Virginia Aparicio es quien llevó adelante esta investigación, la profesional pretendía informar a la comunidad científica y a los argentinos sobre los resultados de sus hallazgos con respecto a la contaminación con agroquímicos, pero su disertación fue postergada por el INTA.

El estudio realizado en pueblos de la provincia de Buenos Aires, desentrañó la existencia de biocidas en sangre, orina y materia fecal de los habitantes de pueblos que habrían sido fumigados con agroquímicos. La investigadora Virginia Aparicio, pretendía advertir a la población y a la comunidad científica, pero fue censurada.

Por esta situación, asambleas ciudadanas, movimientos campesinos, organizaciones socioambientales, sindicales, científicos, investigadores, se viralizaron para manifestar la solidaridad con la investigadora. Aparicio, había realizado un relevamiento biológico humano exhaustivo, en la primavera de 2021, (estudio impulsado por la Unión Europea), donde la especialista confirmó la presencia de agrotóxicos en orina, sangre y materia fecal de los habitantes de los pueblos que fueron fumigados, así como en el aire.

La difusión de los resultados del estudio, pretendía ser realizada vía straming, la cual fue suspendida por el director nacional del INTA, Carlos Alberto Parera, quien envió una nota a la investigadora de la institución, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Conicet, Virginia Aparicio.

Esta situación, fue interpretada por representantes de diferentes organizaciones, como una “censura y persecución”. Por esto, resaltaron “repudiamos enérgicamente el proceder del director del INTA, quien tomó la decisión de censurar a la investigadora, Virginia Aparicio”, además enfatizaron que “el relevamiento biológico humano que motiva el proceder censor del INTA compredió la búsqueda de agrotóxicos en personas que habitan en pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires”.

La muestra fue tomada en la primavera de 2021, como parte del proyecto Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la UE. En este proyecto participa un grupo de institutos de investigación de 10 países europeos y Argentina, con la intervención del INTA.

Los análisis se realizaron en habitantes de localidades de Buenos Aires, con actividad agraria cercana a plantas urbanas. Además de las muestras, se aplicó a cada sujeto que participó del informe, una pulsera por el término de una semana la cual permitía captar las sustancias existentes en el aire que respiraban. Esas muestras fueron analizadas en las universidades de Wageningen y Stichting Katholieke Universiteit, en Países Bajos.

La carta del director del INTA

Con una nota, que lleva la firma del director del INTA Alberto Parera, la cual fue enviada el 15 de junio a Aparicio, quien es responsable del Sprint-Argentina, donde se “instruye” a la investigadora a suspender la reunión informativa que tendría cita el 21 de junio de 2023. “Los motivos de la decisión son inaceptables. El director del INTA señala que se tomó conocimiento de que posiblemente algunos procedimientos del Sprint en Argentina excedieron la incumbencia institucional y luego agrega en tono persecutorio que el accionar de la investigadora está siendo analizado”, sostuvieron los firmantes del comunicado, quienes aclararon que, “no se trata de artero acto de censura y persecución que tiene como fin ocultar la información sumamente valiosa y reveladora que aporta el Sprint sobre los graves impactos de los agrotóxicos en las matrices ambientales y los cuerpos humanos en Argentina”.

Esta muestra contó con la aprobación del Comité Bioética de Ética de la Investigación del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética (PTIB) dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Por otra parte, el muestreo fue revisado por pares de la científica y publicado. “Esto no deja nada por discutir. Lo objetable y repudiable es la censura y persecución del director del INTA”, expresaron desde el sector que apoyó a Aparicio.

Desde el comunicado en apoyo a la investigadora, señalan que esta es una prueba cabal y contundente del daño silencioso que provoca en los cuerpos el sistema agroalimentario industrial con el uso masivo de transgénicos y agrotóxicos, además de la contaminación y degradación ambiental, pérdida drástica de la diversidad biológica en los territorios.

Esta suspensión del INTA, trajo a la memoria de los investigadores los principios de la Ciencia Digna, que se conmemora el 16 de junio, fecha en que se difundió la “censura”. Esta conmemoración surgió por la fecha de nacimiento del científico del Conicet, Andrés Carrasco, quien desde que concluyó su investigación -hasta su muerte- luchó para que la comunidad se entere de los efectos devastadores del glifosato.

“El acto censor y persecutorio del Inta representa un deja vu indeseable en el mismo Dia de la Ciencia Digna. Precisamente el investigador científico que fundó un nuevo paradigma de la ciencia, Andrés Carrasco, investigador del Conicet, en 2009 apenas terminó su investigación en el laboratorio sobre los efectos teratogénicos del glifosato, sin demoras fue directamente a nuestros pueblos fumigados a decir a viva voz que lo que se denunciaba bajo la sospecha empírica tenía respaldo en la información científica. Ese compromiso y entrega le valió a Andrés Carrasco una persecución feroz dentro del Conicet, previo a la publicación de su trabajo”, destacaron en el documento y reforzaron: “Hoy, a la doctora Aparicio, le vuelve a suceder lo mismo, esta vez de la mano del Inta”.

Los investigadores y representantes de las organizaciones y asambleas que se solidarizaron con Aparicio, avalaron el documento que presentaron formalmente por vía administrativa ante el INTA, para solicitar el cese de la censura y persecución contra la investigadora. “Expresamos toda nuestra solidaridad con Aparicio e instamos a las autoridades del Inta a que dejen de inmediato sin efecto la suspensión de la reunión informativa de los resultados del Sprint, advirtiendo que tal proceder además de persecutorio y censor representa una violación al Acuerdo Escazú, por el cual la Argentina asumió la obligación de garantizar la divulgación de forma inmediata y por los medios más efectivos de toda la información relevante que se encuentre en su poder y que permita al público tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños”.

Fuente: La Capital

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