La privatización de la empresa estatal fue aprobada justo en el límite de tiempo; ya que un día más tarde, el 22 de junio, el texto hubiera perdido vigencia y no se hubiese podido relanzar antes de 2022, un año electoral.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este lunes el proyecto de privatización de Eletrobras, la mayor compañía eléctrica de Latinoamérica, impulsado por el Gobierno de Jair Bolsonaro, en un marco de tensión en el abastecimiento de electricidad debido a la sequía.

La medida, que prevé la privatización mediante una emisión de acciones, fue aprobada por 258 votos a favor, contra 136.

Los legisladores aún debían votar una serie de enmiendas, pero el texto principal mantiene la mayoría de los cambios realizados por el Senado, incluida la construcción de térmicas en baluartes electorales, según anticipó el medio OGlobo.

La medida ya había sido aprobada hace unas semanas por la Cámara, pero después fue modificada por el Senado por lo que tuvo que volver a ser refrendada por los diputados.

Al tratarse de una segunda votación de la Cámara, los diputados solo se encargaron de analizar los cambios realizados por los senadores, sin volver al proyecto original del gobierno.

Una vez concluida la votación de la Cámara, el documento se enviará a Bolsonaro para su promulgación.

Esta votación fue una victoria para la agenda del ministro de Economía, Paulo Guedes, que buscaba avanzar en su primera gran privatización.

El modelo de privatización propuesto para la empresa es la capitalización, que prevé la emisión de acciones de forma que se disminuya el peso del Estado en el control de la empresa.

Actualmente, el Estado tiene el 60% de las acciones de Eletrobras, empresa de capital abierto que cotiza en la Bolsa de Valores de San Pablo, pero con la capitalización su participación podría caer hasta el 45%, de forma que dejará de ser el socio mayoritario.

La participación de cada accionista o grupo de accionistas, en tanto, no podrá pasar el 10% y el Estado mantendrá la llamada “acción de oro”, usada para que el Gobierno pueda intervenir con su última palabra.

La previsión del Gobierno es privatizar Eletrobras antes de febrero del 2022, tras concluir los trámites necesarios, incluyendo estudios realizados por el Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social.

La expectativa es captar hasta 60.000 millones de reales (11.800 millones de dólares), 25.000 millones de los cuales irían a las arcas de la empresa, mientras que el resto se destinaría a programas públicos de reducción de tarifas y de desarrollo, según estimaciones de expertos.

Previamente, el grupo Eletrobras deberá desprenderse de la represa de Itaipú y de las plantas nucleares de Eletronuclear, que por determinación constitucional son de gestión estatal.

Las acciones ordinarias de Eletrobras en la Bolsa de Sao Paulo, que subieron más de 5% el viernes (tras la aprobación de la ordenanza en el Senado) ganaron este lunes un 2,21% adicional; desde inicios de año, con la consolidación de la perspectiva de privatización, se valorizaron más de 40%.

La privatización mantendrá los subsidios hasta 2035 para las termoeléctricas movidas a carbón que actúan sobre todo en tiempos de sequía, una iniciativa repudiada por entidades del sector por considerar que estimula la polución ambiental.

El Gobierno de Bolsonaro defiende la necesidad de privatizar la empresa para que recupere la capacidad de realizar inversiones y mejorar la infraestructura de la red eléctrica del país.

La contracara son las entidades de usuarios y de la industria, que advirtieron que la privatización provocará un aumento en la tarifa de energía eléctrica y que puede poner en riesgo la soberanía energética del país.

En concreto, Eletrobras responde por el 30% de la energía de Brasil y su gran potencial son las empresas subsidiarias regionales.

La aprobación se dio en un marco de tensión en el abastecimiento de electricidad debido a la sequía, en un país cuya matriz energética está constituida en un 85% por plantas hidroeléctricas y Eletrobras es poseedora de una cincuentena de ellas.

Para Adriano Pires, director del Centro Brasileño de Infraestructura (CBIE), la privatización permitirá a Eletrobras contar con recursos para “revitalizar las cuencas hidrográficas”, a fin de enfrentar el cambio climático.

“Cada vez está más claro que el agua será uno de los productos más caros del planeta Tierra”, alertó, citado por la agencia de noticias AFP.

El Gobierno de Bolsonaro realizó recientemente jugosas concesiones de una veintena de aeropuertos y puertos y de la compañía de tratamiento de aguas de Rio de Janeiro.

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