Contrabando de soja: Un negocio millonario, difícil de investigar y que cada vez crece más

El delito tuvo un crecimiento exponencial en 2021, según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Detalles de ardid y la complejidad de su investigación

Los camiones ingresan diariamente y de a decenas a la provincia. Encaran, mayormente por la ruta nacional 14 y la costera 2, hacia El Soberbio, hoy la meca de este negocio ilegal. La estructura allí es gigante y está más que aceitada. Los millones se reparten, no sólo a quienes hacen el cruce del río Uruguay, sino a muchos eslabones más, incluyendo a efectivos de las fuerzas de seguridad, como lo dejaron al descubierto diferentes operativos en Misiones y Salta.

A diario, jóvenes y no tanto, abandonan el casco urbano y se dirigen al río, donde hacen esta labor. Cobran por día y en efectivo, allí no hay crisis, sino abundancia. 5.000 razones para dejar el cuerpo en puertos improvisados, lidiando con la tierra roja que se hace barro con el trajín y las incomodidades del monte.

Quienes conocen del negocio señalan que generalmente la mercadería llega a granel y se guardan en depósitos donde son preparados con embolsadoras, máquinas de coser y tolvas, aunque a veces el producto ya viene envasado. Estos galpones están cerca del río y desde ahí el producto es trasladado a vehículos de menor porte, que son los encargados de llevarlos por caminos de tierra de difícil tránsito hasta la vera del Uruguay.

En el primer semestre del año se hicieron en Argentina 171 procedimientos de incautación de granos destinados al comercio ilegal, según los datos que el Ministerio de Seguridad de la Nación. La soja representa más de un 72%, por un total de casi cuatro millones de toneladas (3.966.418 kilogramos). Le sigue el maíz, con 1.072.312 kilogramos (19,66%).

El salto de los años anteriores, donde se hicieron 40 procedimientos en el mismo período, es gigantesco. De enero a junio del 2019 se secuestraron 1.072.312 kilos, mientras que en el primer semestre del año pasado -donde mayormente la cuarentena fue estricta- fueron secuestrados 317.329 kilogramos.

Y esto también se traduce en detenciones, según la información oficial. Fueron seis en 2019 y más de 200 en 2021. En la actualidad, hay cerca de medio centenar de causas que se instruyen en el Juzgado Federal de Oberá, con jurisdicción en El Soberbio, pero muchas veces quienes detienen a estos camiones es la Agencia Tributaria de Misiones (ATM).

Justamente, este es el principal beneficio de los sojeros, la evasión de impuestos. La exportación de la soja tiene retenciones de un 33% y se cobra a dólar oficial, mientras que la cotización que rige en la frontera es el blue. El valor de las cargas puestas en Brasil se multiplica. Incluso, pagando las multas de casi un millón de pesos que cobra Rentas Misiones cuando detecta irregularidades, la ganancia sigue siendo mucha.

La mercadería llega, en mayor o menor medida, desde Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Salta, Buenos Aires, Entre Ríos o Córdoba. En un equipo pueden llegar a cargarse 30.000 kilogramos, pero los dueños de la carga y los choferes llevan a los camiones al límite y ponen, “a upa”, como dicen, entre 10 y 20 toneladas más. Eso genera, no sólo un desgaste mucho mayor a la máquina, sino también una destrucción más acelerada de las rutas en Misiones.

Difícil de investigar

“Para la soja, la posibilidad de industrializarla o hacer una transformación es muy poca en Misiones y el ingreso es extremadamente elevado para esa capacidad. No hay justificación de la cantidad que ingresa para poder aplicarla al procesamiento y eso fue lo que llamó la atención desde hace dos años a esta parte. Y era vox populi que se estaba pasando al Brasil”, expresó el juez federal de Oberá, Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga.

El magistrado admitió que no es una maniobra fácil de investigar, debido a que en la mayoría del circuito es mercadería argentina en suelo argentino: “Es un delito complicado para la prueba porque se trata de una mercadería argentina, por lo tanto hasta que no haya una intención de exportarlo queda en una intención de actos preparatorios”.

Y amplió: “Tiene que darse, como todos estos delitos que son más complejos y que hay cierta organización atrás, una investigación previa. No puede ser in fraganti porque es muy difícil y además cuando una fuerza de seguridad se entera que están realizando un cruce antes de llegar ya tienen avisos de las famosas campanas, que alertan que vienen las fuerzas de seguridad. Entonces, las barcazas se van, las personas huyen y los camiones y mercaderías se ocultan”.

Estas campanas están por las diferentes rutas donde circulan los camiones mucho antes del río, incluso a unos 50 kilómetros.

Como en el narcotráfico, son claves las investigaciones complejas “con testigos encubiertos, arrepentidos, escuchas telefónicas, observaciones y demás, que van generando que se corroboren las participaciones y en un momento se hagan los allanamientos”, puntualizó Gallandat.  

“Lo que se intenta -desarrolló el magistrado- es tratar de generar el mayor daño económico posible para que sea menos rentable y abandonen. Ir subiendo la escala de responsabilidades de dos maneras: una, a través de las investigaciones complejas, y otro con los que serían los beneficios económicos. Atacar luego a delitos tributarios, evasiones y lavado de activos”.  

La intención es siempre llegar a los verdaderos ganadores de esta logística y no sólo quedarse en los elementos fungibles de una organización. Las penas a la infracción del código aduanero van de los 3 años y 6 meses, a los 9 años. El contrabando agravado, que es cuando participan más de tres personas, va de 4 a 12 años, por lo que en estos casos la prisión es efectiva.

Los investigadores también se valen del artículo 210 del Código Penal de la Nación, que prevé el delito de asociación ilícita, que eleva penas de 3 a 10 años de prisión  y allí es clave identificar a las personas de mayor jerarquía porque la mínima aumenta a 5 años de cárcel.

Al respecto, el magistrado considera que en el último tiempo han sido positivas las acciones que llevan adelante las agencias tributarias, como Rentas o Afip, con multas e incautaciones; las fuerzas federales con operativos y diferentes controles; y la Justicia con las investigaciones, causas y detenciones. Esto hace que estas organizaciones pierdan dinero, busquen alternativas que incrementen el costo de la logística y finalmente desistan de esta conducta. 

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