Dos grandes fenómenos climáticos requieren especial atención tanto en la región del NEA, como en Paraguay y el Sur de Brasil: las heladas tardías y la llegada de abundantes lluvias comúnmente llamada “El Niño”. El presente informe analiza los posibles escenarios sobre los principales cultivos de esta región.
En primer lugar, es necesario comprender que el fenómeno de El Niño (correctamente denominado “ENOS”: El Niño Oscilación del Sur) se genera cuando la temperatura superficial del mar en el centro y este del Pacífico ecuatorial supera los +0,5 °C al menos y de manera consecutiva por cinco períodos. En América del Sur, típicamente, impacta porque los vientos que van de oeste a este se intensifican alcanzando los 10 km de altitud.i
Históricamente, este fenómeno tiende a favorecer los cultivos de verano (por ejemplo, soja, maíz, arroz) y puede llegar a perjudicar a los cultivos de invierno (por ejemplo, el trigo); mientras que el efecto sobre los cultivos perennes (como por ejemplo la yerba mate, el té, los cítricos) suele ser más complejo ya que depende principalmente de la intensidad y de cómo se distribuyen las lluvias.
El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF por sus siglas en inglés) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyectan que, a diferencia de otras regiones del país, la región conformada por el NEA y sus países limítrofes (Paraguay y el Sur de Brasil) se verá sumamente afectada por tormentas y lluvias intensas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre (ver gráfico 1).
Principalmente sobre las provincias de Misiones y Corrientes, y el este de Chaco y Formosa se pronostica para el trimestre mencionado una probabilidad de ocurrencia de precipitaciones principalmente de 50 mm superior a la normal (lo que se denomina anomalía de precipitaciones). No obstante, el SMN recomienda observar su pronóstico diario/semanal y consultar el sistema de alerta temprana ya que en sus publicaciones menciona que pueden ocurrir eventos aún más intensos que los habituales.
Gráfico 1: Pronóstico de precipitaciones en la región del NEA, Paraguay y el Sur de Brasil. Período septiembre – noviembre 2026.
Fuente: IERAL – NEA según datos del SMN y ECMWF.
Adicionalmente, el inusual invierno caluroso transitado actualmente anticipó el brote de algunas plantaciones haciendo que queden expuestas a descensos de temperatura (heladas tardías) y, por lo tanto, al ataque de plagas. Sumado a esto, los informes diarios del suelo de SMN nos muestran que el agua útil en el perfil (que es la cantidad de agua almacenada en el suelo y que las plantas pueden aprovechar para crecer) sobresale en la provincia de Misiones con 90% en todo su territorio, en la provincia de Corrientes en su región noreste presenta entre un 80 y 70% de agua útil mientras que en el resto del territorio esta variable se ubica entre un 20 y 30%. Por último, las provincias de Chaco y Formosa, tienen una mitad de su territorio (del centro hacia el Este) con agua útil del 30% mientras que la otra mitad (que limita con la provincia de Salta) presentan un 10%. Todo esto puede traducirse, dependiendo el cultivo, en atrasos en la siembra, dificultades en la realización de los tratamientos fitosanitarios, etc.
¿Cuáles serán los cultivos más afectados?
Como se mencionó anteriormente, no todos los cultivos se ven igualmente afectados. Si bien es muy complejo cuantificar el impacto de los escenarios alternativos proyectados, es posible analizar cuáles son los efectos que generará la llegada de El Niño en cada tipo de cultivo. De esta manera, se pueden agrupar los efectos en dos grandes categorías: riesgos operativos y riesgos productivos (ver gráfico 2).
Por un lado, en los cultivos de verano se puede esperar un riesgo operativo ante la llegada de lluvias intensas, ya que generaría retrasos en la siembra y dificultades en la preparación del suelo; mientras que las heladas tardías (mencionadas anteriormente) podrían no generar ningún impacto significativo en los mismos.
Gráfico 2: Posibles impactos del fenómeno “El Niño” en los cultivos más relevantes en la región del NEA, Paraguay y el Sur de Brasil.
Fuente: IERAL – NEA.
En segundo lugar, se podría decir que los cultivos de invierno se ubican dentro de los más afectados frente a ambos fenómenos climáticos pues generarían altos riesgos operativos; no solamente porque la llegada de lluvias intensas afectaría los rendimientos de este cultivo, sino también porque la afección de plagas y/u otras enfermedades como hongos terminará comprometiendo la sanidad y, por lo tanto, su calidad.
Finalmente, los cultivos perennes característicos de la región se podrían ver afectados por un riesgo operativo con la llegada de lluvias intensas, ya que los caminos rurales se podrían inundar o anegar, afectando el tránsito de camiones y la entrada de máquinas; y un riesgo productivo por las heladas tardías, ya que la afección de plagas podría comprometer hasta un 30% de la brotación.
Ahora bien, teniendo en cuenta que las proyecciones a nivel nacional confirman que el fenómeno de El Niño inclina las probabilidades hacia una mejora en los rendimientos agregados de los cultivos estivales; en la región del NEA, Paraguay y el Sur de Brasil es necesario tener en cuenta que la concentración de abundantes precipitaciones entre septiembre y noviembre podría favorecer a
granos como la soja, el maíz, y el arroz, aunque también puede generar ciertos retrasos en la siembra, dificultades en el tránsito en caminos rurales, riesgos sanitarios ante la falta de fungicidas, entre otras cosas. De este modo, la obtención de mejores márgenes señalados a nivel nacional dependerá, en esta región, de la distribución de las lluvias y de la capacidad de infraestructura vial (especialmente secundaria y terciaria).
Concluyendo, para el sector público el desafío pasa por el mantenimiento de cauces de arroyos y ríos para que el agua fluya y evitar que se estanque (lo cual generaría anegamientos), sumado al mantenimiento de caminos rurales. Mientras que para el sector privado, será prioritario tener cuidado en las prácticas orientadas a reducir el impacto de las enfermedades antes mencionadas.
En los últimos dos años y medio, algunas de las exportaciones argentinas que más crecieron fueron el petróleo de Neuquén (Vaca Muerta), la minería metalífera (San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca y Santa Cruz) y el agro pampeano. Para esas economías provinciales, la pregunta relevante es cuánto de ese impulso queda en el territorio: si se traduce en más empleo, mejores salarios y una mayor demanda de bienes y servicios locales. A ese proceso lo llamamos efecto derrame.
La cuestión cobra especial importancia en un contexto en el que la economía argentina, en el agregado, muestra signos de estancamiento desde hace un año y medio. No alcanza, entonces, con identificar qué sector exporta más: interesa saber hasta dónde ese buen desempeño logra traccionar al resto de la economía provincial. Se considerarán dos niveles: primero, si mejoran el empleo y los salarios dentro del propio sector exportador; segundo, si ese impulso alcanza también al resto de las actividades provinciales.
Para responder, se presentan distintos casos provinciales. En cada uno seguimos la evolución, entre 2023 y 2025, de la masa salarial privada formal neta de inflación, un indicador que combina lo ocurrido con el empleo formal y con los salarios reales. Distinguimos el sector exportador relevante en cada provincia, el resto de los bienes transables y los demás sectores, mayormente servicios. Se trata de grandes agregados: dentro de cada grupo pueden convivir actividades con desempeños muy distintos.
Derrame amplio: Neuquén
En este caso, no sólo mejora la masa salarial total: llamativamente, el resto de los bienes transables —es decir, todo lo que no es petróleo y gas— crece todavía más que el propio sector petrolero, y el resto de los sectores de la economía neuquina también acompaña con una mejora sensible. Es un buen ejemplo de cómo un impulso exportador fuerte puede traccionar a toda la estructura productiva provincial, más allá del sector que lo origina.
Derrame parcial: Salta y San Juan
Dos provincias mineras, con resultados que confirman la lógica del derrame, aunque con matices. En ambas aumenta la masa salarial total. En San Juan sorprende que el resto de los bienes transables crezca más que la propia minería, algo que se explica por el peso de la industria proveedora de insumos para esa actividad. En los dos casos, sin embargo, el resto de los sectores —comercio, servicios y construcción— mejora bastante menos, lo que sugiere un derrame todavía acotado hacia la economía no directamente vinculada a la minería.
Derrame limitado: Buenos Aires y Córdoba
En ambas provincias, al grupo de sectores asociados a las exportaciones del agro pampeano le va bien, pero ese impulso alcanza poco al resto de la economía. La industria transable no agropecuaria retrocede y también lo hace parte de los demás sectores, aunque con menor intensidad en Córdoba. El agro exporta más y paga mejor, pero su buen desempeño no alcanza para traccionar al conjunto de la economía provincial.
Derrame contrarrestado: Santa Cruz
Santa Cruz muestra un caso distinto: el buen desempeño de un sector exportador puede ser más que compensado por la caída de otro de mayor peso. Mientras la minería atraviesa un buen momento, el petróleo retrocede con fuerza y termina arrastrando al resto de los bienes transables, a otros sectores y a la masa salarial total. El derrame existe, pero queda contrarrestado por lo que ocurre en el resto de la estructura productiva provincial.
Comentarios finales
El principal resultado es que un boom exportador genera oportunidades, pero no necesariamente alcanza para mover a toda la economía provincial. El derrame es más amplio cuando el sector que crece impulsa el empleo, los salarios y los proveedores locales, y no convive con otra actividad de gran peso en retroceso. Neuquén es el caso más claro. En las provincias mineras, el efecto aparece con fuerza alrededor de la propia cadena productiva, pero todavía llega menos al resto de la economía.
En Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz, en cambio, sectores importantes con mal desempeño compensan parte —o incluso la totalidad— del impulso exportador. Para una empresa, por lo tanto, no basta con mirar qué sector exporta más: también importa cuánto de ese crecimiento se transmite a proveedores, trabajadores y actividades locales, y qué está ocurriendo al mismo tiempo con el resto de la estructura productiva provincial.
Cuando se conocieron los desalentadores resultados de las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment), la política argentina reaccionó “con sorpresa” y su habitual lavado de manos. Los malos resultados no deben leerse únicamente en clave local. El problema de la educación es mucho más profundo, transversal a países y sistemas y no exento de controversias. Singapur es el país que lidera las pruebas PISA: su modelo tiene una disciplina estricta y castigos físicos para varones desde los 9 años ante faltas graves. Un tercio de los estudiantes de España no alcanza el nivel 2 de PISA ni en matemáticas ni en lectura.
El diagnóstico de PISA deja pocas zonas grises para la Argentina. Los estudiantes de 15 años obtuvieron peores resultados que en la evaluación anterior en las tres competencias centrales y el deterioro no se limita al puntaje promedio: aumentó la proporción de alumnos que no alcanza los conocimientos mínimos. El resultado puede resumirse en tres números: 389 puntos en Lectura, 367 en Matemática y 393 en Ciencias. Argentina quedó 62° del mundo en Lectura, 75° en Matemática y 71° en Ciencias. Y quedó octava entre los 13 países latinoamericanos en las tres pruebas. Si en Argentina hay crisis, Paraguay está por debajo.
Los peores resultados para la Argentina en 20 años se dieron en 2025, en plena gestión de Javier Milei. Pero obviamente la responsabilidad excede a su gestión, ya que en los adolescentes de hoy, hay responsabilidad de al menos tres gobiernos anteriores: Alberto Fernández, Mauricio Macri y la última etapa de Cristina Fernández. ¿Eso exime a la gestión libertaria? Ni mucho menos. Pretender que no tiene nada que ver con los resultados es una falacia, idéntica a apropiarse de las mejoras en las pruebas Aprender.
La educación en la Argentina está mal desde hace años. No mejorará en el futuro inmediato. El ajuste sobre la educación no es solamente una discusión presupuestaria: expresa una definición sobre el lugar que el Estado nacional pretende ocupar en la formación de las próximas generaciones. Entre 2023 y 2025, la inversión nacional destinada a educación sufrió una caída cercana al 48% en términos reales. La partida de Educación y Cultura pasó de representar alrededor del 1,43% del PBI a ubicarse en torno al 0,75%, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.
La retracción ocurrió en prácticamente todos los frentes. Se redujeron transferencias y programas destinados a las provincias, se desplomaron partidas para infraestructura escolar, becas y políticas socioeducativas y desapareció el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que durante años complementó los salarios docentes en todo el país. Al mismo tiempo, universidades nacionales y organismos científicos quedaron sometidos a una fuerte restricción presupuestaria, con partidas de funcionamiento que perdieron poder adquisitivo y recortes que alcanzaron al CONICET y, con especial intensidad, a la Agencia I+D+i.
Pero quizá el cambio más profundo no esté en cuánto dinero se recortó, sino en el paradigma que comienza a construirse detrás de esos números. La eliminación de los pisos legales de financiamiento educativo -entre ellos, la referencia del 6% del PBI- supone abandonar una concepción en la que el Estado asumía compromisos mínimos y explícitos con la educación. Las propuestas oficiales orientadas hacia una mayor libertad de elección, desregulación de formatos y mecanismos de financiamiento vinculados a la demanda profundizan esa transformación.
Por eso, discutir educación únicamente en términos de déficit fiscal sería quedarse con una parte del problema. La pregunta de fondo es qué tipo de país puede construirse cuando el conocimiento, la universidad, la ciencia y la escuela pública dejan de ser considerados una inversión estratégica. “La educación es una inversión fundamental, pero hemos tenido que llevar adelante una reducción del gasto para recuperar el orden público; la estabilidad de precios; una Argentina ordenada”, argumentó el vocero presidencial Adrián Ravier.
El ahorro presupuestario puede contabilizarse en un ejercicio fiscal; sus consecuencias sobre el capital humano, la productividad, la innovación y la movilidad social, en cambio, se pagan durante décadas. Es ahí donde debe ubicarse la responsabilidad libertaria.
En el Congreso se debatió esta semana el impacto de los tarifazos y los recortes en los clubes barriales. El diputado misionero Diego Hartfield fue duramente criticado por decir que los clubes no pueden vivir subsidiados, cuando él mismo había sido becado por el Cenard y recibía apoyos de la Municipalidad de Oberá para costear sus viajes a Buenos Aires, antes de competir en la élite.
El error no forzado no es que Hartfield tenga memoria selectiva. Cualquiera puede cambiar de opinión después de treinta años. El problema es otro: una política económica que combina la quita de subsidios con aumentos brutales de las tarifas eléctricas está empujando al límite a miles de clubes de barrio en la Argentina.
El problema no es solamente cuántos clubes podrán pagar la próxima boleta de luz. Es cuántas oportunidades se apagan con ellos. Porque una política económica que asfixia a los clubes también reduce las posibilidades de que un chico o una chica, en algún pueblo perdido del mapa, encuentre una cancha, una raqueta, un entrenador y una oportunidad.
Tal vez el próximo gran tenista argentino no nazca en una academia de élite. Tal vez esté hoy golpeando una pelota contra una pared en un club de barrio. Y quizá el verdadero costo de apagar ese club no aparezca nunca en una planilla fiscal: será descubrir, dentro de veinte años, que también apagamos la posibilidad de que alguien llegara a enfrentar al Federer del futuro, como pudo hacer el Hartfield del pasado.
El contrapunto escaló y rápidamente adquirió dimensión nacional. Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza en Misiones, salió en defensa de quien podría ser su contendiente por la candidatura a gobernador. Para hacerlo, eligió un argumento curioso: sostuvo que en Misiones también se recortaron partidas destinadas a actividades sin fines de lucro y concluyó que, por lo tanto, “el deporte no es una prioridad”.
Pero la frase, antes que una crítica, suena a confesión. Porque si Núñez considera que el recorte presupuestario alcanza para demostrar que el deporte dejó de ser una prioridad en Misiones, la pregunta cae por su propio peso: ¿qué debería decir entonces del país que gobierna Javier Milei, donde el ajuste sobre clubes, instituciones y asociaciones deportivas tiene escala nacional? El argumento que pretendía ser una acusación terminó funcionando como un espejo.
Hay otra paradoja que ayuda a entender la distancia creciente entre las decisiones para “estabilizar” la macroeconomía y la vida cotidiana. El mismo día y a la misma hora, el INDEC publicó dos fotografías de agosto. Una mostró una inflación mensual del 1,7%, un dato que el Gobierno elige exhibir como evidencia de que el proceso de desinflación continúa. La otra mostró algo bastante menos confortable: tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Canasta Básica Total aumentaron 2,6%.
Los dos datos son verdaderos. Y justamente por eso importa leerlos juntos.
Mientras el índice general de precios avanzó 1,7%, el costo de las necesidades básicas de los hogares aumentó bastante más rápido. En la comparación interanual, la diferencia también resulta significativa: frente a una inflación general del 33,5%, la canasta alimentaria acumuló 39,6% y la canasta total, 38,3%. Para una familia tipo, evitar caer debajo de la línea de pobreza requirió $1.605.497 mensuales; solamente para superar la línea de indigencia fueron necesarios $726.469.
La desinflación existe. Negarla sería tan equivocado como confundirla con una mejora del bienestar. El IPC es un promedio construido sobre una enorme variedad de bienes y servicios, mientras que la pobreza tiene una frontera mucho más concreta: cuánto cuesta cubrir las necesidades elementales de una familia.
Ahí aparece una de las contradicciones centrales del actual programa económico. Se puede estabilizar la nominalidad y, al mismo tiempo, mantener bajo enorme presión el presupuesto de los hogares. Se puede perforar el 2% de inflación mensual y que la comida aumente bastante por encima de ese registro. En el NEA la inflación fue del 1,8 por ciento, pero subió 4% el costo de la energía, vivienda y combustible, un servicio regulado por el Estado.
El INDEC contó, el mismo día, dos dimensiones de una misma economía. El Gobierno naturalmente elegirá destacar aquella que demuestra el éxito de su principal batalla macroeconómica. Pero la otra estadística recuerda que estabilizar no es necesariamente mejorar y que bajar la inflación no equivale, por sí solo, a recuperar el poder adquisitivo.
Porque, al final, la discusión no es solamente cuánto sube el promedio de los precios. Es cuánto cuesta vivir.
Hay otro indicador que obliga a mirar más allá de la desinflación: el endeudamiento de las familias. En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua redujo del 39% al 30% el límite de los descuentos voluntarios sobre los haberes de empleados públicos y jubilados y, además, puso topes a las tasas y al costo financiero de los créditos. La decisión no aparece en el vacío: el propio decreto advierte sobre el crecimiento de la morosidad y busca evitar que una porción cada vez mayor del salario quede atrapada antes de llegar al bolsillo. Cuando un Estado necesita establecer cuánto del sueldo debe quedar a salvo de los acreedores, el problema ya no es solamente financiero: habla de familias que recurren al crédito para sostener su economía cotidiana.
Es otra cara de la misma paradoja. La inflación puede bajar y la macroeconomía puede estabilizar algunas de sus variables, pero eso no significa que los hogares hayan recuperado capacidad de consumo. Si aumenta la morosidad, se multiplican las refinanciaciones y es necesario proteger por decreto una parte del salario para evitar el sobreendeudamiento, hay una economía real que todavía está muy lejos de la celebración. La estabilidad de los precios importa, pero pierde buena parte de su sentido social si para llegar a fin de mes las familias necesitan hipotecar por adelantado el salario del mes siguiente.
La distancia entre la macroeconomía y la economía real también se mide en persianas que bajan y empleos que desaparecen. En junio, Misiones tenía 8.399 empresas privadas empleadoras, 862 menos que un año atrás y 1.081 menos que en noviembre de 2023, antes de la llegada de Javier Milei al Gobierno. La caída atraviesa prácticamente todo el entramado productivo: desde entonces, la construcción perdió casi una cuarta parte de sus empleadores, el comercio cerró 495 firmas y la industria, otras 167.
El empleo cuenta la misma historia. Misiones registró en junio 96.330 trabajadores privados formales, 6.089 menos que un año antes y 12.540 menos que en noviembre de 2023. No parece un fenómeno transitorio: la comparación interanual acumula trece meses consecutivos en retroceso.
En todo el país, desde el cambio de Gobierno se perdieron más de 246 mil empleos privados registrados.
Claro que importa el orden fiscal y las cuentas en orden. Pero también el para qué.
Misiones desde hace siete años viene cumpliendo parámetros de transparencia fiscal y este año alcanzó 7,55 puntos en el Índice de Transparencia de CIPPEC. Mejoró desde los 7,10 de la medición anterior y quedó segunda en el NEA. El resultado no otorga certificados de transparencia absoluta ni invalida los reclamos por mayor acceso a la información pública. Pero tampoco debería ser descartado simplemente porque incomoda el relato libertario: es una evaluación externa que registra avances concretos en la disponibilidad y calidad de la información presupuestaria.
El dato adquiere mayor relevancia cuando la Legislatura discute un Presupuesto 2027 superior a los $5,2 billones. Cuanto más grande es el Estado y mayores son los recursos que administra, mayor debe ser también la posibilidad de saber cómo, dónde y para qué los utiliza.
Misiones fue, en menos de una semana, escenario de la discusión política nacional. Primero Milei, quien cerró en Iguazú un foro de ejecutivos de finanzas e ignoró la protesta yerbatera que lo recibió en la ruta. Allí el Presidente se mostró convencido de ser reelecto y avisó: “Abróchense los cinturones”, en un anticipo de más ajuste.
El miércoles vino Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y potencial candidato de un peronismo que todavía no encuentra su unidad. Compartió una intensa agenda institucional con Passalacqua -compró un laboratorio de Biofábrica- y se reunió con productores yerbateros en Apóstoles. Defendió el rol del Estado como regulador de la cadena yerbatera y señaló que “si no se determina un precio que permita distribuir al interior de la cadena a quién le va una parte del ingreso, obviamente el que sufre es el que menos poder tiene”, afirmó.
Kicillof sostuvo que la desregulación no elimina las relaciones de poder sino que fortalece al actor con mayor capacidad de negociación. “Cuando uno la ve en concreto, se trata de que el Estado se corra y entonces quede una especie de imperio del más fuerte”, planteó.
Su argumento fue que los problemas que observa en Misiones se reproducen, con diferentes actividades, en Buenos Aires, Chaco, Corrientes y otras provincias.
“Este modelo no le sirve a nadie”, resumió al referirse al deterioro industrial. La afirmación surgió después de describir cierres fabriles incluso en pequeñas localidades del interior bonaerense y de señalar que Buenos Aires concentra aproximadamente la mitad de la industria argentina.
¡Impresionante Misiones! Gracias por el cariño, el entusiasmo y las ganas de construir una Argentina distinta y un camino que signifique más producción, federalismo y soberanía para nuestro pueblo”, dijo Kicillof.
Después de reunirse con productores, vino al pasaje político. Kicillof aseguró que “es tiempo de construir una alternativa amplia a Milei”, en la que imagina a estudiantes, investigadores, jubilados, productores e industriales, además de las distintas expresiones políticas que cuestionan el rumbo económico nacional. “No quiero anteponer ni una candidatura ni una campaña electoral a una construcción que tiene que ser desde abajo y desde las provincias”, sostuvo.
También se preguntó ¿Qué trajo Milei a Misiones en estos tres años?
“En Argentina venimos de una etapa donde los gobiernos, primero el de Macri, un desastre absoluto, luego un gobierno peronista que también nos dejó en la frustración, y vino Milei a decir que él traía las soluciones y las respuestas para los problemas que teníamos en la Argentina”, sostuvo.
“Hoy vemos que el ajuste y la desgracia recayeron sobre los pobres, los humildes, sobre los trabajadores, sobre los sectores medios, sobre los empresarios nacionales, sobre los productores de toda la Argentina”, enumeró.
La noche cayó en el acto en la sede del peronismo. Hace más de 20 años que no se veía al PJ tan lleno y eso que no estaban los “cristinistas”.
El consumo de infusiones de yerba mate (Ilex paraguariensis) –ya sea en forma de mate cebado o como mate cocido– suele estar condicionado, en ocasiones, por mitos y supuestos sobre sus potenciales beneficios o riesgos para la salud humana.
En algunos casos, estas presunciones carecen de soporte científico. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la lactancia materna. Para salvar ese vacío de información validada, un equipo del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (Inicsa – UNC/Conicet) indagó cómo impacta el consumo de yerba mate tanto en el estado nutricional de la mujer durante el puerperio, como en la composición de su leche.
La elección de esa etapa no es casual. “Se trata de un momento muy particular de las mujeres, cuando se encuentran sujetas o interpeladas por mucha presión del ambiente laboral, social o sanitario. Muchas veces, el mate es un recurso para socializar, una costumbre”, explica Valentina Cortez, una de las autoras del estudio.
El trabajo, realizado entre 2013 y 2020, contó con la participación de 279 mujeres lactantes adultas de Córdoba (Argentina), que transitaban los primeros seis meses posparto. Cada una de ellas otorgó una muestra de 10 mililitros de leche, que fueron sometidos a un estudio bioquímico, a través del cual se analizaron numerosos biomarcadores.
Hallaron que tanto el mate cebado como el mate cocido aportaron una mediana de 382.21 mg/día de polifenoles, compuestos procedentes de los vegetales y reconocidos por sus propiedades promotoras de la salud: tiene efectos antioxidantes y neuroprotectores. En los casos indagados, más del 35% de la ingesta diaria de estos agentes fue provista por el mate.
“De los 18 polifenoles detectados –todos beneficiosos para la salud–, 15 fueron ácidos hidroxicinámicos –en su mayoría sustancias antioxidantes– y tres flavonoides, pigmentos procedentes de los vegetales y que protegen al organismo de agentes oxidantes, además de actuar como antiinflamatorios naturales”, apuntan desde el equipo.
“Respecto a los macronutrientes lácteos, las proteínas, la glucosa, los triglicéridos y el colesterol no fueron afectados por el consumo de mate. Del mismo modo, su ingesta no mostró inducción de estrés oxidativo en la leche humana”, completan.
Según el grupo de investigación, además de proveer ciertos nutrientes, el mate es una fuente importante de fitoquímicos. Más aún, un aporte diario de casi 500 mg de polifenoles sería suficiente para tener efectos sobre la salud por sí solo, independientemente de otros alimentos y bebidas dependientes de su acción individual y conjunta derivada de la sumatoria de bioactividades.
Los oxidantes, sin alteraciones
El informe, publicado por Soledad Huespe en UNCiencia (órgano de difusión de la Universidad Nacional de Córdoba), señala que un dato alentador a subrayar en este estudio es que ciertos agentes oxidantes (anión superóxido, los hidroperóxidos, los lipoperóxidos y los nitritos), cuya presencia ya fue establecida en la leche humana en diversas investigaciones previas, no sufrieron alteraciones debido a la ingesta de mate.
“Esto es relevante para la salud materno-infantil, dado que esos agentes oxidantes pueden dañar la glándula mamaria, los compuestos de la leche y también a la niña o niño recién nacido, en especial al prematuro, que es más susceptible a sufrir estrés oxidativo”, resalta Cortez.
Se reportaron, además, otros indicadores de seguridad del consumo del mate durante la lactancia derivados del tejido mamario.
“En este sentido, se estudiaron las enzimas lactato-deshidrogenasa, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil-transpeptidasa. La ausencia de efectos sobre la primera como indicadora de daño mamario, junto con la falta de cambios nutricionales y oxidativos en la leche, apoyan la seguridad del consumo de mate. Respecto a la fosfatasa y a la interleucina, moléculas con roles metabólicos e inmunológicos, la ausencia de efectos permitiría desestimar un riesgo de inflamación”, continúa Agustín Miranda, integrante del equipo de investigación.
A partir de los resultados de la investigación, el grupo propone que la ingesta de infusiones de yerba mate –caracterizada por el alto consumo de mate cebado y condicionada por lo social y lo reproductivo– es una práctica alimentaria segura. No compromete la composición de la leche humana en sus aspectos nutricionales, defensivos y enzimáticos, y además resulta potencialmente útil como una fuente relevante de polifenoles bioactivos.
“Concluimos que consumir mate no se ve traducido en pérdida de nutrientes, o aumento de la oxidación de la leche, ni alteraciones del tipo inflamatorias o enzimáticas. Tampoco hubo cambios significativos en el peso materno”, cierran.
El Ministerio del Agro y la Producción fue sede este lunes, de una reunión de trabajo de modalidad presencial-virtual entre representantes de la cadena yerbatera, legisladores y autoridades de la cartera agraria para presentar el proyecto de Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera. Del encuentro participaron el ministro Facundo López Sartori, el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, los diputados provinciales Arabela Soler, Juan José Szychowski, Carmen Méndez Ason y Hugo Benítez, equipos técnicos y el abogado Federico Podolski, en representación de las asociaciones, fue quien presentó la iniciativa a los legisladores.
La reunión dio continuidad al trabajo desarrollado el pasado viernes, cuando representantes de la producción primaria acercaron el proyecto al gobernador Hugo Passalacqua. Con ese acompañamiento institucional, el siguiente paso consistió en trabajar la propuesta con los legisladores para exponer sus fundamentos técnico-jurídicos e iniciar el proceso legislativo que permita su tratamiento en la Cámara de Representantes.
La iniciativa es el resultado de varios meses de trabajo jurídico, técnico y económico entre representantes del sector yerbatero, con el objetivo de identificar herramientas que permitan proteger la producción primaria frente al escenario que atraviesa actualmente la principal economía regional de Misiones. Según sus fundamentos, la propuesta no constituye una medida coyuntural ni busca sustituir el régimen nacional vigente, sino ejercer las competencias que conserva la Provincia en materia de promoción de la producción, desarrollo económico regional, protección del trabajo rural y defensa del interés público provincial.
El proyecto sostiene que la crisis que atraviesa el sector no responde a un incremento extraordinario de la producción ni a un exceso estructural de oferta, sino a una alteración en las condiciones de negociación de la hoja verde, situación que provocó un acelerado proceso de descapitalización de miles de pequeñas unidades productivas familiares. Frente a ese escenario, propone declarar la emergencia de la producción primaria yerbatera por 360 días para productores de hasta 50 hectáreas y crear un régimen extraordinario destinado a preservar la continuidad de la actividad.
Entre las principales herramientas previstas se encuentra la facultad de establecer un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, cuya metodología deberá contemplar los costos directos e indirectos de una explotación eficiente, el pago de la mano de obra conforme a la legislación vigente, las obligaciones tributarias y previsionales, además de un margen que permita garantizar la reproducción económica de las unidades productivas alcanzadas. Asimismo, incorpora facultades de fiscalización, verificación y regularización para asegurar el cumplimiento efectivo del régimen.
López Sartori, titular de la cartera agraria, destacó que la iniciativa “no busca reemplazar el régimen nacional ni asumir competencias que no le corresponden a la Provincia. Lo que plantea es el ejercicio de las facultades que Misiones conserva para responder, de manera excepcional y transitoria, a una situación que compromete la continuidad de la producción primaria yerbatera”. Además, agregó que el espíritu de la iniciativa es que, frente a la modificación del esquema institucional nacional que afectó las herramientas de regulación del sector, la Provincia pueda brindar herramientas concretas que protejan a los pequeños productores y preserven una actividad estratégica para la economía misionera.
Por su parte, Maciel, subsecretario de Asuntos Yerbateros, reiteró que “la propuesta fue elaborada por las asociaciones durante meses de trabajo jurídico, técnico y económico. El proyecto plantea una emergencia por 360 días para productores de hasta 50 hectáreas, prevé la implementación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde y establece mecanismos de fiscalización para garantizar su cumplimiento”.
La reunión permitió exponer el contenido técnico de la iniciativa ante los legisladores y avanzar en el trabajo institucional necesario para que el proyecto ingrese formalmente a la Cámara de Representantes y obtenga estado parlamentario.
