Un grupo de productores acompañado por la diputada nacional Cristina Britez, hizo una denuncia penal contra el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate por incumplimiento del acuerdo que se alcanzó para ponerle fin a la protesta iniciada en marzo. Los productores advierten que el organismo no avanzó en ninguna de las medidas acordadas, como la cupificación y la suspensión de cosecha y que todo ha quedado en un sinfín de “buenas intenciones”.

En paralelo, denuncian que la Nación no entregó los recursos prometidos para financiar la cosecha al precio oficial.

Pero lo que más enfureció a los productores fue que el director el INYM, Alberto Re, se negara a recibirlos después de haberlos convocado a una reunión el último jueves. El delegado del Gobierno nacional sostuvo que la reunión coincidía con una del directorio previamente pactada y que por eso no los atendió, pese a que él mismo envió la convocatoria.

La denuncia de los productores podría alcanzar también a funcionarios nacionales del ministerio de Agricultura, según dejaron trascender legisladores nacionales que acompañan la demanda.

El presidente de la Asociación de Productores Yerbateros del Norte, Julio Peterson, cargó contra el presidente del INYM, Alberto Re por no haberlos recibido ayer en la reunión prevista para abordar las denuncias por incumplimiento de precios y la demora de la puesta en marcha de la cupificación y del mercado consignatario.

Peterson explicó que estaba prevista una reunión donde iban a presentar las denuncias por incumplimiento de precios de parte de los molinos a los secaderos. La reunión iba a ser ayer por la mañana, pero Re no los recibió.

“Esperamos desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, pero Re no bajó a atendernos”, dijo en diálogo con Economis.

Lamentó que el presidente del INYM tome esta postura ante los reclamos de los productores.

“Hay un verdadero festival de precios, en la zona norte a los productores les están pagado entre 3,50 a 5 pesos. En la zona sur sí sabemos que se cumplen los precios”, indicó.

Graficó que para los secaderos la situación es la misma, ya que los “molineros les están pagando a 16 y les hacen firmar por un pago de 22 pesos”.

Explicó que esta modalidad afecta gravemente a los pequeños empresarios, porque los papeles son elevados como declaraciones juradas y luego la AFIP controla a los secaderos y productores, llegando a multarlos por las diferencias que encuentra entre lo que declaran y los movimientos reales de la caja.

Señaló que para un secadero que entrega su producción a 16 pesos y acepta que figure un pago a 22 pesos le genera “una diferencia de 155.000 pesos por carga, en el mes son más de 1.860.000 pesos y en un año la diferencia puede ser muy superior a los 8 millones de pesos”.

El productor alertó que “después la AFIP cuando hace los controles a fin de año descubre esas diferencias y termina multando al secadero”.

Para Peterson esta situación “hará que los pequeños secaderos se fundan en poco tiempo, incrementando el monopolio de las grandes industrias”.

“El año pasado a mí la AFIP me multó por una diferencia de 120 mil pesos entre lo que figuraba y lo que realmente cobré, la jodita me terminó costando poco más de 140 mil pesos”.

El productor comentó que en Andresito, por esta situación de doce secaderos que operaban el año pasado, este año solo están trabajando cuatro. “Es muy triste esto, es bueno que los secaderos no reciban producción si no pueden cumplir los precios. Pero terminan afectando a todos los productores a la larga”.

La semana próxima deberían volver a Misiones los funcionarios del Ministerio de Agroindustria para poner en ejecución la cupificación y avanzar en la aplicación del Mercado Consignatario, aunque todavía hay dudas sobre la reglamentación.

Consideró que desde el INYM están “estirando la situación” para no aplicar estas dos medidas, que beneficiarán a los productores y podrá permitir que se normalicen los precios en base a un equilibrio entre la oferta y la demanda de materia prima.

Por su parte, fuentes del sector industrial coincidieron en que la situación no ha variado en casi nada desde marzo. “La culpa es de la Nación. Fijó un precio “político” que no se puede cumplir. En la zona sur se está pagando el precio oficial, pero no se está comprando canchada, porque pagar a 22 pesos no cierra. Las cadenas comerciales no quieren aumentar el precio en góndola ni absorber los mayores costos industriales”, confió un empresario. “O se incumple el precio o se paraliza la producción”, sentenció.

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