El pasado 24 de marzo, un jurado del estado de Georgia, Estados Unidos, dictó una sentencia histórica: condenó a la multinacional Bayer a pagar 2.100 millones de dólares a John Barnes, un usuario del herbicida Roundup, tras considerarlo responsable de provocarle un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer. El fallo fue contundente. Determinó que Bayer —heredera de Monsanto— actuó con malicia al ocultar durante años la peligrosidad del glifosato, uno de los agrotóxicos más utilizados en todo el mundo, incluido Argentina.

Este veredicto se suma a otros doce fallos adversos contra la compañía y a más de 54.000 demandas pendientes en tribunales de Estados Unidos. La sentencia a favor de Barnes es una de las más significativas, no solo por la suma sin precedentes, sino porque reafirma a nivel global las advertencias sobre los riesgos sanitarios del glifosato.

En medio de este escenario internacional, Misiones tomó la delantera y decidió encarar el problema de manera responsable. De la mano del ingeniero Carlos Eduardo Rovira, se presentó el proyecto de ley 59047/22, que propone establecer un marco regulatorio para la investigación, desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y utilización de productos biológicos naturales. El objetivo es claro: avanzar hacia una producción agroecológica, reducir progresivamente el uso del glifosato y otros agrotóxicos, y priorizar la salud de la población y la protección de la biodiversidad. Dos pilares centrales del modelo de desarrollo sostenible que Misiones viene sosteniendo.

La iniciativa recibió un firme respaldo desde la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, presidida por el legislador Martín Pereyra Pigerl, quien la consideró un paso clave para garantizar un futuro sano y sustentable para la provincia.

Sin embargo, no todos acompañaron. Algunos sectores políticos decidieron oponerse al proyecto, priorizando intereses partidarios por encima de una legislación de avanzada, que busca poner en el centro la salud pública y la preservación ambiental. Esta negativa no solo es incomprensible, sino que significa un retroceso frente a una realidad insoslayable.

Mientras el mundo avanza, Misiones no puede permitirse quedar atrás. La evidencia científica y los fallos judiciales son claros: el glifosato representa un riesgo grave para la vida humana y para los ecosistemas. No se trata de una discusión ideológica, sino de ciencia, justicia ambiental y salud colectiva.

Es momento de asumir responsabilidades. Defender la vida y cuidar la tierra no es una opción, es una obligación ética, institucional y humana. Misiones seguirá impulsando medidas concretas para consolidarse como una provincia pionera en políticas ambientales, fiel a su historia, a sus valores y a su compromiso con las generaciones futuras.