NEA Hoy. Corrientes atraviesa una crisis financiera y administrativa de magnitud estructural que ya no puede ser disimulada por discursos de equilibrio fiscal ni por la aprobación exprés de presupuestos inflados. Lo que ocurre hoy en los 74 municipios de la provincia funciona como un espejo brutal del deterioro provincial: cajas vacías, deudas impagas, balances alterados y una seguidilla de denuncias judiciales contra gestiones salientes, muchas de ellas pertenecientes al propio oficialismo.

Este “efecto dominó” municipal desmiente de manera contundente el relato de superávit y prolijidad administrativa que durante años sostuvo el gobierno de Gustavo Valdés y que ahora intenta heredar su hermano y sucesor, Juan Pablo Valdés. Lejos de tratarse de episodios aislados, el colapso financiero se repite con patrones casi idénticos en distintos puntos del mapa provincial, revelando una matriz de desorden estructural tolerada —cuando no directamente promovida— desde el poder central.

Las declaraciones de emergencia económica, financiera y administrativa se multiplican y exhiben una radiografía inquietante. En Paso de la Patria, la nueva gestión declaró la emergencia hasta diciembre de 2026 luego de encontrar la caja en cero, presuntas irregularidades graves y una transición definida como “irregular, anormal y contraria a toda lógica administrativa”.

En Gobernador Virasoro se suspendieron pagos acumulados desde 2017 hasta 2025 y, ante la falta de recursos genuinos, el municipio decidió compactar y vender como chatarra motocicletas secuestradas para intentar obtener ingresos mínimos.

En Mburucuyá, el Banco de Corrientes confirmó la desaparición de unas cuarenta chequeras que habrían quedado en manos de exfuncionarios, mientras el intendente Edgard Galarza Florentín denunció caja vacía, deudas ocultas y documentación clave no entregada, preparando un informe para avanzar judicialmente contra la gestión saliente de Kelo Guastavino, alineada con el oficialismo provincial.

En Mercedes se presentó una denuncia penal contra la administración anterior y se anunciaron recortes forzados para poder sostener el funcionamiento básico del municipio, mientras que en Santa Rosa la pérdida de talonarios de cheques y transferencias electrónicas realizadas hasta el último minuto antes del cambio de mando derivaron también en la declaración de emergencia económica.

A estos casos se suman la Municipalidad de Corrientes, Goya, Curuzú Cuatiá e Ituzaingó, donde las transiciones políticas, aun dentro del mismo signo partidario, esconden cesaciones de pagos, balances “dibujados” y compromisos financieros que nadie quiere asumir públicamente.

El contraste con el discurso oficial es cada vez más evidente. Mientras los intendentes exhiben arqueos de caja en cero y dificultades para pagar sueldos, la Legislatura provincial aprobó sin debate un Presupuesto 2026 de 3,5 billones de pesos, bajo el argumento de garantizar un supuesto “federalismo provincial”, e incluso autorizó al Ejecutivo a endeudarse por hasta 200.000 millones de pesos. El poder político es el mismo, pero el colapso se extiende incluso a los municipios gobernados por el propio oficialismo, lo que deja al descubierto una contradicción insalvable entre el relato y la realidad.

La fragilidad no se limita al plano local. Juan Pablo Valdés asumió la gobernación con una herencia fiscal crítica producto de la gestión de su hermano: el gasto provincial creció un 39 por ciento por encima de los ingresos, el déficit supera los 160.000 millones de pesos y la deuda proyectada para 2025 ronda los 184.905 millones, ubicando a Corrientes entre las provincias más comprometidas del país.

La crisis quedó al desnudo con el manejo del bono navideño para los estatales: la demora en el anuncio y la posterior confirmación de un pago de 500.000 pesos en tres cuotas expusieron la falta de liquidez de la provincia. Lejos de ser una decisión administrativa, el desdoblamiento funcionó como el síntoma más visible de una caja exhausta, incapaz de afrontar una erogación extraordinaria de una sola vez.

A este cuadro se suma el impacto del ajuste fiscal y la recesión impulsados por el gobierno de Javier Milei, que golpean de lleno a las provincias y municipios a través de la caída de la coparticipación y la falta de previsibilidad financiera. La situación llegó al punto de obligar, por ejemplo, a la intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, a suspender la Fiesta Nacional de la Naranja para priorizar el pago de servicios esenciales.

En este clima de “tierra arrasada”, numerosos municipios ya anticipan que deberán recurrir al auxilio del gobierno provincial para poder pagar sueldos y aguinaldos, una dependencia que contradice cualquier discurso de autonomía y orden fiscal. Si no hay cambios estructurales profundos, el 2026 se perfila como un año de ajuste permanente, conflicto social y parálisis institucional en una provincia que ya no puede ocultar el colapso de su modelo de gestión.