Entre el 10 de diciembre de 2023 y el 8 de julio de 2025, el gobierno de Javier Milei dictó 92 decretos delegados, un número que triplica la media histórica desde la sanción de la Ley 26.122 en 2006. De ese total, 70 se dictaron al amparo de la Ley 27.742 (Ley Bases), sancionada en junio de 2024, lo que convirtió a esa norma en la plataforma central para la producción normativa del Ejecutivo.

El dato no solo refleja la centralidad de la Ley Bases en la estrategia gubernamental, sino también la magnitud inédita que alcanzó la delegación legislativa. Según el Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL), el 76% de los decretos delegados se concentraron en dos grandes áreas: Economía y Administración Pública. Este sesgo muestra que la herramienta fue utilizada principalmente para avanzar en políticas de reorganización estatal, disolución de fondos fiduciarios, reestructuración de organismos y medidas fiscales y aduaneras.

Milei, récord en un año de gestión

Los números colocan a Javier Milei en el primer lugar histórico en la utilización de decretos delegados en un solo año. En 2025 dictó 63 decretos delegados, un registro que superó el máximo anterior alcanzado por Cristina Fernández de Kirchner en 2010, con 36. El promedio mensual también revela la diferencia: mientras que Milei dictó 5,11 decretos delegados por mes, Alberto Fernández lo hizo a razón de 1,77.

La magnitud del salto es doblemente significativa si se considera el marco legal vigente. La Ley 26.122, sancionada en 2006 para reglamentar el control de decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados y decretos de promulgación parcial de leyes, fue pensada como un límite institucional. Sin embargo, la práctica mostró que los controles del Congreso fueron escasos y que el Poder Ejecutivo utilizó esta herramienta como vía rápida para legislar.

El desglose temático evidencia que el gobierno utilizó la delegación legislativa como motor de su programa de reformas. En Economía, Milei firmó 35 decretos, de los cuales 12 regularon el comercio exterior y el régimen aduanero, y 11 dispusieron la disolución de fondos fiduciarios estratégicos, como el ProCreAr, el FONDEP o el Fondo de Manejo del Fuego. A esto se suman seis decretos tributarios y la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

En paralelo, en el terreno de la Administración Pública, los decretos habilitaron la transformación del Estado con la disolución o fusión de organismos, desde el INADI y la ARICCAME hasta institutos culturales y tecnológicos. Se avanzó también en la reconversión de empresas estatales —como la transformación del Banco Nación en sociedad anónima— y en la reorganización de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Otros sectores alcanzados fueron la energía e infraestructura (con cuatro decretos, entre ellos la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad), la defensa y seguridad (ocho decretos que reformaron estatutos de fuerzas federales) y el ámbito laboral y de seguridad social, donde se aprobaron medidas de modernización sindical y previsional.

Aunque la reforma constitucional de 1994 intentó restringir la delegación legislativa, en la práctica se transformó en una herramienta central de los gobiernos para implementar sus programas. Menem la usó para la segunda ola de privatizaciones; De la Rúa para las leyes de competitividad y déficit cero; Duhalde para salir de la convertibilidad; y Cristina Kirchner para sostener las políticas de emergencia y controles económicos. Milei se inscribe en esa tradición, pero con una escala inédita: ningún presidente había concentrado tantos decretos delegados en tan poco tiempo.

El uso intensivo de decretos delegados reabre la discusión sobre la división de poderes y el rol del Congreso. La Comisión Bicameral Permanente, encargada de revisar la validez de estos decretos, rara vez logra que sus dictámenes sean tratados en ambas cámaras. En los hechos, la práctica consolida un hiperpresidencialismo normativo, donde el Ejecutivo legisla sobre materias sustanciales bajo la cobertura de la delegación.

El récord de Milei plantea así un dilema político e institucional: si la delegación legislativa se consolida como mecanismo ordinario de gobierno, el Congreso queda reducido a un rol de control formal, sin capacidad real de incidir en el rumbo normativo. Para sus defensores, se trata de una herramienta necesaria para avanzar en reformas de gran escala. Para sus críticos, un vaciamiento del principio republicano de división de poderes.