El proyecto de la represa de Corpus Christi vuelve a instalarse en la agenda energética y de infraestructura de Misiones. La cumbre por los 90 años de la Cámara Argentina de la Construcción sirvió como catalizador de un debate que se asoma tímido, pero necesario en la agenda pública.

Con una nueva localización en Pindoí, aguas arriba del antiguo emplazamiento de Itacuá, la iniciativa busca reducir el impacto ambiental, mejorar su viabilidad técnica y abrir la puerta a financiamiento privado internacional.

Así lo explicó José Antonio López, delegado argentino en la Comisión Mixta sobre el Río Paraná, quien sostuvo que la obra se encuentra en una etapa de “prefactibilidad avanzada”, con estudios de impacto ambiental ya realizados y actualizados, aunque su futuro depende de una definición política clave: un nuevo plebiscito en Misiones que revierta el rechazo expresado en 1996.

“Si la provincia decide que sí quiere a Corpus, podremos avanzar en los estudios definitivos y en un plan de gestión ambiental que contemple todos los intereses de Misiones”, señaló.

En diálogo con Economis, López remarcó que el proyecto actual tomó como base el histórico esquema de Itacuá, pero debió ser reformulado justamente por el rechazo social expresado en aquel plebiscito. La legislación misionera exige que cualquier avance de esta magnitud cuente con un plebiscito obligatorio y excluyente, por lo que no alcanza con la viabilidad técnica: la legitimidad política y social es una condición indispensable.

“El proyecto en general está definido en términos de prefactibilidad. En Pindoí tenemos lo que llamamos una prefactibilidad avanzada. Hay muchos más estudios que los necesarios para esa etapa”, explicó.

La nueva versión contempla una presa con tres kilómetros de cierre, vertedero y esclusas de navegación con 12 pies de calado, además de entre 20 y 22 turbinas de generación. Cada una tendría una potencia cercana a los 144 megavatios, en una escala similar a las unidades de Yacyretá.

En términos de generación, Corpus podría aportar cerca del 10 por ciento de la energía que consume actualmente la Argentina, con una producción estimada de 20 mil gigavatios hora anuales. Esa capacidad representa alrededor de mil millones de dólares por año en valor energético, lo que le daría al proyecto una recuperación de la inversión en siete u ocho años.

La inversión total estimada ronda los cinco mil millones de dólares y el esquema pensado es una concesión privada a 30 años, con fuerte participación de capitales internacionales.

“El proyecto tiene rentabilidad suficiente para convocar interés privado”, afirmó López.

La propuesta consiste en preparar la obra para ser entregada en concesión a un consorcio inversor con capacidad para afrontar una obra de esa magnitud.

“Estamos hablando de inversiones multimillonarias en dólares. Por eso necesariamente se trata de inversores internacionales”, explicó.

Además, uno de los puntos estratégicos es que Corpus podría aprovechar gran parte de la infraestructura de transmisión existente de Yacyretá. El sistema permitiría conexiones hacia el sur mediante Rincón Santa María y hacia el norte con Itaipú, consolidando un verdadero anillo energético de alta tensión en la región.

Ese diseño técnico no solo mejora la competitividad del proyecto, sino que fortalece la integración energética regional y la seguridad del sistema eléctrico argentino.

En un contexto donde la matriz energética nacional perdió participación hidroeléctrica y ganó dependencia de generación térmica —más costosa y más contaminante—, Corpus aparece también como una apuesta ambiental.

La represa permitiría desplazar generación térmica equivalente a ocho millones de toneladas de dióxido de carbono por año, además de abrir posibilidades para el desarrollo de hidrógeno verde a partir de energía limpia y abundante.

“Creo que las condiciones generales que rodearon el plebiscito del 96 han cambiado totalmente”, afirmó López.

En ese sentido, mencionó la experiencia de la represa de Yacyretá como un ejemplo de aprendizaje institucional y territorial.

“Yacyretá tardó mucho, tardó 30 años en mostrar plenamente sus beneficios para la provincia, pero hoy esos beneficios son innegables. Ahora lo que queda es diseñar un camino que permita que esos beneficios lleguen de manera mucho más rápida”, sostuvo.

Para Misiones, además, la discusión tiene una dimensión económica directa. La provincia reclama el cumplimiento de su ley energética, que establece el derecho a acceder al 30 por ciento de la energía generada, además de regalías equivalentes al 12 por ciento.

A eso se suman unas cuatro mil fuentes de empleo directas durante la construcción, además de obras complementarias y compensaciones territoriales que podrían dinamizar gran parte de la economía regional.

Uno de los principales argumentos técnicos del nuevo proyecto es también la significativa reducción del área de inundación respecto del diseño original.

“El hecho de haber trasladado el emplazamiento hacia aguas arriba nos permitió reducir la inundación a la mitad”, explicó López.

Actualmente, el esquema previsto en Pindoí contempla la inundación de 14 mil hectáreas en total, de las cuales 7 mil corresponden a territorio argentino.

“De esas 7 mil hectáreas, básicamente son las laderas del cañón del río. A partir de la desembocadura del Yabebirí, el río se encajona muy fuerte, tiene barrancas muy altas y eso evita que la inundación ingrese de manera significativa en el territorio”, detalló.

La apuesta, según explicó, es convocar nuevamente a la ciudadanía con mejor información técnica, ambiental y económica.

“Estamos realmente convencidos de que si se convoca al pueblo informándolo adecuadamente, la decisión será positiva”, remarcó.

La reactivación de Corpus Christi vuelve así a poner sobre la mesa una discusión histórica para Misiones: cómo ampliar su matriz energética, reducir costos estructurales y acompañar el crecimiento productivo con infraestructura de largo plazo.

Mientras sectores empresarios y técnicos insisten en la necesidad de avanzar, la última palabra sigue estando en la sociedad misionera.

El proyecto está listo para una nueva etapa, pero depende de una decisión política que reabra el debate público y habilite una nueva consulta popular.

Para López, esa instancia no solo es posible, sino necesaria: “Si Misiones decide avanzar, el proyecto está preparado para dar ese paso”.