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Casi 10 millones de argentinos tomaron créditos de entidades no bancarias en 2022

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Un total de 9,7 millones de personas tomaron un préstamo a través de empresas fintech y otros proveedores de crédito no bancario hasta junio de 2022, casi 1 millón más de nuevos deudores que en diciembre de 2021 (+11,37%), de los cuales la mayoría se caracterizó por ser mujer (542.000) y menor de 29 años (550.000).

El impulso del sector se explica casi exclusivamente por el desempeño de las empresas fintech, cuya cantidad de deudores creció 1,07 millones desde diciembre de 2021 (+38%) a junio del año pasado, hasta alcanzar los 3,88 millones de personas, por lo que representan casi el 40% del total de usuarios de este tipo de créditos.

Según datos del Banco Central (BCRA), unas 360 empresas registradas como Otros Proveedores No Financieros de Crédito (Opnfc) -grupo conformado por cooperativas y mutuales, empresas de venta de electrodomésticos y fintechs, entre otras- otorgaron financiaciones por $681.000 millones hasta junio del año pasado.

Si bien el volumen de créditos cayó un 3% en términos reales respecto a diciembre de 2021, el informe detalló que los otorgados por las fintech aumentaron en el primer semestre de 2022 hasta alcanzar unos $106.000 millones en junio de 2022, un 20% más a precios constantes en comparación a diciembre de 2021 y 87% con relación a junio de 2021.

“Los restantes grupos evidenciaron contracciones en sus carteras de financiamiento, siendo Otras cadenas de comercio y Venta de electrodomésticos quienes presentaron las mayores reducciones”, detalló el Banco Central.

En ese sentido, las empresas fintech -aquellas que unen finanzas con tecnología y se caracterizan por ofrecer servicios de pago, inversión y crédito vía aplicaciones para celulares- representan solo el 16% del total de saldos prestados a usuarios, pero explican el mayor porcentaje de personas que buscan este tipo de financiamiento.

“Esto puede explicarse por la aceleración de la digitalización y la aparición de billeteras electrónicas que ofrecen en un mismo lugar un paquete de servicios financieros que se complementan entre sí, entre ellos los préstamos digitales”, afirmó la entidad que preside Miguel Ángel Pesce.

Respecto a la composición del rango etario, los menores de 29 años fueron los que más crecieron en entre diciembre de 2021 y julio de 2022 (+38%), grupo de que, según el BCRA, estuvo traccionado principalmente por el grupo fintech, que incrementó 55% la cantidad de deudores jóvenes en junio de 2022, alcanzando más de 1,4 millones.

Uno de los datos más relevantes fue que los deudores exclusivos de los Opnfc -es decir, aquellas personas que no tienen acceso a un préstamo o una tarjeta de crédito en un banco- son los que tuvieron el mayor crecimiento en el período: 15% respecto a diciembre de 2021, alcanzando aproximadamente a 5,3 millones de personas en junio de 2022.

Con relación a la participación por género, el informe destacó que si bien los hombres siguen representando el mayor porcentaje de la deuda total, con 51% en junio de 2022 (más de $319.000 millones), la participación de las mujeres creció 1 punto porcentual respecto al cierre de 2021: es el valor más alto desde que inició la serie en 2018, con más de $303.300 millones.

Entre ellas, las mujeres sin cuenta sueldo fueron las que registraron la mayor cantidad de deudores con 3,1 millones en junio de 2022, 15% más respecto a diciembre de 2021 y el 32% del total de personas deudoras.

Además, las mujeres sin una cuenta sueldo son el grupo que tiene los saldos más elevados de deuda: $175.000 millones en junio de 2022, un 28% del saldo total y 22% real más en comparación a junio de 2021.

Históricamente, la dificultad para conseguir un recibo de sueldo o de tener un trabajo en blanco hicieron que los bancos fueran reticentes a otorgar créditos, más aún a mujeres con hijos.

Sin embargo, son las mujeres las que continúan teniendo el mejor comportamiento de pago, al tener niveles de irregularidad del 12% en el período, levemente inferior con relación a diciembre del año pasado y 3 puntos porcentuales menos que el promedio de los hombres.

El aumento en la cantidad de usuarios de créditos con entidades no bancarias ocurre a contracorriente de lo que pasa en el sistema financiero tradicional en el que, en términos reales, el crédito al sector privado se contrajo 14% en 2022, impactado por la suba de tasas para frenar la inflación.

De allí que el surgimiento de nuevas herramientas de crédito permita llegar a sectores de la población que han sido relegados en el sistema financiero tradicional, y que son las que más precisan de la ayuda financiera para impulsar un emprendimiento o cubrir un gasto de emergencia.

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Las transferencias automáticas a las provincias fueron en 2022 las más altas en cinco años

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Las transferencias automáticas de recursos del Estado nacional a las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires ascendieron en todo 2022 a 6 billones 527.241,9 millones de pesos, con un incremento del 83,6% respecto de 2021, lo que representa una mejora del 6,3% en términos reales.

Según el análisis de la consultora Politikon Chaco, en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía, “los envíos totales del 2022 no sólo son superiores al 2021 en términos reales, sino que también superan a los años previos: se ubican 13,9% por encima de 2020; 9,1% vs. 2019; 7,5% contra 2018 y 15,1% frente a 2017”.

El incremento anual superó en dos puntos porcentuales la variación de la recaudación nacional, que en el acumulado de 2022 aumentó un 81,6%.

A diferencia de las transferencias no automáticas o discrecionales, las automáticas están sujetas a mecanismos de distribución preestablecidos, que a su vez pueden variar según el régimen del que se trate.

Dentro de las transferencias automáticas el régimen de mayor importancia es el de Coparticipación Federal de Impuestos, que con 5 billones 918.027,4 millones de pesos representó el 90,66% del total de recursos transferidos en 2022.

En segundo término, se ubican las denominadas “leyes especiales”, que engloban a diferentes regímenes específicos fuera de la Coparticipación (Bienes Personales, Fondo Educativo, IVA Seguridad Social, Combustibles, Energía Eléctrica, Fondo Compensador y Monotributo) que el año pasado sumaron $404.215,7 millones, el 6,19% del total.

El 3,15% restante correspondió a las compensaciones por el Consenso Fiscal, que alcanzaron a $204.998,7 millones.

Los envíos por Coparticipación tuvieron una expansión del 88,2% en términos nominales y del 8,8% en valores constantes, en tanto el resto de los componentes mostró un comportamiento disímil, lo que incidió en la reducción al 83,6% de las transferencias totales.

Al respecto, Politikon señaló que el Impuesto a los Bienes Personales totalizó en el año $249.001 millones (-12,5% real), el IVA de Seguridad Social $38.729 millones (+4,4%), el impuesto a los Combustibles Líquidos $95.428 millones (-31,7%), el Régimen de Energía Eléctrica $8.798,8 millones (+0,4%) y el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o Monotributo $11.709,2 millones (-23,9%).

Por su parte, los recursos por compensación del Consenso Fiscal fueron de $ 204.998,7 millones, y cayeron un 3,8% real anual.

“La principal razón del desempeño de las leyes especiales tienen que ver con la naturaleza de los tributos”, explicó a Télam Alejandro Pegoraro, director de la consultora, en referencia a la dispar evolución en la recaudación de cada régimen específico.

En el caso de Bienes Personales, precisó que “el alza de la base imponible generó caídas reales ante una menor recaudación”, debido a que “pagan más lo que más tienen, pero dejaron de pagar los que estaban en la base”.

“La no actualización del impuesto a los Combustibles Líquidos genera el mismo escenario y en cuanto al Monotributo, está impactado no sólo por su actualización sino también por la cantidad de contribuyentes y las tasas efectivas de pago”, aclaró.

Al consolidar las transferencias, estas caídas fueron las que explican el descenso global en muchas provincias en diciembre, “más allá de tener alzas en la Coparticipación”, señaló.

En ese sentido, los números globales del mes pasado muestran un total de transferencias a las 24 jurisdicciones de $759.292 millones, con un aumento nominal interanual del 95,4% (dos décimas debajo de la recaudación nacional) y uno real del 0,4%, suponiendo una inflación del 5%.

Tal como señaló Pegoraro, las diferencias en las variaciones reales quedaron en evidencia con trece distritos con mejoras (CABA, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, La Pampa, San Luis, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy) y once con caídas (Río Negro, Formosa, Chaco, Tierra del Fuego, Salta, Corrientes, Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz, Chubut y Neuquén).

Por el contrario, en el acumulado anual todas las jurisdicciones tuvieron incrementos reales en las transferencias automáticas recibidas, con CABA como la de mayor suba porcentual real (8%) y Buenos Aires y Misiones en el otro extremo, con 5,3%.

Pese a que la tasa de crecimiento real interanual mostró una desaceleración en los últimos meses, “aun así se da el cuarto mes consecutivo de subas reales y la decimosegunda en los últimos trece meses”, destacó Pegoraro.

Politikon Chaco apuntó que el mes pasado se trató del “mejor diciembre de, por lo menos los últimos cinco años”, con crecimientos del 6,9% contra 2020; 27% frente a 2019; 24,6% ante 2018 y 16,7% respecto de 2017.

En diciembre los envíos por coparticipación alcanzaron a $ 689.389 millones y explican el 91% del total, con una expansión interanual del 101% nominal y del 3,3% real, suponiendo una inflación del 5% para el mes.

Los componentes de leyes especiales mostraron caídas reales en el Impuesto a los Bienes Personales (-10,2%), el IVA de la Seguridad Social (-2,9%), el impuesto a los Combustibles Líquidos (-36,6%) y el Monotributo (-33,6%), en tanto no hubo envíos del Régimen de Energía Eléctrica.

Finalmente, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal volvieron a cerrar diciembre con una baja real del 24,6% interanual.

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Se viene la cuarta revisión con el FMI y analistas estiman que la Argentina cumplió con las metas

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El gobierno argentino cumplió con las metas del último trimestre del año con el Fondo Monetario Internacional (FMI) según estimaciones de analistas consultados por Télam, gracias al dólar soja II, al ajuste de las cuentas fiscales y a la política de frenar el financiamiento directo del Banco Central al Tesoro, lo que le permitirá a este organismo multilateral gatillar en marzo el primer desembolso del año por US$ 5.000 millones.

La cuarta revisión del programa que el FMI mantiene con la Argentina se desarrollará en febrero a nivel técnico -aunque durante la segunda quincena de enero comenzará el intercambio informal de números-, y se espera que la revisión se apruebe recién en marzo.

Los desembolsos del FMI vienen calzados en el año para que la Argentina pueda afrontar los vencimientos del programa que esta gestión heredó de Mauricio Macri y que, según esa cuenta, el país debe abonar unos US$ 19.850 millones.

De esta forma, el Gobierno deberá pagar al FMI unos US$ 2.650 millones en enero y en tres pagos semanales, según el cronograma de vencimientos del programa.

Además, este lunes 9 de enero el país también deberá afrontar el pago de deuda en dólares a bonistas privados que ingresaron el canje de deuda 2020, por un total de alrededor de US$ 1.000 millones.

Es por ello que el año pasado debía terminar -según las metas acordadas con el FMI- con una acumulación neta en reservas de al menos US$ 5.000 millones, algo que la Argentina finalmente sobrecumplió y que, en base a las estimaciones privadas, “no requerirá de waiver” (perdón) para pasar el examen, aunque sí se admitió presión sobre la base monetaria y por ende la inflación, como resultado de las políticas aplicadas para cumplir las metas.

“Teniendo en cuenta nuestras estimaciones, las metas de financiamiento monetario al Tesoro, de déficit fiscal primario, de stock de deuda flotante y de acumulación de reservas internacionales, principales dentro del acuerdo, se habrían cumplido”, dijo en diálogo con Télam Claudio Caprarulo, director de Analytica.

Es decir, “las primeras tres que refieren al ámbito fiscal encausaron su camino a lograrse a partir del ajuste realizado por el cambio de gestión y la mayor capacidad de rolleo de la deuda en pesos”, dijo respecto de la asunción del ministro de Economía, Sergio Massa, desde agosto último.

En cuanto a la acumulación de reservas internacionales netas, “luego del ajuste de la meta de U$S 500 millones que se consideraron pertinentes por el mayor gasto en energía producto de la suba de precios internacionales, la meta se habría sobrecumplido por U$S 495 millones gracias a un fuerte freno sobre las importaciones de la mano de las licencias no automáticas, incentivos de precio a las exportaciones mediante el “dólar soja” y préstamos de libre disponibilidad por parte de organismos internacionales”, explicó Caprarulo.

Para Emiliano Anselmi, economista jefe de la consultora PPI, gracias al dólar soja, que permitió al BCRA comprar US$ 7.344 millones, se alcanzó la meta de reservas.

“Estimamos que las reservas netas habrían cerrado el año en torno de US$ 7.650 millones, creciendo en US$ 5.320 millones respecto de fin de 2021. Dado el objetivo requerido, la meta se habría sobrecumplido en US$1.070 millones”, consideró.

En cuanto a la meta fiscal, Anselmi expresó que el déficit primario del Sector Público No Financiero de diciembre, cuya cifra real se publicará alrededor del 20 de enero, “tiene un espacio de $ 563 mil millones (0,7% del PBI) para no desviarse del target anual del Fondo”.

En este sentido, estimó que “la recaudación extra por retenciones derivada del ´dólar soja 2´ habría aportado 0,2% del PBI, y esto podría contribuir a alcanzar la meta de 2,5% del PBI para 2022 o que el desvío sea mínimo (0,2% del PBI)”.

En cuanto a la meta monetaria, según Anselmi “se alcanzó la meta formal de asistencia monetaria del BCRA al Tesoro de 0,8% del PBI, ya que se enviaron Adelantos Transitorios por 0,6% del PBI”.

No obstante, el economista jefe de PPI explicó que “el BCRA terminó asistiendo al Tesoro por otras vías indirectas, por lo que la meta resulta estéril” desde el punto de vista del control de la Base Monetaria.

En tanto, Ignacio Morales, analista de Negocios Financieros de Wise Capital, consideró que “hasta el momento, el Gobierno anunció que dos de las tres metas fueron cumplidas: emisión monetaria y acumulación de reservas. Resta conocer cuál fue el déficit fiscal de diciembre para saber si la meta se cumplió o no, pero lo más probable es que esté dentro del límite, ayudado por la recaudación extra por el dólar soja y el financiamiento neto que obtuvo en las licitaciones del Tesoro”.

De esta forma, “con las tres metas cumplidas, el Gobierno se asegura el desembolso de marzo y seguramente el FMI va a conceder un waiver por la reapertura del dólar soja durante diciembre, al igual que lo hizo en la revisión anterior por la primera edición”, expresó Morales.

Por último, Anselmi tiene sus reparos en la cuenta de déficit fiscal, al considerar que se llegó gracias a la política de dólar soja (que ayudó a la recaudación, además del ingreso de dólares) y gracias al “artilugio contable” empleado con la colocación de bonos en pesos realizada por el exministro Martín Guzmán en marzo en 2022, que según su cálculos sumó 0,3% del PBI .

Tanto Anselmi como Morales advirtieron que. si bien se cumplió la meta monetaria de asistencia al Tesoro, “la contracara de esto es una mayor emisión ($585.000 millones, según estimó), que el Banco Central termina esterilizando este dinero, con el aumento de los pasivos remunerados” ,opinó Morales.

Al respecto, indicó que “si bien en el corto plazo soluciona un problema (falta de dólares), los pasivos remunerados ya representan el doble de la Base Monetaria, y con las tasas en 100% anual, generan una bola de pesos con la que en algún momento tendrán que lidiar”, concluyó el economista.

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Denuncian estafa piramidal de $880 millones a través de presuntas operaciones con criptomonedas

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de terceros con la promesa de una rentabilidad extraordinaria a través de supuestas operaciones con criptomonedas, tras descubrir que durante el 2022 realizó movimientos por $880 millones.

El organismo conducido por Carlos Castagneto comprobó que la firma, supuestamente dedicada a captar inversiones, no poseía bienes registrables ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.

La causa recayó en el Juzgado Penal Económico N° 11.

De hecho, los inspectores del fisco analizaron las facturas electrónicas recibidas y observaron que los comprobantes vinculados a la actividad habían sido emitidos por una sola firma que presentaba serios indicios de apocrificidad.

“Como resultado de la investigación se concluyó que los fondos acreditados en las cuentas en cuestión provenían de transferencias realizadas por personas humanas y/o depósitos en cuenta, que posteriormente eran retirados mediante cheques”, informó AFIP en un comunicado.

Al respecto, explicaron que si bien la compañía prometía una rentabilidad extraordinaria, no se pudieron identificar inversiones o bienes que sustentaran tales rendimientos, por lo que se cree que, en realidad, era un esquema de estafa piramidal, con características similares a otro caso que tomó estado público durante 2022 y cuyos partícipes se encuentran actualmente procesados con prisión preventiva.

El esquema, informó AFIP, incluía supuestas operaciones con criptomonedas y contó como promotoras a personas ligadas al “mundo de la farándula”, quienes ante la consulta por parte del organismo indicaron que “prestaron servicios de publicidad a través de redes sociales y medios gráficos”.

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El Presidente y gobernadores impulsan el juicio político a la Corte por “manifiesta parcialidad”

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El presidente Alberto Fernández y doce gobernadores acordaron hoy, en un hecho sin antecedentes en la historia argentina, impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusándolos por “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos.

El jefe de Estado encabezó en la Casa Rosada el segundo encuentro con los mandatarios que, en línea con el Gobierno nacional, rechazan la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la Policía a la órbita porteña.

Uno de los voceros luego del encuentro fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien explicó a la prensa que la firma del pedido de juicio político se realiza “en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Aunque durante varios días se había sostenido que el pedido de juicio político sería solo contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti (además titular del Consejo de la Magistratura), ahora se señaló que el proceso será también contra el resto de los integrantes: Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

El gobernador chaqueño dijo que en el documento que desde el Poder Ejecutivo enviarán a la Cámara de Diputados se expondrá “una multiplicidad de hechos” supuestamente irregulares atribuidos al máximo tribunal.

Detalló que van desde “la violación de la Ley de Ética Pública” hasta el mal desempeño “a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080”, que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada ley 24.937.

A estos hechos se suma la medida cautelar en favor de la ciudad de Buenos Aires que, según Capitanich, habla de “manifiesta parcialidad” en favor de un sector partidario, en alusión a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC).

“Deben ser custodios de la Constitución. Los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida del patrimonio del honor y de la libertad con miembros de la Corte Suprema de Justicia que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista al principio republicano”, dijo.

El gobernador ejemplificó esto con el fallo de la Corte con el que se ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%.

“Las provincias argentinas nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza. No es cierto que no nos afecta. Nos afecta. Consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y del federalismo es una bandera irrenunciable, porque es la base para lograr equidad e igualdad”, apuntó.

El mandatario evitó referirse a la posibilidad de avance del proceso en el pleno de la Cámara de Diputados y aclaró que el procedimiento se iniciará en la comisión legislativa pertinente -la de Juicio Político, donde el oficialismo tiene quórum favorable-, que tendrá cuatro meses para hacer su investigación y emitir un dictamen.

Para que la comisión pueda iniciar su trabajo, el Ejecutivo deberá enviar, en las próximas horas, una convocatoria a sesiones extraordinarias que, según pudo saber Télam, tendrá un temario más amplio que el del tratamiento del Juicio a la Corte.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comentó que la decisión tomada por el Presidente y los mandatarios provinciales “no tiene antecedentes”.

Y sostuvo que la Corte avanzó sobre “atribuciones que no les son propias” y que corresponden a los restantes poderes del Estado.

“No es una cuestión solamente de los chats, están los fallos. Es a través de los fallos” que se establece la acusación, aseveró.

El mandatario santiagueño Gerardo Zamora señaló que la Corte desoyó y “ni siquiera contestó” tres presentaciones realizadas por los gobernadores en el caso de los fondos por la seguridad porteña.

Añadió que esa situación “se agrava muchísimo” luego de que se conocieran los chats entre el director de la vocalía y estrecho colaborador de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro.

Zamora presentó una denuncia contra Robles por considerar que está “involucrado en un hecho gravísimo” y dijo que los diálogos con D’Alessandro “son escandalosos”.

“La legitimidad del presidente de la Corte Suprema está totalmente en duda y con ello el Estado de Derecho”, añadió.

Además de Capitanich, Kicillof y Zamora, participaron de manera presencial los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quiniela (La Rioja), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gildo Insfrán (Formosa). Fuentes oficiales resaltaron que otros gobernadores se sumaron a las conversaciones vía teleconferencia.

El Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

El domingo pasado, antes de viajar a Brasil para participar de la asunción del presidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva, Fernández había anunciado públicamente, a través de una carta, la decisión de impulsar un pedido de juicio político contra Rosatti, también presidente del Consejo de la Magistratura.

Allí el mandatario agregó que también se iba a pedir que “se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.

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