GAS

Techint perdió otra licitación clave en Vaca Muerta y quedó afuera de un millonario gasoducto

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El grupo Techint sufrió un nuevo revés en el sector energético luego de perder la licitación para construir un gasoducto estratégico vinculado al desarrollo de Vaca Muerta y la exportación de gas natural licuado (GNL).

La obra fue adjudicada a la unión transitoria conformada por la empresa argentina Víctor Contreras y la firma italiana SICIM, que se impusieron sobre la oferta presentada por Techint y SACDE.

El proyecto contempla la construcción de un gasoducto de unos 470 kilómetros que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías, en Río Negro, para abastecer un esquema de exportación de GNL impulsado por Southern Energy.

La inversión total prevista ronda los USD 1.300 millones y el ducto será clave para transportar cerca de 27 millones de metros cúbicos diarios de gas destinados a exportación.

Además del golpe por perder la construcción del gasoducto, Techint también quedó fuera del negocio de provisión de caños para la obra, en otro proceso licitatorio previo que había generado fuertes tensiones en el sector energético.

El nuevo revés se produce en medio de un contexto de fricción entre el Gobierno y sectores empresarios vinculados al grupo encabezado por Paolo Rocca, tras polémicas recientes relacionadas con contratos e importaciones para proyectos energéticos.

Por otra parte, la empresa Oilfield Production Services (OPS) fue seleccionada para desarrollar la planta compresora necesaria para el funcionamiento del sistema.

De esta manera, Techint quedó relegada en uno de los proyectos energéticos más importantes vinculados al futuro exportador de Vaca Muerta, en una obra considerada estratégica para ampliar la capacidad de transporte y comercialización de gas argentino hacia mercados internacionales.

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Argentina avanza con el plan de exportar gas a Brasil

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Argentina y Brasil dieron un paso en la consolidación de un mercado regional de gas al finalizar un informe técnico conjunto que traza una hoja de ruta para ampliar las exportaciones argentinas hacia el país vecino. El documento, elaborado en el marco del Grupo de Trabajo Bilateral, identifica alternativas de infraestructura y confirma que el país cuenta con recursos suficientes para sostener ventas externas de largo plazo.

El avance se inscribe en la estrategia del Gobierno nacional de posicionar al gas como eje de generación de divisas y atraer inversiones bajo un esquema basado en capital privado, previsibilidad regulatoria y menor participación estatal en el desarrollo de obras. En continuidad con todos los análisis anteriores, la provincia de Misiones sigue excluida de todo desarrollo de la red gasífera.

Un nuevo esquema energético: del Estado a la inversión privada

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación informa que concluyó el informe técnico elaborado en el marco del Grupo de Trabajo Bilateral (GTB) Argentina-Brasil, creado para evaluar alternativas de infraestructura, interconexión y exportación de gas natural argentino hacia el mercado brasileño.

El trabajo confirma el enorme potencial de la Argentina como proveedor regional de gas natural, a partir del desarrollo de Vaca Muerta y del crecimiento de la producción de la Cuenca Neuquina. Entre sus principales conclusiones, el informe destaca que el país cuenta con recursos suficientes para abastecer la demanda interna y sostener exportaciones de largo plazo, lo que abre una oportunidad concreta para profundizar la integración energética regional.

Vaca Muerta y Brasil: oferta y demanda en convergencia

El documento también identifica a Brasil como un mercado con fuerte potencial de expansión de la demanda, especialmente en el segmento industrial, y remarca que una mayor integración entre ambos países puede generar condiciones para ampliar el comercio regional de gas natural, fortalecer la seguridad de abastecimiento y promover nuevas inversiones en infraestructura.

El documento técnico destaca dos variables clave. Por un lado, el crecimiento de la producción en Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina, que posiciona a Argentina como potencial proveedor regional. Por otro, la expansión esperada de la demanda en Brasil, especialmente en el sector industrial.

Esa complementariedad abre una oportunidad para consolidar un flujo sostenido de exportaciones, con impacto en la balanza energética y en el ingreso de divisas.

Sin embargo, el informe también advierte que el principal cuello de botella es la infraestructura: para viabilizar exportaciones firmes será necesario ampliar la capacidad de transporte desde los centros de producción.

Las rutas del gas: opciones en análisis

El estudio evaluó distintas alternativas de interconexión para llevar gas argentino al mercado brasileño. Entre ellas, se analizaron rutas a través de Bolivia, Paraguay, Uruguay y una conexión directa entre ambos países.

Cada opción implica distintos niveles de inversión y coordinación regional, pero todas coinciden en un punto: la necesidad de nuevas obras en territorio argentino para evacuar mayores volúmenes desde Vaca Muerta.

En ese sentido, se mencionan antecedentes de interés privado, como proyectos para ampliar la capacidad del Gasoducto Perito Moreno, lo que refuerza la viabilidad del esquema propuesto.

El foco en la inversión privada

En ese camino, la Argentina avanzará bajo un esquema basado en inversión privada, previsibilidad regulatoria y libertad empresarial. El informe destaca que la Ley 27.742 incentiva la inversión privada en proyectos de hidrocarburos y habilita que cualquier interesado pueda obtener autorizaciones de transporte para construir y operar gasoductos y oleoductos. También remarca la figura de los “gasoductos dedicados” o “de acceso restringido”, pensados para promover mercados de exportación sin intervención estatal.

De este modo, el desarrollo de la infraestructura necesaria para ampliar las exportaciones de gas no se plantea desde un esquema de planificación centralizada del Estado empresario, sino desde reglas claras para que el sector privado invierta, compita y defina las alternativas más eficientes para llevar el gas argentino a nuevos mercados.

Asimismo, el informe señala antecedentes concretos en esa dirección, como la iniciativa privada para expandir la capacidad del Gasoducto Perito Moreno, lo que refuerza que existe interés del sector en acompañar este proceso de ampliación de infraestructura.

Implicancias para el NEA y Misiones

Aunque el informe no detalla impactos específicos para el NEA, la ampliación de la infraestructura gasífera y el desarrollo del mercado energético pueden tener efectos indirectos en la región. Sin embargo, Misiones sigue excluida de todas las opciones de paso, por lo que la tierra colorada aún verá de lejos el gasoducto.

Una mayor disponibilidad de gas y un sistema energético más integrado podrían influir en costos productivos y competitividad industrial. Sin embargo, estos efectos dependerán de cómo se distribuya la infraestructura y del acceso efectivo a esos recursos.

Inversiones y definiciones pendientes

La elaboración de este documento fue el resultado de un trabajo técnico conjunto desarrollado durante 2025, con reuniones periódicas entre autoridades y equipos especializados de Argentina y Brasil, además de consultas con representantes de otros países de la región y con productores, transportistas y comercializadores del sector gasífero.

Este avance consolida una agenda de integración energética regional basada en el aprovechamiento del potencial de Vaca Muerta, el desarrollo de infraestructura con participación privada y la construcción de un mercado más abierto, competitivo e integrado para el gas natural en Sudamérica.

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Chevron elogió a Milei y volvió a poner a Vaca Muerta en el centro de su mapa global

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En medio de la tensión global por la guerra en Medio Oriente y el impacto sobre los mercados energéticos, Chevron envió desde Houston una señal política que el Gobierno buscaba capitalizar: su CEO global, Mike Wirth, elogió las reformas de Javier Milei, destacó mejoras en las condiciones para invertir y colocó a Vaca Muerta entre los activos estratégicos de la compañía a futuro. La definición no es menor. Llega en el marco de CERAWeek by S&P Global, el principal foro del sector, y en un momento en que la administración libertaria intenta consolidar un relato de normalización económica capaz de atraer capital en áreas sensibles como energía, infraestructura y exportaciones. La incógnita es si ese respaldo empresario se traducirá en inversiones sostenidas o si, por ahora, funciona sobre todo como validación política internacional.

El elogio no fue a la geología, sino al cambio de reglas

Wirth no presentó a la Argentina como una novedad geológica. De hecho, dejó claro que el potencial de sus recursos nunca estuvo en discusión. “La geología es excelente”, dijo, y ubicó el problema histórico del país “arriba del suelo”: régimen impositivo, legislación laboral, restricciones a la importación de equipos y límites para exportar producción.

Ahí es donde el CEO de Chevron marcó el cambio. Según planteó, esas trabas empezaron a ser abordadas de manera sistemática, y por eso elogió al presidente Milei por “mejorar la capacidad de inversión” en el país. El mensaje tiene una lectura institucional precisa: el principal activo político que hoy ofrece el Gobierno al sector energético no es el subsuelo, sino la promesa de un entorno regulatorio más previsible.

En términos de poder, la intervención de Wirth refuerza uno de los ejes discursivos del oficialismo. Milei necesita mostrar que su programa de reformas no solo ordena variables macroeconómicas, sino que también modifica decisiones concretas de inversión en actores globales. Cuando una de las petroleras más grandes del mundo sugiere que Argentina mejoró su clima de negocios, el Gobierno gana una pieza de validación externa que vale más que una declaración de apoyo doméstica.

Vaca Muerta deja de ser un proyecto lateral y sube en la cartera global

La señal más relevante quizá no estuvo en el elogio político, sino en la forma en que Chevron reubicó a la Argentina dentro de su estructura operativa. Wirth mencionó al país junto a Bolivia, la cuenca Permian y Bakken como parte de una misma cartera de yacimientos no convencionales administrados bajo una estructura única. La lógica es clara: acelerar la circulación de tecnología, capital humano y mejores prácticas entre activos shale de distintos países.

Ese cambio de encuadre no es retórico. Si Vaca Muerta ingresa a esa arquitectura común, deja de ser observada como una apuesta marginal y empieza a ser gestionada como parte de un núcleo productivo donde Chevron espera mejorar productividad y costos. La propia empresa, según el texto base, prevé que Vaca Muerta desempeñe un papel más importante en su cartera de productos en los próximos años.

Para el Gobierno, esa definición funciona como un respaldo estratégico. En una economía que necesita dólares, exportaciones y señales de largo plazo, que una petrolera global asigne mayor centralidad a Vaca Muerta fortalece la narrativa oficial de que el sector energético puede convertirse en uno de los motores de la estabilización. También ordena expectativas dentro del propio mercado: si una firma de esa escala eleva el perfil de Argentina, otros jugadores miran con más atención.

El apoyo llega en un momento global inestable

El respaldo de Chevron no ocurrió en un vacío. CERAWeek estuvo atravesado por la crisis en Medio Oriente, el freno logístico en el Estrecho de Ormuz y el encarecimiento de combustibles y seguros en la cadena energética global. En ese contexto, el debate sobre inversión dejó de girar solo en torno al precio del crudo y pasó a concentrarse también en la seguridad de suministro.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, abrió el evento con una definición alineada con ese nuevo clima: “El mundo necesita masivamente más energía”. En su exposición, vinculó el conflicto con Irán a la estabilidad de los mercados y remarcó que los precios todavía no habían subido lo suficiente como para provocar una destrucción significativa de la demanda.

A su vez, el CEO de Total Energies, Patrick Pouyanné, cuantificó la magnitud del problema: entre 10 y 11 millones de barriles diarios de crudo varados fuera de circulación en Ormuz, equivalentes al 20% del abastecimiento global destinado normalmente a exportación. En refinados, la interrupción ronda entre 4 y 5 millones de barriles diarios, mientras que en gas natural licuado también quedó detenido otro 20% del mercado mundial por la paralización de flujos desde Catar.

Ese cuadro vuelve más valioso cualquier activo energético que ofrezca previsibilidad fuera de la zona de conflicto. Ahí Vaca Muerta gana relevancia relativa. No porque pueda reemplazar de inmediato esos volúmenes, sino porque aparece como parte de un portafolio global menos expuesto a un corredor geopolítico hoy bajo máxima tensión.

El mercado mira menos el barril y más el cuello de botella

La conferencia también dejó una señal importante para entender el nuevo tablero: el mayor impacto de la crisis no se agota en el petróleo, sino que se traslada a combustibles, logística y seguros. El texto base señala que el diésel cotiza a USD 160 por barril y el combustible para aviones a USD 200, por encima de las referencias del crudo. Además, las primas de riesgo de guerra para petroleros en la zona saltaron de 0,25% a 5%, lo que puede llevar el costo de seguro de un buque a USD 5 millones por trayecto.

En la práctica, eso modifica la ecuación de competitividad global. Ya no alcanza con producir; también importa desde dónde se produce, por qué rutas se exporta y qué costo financiero y logístico soporta cada operación. En ese escenario, Argentina mejora su atractivo relativo como proveedor futuro de energía, aunque todavía deba resolver sus propios problemas de infraestructura, costos y estabilidad normativa.

Una validación que fortalece al Gobierno, pero no cierra el proceso

El elogio de Chevron fortalece a Milei en un terreno donde el oficialismo necesita resultados visibles: la captación de inversión real. También robustece el lugar de Vaca Muerta como activo estratégico en la agenda económica nacional y le da densidad internacional a una política que el Gobierno presenta como apertura y desregulación.

Pero la señal empresaria, por sí sola, no clausura nada. Que un CEO global valore las reformas no equivale automáticamente a una expansión inmediata de desembolsos. Tampoco elimina los problemas que el propio Wirth señaló: impuestos, legislación laboral, trabas operativas y condiciones de exportación. Más bien confirma otra cosa: que el potencial argentino sigue atado tanto a la calidad del recurso como a la persistencia de las reglas.

En las próximas semanas habrá que observar si este respaldo se traduce en anuncios concretos, aceleración de proyectos o nuevas definiciones sobre infraestructura y comercio exterior. Porque en energía, como en política, las señales importan. Pero el poder real se mide cuando esas señales empiezan a modificar decisiones.

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Subsidios energéticos, quiénes podrán mantenerlos tras el nuevo régimen del Gobierno

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El Gobierno nacional avanzó en la redefinición del esquema de subsidios a la energía con la publicación de las condiciones formales para acceder y permanecer en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unifica la asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas en una única categoría de usuarios residenciales. La medida, formalizada mediante las Disposiciones 1/2026 y 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético del Ministerio de Economía, establece nuevos criterios de inclusión, exclusión y control patrimonial, con impacto directo sobre millones de hogares y sobre el esquema fiscal y tarifario.

Las normas fueron publicadas en el Boletín Oficial con fecha 20 de enero de 2026 y constituyen el marco operativo del régimen creado por el Decreto 943/2025, que dio por concluido el período de transición iniciado en 2024 y consolidó un modelo de subsidios focalizados, con fuerte énfasis en la capacidad de pago y la trazabilidad de la información.

Unificación del régimen y creación del ReSEF: cómo funcionará el nuevo sistema

El Decreto 943 del 31 de diciembre de 2025 creó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y unificó los subsidios de jurisdicción nacional aplicables a la energía eléctrica, gas natural, gas propano por redes y Gas Licuado de Petróleo (GLP) en garrafas de 10 kilos, bajo una sola categoría de usuarios residenciales.

En ese marco, se dispuso también la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al anterior Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y se conformará inicialmente con la información existente en dicho padrón.

La Disposición 1/2026 (DI-2026-1-APN-SSTYPE#MEC) aprobó formalmente el Formulario de Declaración Jurada para que los usuarios residenciales completen sus datos personales a fin de incorporarse o actualizar su situación en el ReSEF. El formulario podrá completarse a través del sitio web oficial argentina.gob.ar/subsidios o de manera presencial ante la ANSES para quienes no cuenten con acceso a herramientas digitales.

La normativa establece que los datos tendrán el tratamiento previsto en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, y que los interesados podrán consultar su situación ante el SEF mediante la plataforma Mi Argentina o solicitar revisión a través de Trámites a Distancia (TAD), conforme al procedimiento aprobado por la Resolución 218/2025 de la Secretaría de Energía.

Desde el punto de vista institucional, la Secretaría de Energía fue designada Autoridad de Aplicación del régimen, con facultades para dictar las normas necesarias para su implementación, mientras que la gestión operativa del ReSEF fue delegada a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético por Resolución 13/2026.

Quiénes pueden acceder: ingresos, condiciones sociales y criterios de inclusión

La Disposición 2/2026 (DI-2026-2-APN-SSTYPE#MEC) detalla los criterios concretos de elegibilidad al régimen SEF, retomando lo establecido en el Anexo I del Decreto 943/25.

En primer lugar, califican como beneficiarios los hogares inscriptos en el ReSEF cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a tres (3) Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar 2, según los valores publicados por el INDEC.

Adicionalmente, la normativa incorpora criterios de inclusión social automática, independientemente del nivel de ingresos monetarios:

  • Hogares con al menos un integrante con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP).
  • Hogares con un integrante titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
  • Hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sujeto a evaluación de necesidad económica por parte de la Secretaría de Energía.

Estos parámetros consolidan un esquema que busca articular la variable ingreso con condiciones estructurales de vulnerabilidad, orientando el subsidio hacia los hogares con mayor necesidad efectiva.

Exclusiones, control patrimonial y cruce de datos: el corazón del nuevo modelo

Más allá de los ingresos declarados, el nuevo régimen introduce un elemento central: la evaluación de la capacidad económica real mediante indicadores de exteriorización patrimonial.

La normativa faculta a la Autoridad de Aplicación a rechazar o excluir del beneficio a hogares que, aun cumpliendo el requisito de ingresos, presenten signos objetivos de capacidad de pago. En este sentido, se consideran motivos de exclusión:

  • Hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años, salvo que exista un integrante con CUD.
  • Hogares con tres o más inmuebles en conjunto.
  • Hogares con al menos un integrante propietario de una embarcación de lujo.
  • Hogares con al menos un integrante titular de una aeronave.
  • Hogares con integrantes que posean activos societarios.

El control de estas condiciones se realizará mediante cruces de información con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), ANSES, ARCA, ENARGAS, ENRE y otras bases oficiales, además de criterios de georreferenciación y verificación patrimonial.

La Disposición 2/2026 subraya que estos mecanismos buscan reducir errores de inclusión y garantizar una asignación más justa de los recursos públicos, preservando principios de razonabilidad, gradualidad y previsibilidad, en línea con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “CEPIS c/ Ministerio de Energía y Minería”.

Desde el punto de vista fiscal e institucional, este giro implica un endurecimiento del control sobre los subsidios, con potencial impacto sobre la cantidad de beneficiarios efectivos y sobre el gasto público en energía.

Sectores afectados y proyección

El nuevo esquema de subsidios focalizados tiene implicancias directas en varios planos:

  • Hogares: quienes no cumplan con los criterios patrimoniales o no actualicen su información podrían perder el beneficio, lo que impactará sobre sus facturas de electricidad, gas y garrafas.
  • Sector energético: una mayor focalización reduce distorsiones de precios relativos y contribuye a una señal tarifaria más alineada con costos reales.
  • Estado nacional: el rediseño apunta a mejorar la eficiencia del gasto público, reducir filtraciones y ordenar una de las partidas más sensibles del presupuesto.
  • Sistema tributario y de datos públicos: se profundiza la interoperabilidad entre organismos, consolidando un modelo de control cruzado y administración basada en información integrada.

En términos políticos e institucionales, la puesta en marcha del SEF marca el cierre definitivo del esquema transitorio de subsidios masivos y abre una etapa de administración más selectiva y tecnificada de la asistencia energética.

A futuro, el alcance real del impacto dependerá de la capacidad del Estado para sostener los controles, garantizar instancias de revisión y evitar errores de exclusión, especialmente en un contexto de heterogeneidad social y territorial.

Modelo de formulario:

FORMULARIO DE SOLICITUD ReSEF by CristianMilciades

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Arranca 2026 con subas de servicios públicos: aumentan electricidad, gas y agua en todo el país

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El inicio de 2026 llegará con nuevos aumentos en las tarifas de luz, gas, agua y cloacas en todo el país, tras una serie de resoluciones oficiales que establecen ajustes de entre 2,5% y 4% promedio para los usuarios residenciales. Las subas, que ya fueron formalizadas en el Boletín Oficial y por los entes reguladores, no incluyen aún la eliminación de subsidios energéticos anunciada por el Gobierno nacional, una decisión que podría llevar los incrementos a porcentajes de dos dígitos, especialmente en el gas natural.

La política tarifaria combina actualizaciones mensuales indexadas por inflación, cambios en la segmentación de usuarios, un nuevo esquema de subsidios focalizados y señales de fondo orientadas a reducir el déficit fiscal, garantizar la sustentabilidad económica de los servicios públicos y avanzar en la reorganización regulatoria y empresarial del sector.

Electricidad y gas: subas moderadas en enero, con riesgo de mayores ajustes

En el caso de la energía eléctrica, el Gobierno confirmó que desde enero regirán nuevos cuadros tarifarios con un aumento promedio del 2,5% en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, áreas bajo concesión de Edenor y Edesur. En términos precisos, el incremento será del 2,31% para Edenor y del 2,24% para Edesur, según lo establecido en las Resoluciones 841 y 842/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

Para el resto del país, la actualización del precio mayorista de la electricidad será del 3,2%, aunque el impacto final en las facturas dependerá de las decisiones que adopten provincias y municipios sobre el componente de distribución.

Las normativas explican que los ajustes surgen de la aplicación mensual de la fórmula prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE 304/2025, cuyo objetivo es garantizar que la remuneración de las distribuidoras conserve su valor real durante el período tarifario de cinco años. Para el cálculo se toman las variaciones del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que en noviembre fueron del 1,59% y 2,47%, respectivamente. La fórmula pondera un 67% el IPIM y un 33% el IPC, lo que arroja un aumento del 1,88% en el Costo Propio de Distribución (CPD) antes de su traslado completo a las tarifas finales.

En cuanto al gas natural por redes, el incremento anunciado para enero oscila entre 2% y 3%. Sin embargo, el principal foco de atención está puesto en la quita de subsidios, ya que la actualización llevará el precio mayorista del gas a 3,79 dólares por millón de BTU, frente a los 2,95 dólares que paga actualmente Metrogas. De concretarse plenamente este ajuste, algunas regiones y categorías de consumo podrían enfrentar subas superiores al 10%.

Nuevo esquema de subsidios y cambios regulatorios desde 2026

A partir del 2 de enero de 2026, el Gobierno reemplazará el esquema de segmentación tarifaria vigente hasta 2025 por una clasificación de solo dos categorías de usuarios residenciales. Además, los bloques de consumo subsidiado variarán según la estación del año, lo que podría modificar de manera significativa la composición de las facturas y el acceso a los beneficios estatales.

En paralelo, comenzará a implementarse el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que establece un tope de ingresos equivalente a tres canastas básicas totales. Los hogares cuyos ingresos totales superen ese umbral perderán el subsidio, en caso de que aún lo estuvieran recibiendo.

El Ejecutivo ratificó que la actualización tarifaria mensual indexada por inflación se mantendrá al menos hasta abril de 2030, con el argumento de preservar la capacidad de inversión de las empresas y evitar nuevos atrasos tarifarios. En ese marco, se prevé que durante el primer trimestre de 2026 se avance en la fusión de los entes reguladores del gas y la electricidad en un único organismo, con directorio y control parlamentario, para unificar la regulación y la supervisión del sector energético.

Agua y cloacas: AySA tendrá aumentos del 4% mensual hasta abril

El servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también registrará subas relevantes. La Resolución 53 del ERAS habilitó a AySA a aplicar aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril de 2026, en reemplazo del ajuste del 1% mensual que rigió durante 2025.

El cambio busca compensar un retraso tarifario acumulado del 21,05%, asociado a incrementos que no se aplicaron el año pasado, lo que derivó en una caída de ingresos estimada en 95.000 millones de pesos para la empresa. Ese desfasaje fue absorbido mediante la postergación de gastos e inversiones, en un contexto donde el Gobierno evalúa la privatización de la compañía.

Con la nueva escala, la factura promedio antes de impuestos se ubicará en 30.489 pesos para el valor zonal “alto”, 27.689 pesos para el “medio” y 22.248 pesos para el “bajo”. De mantenerse el ajuste del 4% mensual durante los primeros cuatro meses del año, el incremento acumulado alcanzará aproximadamente el 17%.

Pese a que se esperaba la realización de una audiencia pública en 2025 para definir un criterio uniforme de actualización tarifaria, el proceso no se concretó, dejando pendiente la discusión sobre el mecanismo definitivo que regirá los futuros aumentos.

Un inicio de año con mayor presión sobre los ingresos familiares

Las subas de luz, gas y agua que entran en vigencia desde enero se suman en un contexto de reordenamiento fiscal y reducción de subsidios, con un impacto directo sobre el presupuesto de los hogares y sobre la estructura de costos de comercios e industrias. Aunque los aumentos iniciales son moderados, el verdadero desafío estará en cómo evolucionen las tarifas una vez que se profundice la quita de subsidios y se consolide el nuevo esquema regulatorio.

El Gobierno sostiene que estas decisiones son necesarias para asegurar la sustentabilidad de los servicios públicos, reducir el déficit y avanzar con la desregulación de los mercados, pero el efecto social y político de los ajustes marcará buena parte de la agenda económica del primer tramo de 2026.

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