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Café Martínez abrió en Oberá con inversión misionera y apuesta al crecimiento en la región

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La esquina de 9 de Julio y Ralf Singer volvió a encenderse como uno de los puntos emblemáticos del centro obereño. Allí, donde durante años funcionó un histórico local gastronómico, abrió oficialmente sus puertas Café Martínez, una de las marcas cafeteras más reconocidas de la Argentina, que eligió a Oberá para instalar su sucursal número 202 y profundizar su expansión en el interior del país.

La apertura representa la segunda presencia de la firma en Misiones y llega de la mano de inversión privada misionera, en un escenario todavía incierto, pero donde algunas ciudades del interior logran sostener niveles de actividad, consumo y desarrollo comercial que llaman la atención de las grandes franquicias nacionales.

Detrás del proyecto aparece el empresario misionero Alexis Stefan, quien celebró el desembarco de la marca en la Capital del Monte y remarcó que Oberá venía siendo observada desde hace tiempo por la franquicia como una plaza estratégica.

“Estamos muy pero muy contentos de desembarcar en la ciudad. Es una franquicia a nivel mundial hoy, con presencia en diferentes países y más de 200 locales en Argentina”, señaló Stefan durante la inauguración.

El empresario contó a Economis que el proyecto comenzó de manera informal, casi casual, en una reunión entre amigos. “Fue en un asado, tomando vino, no precisamente un café. Me hicieron la propuesta y la verdad que encantado de ser parte”, relató.

La apuesta no se limita al posicionamiento de marca. El nuevo local generó 14 empleos directos, varios de ellos vinculados a programas de inserción laboral juvenil articulados junto al municipio obereño. Para una ciudad del interior, el dato adquiere relevancia en un escenario donde el empleo privado continúa mostrando dificultades en buena parte del país.

“Sobre todo es fuente laboral. Estamos hablando de 14 empleos directos, un número importante para seguir creciendo”, remarcó Stefan, quien tiene otras empresas vinculadas al expendio de combustibles.

El nuevo Café Martínez fue diseñado con un perfil premium, respetando la identidad arquitectónica del lugar y buscando integrarse al movimiento urbano de una de las esquinas más transitadas de Oberá. La ubicación no fue casual: frente a la plaza, rodeado de colegios, comercios y circulación permanente, el punto aparece como uno de los nodos comerciales más dinámicos de la ciudad.

Marcelo Salas Martínez, uno de los dueños y directores de la cadena de cafeterías que lleva su apellido materno y que sus abuelos fundaron hace más de 80 años, destacó tanto la elección estratégica del lugar como la identidad cultural de Oberá. “Estamos muy emocionados. Vimos una ciudad hermosa, muy cuidada y con gente que quiere mucho su lugar”, expresó.

Incluso valoró el componente histórico del inmueble, recordando que allí funcionó durante años una tradicional cervecería vinculada a familias inmigrantes. “Eso le da un toque distinto. Argentina se construyó con inmigrantes trabajadores y este lugar refleja parte de esa historia”, afirmó.

Desde el municipio también interpretaron la llegada de la firma como una señal económica positiva para la ciudad. El intendente Pablo Hassan destacó que la elección de Oberá por parte de una cadena internacional refleja un cambio de escala urbana y comercial.

“Que una marca de nivel internacional haya elegido Oberá para abrir su sucursal número 202 demuestra el crecimiento que está teniendo la ciudad. Ya no somos un pueblo; somos una ciudad grande, en auge y con oportunidades”, sostuvo.

Hassan además puso el foco en el trabajo conjunto entre el sector privado y el municipio para facilitar la incorporación de jóvenes al mercado laboral formal. “Algunas de las personas contratadas participaron de procesos de primer empleo junto con el municipio”, explicó.

La inauguración de Café Martínez se suma a un proceso de expansión comercial que Oberá viene mostrando en los últimos años, con nuevas inversiones privadas, crecimiento del sector gastronómico y un movimiento económico cada vez más dinámico en el centro de la provincia.

Mientras muchas ciudades todavía enfrentan retracción del consumo y cautela inversora, la apuesta de una marca nacional de primera línea en Oberá funciona también como un termómetro sobre el potencial comercial que algunas plazas del interior continúan ofreciendo.

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Hugo Sand exigió la restitución de las facultades del INYM

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El plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación, conducido por Julia Strada y Luis Basterra (UxP), trocó el debate técnico-arancelario por una encendida confrontación política, jurídica e identitaria. La irrupción de Hugo Sand, histórico dirigente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y uno de los mentores de la Ley 25.564 de creación del INYM, personificó el contraataque del minifundio frente a la avanzada desreguladora de la gran industria molinera correntina.

El testimonio de Sand no solo confrontó la tesis de libre mercado expuesta minutos antes por el sector corporativo, sino que impugnó la validez jurídica del DNU 70/23 y reabrió la histórica disputa sobre los modelos de ocupación territorial en el Nordeste Argentino (NEA): el arraigo cooperativo del colono frente al monocultivo corporativo de gran escala.

La objeción constitucional al DNU 70/23

Apalancándose en una interpretación estricta del derecho público, el referente de APAM dirigió sus argumentos hacia el exdirector correntino Joaquín Comas y hacia la propia administración central, cuestionando la arquitectura jurídica de la desregulación yerbatera. Sand impugnó la validez del instrumento ejecutivo bajo la lente del control de convencionalidad y de los requisitos de excepcionalidad institucional:

“Cuando se emite ese DNU, se ve que no se leyó la Constitución Nacional. En su artículo 99, inciso 3, dice que los decretos de necesidad y urgencia tienen que ser urgentes, de emergencia, específicos y certeros. ¿Dónde están los estudios técnicos que avalan el capítulo yerbatero? El decreto no cumple estos requisitos y arrojó a la miseria al eslabón primario”.

Para la dirigencia de la zona centro misionera, el retiro de las potestades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no configura una modernización de mercado, sino una anomalía jurídica que carece de la debida fundamentación empírica. Bajo esta premisa, Sand solicitó formalmente a los bloques legislativos avanzar hacia una declaración de inconstitucionalidad del decreto, exigiendo la inmediata restitución de la estructura regulatoria del INYM con la totalidad de sus atribuciones de fijación de precios sostén.

El modelo de ordenamiento: Regulación, cupos y mercado consignatario

Frente al diagnóstico de la industria que atribuye la caída de precios a un ciclo endógeno de sobreoferta biológica, el líder de APAM defendió la necesidad de una economía administrada para corregir las asimetrías de origen en cadenas de valor con alta concentración de demanda.

Sand delineó la agenda de máxima de los productores agrarios misioneros para estabilizar el sector, estructurada sobre tres ejes macroeconómicos:

Regulación de la oferta y limitación de plantaciones: El dirigente aclaró que la histórica y polémica Resolución 170 no buscaba la “prohibición” del comercio, sino un esquema de planificación que limitara la expansión desmedida de nuevas superficies en manos de capitales concentrados.

Cupos de cosecha: Un mecanismo de cuotificación para administrar los volúmenes de hoja verde ingresados a secaderos en épocas de saturación de inventarios, evitando el desplome del precio real.

Mercado Consignatario de la Yerba Mate: El rescate de una herramienta financiera largamente postergada que actúe como un colchón de liquidez para el pequeño productor, evitando que deba malvender su stock ante la urgencia financiera de la cosecha.

El pasaje más denso del discurso de Sand expuso el profundo hiato cultural e ideológico que separa las realidades de Misiones y Corrientes. El dirigente de Oberá trazó un paralelismo crítico con el sector foresto-industrial (citando el caso de la firma Arauco) para ilustrar el riesgo sociodemográfico de desplazar el cultivo tradicional de la yerba mate por esquemas de monocultivo extensivo.

“El monocultivo significa la extinción de la biodiversidad, significa la muerte de la selva misionera. ¿Para qué? ¿Para plantar pino? Un kilo de pino de 22 años vale 14 pesos en la ciudad de Oberá. Ese modelo expulsa a las familias rurales y precariza el territorio”.

El planteo advierte sobre un proceso de reprimarización de la tierra y pauperización del colono. Desde la perspectiva de APAM, desregular la yerba mate equivale a forzar la conversión de minifundios polifuncionales y sustentables hacia economías de escala de bajísimo valor específico por unidad de biomasa, destruyendo el tejido social de las colonias.

La distancia entre el territorio y la burocracia

El cierre de la alocución de Sand evidenció la fractura institucional que atraviesa al sector tras los últimos cambios en la conducción del INYM. Con un tono directo, el dirigente de la zona centro dejó en claro el distanciamiento de las bases agrarias respecto a las nuevas autoridades designadas por la Casa Rosada y a los legisladores oficialistas de la provincia:

“Hoy recién conozco al presidente del INYM (Rodrigo Correa). Nosotros no pudimos ir todavía al instituto. Le pido a los diputados que nos acompañen y a los sindicatos rurales que organicen una reunión en el territorio, donde están realmente los tareferos y los productores, para que vean lo que les pasa”.

El plenario de comisiones ratificó que el conflicto yerbatero excede la frontera de una paritaria sectorial. Mientras la molinería integrada analiza la coyuntura desde la optimización logística y los balances comerciales de exportación, el cooperativismo de base defiende al INYM como la última línea de defensa institucional frente a la descapitalización de la chacra y el consecuente vaciamiento demográfico del interior misionero.

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Comas: “Quizás sea el momento de ir hacia la disolución del INYM”

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Joaquín Comas, presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes y representante de Las Marías, se sumó al planteo de que el DNU 70/23 simplemente coincidió con el pico de la curva de oferta. Comas fue más allá en la flexibilización regulatoria y solicitó directamente la disolución total del INYM, acusando al organismo de haber actuado durante un cuarto de siglo como un escollo burocrático incapaz de abrir nuevos mercados internacionales.

El debate sobre la desregulación yerbatera en el Congreso de la Nación sumó un componente de alta densidad política y jurídica que trasciende la discusión coyuntural sobre los precios de “abandono” en la chacra. Durante el plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales en la Cámara de Diputados, la representación de la industria molinera de Corrientes elevó la apuesta: no solo defendió el retiro del Estado instrumentado por el DNU 70/23, sino que reclamó formalmente la disolución definitiva del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), apalancándose en un proyecto legislativo que busca erradicar lo que consideran una “maraña burocrática” inconstitucional.

La postura correntina, sintetizada en la exposición de Joaquín Comas —presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes y exdirector del INYM entre 2022 y 2024—, introdujo un análisis sistémico sobre los ciclos de sobreoferta y la pérdida de competitividad geopolítica del NEA frente a Paraguay y Brasil.

La hipótesis de la coincidencia temporal y el ciclo biológico

Para los sectores concentrados de la molienda correntina, adjudicar la actual depresión de precios relativos a la vigencia del DNU 70/23 constituye un error de diagnóstico macroeconómico. Comas apeló a la teoría de los ciclos de commodities agrícolas para aislar la variable regulatoria del comportamiento del mercado:

“El decreto 70/23 no produjo el problema que hay hoy; lo produjo simplemente la oferta y la demanda. Son ciclos. El riesgo que corre todo productor es el que corre cualquier profesión; no podemos estar pidiendo a ‘papá Estado’ que nos empareje la cancha poniendo restricciones cuando nos va mal”.

De acuerdo con este análisis, el colapso del valor de la hoja verde responde a la maduración biológica de las inversiones realizadas entre 2018 y 2021. Estimulados por un ciclo de precios excepcionales, los productores implantaron aproximadamente 50.000 nuevas hectáreas en la región. Dado que la planta de yerba mate requiere entre 4 y 5 años para alcanzar su productividad plena, el pico de la sobreoferta estructural colisionó cronológicamente con la firma del decreto desregulador.

La batalla por el derecho de propiedad y el fantasma de la Resolución 170

El núcleo duro del argumento correntino se centró en la seguridad jurídica y la jerarquía constitucional, reflotando la polémica por la Resolución 170/21 del INYM. Dicha norma, diseñada bajo una matriz de protección al minifundio, limitaba las nuevas plantaciones a un máximo de 5 hectáreas por año por productor, bloqueando la expansión a gran escala de la industria integrada.

Desde la óptica de la molinería correntina, esa medida fue un quiebre institucional dictado por “trasnochados” que violó el artículo 14 de la Constitución Nacional (derecho a comerciar y ejercer industria lícita) y el derecho a la propiedad privada:

“¿Quién me puede venir a decir que en mi propiedad privada yo tengo que hacer lo que un instituto me diga, cuando se juntaron en un salón siete personas y armaron algo que no pasó ni por comisión?”.

Bajo esta lectura, la fijación de precios mínimos —que según Comas sistemáticamente terminaba en laudos nacionales incumplidos por la fuerza de la realidad física del mercado— y las trabas a la expansión corporativa transformaron al INYM en un esquema asfixiante que no resistía el test de constitucionalidad.

Subsidio cruzado y el “dumping” indirecto hacia Brasil y Paraguay

Uno de los aportes más críticos de la jornada fue la denuncia sobre las consecuencias geopolíticas de la regulación argentina. La industria molinera sostiene que el INYM operó durante un cuarto de siglo como una estructura de extracción de renta que financió su propia burocracia en lugar de generar valor genérico para el sector.

Costo de la estructura: Se estimó el presupuesto del organismo en una caja anual de entre $4.000 y $5.000 millones de pesos, fondeada de manera compulsiva a través de la tasa de fiscalización (estampillado) que paga la industria y que, marginalmente, se traslada al consumidor.

Déficit de inserción global: La crítica sectorial apunta a que, en 25 años, las misiones comerciales del organismo no lograron abrir mercados internacionales significativos, limitando el horizonte de absorción de los excedentes de stock.

El punto neurálgico del análisis de la industria es que las restricciones internas impuestas al productor y al molino argentino actuaron como un incentivo indirecto para el desarrollo agroindustrial de los países vecinos. Al encarecer artificialmente el costo de producción local y limitar la escala, el INYM se convirtió, según la visión correntina, en el “mejor promotor de la yerba mate de Brasil y de Paraguay”, cediendo terreno en el mercado global que recién ahora, tras la liberación del frente exportador, se intenta recuperar.

Hacia la disolución: El Proyecto Brambilla

La ofensiva de los molineros correntinos no quedó en la catarsis retórica. Comas instó al cuerpo legislativo a avanzar de forma definitiva en la liquidación de la estructura del instituto, solicitando el tratamiento del Proyecto de Ley 3161-D, presentado originalmente por la diputada (M.C.) Sofía Brambilla y respaldado por una veintena de legisladores.

Dicha iniciativa busca la derogación integral de los aspectos regulatorios remanentes de la Ley 25.564 y la liquidación de los activos del INYM, bajo la premisa de que los mercados imperfectos encuentran su equilibrio óptimo mediante la libre competencia y la depuración de inventarios, sin necesidad de un arbitraje estatal que fije precios sostén.

La sesión, coordinada por Strada y Basterra, dejó en claro la fosa ideológica que divide a la cadena: mientras las cooperativas de base y los colonos de Misiones observan en la desaparición del INYM la antesala de un proceso de concentración y éxodo rural, la gran industria integrada del norte de Corrientes lo interpreta como una emancipación corporativa indispensable para competir en el mercado internacionalizado del siglo XXI.

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Quatrin: “Los precios más bajos del mercado son precios de abandono, y los mejores perdieron contra finales del 2023 más del 50%”

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Gustavo Quatrin, el gerente general de Playadito, participó de la audiencia en la Comisión de Economías Regionales en el Congreso Nacional esta mañana, lo hizo vía zoom porque a pesar de que su agenda le impedía estar en Buenos Aires, quería dar la cara y dar su mirada del asunto.

A través de una pantalla de Zoom. Gustavo Quatrin, CEO de la Cooperativa Liebig (Playadito), rompió el histórico ostracismo de la gran industria para plantar la postura del jugador número uno del mercado interno. Liebig, cabe recordar, desplazó el año pasado a Establecimiento Las Marías de un liderazgo de más de medio siglo, consolidándose como el estándar de oro del cooperativismo de gran escala.

Con la autoridad de quien timonea una estructura de 120 productores asociados y tres décadas de gestión ejecutiva, Quatrin ensayó una descarnada pero pragmática defensa del libre mercado: “Compartimos que el productor hoy no está mal, está muy mal. Los precios más bajos del mercado son precios de abandono, y los mejores perdieron contra finales del 2023 más del 50 por ciento. Pero dicho esto, entendemos que la solución está en el mercado y no en que el Estado nos indique a qué precio debemos vender o comprar”.

Para el ejecutivo, el actual hundimiento de los precios no es consecuencia directa de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sino de un ciclo recurrente de sobreoferta estructural. Según su análisis, los mecanismos de regulación de la Ley 25.564 distorsionaron los incentivos en los años de vacas gordas, estimulando una sobreplantación que hoy satura los secaderos. Citando de forma punzante a un colega jurista, sentenció que la ley de creación del INYM “no solo no respeta la Constitución, sino que no respeta ni la ley de gravedad”, advirtiendo que reintroducir controles solo agravaría la fase recesiva del ciclo productivo.

“Es muy complejo para nosotros la situacion, escuchamos a todos los participantes, claramente compartimos que el productor hoy no está mal, está muy mal. Los precios más bajos del mercado son precios de abandono, los mejores precios que se pagan perdieron contra finlaes del 2023, más del 50 por ciento”, admitió Quatrin, quien ya hace tres semanas les dijo lo mismo a productores en la reunión en el Ministerio del Agro, en Posadas.

“Pero dicho esto, después hay que hacer ajustes a muchas cosas que se dijeron. Nosotros entemdemos que la solución está en el mercado, no en que el Estado nos indique a qué precio debemos vender o comprar la materia prima”, señaló, provocando el aplauso de algunos presentes en el anexo del Congreso.

“Incluso (el Estado) tampoco (debe) involucrarse en detalles de cómo producir”, indicó. “No tengan dudas de que las industrias que tienen marcas en las góndolas son las más preocupadas de que el producto esté a la altura de los consumidores”, indicó.

“Está clara que estamos ante un período de sobreoferta que las exposiciones anteriores lo reafirman, cada 30 años pasamos de precios espectaculares a precios de abandono”, explicó. “No parece casualidad que cada 30 años se repite esta situación, en el medio tenemos unos precios espectaculares”, dijo.

“Ante una situación así (de bajos precios) le introducimos mecanismos de regulación, no tengo la menor duda de que vamos a agravar el problema”, afirmó.

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Harfield: “El verdadero problema para la yerba mate nunca fue la desregulación sino la regulación”

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El legislador libertario defendió la desregulación yerbatera y aseguró que la crisis actual se originó por años de precios “artificialmente altos” que incentivaron una sobreproducción de hoja verde.

El diputado nacional por LLA consideró que el verdadero problema para la yerba mate nunca fue la desregulación sino la regulación. Argumentó que los precios regulados eran muy altos y eso generó un “incentivo artificial” para que personas ajenas al sector yerbatero se volcaran a plantar, lo que a su vez provocó una situación de sobreoferta de materia prima que sería la causa principal de la crisis actual.

El diputado nacional por LLA consideró que el verdadero problema para la yerba mate nunca fue la desregulación sino la regulación. Argumentó que los precios regulados eran muy altos y eso generó un “incentivo artificial” para que personas ajenas al sector yerbatero se volcaran a plantar, lo que a su vez provocó una situación de sobreoferta de materia prima que sería la causa principal de la crisis actual.

El extenista obereño recordó que en 2017 un informe de Defensa de la Competencia advirtió que por la regulación del INYM, que garantizaba precios mínimos para la materia prima, se corrían riesgos de que esos precios fueran demasiado altos y eso terminara alentando una superproducción.

Según la argumentación del legislador libertario, eso fue lo que ocurrió en 2024 y ese fue el germen de la actual crisis que atraviesa el sector, siempre según Hartfield. Indicó que la regulación generó precios “artificialmente altos” y eso incentivó a que muchas personas se pusieran a plantar, incluso ajenos a la actividad. “Todo el mundo se puso a plantar yerba, odontólogos, abogados, hasta un tenista”, señaló.

Argumentó que cuando la inflación era más alta el mercado toleraba precios superiores porque “la gente se quería sacar los pesos de encima”, cosa que ya no ocurre y eso impide levantar los valores en góndola que son los que alimentan al resto de la cadena.
Consideró que la salida a la crisis consiste en incrementar las exportaciones lo que obliga a ganar nuevos mercados.

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