La segunda jornada de la Primera Cumbre de Magistrados sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana que se desarrolló en el hotel O2 de Iguazú fue el cierre de una cumbre que, según manifestaron los propios juristas, planteó un cambio de paradigmas en su rol dentro de la Justicia. Con paneles que abordaron temáticas que fueron desde el rol del Estado y el Mercado, trata de personas, género, hasta emergencia habitacional, cada expositor planteó diversas problemáticas que increparon y aportaron a cada uno de los participantes y a ellos mismos.

“Un evento muy productivo, donde cada uno vuelve muy diferente a cómo llegó”, explicó al culminar Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueves por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. “Fue todo muy dinámico, muchos vinieron con una idea y replantearon sus exposiciones luego de escuchar a sus colegas, también se dio un intercambio muy enriquecedor fuera de las ponencias, algo positivo para todos”, celebró.

En tanto el Coordinador del Capítulo Argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, Carlos F. Balbín remarcó que “Construir respuestas justas, ese el compromiso que deja el evento”. Además llamo a superar la grieta en a Argentina que calificó de funcional con dos aspectos negativos importantes, El primero es que no permite construir juntos y el segundo es que deriva que los extremos de la grieta puedan acordar.

Conceptos fundamentales en la segunda jornada de la Primera Cumbre de Magistrados sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana

TERCER PANEL: ESTADO Y MERCADO, GESTIÓN PÚBLICA Y ECONOMÍA POPULAR

1° Ponencia: Dr. Juan Grabois

Fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular

Inició su alocución exhortando a todos los poderes del Estado a salirse del nominalismo. Para ello realizó un breve recorrido por las leyes sociales vigentes que surgieron de los movimientos populares para luego plantear su incumplimiento. Entendiendo que el Estado no solo no resuelve el problema, sino que en ciertos casos hostiga o invisibiliza los problemas de los trabajadores en favor de las corporaciones.  

Plantea además que esa no resolución de los problemas sociales deviene en injusticia naturalizada que termina en una degradación paulatina. Para revertir esa situación de incumplimiento de las leyes interpela al Poder Judicial a actuar de oficio, a involucrarse activamente para que esos derechos plasmados en las leyes sociales se cumplan. 

Ante estas situaciones de injusticias o incumplimientos del Estado se necesitan alternativas humanas. El sujeto es el portador de la transición democrática y son los excluidos los sujetos protagonistas del cambio. Fiel a su estilo crítico explicó que el rol del militante social es justamente reclamar eso que no se cumple. 

2° Ponencia: Pbro. Carlos Accaputo, 

Sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires

Se refirió a la relación del Estado y el Mercado. El Estado es árbitro del negocio y no está velando por el bien común del país. Para ello marca la diferencia entre lo universal y lo global, una diferencia que es fundamental para entender la doctrina franciscana como transversal a todos los temas. Y en ese marco la política debe dejar de trabajar para las hegemonías y se tiene que poner a trabajar por el bien común. 

Poder pensar la realidad por fuera del pensamiento único, la democracia debe responder a las necesidades de los pueblos en el marco de la distribución universal de los bienes. Este concepto parte del principio de que la tierra fue otorgada a la humanidad, y el hombre en su uso para desarrollarse la degrado, mal usó eso que es de todos en desmedros de los otros dueños de la casa común y ahí los derechos sociales y ambientales deben revertir esa asimetría. 

El sistema necesita consumidores, no trabajadores, entonces se produce una economía de descarte. Para lo cual toma el concepto del Papa Francisco de la fraternidad, como un concepto de la doctrina que marca el camino para el cambio.

CUARTO PANEL: PUEBLOS INDÍGENAS 

1° Ponencia: Dr. Arístides Norberto Fernández Bedoya

Secretario de la Fiscalía Federal N°1 de Formosa 

En su ponencia pone foco en los pueblos indígenas masacrados, en particular aquellos pertenecientes a la comunidad pilagá en la Masacre de Rincón Bomba, ocurrida en 1947, donde un grupo de trabajadores fue asesinado en represalia por haber protestado luego de haber sido engañados a realizar trabajo esclavo en un campo perteneciente a un hacendado formoseño. 

Aunque las tres masacres a las que hizo referencia, ocurrieron en diferentes provincias, épocas de la historia argentina y tipos de gobierno, hubo similitudes en el manejo de la situación por parte de los poderes. Hubo muertes y persecución a los supervivientes. Ocultamiento de pruebas y ausencia de ayuda. 

Al día de hoy solo en uno de los casos, el de Napalpí en Chaco, hubo un pedido de perdón hacia la comunidad indígena por los crímenes de lesa humanidad imprescriptibles cometidos por parte del Estado. 

2° Ponencia: Dr. Daniel Urrutia Laubreaux

Juez de Garantía de Santiago de Chile, Chile 

En su exposición, habló de las diferencias entre los sistemas jurídicos que imperan en Latinoamérica y todos los principios jurídicos de los pueblos indígenas. Soluciones distintas a las mismas problemáticas, por ello aboga por el pluralismo jurídico y el diálogo plurinacional, un desafío que implica enfrentar las injusticias estructurales que sobre las que alerta el Papa Francisco. 

Que el Estado reconozca a los indígenas como sujetos de derecho, así como a sus sistemas jurídicos en el plano de igualdad, no imponiendo soluciones, semejando más bien un diálogo entre las partes. De lo contrario, aseguró, se reproduce el colonialismo y se perpetúa la discriminación.

Además, reflexionó sobre el sistema jurídico centro europeo que rige sobre nuestra población latinoamericana, reproduciendo en estas latitudes principios jurídicos que no se adaptan a todos los ciudadanos. 

Aspirar al buen vivir de las personas que pertenece a un conjunto de otras personas y lugares, es una idea que se refleja en la tradición mapuche. Esta puede ser parte del diálogo entre naciones, finalizó.

QUINTO PANEL: TRATA DE PERSONAS, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y GÉNERO

1° Ponencia: Dr. Elbio Raúl Ramos 

Juez de Garantías del Joven del Departamento Judicial de Quilmes.

Abordó el tema del Femicidio en particular, una plaga que afecta al continente americano.
La Argentina asumió la cuestión de género como política de Estado. Durante 30 años incorporó a su derecho interno una potente legislación que incluye convenio, pactos y leyes. Todo establece una política para la erradicación para la eliminación de la violencia de género, no sólo punitiva, sino a partir de un cambio de conciencia. Ley 26.485, abarcativa de género. Ley 26743, Ley de Identidad de Género, toda norma legal que hable de mujer va a aludir al concepto género. 

Se refirió a la Ley Micaela, que puso en tela de juicio la función judicial pero sobre todo puso en tela de juicio la visión de la perspectiva de género y trata de reparar la laguna conceptual a través de generar una política según la cual los funcionarios deben realizar cursos y actualizaciones en la materia. 

A continuación, trazó un mapa del Femicidio en la Argentina, lo define y lo cuantifica con las estadísticas disponibles. La media del último quinquenio está en 290 casos registrados por año, y se constata que va en aumento, este año podría superar los 300.

Hizo referencia a la ineficacia de las medidas restrictivas al agresor, que no las respeta. No existe un sistema que permita ejercer un contralor sobre el victimario. Hizo referencia a la existencia de una disuasión institucional que se llama violencia institucional.

En sus conclusiones deja claro que: resultan insuficientes los mecanismos y recursos para la protección de las víctimas, el Derecho Penal por sí solo no resolverá la endemia, y sugiere procesos penales céleres. Además, suele desplazarse a la víctima de su lugar cuando en realidad debería ser a la inversa. Si bien el Estado es el principal garante de la seguridad de las víctimas, se debe sumar a la Sociedad Civil

2° Ponencia: Dra. Tamila lpema

Jueza en la Corte Penal de San Diego, California, Estados Unidos.

Expuso y explicó cómo funciona un tribunal especializado creado para abocarse a menores que son víctimas del tráfico con fines sexuales, menores condenados por delitos y están en Provetion o menores que sospechamos están en alto riesgo de convertirse en víctimas de tráfico humano. Se denomina Tribunal R.I.S.E (resiliencia, fuerza y empoderamiento) donde se trata y capacita a los menores en lugar de punirlos. Es un modelo de tribunal colaborativo que involucra a varios miembros de un equipo judicial que trabaja con los jueces y los menores. El menor, firma un contrato para participar voluntariamente en este tribunal. Durante el programa será empoderado y acompañado hasta su recuperación que involucra también a familiares y tutores. 

3° Ponencia: Dr. Gustavo Daniel Moreno.

Asesor Tutelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires.

Abordó la temática de trata de niñas y niños de corta edad, un tema que no se toca ni en los capítulos destinados a la trata. 

Trajo a colación el caso Fornerón y la falta del tipo penal que no aparece y recién desde el año pasado comenzó a moverse el tema. Hay algún proyecto en marcha y aún resta tiempo. 

Se pregunta qué nos garantizará tener el tipo penal, a lo que responde “nada”, y dice que es el nominalismo del que habla el Papa Francisco, 

Si no tenemos claro que somos actores del Derecho y que a la letra de la Ley hay que actuarla, no vamos a transformar la vida de la gente. 

Hay que generar el estándar de vida que evite que la mujer excluida, pobre, llegue a esta instancia, hay que desterrar la frase “pero va a estar mejor con esta familia, hagamos la vista al costado. Es una indígena, es pobre, no puede”. 

Debemos empezar a trabajar los derechos económicos y sociales, el parto respetado. 

4° Ponencia: Dra. Marisa Graham

Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación.

Comenzó recordando que el 2 de enero de 2022 se cometió el primer femicidio en Argentina: el de una niña wichi de 12 años. 

Introdujo el tema de niños y adolescentes no punibles, que se encuentran privados de su libertad o bajo libertad restringida. Habló del Habeas Corpus interpuesto por la defensoría que preside y que interpusieron en todas las provincias argentinas, que seguro vamos a perder. El objetivo es ponernos a pensar qué vamos a hacer.

Habló y enumeró todas las normas que se transgreden cada vez que un juez decide poner en prisión a un menor de 16 años en la Argentina. 

Hablo de las sugerencias para no bajar la edad de punibilidad o responsabilidad juvenil y que se promuevan medidas alternativas no judiciales. 

Tenemos un estándar normativo de DH, en algunos casos tan importante como la Unión Europea, pero ¿qué pasa en la vida real con todas estas normas?
Los niños y niñas y adolescentes no necesitan más. 

En la Argentina hoy hay niños de 12, 13, 14 y muchos de 15 años presos, violando todas esas normas que garantizan el respeto a los Derechos Humanos de esos pibes. 

También hay penas altísimas para los chicos y las chicas y además tenemos 2 perpetuas. Aún hoy existen cárceles de niñas, niños y adolescentes con nombres de fantasía, pero que son cárceles en realidad. Allí son sometidos a torturas y trato cruel sistemático, salvo algunas excepciones. 

El impacto del Derecho Penal es altamente selectivo entre niños y niñas. No hay un solo niño de capas medias o alta de la sociedad en estos lugares, esos están escondidos entre las prepagas caras y el sistema no los toma. ¿Alguien los mirará?

Los niños que por debajo de los 16 años cometen, supuestamente, algún delito, creemos que no tienen que tener ningún contacto con el sistema penal. 

SEXTO PANEL: EMERGENCIA HABITACIONAL Y DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

1° Ponencia: Dra. Fabiana Schafrik

Jueza de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires

Inició su panel describiendo como la pandemia atravesó el derecho de la vivienda. Explicó que sin una vivienda digna no se puede gozar de otros derechos si no se tiene donde habitar, donde puede preparar alimento, donde puede descansar, tampoco puedo ejercer bien el derecho de la educación por no tener un ámbito apto. No se puede aspirar a tener una salud integral adecuada. 

Continuó hablando sobre el contexto de pandemia y el “quédate en casa” como un lugar seguro. Resaltó que la falta de higiene, el hacinamiento, nunca se vio tan claro la interdependencia del derecho en un contexto de pandemia, nunca se vio tan claro quienes podemos acceder al goce de derechos y quienes no lo alcanzan. 

Asimismo, indicó que la República Argentina ya afrontaba una crisis social que se profundizó con la pandemia. Explicó que en la ASPO en la primera fase, se establecieron prohibiciones de realizar actividades afuera del domicilio donde perjudicó a quienes hacían actividades económicas informales, esta mayor vulnerabilidad no se disipó hasta la DISPO que bajó el nivel de restricciones, entonces la merma del ingreso a los hogares más desventajados puso en jaque la disponibilidad de los grupos más vulnerables para afrontar los costos de los derechos y también el derecho a la vivienda.

Nombró el informe del Observatorio de la Deuda Social que destacó que sin la prestación económica que dio el gobierno nacional en la parte más dura de la pandemia a los sectores más pobres de la sociedad, el nivel de pobreza y de indigencia sería mucho más duro del que estamos viendo hoy.

Además, resaltó las medidas del Gobierno Nacional en cuanto a la protección de la vivienda durante la pandemia, con la prohibición del desalojo por falta de pago, la prohibición de corte de servicio por falta de pago y la prórroga automática de los contratos de locación. Si bien esa batería de soluciones generó un alivio inmediato, pero a medida que nos alejamos de la formalidad el impacto fue mucho menos. Se judicializaron conflictos para el pago de una habitación cuyos locadores aumentaban los costos de los alquileres con amenaza de desalojo. Mucha de estas medidas transitorias ya no rige, ahora los inquilinos ya conviven con el riesgo de ser desalojados. Es decir, el problema de la emergencia habitación vuelve a tener plena actualidad. 

Explicó que durante la pandemia quedaron sendas vulneraciones a los derechos. Se pregunta si como funcionarios del Estado han estado a la altura de lo que la pandemia requirió, si hicimos nuestros mayores esfuerzos para garantizar el acceso igualitario a los derechos de todas y todos en la pandemia.

2° Ponencia: Dr. Alberto Lugones

Juez de la Cámara Federal de San Martín y Vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación

Comenzó el panel definiendo el tema y explicando que hay mucha gente no tiene vivienda, ni siquiera se puede hablar de vivienda digna, desde ahí está la discusión no se puede hablar de vivienda digna cuando hay muchos ciudadanos sin hogar, hay muchos derechos vulnerados. También remarcó que lo que se busca siempre es que los niños fundamentalmente tengan un lugar para quedarse mientras sean menores.

Hizó una reflexión de todas las normas que tenemos, el artículo 14 bis, la declaración universal de los derechos humanos Artículo 25, el pacto de los derechos económicos, sociales y cultural artículo 11, el pacto internacional de los derechos civiles y políticos artículos 17, la convención sobre los derechos del niño articulo 16.1 y 27, la convención acerca de las personas con discapacidad art. 9 y 28. A todo eso estamos adheridos como país a lo cual debemos cumplir.

Se preguntó que ¿Qué pasa? En el sentido de que tenemos una inflación de normas de los derechos humanos en el país, pero que no se aplican. 

Explicó que en la justicia buscan la manera de dar respuesta. Y reflexionó acerca de lo dicho por el Papa Francisco cuando habla de injusticialidad, y afirma que es cierto lo que está diciendo. Es cierto que la forma ha tapado la sustancia. Insta a cambiar eso y a no dejarse llevar por la trascendencia de los medios y la manera en la que tienen de operar. 

Explicó que “si los jueces no tenemos el compromiso de dar respuesta a la sociedad a todo esto para qué estamos en el consejo de la magistratura, porque nadie nos obliga a estar”. En ese sentido dijo que desde el Consejo de la Magistratura la manera de aportar es elegir bien a los jueces.

Confirmó que va aprobar todas las ternas presentadas en el consejo de la magistratura. “Lo van a aprobar siempre dentro del reglamento y dentro de la ley. Y así le vamos a dar al poder ejecutivo la posibilidad de designar más de 50 jueces y si el poder ejecutivo no los designa también hay que reclamarle”, previno. 

Del mismo modo nombró la firma del convenio para la finalización de la sede del Centro Judicial de Posadas. Y explicó que eso también es garantizar el derecho de que la gente de Posadas tenga un lugar potable para acercarse a la justicia. 

Y en la sección de preguntas, el dirigente Juan Grabois propuso que el Capítulo Argentino haga un curso sobre esas nuevas leyes (Ley Yolanda, Ley Micaela, Ley de barrios populares, la Ley de agricultura familiar, la Ley de Pueblos Originarios, la Ley de Economía Popular) porque son de aplicación directa en todos los casos que presentaron, para dejar la propuesta asentada. 

CLAUSURA

1º Orador; Dr. Carlos F. Balbín

Coordinador del Capítulo Argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana

En el cierre del evento, el doctor agradeció la asistencia y destacó todos los temas desarrollaos a lo largo de la cumbre. Así, llamo a superar la grieta en a Argentina que calificó de funcional con dos aspectos negativos importantes, El primero es que no permite construir juntos y el segundo es que deriva que los extremos de la grieta puedan acordar. “El derecho es solo derecho si es capaz de cuestionar al poder”, reivindicó aludiendo si no lo hace la disciplina en sí solo es una fantasía.

Finalmente, resaltó la figura del Papa Francisco en el inicio de la cumbre que invitaba a un compromiso de todos. En ello, articuló que no es suficiente enumerar números leyes, ya que hay que construir respuestas en justicia. “Construir respuestas justas, ese el compromiso que deja el evento”, puntualizó

2º Orador: Dr. Roberto Andrés Gallardo

Presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana

El juez inició su alocución precisando que fue un evento con un esfuerzo que valió la pena. Expresó la satisfacción del comité y la felicidad por la realización del evento que inicio con una sugerencia del Papa Francisco hace unos años. “Hemos discutido con pasión y nos quedan muchas cosas por discutir. Esa parte de felicidad que hemos dado vida a una organización que va a transformar cosas”, comentó.

De la misma manera, retomó las palabras del Sumo Pontífice, en la apertura de la cumbre, de que “la existencia en la gran oportunidad para la transformación”. En ese aspecto, reflexionó que hay una finalidad esencial en nuestra existencia que nos justifica nos da proyección. Algo que es una interpelación a que dejemos de mirar al costado. “Nos marca la forma de cómo actuar como organización”, precisó aludiendo el actual contexto de crisis y que los años venideros van a necesitar de la disposición de los miembros del comité. Por último, convocó a “transformar para el bien”.

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