Con un DNU, el Gobierno habilitó un millonario negocio para el gas de Vaca Muerta
Con un nuevo gasoducto, buscan impulsar la producción de Vaca Muerta. El objetivo es que la construcción de la primera etapa esté completa para el invierno de 2021, lo que permitirá reemplazar el gas natural licuado. La adjudicataria no podrá trasladar el costo a tarifa, pero tiene 17 años de concesión desregulada.
El Gobierno instruyó a la Secretaría de Energía a convocar a licitación pública para adjudicar una licencia de transporte de gas natural y la construcción de un gasoducto desde la Cuenca Neuquina hasta el Gran Buenos Aires y el Litoral, bajo un régimen especial temporario que regirá por un plazo de 17 años.
Se trata del decreto 465/2019 que Mauricio Macri firmó como punto de partida del proceso de una licitación que será convocada antes de fin de mes para la construcción del gasoducto que permita además transportar la producción de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.
La obra tiene un costo aproximado de US$ 2.000 millones y el Estado Nacional no pondrá un solo peso. Para su concreción habilitó una arquitectura legal extraordinaria que denominó Régimen Especial Temporario (REM) con el que el adjudicatario tendrá 17 años para pactar “libremente” el valor de transporte con las operadoras.
El gobierno seguramente quiere que Vaca Muerta siga los pasos de la industria petrolera de los Estados Unidos. Ya que la industria petrolera de USA ha rebasado los 12 millones de barriles por día (mbd) de producción, un nuevo récord para el que lleva siendo el mayor productor de petróleo del mundo desde principios de 2018. La rápida expansión de la técnica del fracking (fracturación hidráulica) para extraer shale oil (petróleo de esquisto) está llevando en volandas a la producción total de EEUU que ya bombea 2 mbd más cada día que Arabía Saudí, país que ha liderado históricamente la producción de oro negro.
La concesión es de 35 años más de 10 de prórroga y comienza a regir desde la puesta en funciones del gasoducto. A partir del año 18 quedará alcanzado por la normativa vigente y las tarifas ajustadas para el transporte del gas.
El proyecto, que estará dividido en dos etapas, surgió de la pasada convocatoria que Nación hizo para destrabar el cuello de botella que la Cuenca Neuquina arrastra desde 2015 en la evacuación de gas. Entre los interesados que acercaron sus iniciativas se anotaron YPF, Transportadora Gas del Sur (TGS) y Transportadora gas del Norte (TGN), entre otras. En las últimas dos tienen participación los empresarios Marcelo Mindlin (TGS) y Paolo Rocca y Eduardo Eurnekian (TGN).
La primera de las etapas, de 570 kilómetros, conectará la planta separadora de Tratayen, a la vera de la Ruta 7, con la localidad de Saliqueló en la provincia de Buenos Aires. Este tramo está cotizado en unos 800 millones de dólares y es clave porque la cabecera quedaría cerca de la conexión con el puerto de Bahía Blanca donde YPF ya licuefacciona gas para su exportación como GNL.
Para el segundo tramo se busca conectar Saliqueló con el norte bonaerense, San Nicolas, separados por 440 kilómetros. Esta obra se llevará el resto del presupuesto estimado para todo el proyecto. Además se incluye la ampliación de los tramos finales del gasoducto operado por TGS que permitiría cubrir la demanda insatisfecha en los grandes centros de consumo durante los picos invernales sin necesidad de importar.
Desde el viernes, fecha de publicación del DNU 465, corre el plazo de 10 días que tiene la comisión Bicameral del Congreso para revisar la norma presidencial. El objetivo del gobierno nacional es apurar los plazos de construcción del gasoducto.
Vencido el plazo de observación legislativo, Nación convocará a la licitación pública internacional. Buscan que la megaobra, sería el primer gasoducto que se construye después de 30 años, se adjudique en octubre, antes de las elecciones. De acuerdo a las proyecciones privadas los trabajos estarían finalizados en el invierno de 2021.
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