es modelo en la región y que establece el precio único de venta al público (PVP) para las publicaciones, una medida que impactará directamente en la industria editorial, perjudicando especialmente a pequeñas librerías y editoriales independientes.

“Es falso que esto vaya a hacer que el precio del libro baje”, coincidieron los referentes del sector editorial consultados por Télam.

Con un enorme impacto en redes sociales y especialmente dentro del ecosistema literario, se conoció hoy el artículo 60 del capítulo I, dentro del título III “Reorganización económica”, que deroga la Ley Nacional 25.542 que establece que los editores deben fijar el precio de venta de los libros que publican y que eso debe respetarse en todos los puntos de venta.

“En el marco de esta ley no solamente han surgido infinidad de editoriales que aportan a la bibliodiversidad y convierten a la Argentina en un modelo de habla hispana, sino que además se profesionalizó la logística y se gestó la FED, entre tantas otras cosas. En el marco de esta ley la industria del libro pudo crecer no solamente a nivel interno sino también a nivel externo”, explicó a Télam Cecilia Fanti, librera y escritora.

Las fuentes consultadas afirman que la ley protege la competencia entre librerías en la medida que garantiza calidad en la atención al público y evita que las cadenas, según el poder económico y de compra que tengan, puedan ofrecer distintos descuentos arbitrarios.

“Esta ley garantiza el profesionalismo con el que se trabaja en la industria, que es pujante y de calidad, desde la atención al público hasta la conformación de catálogos. La ley cuida y ampara todo eso que posiciona a la Argentina como referente dentro del ecosistema editorial”, agrega Fanti.

Víctor Malumian, editor en Godot y co-fundador de la Feria de Editores (FED), explica: “Uno de los malentendidos más comunes es que si se elimina la ley de precio único el pvp promedio cae, lo cual ha resultado falso en varios países. Lo que sucede es que en un principio vemos ofertas de los grandes jugadores que pueden acceder a comprar mayor cantidad de unidades, por ende con mayores descuentos, y trasladan ese descuento al público. Ganan cuota de mercado, reducen drásticamente a los pequeños jugadores hasta hacerlos desaparecer y luego vuelven a subir los precios. Es decir, a mediano plazo, no funciona”.

Esto sucede con Amazon a nivel mundial, empresa que en un primer momento compró libros en cantidad y bajó los precios de venta, para luego de tener monopolizada la cuota de mercado mayoritaria, retirar los descuentos y fijar nuevos precios, ciclo que se observó en varios países.

Lo que propone la derogación de esta ley es, en consecuencia, que cualquier librería, cadena de librerías o incluso grandes supermercados puedan poner el precio que consideran al libro, más allá de lo que sugiere el editor.

“Lo que va a pasar, más allá del impacto concreto sobre las librerías, es que esta disposición va a matar al consumidor. No solamente porque los precios van a subir, sino porque esto viene acompañado de la liberación de comisiones y punitorios por incumplimientos sobre las tarjetas de crédito”, explicó a Télam Mónica Dinerstein, presidenta de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, una entidad que tiene pocos días de vida y que, a partir de esta iniciativa, cobra nueva relevancia.

En caso de prosperar la derogación de la ley, los pequeños negocios y librerías chicas deberán salir a negociar un descuento frente a las grandes cadenas de libros, que al poder comprar en mayor cantidad, pueden conseguir mejores descuentos y así vender los libros más baratos.

Un dato relevante es que hay una relación estrecha entre los países que tienen ley de precio único y un entramado fuerte de librerías y sellos independientes. “Dentro de los países de habla hispana, Argentina, España y México tienen una ley como esta, y a su vez son las principales potencias a nivel editorial. No es casualidad que son los países que tienen un consenso de protección a las pequeñas librerías”, agrega Malumian.

Alemania, Corea del Sur, Italia, Japón y Noruega son otros de los países que promueven al libro como bien cultural fundamental y tienen mercados editoriales desarrollados y diversos bajo un consenso en común, que es la protección de pequeñas y medianas librerías.

En una declaración en la red social X (ex Twitter), el sello Blatt y Ríos sostuvo: “Milei manda proyecto en el que deroga la Ley de PVP de libros. La Ley 25.542. Con estos las grandes superficies, supermercados, cadenas, van a atentar contra las librerías independientes y contra todo el sector. Y el primero que diga lo contrario es un ignorante”.

“Bajo una lógica liberal se podría decir que esta medida es buena porque se traslada a precios más baratos en los libros, pero no es así porque, una vez que el más poderoso elimina a la competencia, vuelve a subir los precios y los fija como considera”, agrega Malumian.

El derrame sobre las pequeñas editoriales consiste en que, al incrementarse la venta de las grandes superficies, se tiende a exhibir y a vender los libros que tienen mayor rotación. En este proceso, las pequeñas librerías que pueden exhibir otro tipo de oferta desaparecen y comienza a disminuir la oferta y variedad bibliográfica.

En este contexto, las librerías y libreros manifestaron su descontento. Carola Martínez Arroyo, mediadora de lectura, sostuvo: “La ley del libro preserva la industria del libro. Permite que las pequeñas librerías y las editoriales independientes existan. Somos modelo en Latinoamérica por la forma en que la industria del libro se sostiene. Y si quieren saber quién gana, son las grandes superficies”.

Valentina Zelaya, dueña y librera de Mandolina libros, dijo a Télam: “La derogación de la ley atenta contra todo el circuito independiente. Hoy la ley permite que existan y prosperen librerías independientes, con el fomento de la bibliodiversidad que implica la circulación de textos con curaduría, la promoción de editoriales independientes y que las librerías sean mucho más que un punto de comercialización, que sean vectores culturales en sus barrios”.

Por su parte, la Fundación El Libro, institución integrada por la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Sociedad Argentina de Escritores; la Cámara de Librerías, Papeleras y Afines, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y el Sector español de Libros y Revistas, difundió un comunicado en donde “manifiesta su total y absoluto rechazo a los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del valioso y admirado sistema cultural argentino”.

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