El estallido social vino a desmoronar la narrativa de estabilidad política, prosperidad económica y progreso social del así llamado “modelo chileno”, que sirvió de base para la movilidad ascendente del país en la sociedad internacional durante las últimas tres décadas.

La movilización popular empujó el establecimiento de un proceso constitucional como principal vía para superar los problemas estructurales del país y, al mismo tiempo, inaugurar un nuevo ciclo político, donde todas las áreas y acciones sectoriales del Estado deberán subordinarse al nuevo ordenamiento constitucional que el país se dé para sí en el marco del proceso constituyente que comenzará en breves. 

A partir de las movilizaciones del 2019, el movimiento feminista chileno no paró de crecer. De esta forma, logró establecer su agenda en el debate público.  En este sentido, es importante destacar que gracias al triunfo del colectivo feminista, la redacción de la nueva Constitución será un proceso desarrollado por una Asamblea con paridad de género (78 hombres y 77 mujeres). Este hecho conforma un hito histórico ya que será la primera Constitución escrita por igual proporción de hombres y mujeres, en clave feminista.

Chile posee un sistema que ve en lo individual el fundamento de su razón de ser, en que existen abusos reflejados en la permisividad e inacción ante el avance de las  empresas, concentración de la riqueza, financiación ilegal de la política, aumento del costo de vida, entre otros aspectos, reflejan que pese al éxito económico de las últimas décadas y los avances en la mejora de las condiciones de vida de la población, una mayor redistribución es urgente.

Luego de la elección histórica que dejó al desnudo a la clase política chilena (y fue un cachetazo para la derecha gobernante) es hora de avanzar hacia una agenda que incluya a las mujeres, las disidencias sexuales, las comunidades indígenas y diversos movimientos sociales dentro del conjunto de actores con capacidad de toma de decisión.

Repasemos los puntos más importantes de lo que se viene.

Reconocimiento de los pueblos originarios

La definición de los derechos para las comunidades originarias y el debate sobre un Estado plurinacional serán otros de los temas fundamentales de la Convención.

La Convención Constitucional recién electa incorpora a 17 representantes indígenas pertenecientes a los 10 pueblos originarios chilenos reconocidos por el Estado, entre ellos, los mapuches, aimaras, quechuas y diaguitas.

Entre las demandas de estas comunidades está la de crear un Estado plurinacional (si, como Bolivia o Ecuador), con el que se acepte su autonomía y sus derechos. Además, plantean la necesidad de contar con garantías en términos territoriales y el reconocimiento de su cultura y su lengua, entre otras cosas. 

Históricamente, la relación entre las comunidades originarias y el estado chileno ha estado marcada por el conflicto, básicamente en función del avance de la industria forestal en tierras reivindicadas por las comunidades mapuche y el impacto sobre el hábitat de dichas comunidades y la responsabilidad que el estado nunca cumplió.

La mayor parte de las plantaciones forestales se han establecido en tierras ancestrales mapuche. Las comunidades afectadas por esta industria reclaman derechos de propiedad sobre las tierras forestadas, que les fueron usurpadas tanto durante la época de la colonia como con posterioridad al golpe de Estado de 1973. Por eso, el reconocimiento de esas tierras sería un avance fundamental en ampliación de derechos y reparación histórica.

Medioambiente y derechos del agua

El avance de la sequía (amige mira ese mapa de 2016 y 2020 te lo pido por favor) y los efectos del cambio climático – de causa humana y asociada al modelo de desarrollo extractivista- son fenómenos que no se pueden negar y que solo se agravarán en los años que vienen, de hecho en el año 2020 no solo la pandemia golpeó fuerte al país andino, sino que también se convirtió en el primer país de latinoamérica en agotar sus recursos renovables más rápidamente.

Actualmente la Constitución (El Código de Aguas fue redactado bajo la dictadura de Pinochet en 1981) resguarda los privilegios del negocio de las plantaciones en la región de Valparaíso que han provocado escasez del agua para el consumo humano.

Pero además de la agroindustria, también están los casos de empresas mineras y forestales en distintas partes del país cuya actividad comercial ha reducido el agua disponible en las comunidades.

El agua cruza casi todos los conflictos socioambientales que tiene un país tan extenso como Chile. Desde los glaciares en la cordillera amenazados por la actividad minera, los paltos en la zona central, los monocultivos de pinos y eucaliptus en territorio mapuche, hasta los ríos que nutren hidroeléctricas.

La Constitución actual chilena estipula el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza.

Este debate no sólo es importante por los efectos en el medioambiente sino cómo se lleva adelante el modelo chileno. La nueva Constitución, eventualmente contemplaría la idea  de que las empresas se tengan que hacer cargo del equilibrio ecológico cumpliendo con estándares mínimos.

Chile es uno de los pocos países que tiene una privatización casi completa de sus aguas, tanto en el origen como en la gestión del recurso. Es por ello, que el bloque de centro-izquierda que hoy es mayoría tras las elecciones, entre otras cosas, plantea que la nueva Constitución debería garantizar explícitamente que el agua es un bien nacional de uso público.

Y si hablamos de medioambiente y cambio climático no podemos dejar de nombrar que Chile es parte del Triángulo del Litio, un lugar que alberga el 65% de reservas del mundo, conformado también por Bolivia y Argentina, un lugar de disputa geopolítica clave en el plano internacional.

Vamos che, que esos recursos naturales no se van a explotar solos!

Pensemos que el ambicioso objetivo de cero emisiones de carbono en Estados Unidos para 2050 es el aspecto más destacado del “Plan para el cambio climático y la justicia ambiental” presentado Biden. Luego de incorporar al país, el segundo mayor emisor mundial de carbono, en el Acuerdo de París y realizar la Cumbre de Líderes contra el Cambio Climático. Si Estados Unidos realmente pone en práctica su plan climático y ambiental, la política exterior chilena alcanzaría otro nivel de importancia en el tablero geopolítico.

Para reducir las emisiones, Biden tendrá que fomentar las alternativas existentes a los combustibles fósiles. En el caso de la industria automotriz, por ejemplo, habría que esperar más incentivos para coches eléctricos. En este escenario, el mineral más importante es el litio, principal materia prima utilizada en la fabricación de baterías. No en vano se lo conoce como el “petróleo blanco”.

Sobre este tema se iba a hablar en 2019, pero el estallido social provocó la cancelación total de la agenda internacional y nacional del gobierno. Cayó primero la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde el presidente Piñera recibiria a los 21 jefes de estado y/o gobiernos que la conforman incluyendo a los mandatarios de Estados Unidos, China, Rusia, entre muchos otros. Luego cayó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en Chile (finalmente se hizo pero en España, como el superclásico), donde asistiría el presidente francés como principal estrella de la jornada y un sinnúmero de personalidades y ambientalistas de todo el mundo.

Una política exterior diferente

La política exterior chilena a partir de 1990

Al igual que la etapa autoritaria refundacional post 1973, la transición chilena también constituyó, especialmente en sus primeros años, una nueva etapa de repolitización, en cuanto que gestó un nuevo proyecto y una nueva identidad sobre el país y el mundo, en lo político (democrático), económico (neoliberal) e incluso en torno a la seguridad internacional (cooperativa).

Debido al fuerte aislamiento internacional del régimen autoritario (que además debilitó la posición regional del país), el régimen democrático realizó un esfuerzo especial de reinserción en una coyuntura internacional que le permitió converger exitosamente desde su nueva identidad democrática y neoliberal con el nuevo escenario de globalización. 

La inserción política internacional fue espectacular. En 1993 se incorporó al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y en 1996 suscribió el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. 

A lo largo del tiempo, supo consolidar relaciones fructíferas más con potencias mundiales o economías emergentes en el globo que con sus pares regionales, lo que devela sus intereses ideológicos en política exterior. 

Eso se refleja en que el 75 % de sus exportaciones se concentran en Estados Unidos, la Unión Europea y Asia-Pacífico, y el 90 % de las inversiones extranjeras en Chile proviene de aquellas latitudes.

Esto se produce en el contexto de mayor auge en las relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos (aunque siempre fueron re amiges), las cuales se cristalizan en el Tratado de Libre Comercio entre ambos países en el año 2004, al igual que se hizo con Canadá en el año 1996, y con la Unión Europea en el 2002, lo que, a pesar de su relevancia para el país, ha sido superado por China y las potencias del Asia-Pacífico.

Por lo tanto, la política exterior de Chile ha estado elementalmente enfocada en el crecimiento económico nacional, o más bien, en determinadas élites nacionales, originadas en los consensos políticos entre coaliciones de derecha y de centro-izquierda, en donde lo prioritario ha sido los intereses de los sectores privados de inversiones, en virtud de un progreso económico-social al estilo neoliberal, que solo ha aspirado a mejores formas de equidad social mediante la demanda de oferta de trabajo y revitalización de los comercios internos como consecuencia de sus políticas internacionales, reflejadas principalmente en Tratados de Libre Comercio y una muy baja influencia regionalista en la política comercial.

Asimismo, adoptó políticas a favor el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino y estableció diálogos políticos bilaterales y multilaterales con los Estados africanos y del Medio Oriente.

Chile fue siempre el primo mayor de la región que negociaba con absolutamente todos. En el ámbito económico y comercial, Chile desarrolló una política de regionalismo abierto mediante la cual intentó participar de la negociación del NAFTA, apoyó el ALCA, y negoció acuerdos comerciales bilaterales con el Mercosur, los países de la Comunidad Andina, el SICA y el Caricom, México, Estados Unidos y Canadá, con Europa y Asia-Pacífico.

Integración regional? Me arruga la ropa.

Durante esta etapa, el regionalismo abierto chileno desestimó la integración plena en el Mercosur, lo que hubiese significado una reorientación del modelo de desarrollo hacia otro de integración estratégica (incluida un alza generalizada de aranceles) hegemonizado por el eje más industrializador brasileño-argentino.

La opción chilena produjo un importante distanciamiento político del país de importantes Estados de la región, aunque con el tiempo fue equilibrado por la emergencia de un conjunto de países con modelos afines en políticas regionales sobre democracia, derechos humanos, seguridad y cooperación para el desarrollo.

¿Habrá un cambio en la política exterior chilena?

La política exterior se construye con una visión donde se recoge la historia del país, los intereses permanentes que identifican a la mayoría, el presente y su proyección al futuro, anteponiendo el interés nacional a cualquier otro. En 30 años, con avances y retrocesos, Chile había logrado superar visiones ideológicas o de grupos de interés. Hemos visto un serio retroceso en los últimos tres años, en particular en la desarticulación de los organismos regionales de integración, donde el gobierno del presidente Piñera ha tenido gran responsabilidad.

Hoy nos encontramos en un escenario desesperanzador por la pandemia que afecta al planeta, la recesión económica que golpea duramente a la región, la incertidumbre futura y la creciente presencia del gigante chino que ha pasado a ser el principal mercado para la mayoría de los países latinoamericanos (y Chile ha sido el primer país sudamericano en establecer relaciones comerciales con China, ningún boludo). Cuando más necesidad hay de coordinación con nuestros vecinos y la región, de hablar con una sola voz para defender intereses comunes y ser escuchados, vemos que las instituciones políticas que se construyeron en el pasado, con todos los defectos que puedan haber tenido, hoy están inmovilizadas.

Chile deberá retomar la senda del diálogo político y de reconstrucción del proceso de integración y armonización de políticas que den sentido a la identidad latinoamericana. Será la mejor manera de defender el interés nacional y el pueblo chileno ya lo expresó en las urnas.

Se puede abrir un nuevo ciclo hacia una política exterior progresista, que basa sus acciones y decisiones en un modelo de autonomía estratégica y de activa participación estatal. 

Una política exterior progresista es, por definición, una política exterior feminista. En ese marco, se deben superar las barreras de los mínimos permitidos, y avanzar hacia modelos más ambiciosos e inclusivos.

Una política exterior de tipo progresista aspira a una agenda climática incluida. En el caso de Chile, esto significa posicionar al país como un líder internacional en la lucha contra el cambio climático, tanto en sus componentes ambientales tradicionales como en el cuidado del océano (algo sumamente importante dadas las condiciones geográficas chilenas). 

Para un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, la protección del medio ambiente constituye un nicho diplomático en el que puede cultivar una reputación y mejorar su estatus internacional. Ello implica redefinir las prioridades y objetivos de política exterior con un claro foco en el desarrollo sustentable, sostenible e inclusivo.

En ese marco, cuatro elementos son imprescindibles y definitorios de la política exterior progresista para constituir una estrategia de base para la acción internacional de América Latina en general: es feminista y pone a los seres humanos en el centro de la acción internacional; aspira a una agenda climática; apuesta fuertemente por el multilateralismo; y es inherentemente participativa.

A corto y mediano plazo, esto está estrechamente vinculado tanto a la recuperación de la crisis económica y social derivada de la pandemia, como de la forma en que se lleve a cabo el proceso constituyente y el pacto social que emerja del mismo.

En el largo plazo, el desempeño internacional del país estará sujeto a su nivel de desarrollo, la capacidad de la nueva Constitución de sentar las bases de un orden social más justo, y, por cierto, el contar con una política exterior que mire hacia Latinoamérica de una vez por todas.

Lejos de constituir un obstáculo a su inserción internacional, el estallido social, el proceso constituyente y la elección presidencial de 2021 representan una oportunidad para repensar la forma en que Chile se relacionará con el mundo.