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¿Cuándo empezará a bajar la inflación?

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Entre enero y febrero, la inflación acumuló casi 8%. Asimismo, según el IPC GBA de Ecolatina, la suba de precios alcanzó 3,3% en la primera mitad de marzo -comparado con la primera mitad de febrero- y rondaría 3,7% en el mes, totalizando cerca de 12% en el primer trimestre del 2021. Con estos números, la inflación mensual debería promediar 1,7% entre abril y diciembre para cumplir la meta oficial del 29%. Considerando la complejidad del proceso desinflacionario -que todavía siquiera empezó-, este objetivo está virtualmente descartado. 

Sin embargo, no todo está perdido: luego de un comienzo de año complicado en la materia, la suba de precios podría empezar a ceder desde abril. Por qué, cómo y hasta dónde son las preguntas que nos intentaremos responder en el siguiente informe. 

En los últimos años, la inflación tuvo tres grandes motores en nuestro país: el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos y los salarios. Más allá de por qué suben estas variables, su dinámica servía como explicación última del movimiento de la mayoría de los precios. Por lo tanto, analizar qué pasará en estos rubros nos permitirá precisar qué se vendrá en este frente. 

A tono con los últimos períodos electorales, el ministro Martín Guzmán viene afirmando que el dólar oficial desaceleraría su marcha en los próximos meses. De esta manera, el tipo de cambio dejaría de moverse en línea con la inflación pasada, buscando preservar la competitividad-precio, para ubicarse por debajo de ésta, priorizando relajar las tensiones sobre la inflación. Dado el régimen de control de cambios e importaciones vigente, es probable que esta menor tasa de devaluación se materialice, descomprimiendo tensiones en varios rubros.  

No obstante, corresponderá ver cuán fluido será el acceso de los importadores al dólar oficial para saber así cuán relevante será éste en la determinación de los precios. Una demanda de divisas muy restringida relajaría las tensiones en el mercado oficial, pero volvería menos relevante su cotización. La recuperación de las exportaciones, impulsadas por la mejora de los precios internacionales, y las intervenciones del Banco Central en el mercado paralelo vía la recompra de bonos en dólares con Reservas, determinarán este margen de acceso. 

Más allá de cómo sigan las restricciones, es probable que las presiones por el lado cambiario se relajen en el corto plazo. De esta manera, la desaceleración inflacionaria comenzaría en abril. Para determinar su magnitud, será clave conocer qué pasará con las tarifas residenciales de servicios públicos: éstas llevan más de un año y medio congeladas -el gasto en subsidios como porcentaje del PBI casi se duplicó en 2020 y sigue en aumento- y deberían actualizarse en las próximas semanas; sin embargo, todavía no está claro cuánto ni cuándo. En este sentido, proyectamos que el driver tarifario se recalentaría en las próximas semanas, pero que su impacto sería limitado y puntual: habría un solo ajuste antes de las elecciones. 

Por último, aparece el factor salarial. Entre 2018 y 2020, el poder adquisitivo de los trabajadores formales se redujo un 20%, de modo que es imperioso recuperarlo este año, al menos una parte. Sin embargo, la destrucción de 200.000 puestos de trabajo formales durante 2020 (y de más de 400.000 desde que empezó la crisis a mediados de 2018), no permitiría que las recomposiciones del poder adquisitivo fueran muy significativas. Por lo tanto, si bien habrá presiones inflacionarias por el lado salarial, las mismas no alcanzarían a impedir la baja de la inflación. 

Alcanzado este punto, vale notar el “nuevo” abordaje del problema inflacionario en la Argentina. Entre 2007 y 2015, intervención del INDEC mediante, la suba de precios fue negada en un primer momento, para ceder a algunos programas laterales después -Precios Cuidados, por caso-. Por su parte, entre 2016 y 2019, la estrategia antiinflacionaria reposó excesiva y exclusivamente en la política monetaria. En este marco, una tasa de interés mayor a la inflación esperada y una reducción de la asistencia del Banco Central al Tesoro constituyeron los pilares de la política oficial. Como es sabido, ambas estrategias obtuvieron magros resultados: su exceso de dogmatismo terminó jugándoles en contra. 

En cambio, en 2021 una parte importante del equipo económico comenzó a pensar la lucha contra la inflación como un problema macroeconómico, donde la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria y la coordinación de expectativas son relevantes. En este sentido, el acuerdo de precios y salarios permitiría coordinar las políticas oficiales con los distintos agentes implicados en el proceso inflacionario. En la misma línea, las menores presiones del Tesoro sobre el Banco Central y una política monetaria y cambiaria “consistentes” ayudarían a relajar las presiones. Aunque los excesivos pedidos de información y los controles de precios van en otra dirección que la descripta, hay una parte del gobierno con un enfoque más “integral” en la materia que permite ser menos pesimista -que no es lo mismo que más optimista-. 

Ahora bien, si se materializaran algunos riesgos, la desaceleración comentada podría no concretarse. Por ejemplo, apuntar a una apreciación cambiaria mayor a la sostenible o extender indefinidamente el congelamiento tarifario residencial podrían volverse en contra. Un dólar oficial demasiado quieto alimentaría la brecha y las intervenciones del Banco Central con Reservas en el mercado paralelo, complicando el acceso al mercado oficial de cambios de muchos importadores. En un sentido similar, un aumento del gasto en subsidios que profundice el rojo fiscal y obligue a financiarlo con emisión tendría efectos parecidos. Por lo tanto, será clave no forzar en exceso al proceso desinflacionario: caso contrario, sus efectos podrían ser opuestos a los perseguidos. 

En otro orden, el viento de cola internacional -suba de precios de commodities-, que ayuda en el frente externo, podría jugar en contra en materia inflacionaria. A modo de ejemplo, la suba de precios acumuló 1,1% en el primer bimestre en Brasil, duplicándose respecto del comienzo del 2020, mientras que en Estados Unidos alcanzó 1,0%, 0,3 p.p. más que en igual período del año pasado. Si bien esta variable no es determinante para una economía con tanta inflación “local” como la Argentina, sí facilita o complica las cosas. 

En síntesis, a pesar del arranque caliente de la inflación en 2021, es probable que la misma se desacelere en los próximos meses, especialmente cerca del período electoral. Sin embargo, incluso con esta baja, la meta del 29% seguirá siendo imposible: la suba de precios no perforará el 2% mensual en todo este año y el objetivo del Presupuesto quedará cada vez más lejos. Por otro lado, vale destacar que la baja no será sostenible: luego de las elecciones, es probable que tanto las tarifas de servicios públicos como el tipo de cambio oficial aceleren su marcha, desandando el camino “ganado” en los meses anteriores (abril-octubre). De esta forma, la suba de precios acumularía cerca de 40% en 2021, marcando una suba respecto del del año pasado y dejando atrasos pendientes para 2022. 

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La Mesa Lechera trazó los objetivos para el 2021

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En la primera reunión de la Mesa Provincial Lechera se trazó la agenda 2021 para el sector, lo que implica más tecnología con el fin de aumentar la industrialización de la producción de lácteos. Además se hizo un balance de lo realizado el año pasado, cuando se destinaron más de 43 millones de pesos (entre la Provincia y la Nación) para productores, cooperativas e industrias misioneras que trabajan con lácteos y derivados.

El compromiso en esta mesa, entre sector público y privado, fue de continuar con las políticas de promoción de la industria láctea a través de innovación y tecnología, articulando con la producción primaria, para promover el arraigo rural. De esta manera se trazaron objetivos para fortalecer las tres cuencas lecheras con base en la tecnificación, la incorporación de genética, la sanidad y la inocuidad de los lácteos.

La Mesa Provincial se realizó en San Pedro con la presencia del vicegobernador Carlos Arce; el ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala; el subsecretario de Desarrollo y Producción Animal Sebastián Rodríguez; la directora del área Victoria García Giugno; entre los diputados provinciales, el presidente del Bloque Renovador, Martín Cesino; autoridades y técnicos del INTA; asociaciones, cooperativas, directores y técnicos de Agricultura Familiar, entre otros.

En este sentido, el ministro Sebastián Oriozabala aseguró que el balance a un año de la gestión de la Mesa Lechera Provincial, con un plan de trabajo en pandemia, fue sumamente positivo.

Y expresó que “en 2020 nos propusimos una agenda que debimos modificar por la pandemia. Logramos igualmente hacer una reunión sectorial, por regiones de la actividad lechera, y pudimos diagramar una política para el sector, de acompañamiento técnico, capacitaciones, en términos de inversión recursos humanos y distintos tipos de financiamiento”.

“Los resultados que hemos visto de los productores fueron muy motivadores para continuar profundizando el sector lechero; que es de gran alternativa productiva”, destacó Oriozabala.

Inversiones por 43 millones de pesos

Entre los logros del sector se remarcó que el año pasado, en Misiones se puso en marcha la industria lechera de la Cooperativa de Pozo Azul. “Esto forma parte del plan de trabajo, de una política de Estado que tiene continuidad y la hemos profundizado con una inversión de 43 millones de pesos, con fondos nacionales y provinciales. Inversiones en todas las organizaciones, en todos los eslabones para mejorar forrajes; condiciones de las industrias; el manejo sanitario en la producción de los alimentos; con tecnología aplicada”, enumeró el ministro.

Asimismo destacó el trabajo que se viene realizando con la comercialización en los mercados concentradores para visibilizar que Misiones produce quesos, que se elaboran lácteos de calidad con distintivos nutricionales.

“Se logró un plan de inversiones en logística con cuatro vehículos para 4 cooperativas entre camionetas y camiones. Un año con muchas inversiones y seguimiento”, señaló respecto del año 2020.

Sobre esta nueva etapa, Oriozabala explicó: “vamos a continuar con un programa de inversiones para la industria de los alimentos: queremos poner en marcha la Industria láctea de la Asociación Pueblo Illía, en Dos de Mayo; y promover que nuevos productores se unan a la cadena de los lácteos”.

En este sentido, el ministro enfatizó en la “confianza que se trazó entre productores, cooperativas y el Estado. Nosotros hemos cumplido con el compromiso y con la palabra empeñada”.

Desarrollo rural con apoyo técnico territorial

Sebastián Rodríguez, subsecretario de Desarrollo y Producción Animal; se refirió al trabajo interinstitucional, la participación de los productores y la importancia que tiene el seguimiento técnico. “Una meta que nos propusimos como MAyP al arrancar la gestión fue hacer hincapié en la llegada a terreno por medio de los técnicos y no solamente incorporar veterinarios o ingenieros agrónomos. La meta fue abarcar todo el desarrollo de la ruralidad, hacer el trabajo eficiente como dice el gobernador”, recordó Rodríguez.

En este sentido, señaló: “Tenemos que desarrollar y abarcar todos los aspectos productivos. En ese especto incorporamos ingenieros en alimentos, contadores, y otros profesionales”.

Además, Rodríguez enfatizó que el asesoramiento técnico es lo que realmente genera un desarrollo integral del sector. “Es fundamental que el técnico comparta, que esté en el sector; esa es nuestra mirada como ministerio del Agro, como misión de la provincia. Estamos convencidos que es el camino. El apoyo técnico y el despliegue territorial”, dijo el subsecretario.

Para graficar la relevancia de este trabajo, Rodríguez contó: “Estamos teniendo experiencias en las chacras de hijos de productores que se fueron a estudiar y volvieron; eligen quedarse en la chacra con proyectos innovadores que nos llenan de orgullo”.

Por su parte, Victoria García, directora general de Producción Animal agregó que “la mesa es un espacio de promoción de la actividad, de acuerdos y de diálogo”. La funcionaria destacó la participación de todos los actores del sector: “Es en este espacio donde se establecen las prioridades y demandas de cada organización, para que los planes de trabajo estén adecuados a cada unidad productiva”.

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Culminó el primer ciclo de las jornadas en buenas prácticas para el cultivo y cosecha de té

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Concluyó el ciclo de capacitación en Buenas Prácticas en cultivo y cosecha de Té, destinados a trabajadores rurales. El cierre de las jornadas tuvo lugar en la Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo.

La primera capacitación tuvo lugar en Campo Viera, luego se dictó otra en Picada Libertad y se cerró en Dos de Mayo, con la participación de unos 30 productores y personal vinculado al sector, en cada jornada.

Se trató de un trabajo conjunto entre el ministerio del Agro y la Producción, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (RENATRE) y el municipio.

La jornada de capacitación se desarrolló en dos partes, a cargo del RENATRE, se abordaron los siguientes temas: Ley N 25.191; la Libreta de Trabajo Rural y el Sistema Integral de Prestaciones por desempleo, que tuvo a Vilma Andino al frente de esos temas.

Por otra parte, se presentó en las distintas jornadas, el Manual de Buenas Prácticas de Cultivo y Cosecha de Té, a cargo de Helmuth Kummritz, director de Yerba Mate y Té del MAyP.

También se realizaron demostraciones prácticas de la utilización de los equipos de protección personal; el uso de máquina cosechadora de Té, y todos los elementos de seguridad obligatorios.

Respecto al manual de Buenas Prácticas para Cultivo y Cosecha de Té, enfocado en el trabajador rural, Helmuth Kummritz expresó que “en base a ese trabajo realizado se observaron cuáles son los riesgos para los obreros de la actividad tealera. Se analizaron los cuidados, desde la limpieza del terreno donde se va a realizar un cultivo de té y todas las actividades inherentes: las podas, cosecha, fertilización, aplicación de agroquímicos; viendo qué riesgo hay en cada uno de los sectores”.

Asimismo, Kummritz destacó que el manual se elaboró en coordinación con las ART (Agencia de Riesgo de Trabajo), con la participaron distintos organismos, el INTA, UATRE, RENATRE, Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Agro y la Producción.

“En este sentido, las ART nos han facilitado los datos de cuáles fueron los accidentes más comunes en la actividad tealera. De allí surge que el traslado de los trabajadores es el momento de mayor riesgo, ya que la mayoría va al trabajo en moto. Entonces también el primer bloque se incluye como tienen que ser las medidas de prevención en ese itinerario, y luego en cada una de las actividades”, dijo Kummritz.


En segundo lugar, los accidentes se dan con las máquinas cosechadoras y las podadoras. Al respecto, se realizaron recomendaciones sobre los elementos de seguridad que deben utilizar los operarios y el mantenimiento de las herramientas para prevenir accidentes y enfermedades.

“También se hizo una demostración en el uso de agroquímicos, práctica de cómo usar los equipos de protección personal, como colocarlos y las precauciones que se deben tener”, indicó el director.

Participaron de las jornadas, la subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, Ing. Luciana Imbrogno; el director Gral de Yerba Mate y Té, Helmuth Kmmritz y Dra. Vilma Andino de RENATRE.

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Ara San Juan: el Consejo de Guerra emite resolución sobre responsabilidad de oficiales de la Armada

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El Consejo General de Guerra que investigó durante cuatro meses la responsabilidad de ocho altos oficiales de la Armada en el hundimiento del submarino ARA San Juan difundirá este mediodía su resolución, aunque los fundamentos del juzgamiento militar se conocerán en la semana, probablemente el viernes, informaron a Télam fuentes de la cartera de Defensa.

El Consejo de Guerra está conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército) y el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea), ambos en condición de vocales, mientras que lo preside un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi por delegación expresa del ministro Agustín Rossi.

El funcionamiento del Consejo General de Guerra que emitirá su resolución está reglamentado por la ley 26.394 (Justicia Militar) sancionada en 2008, que derogó el Código de Justicia Militar, introdujo modificaciones al Código Penal y Código Procesal (al personal castrense) y aprobó el Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y otros conflictos, entre otras innovaciones.

En el caso de la desaparición y hundimiento del ARA San Juan, el Consejo de Guerra analizó desde el miércoles 25 de noviembre último, en audiencias celebradas en el Edificio Libertador (sede de la cartera de Defensa), la conducta y responsabilidad frente al hecho del exjefe de la Armada Marcelo Srur (a quien el exministro de Defensa Oscar Aguad le pidió el pase a retiro en diciembre de 2017) y del exjefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis López Mazzeo, entre otros oficiales de la Armada.

El Consejo de Guerra también evaluó las acciones y responsabilidades del exjefe de Mantenimiento y Arsenales, Eduardo Malchiodi; del exjefe de Operaciones Carlos Ferraro; el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; como también de los oficiales en actividad capitán de navío Héctor Alonso, ex subdirector del Liceo Naval Almirante Storni, de Posadas, capitán de fragata Hugo Correa y capitán de corbeta Jorge Sullia.

La resolución que se conocerá este mediodía será la cuarta intervención del Consejo General de Guerra desde que el Congreso derogó el Código de Justicia Militar (a través de la ley 26394), precisaron a esta agencia desde la cartera de Defensa.

El ARA San Juan mantuvo su última comunicación con tierra el 15 de noviembre de 2017, a las 7:30: la tripulación estaba formada por 44 integrantes, entre ellos el comandante del submarino, capitán de fragata Pedro Martín Fernández.

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La AFIP oficializó el procedimiento para acceder a beneficios de la ley de economía del conocimiento

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) formalizó el procedimiento para que las empresas accedan a beneficios fiscales previstos en la Ley de Economía del Conocimiento, a través de la resolución general 4949/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La misma dispuso el procedimiento a través del cual las empresas deben inscribirse desde el sitio web del organismo para adherir al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

La normativa estableció que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) verificará mediante controles sistémicos, y previo a la emisión del bono fiscal, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales de las firmas solicitantes.

También determinó las pautas para el intercambio de información entre AFIP y la autoridad competente del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Asimismo, fijó la forma en que los beneficiarios provenientes del Régimen de Promoción de la Industria del Software, podrán mantener vigentes hasta su agotamiento los saldos de los bonos de crédito fiscal no aplicados al 31 de diciembre de 2019.

La ley de Economía del Conocimiento, sancionada en octubre de 2020, apunta a promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones de las empresas que se dediquen a servicios basados en el conocimiento.

Los beneficios de la ley premian la creación de empleo de calidad, promueven la exportación y apuntalan a un sector estratégico para el país.

El régimen de promoción establece, entre los beneficios fiscales, la posibilidad de que las empresas del sector conviertan en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% de las contribuciones patronales pagadas, beneficio que asciende a 80% cuando se trate de nuevas incorporaciones de mujeres; personas travestis, transexuales y transgénero; o, profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería; entre otros.

La normativa contempla que dichos bonos podrán ser destinados a cancelar otros impuestos nacionales como el IVA.

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