Por Alejandro Pegoraro, director de Consultora Politikon Chaco, exclusivo para Economis. El ajuste del gasto público nacional comenzó a tomar más forma en las últimas semanas, en línea con el plan que el ministro Sergio Massa había anunciado para ordenar las cuentas públicas, equilibrar la macro y aspirar a cerrar el año con algunas variables más controladas. El desafío final: un 2023 un poco más tranquilo en términos fiscales que posibilite un crecimiento algo más sostenido y sobre todo, redistributivo, pese a las presiones del orden inflacionario y de la inestabilidad cambiaria y, ahora, del mercado de deuda de pesos. 

En ese marco, la mira (o una de ellas) estuvo puesta en los envíos a las provincias que se realizan de manera no automática. Recordamos que los recursos de origen nacional que llegan a las provincias se dan en dos formas: los envíos automáticos que llegan por goteo diario por asignación establecida por ley (coparticipación+leyes especiales+compensanción del Consenso Fiscal) que no son sujetos de ajuste justamente por su carácter automático y que están atadas a la recaudación; y los envíos no automáticos que están conformados por transferencias vinculados a convenios específicos, asignaciones presupuestarias y otro tipo de envíos como ser ATN, asistencias financieras, asistencia ante emergencias u otras. 

Estas últimas suelen llamarse “discrecionales”, ya que tienen alto componente de discrecionalidad por parte del Gobierno nacional para la efectivización de los envíos y la asignación en aquellos casos que no correspondan a partidas presupuestarias. Históricamente, este tipo de transferencias han tenido un fuerte lineamiento político: cuanto más cercano es el Gobernador al Presidente, más recursos recibe, aunque puede observarse algunas (pocas) excepciones a esa regla.

Massa (y ya el FMI lo había hecho antes, al cerrar el Extended Facility Fund con el Gobierno nacional en marzo pasado) observaron el alto peso de las transferencias no automáticas a las provincias en el gasto total, y que las mismas debían ser necesariamente revisadas e iniciar un proceso de reasignaciones. Avisaba, con algo de tiempo, que la canilla iba a comenzar a cerrarse. 

El mes de agosto, cuando fue la asunción de Massa al frente del equipo económico, todavía había transferencias en altos niveles, y ese mes crecieron 14,6% en términos reales. En septiembre comenzaron los temores en las provincias: ya con la promesa de recorte algo más hecha carne, los envíos en ese mes cayeron 32,6% en términos reales, y dicho descenso estuvo explicado por un -30,9% en los envíos a los gobiernos provinciales y -57,3% en los realizados a los municipios. 

Octubre continuó la tendencia y ratifica la decisión del gabinete económico nacional de cerrar el grifo: las transferencias cayeron 36,5% en moneda constante, y todos los conceptos que abarcan a estos envíos tuvieron descensos: -26,7% a los gobiernos provinciales; -48,6% a los municipales; -100% a las instituciones de enseñanza provincial (es decir, no hubo envíos); y -71,4% a las empresas públicas no financieras provinciales.

Al mirar los últimos dos meses en pesos corrientes se hace evidente la situación de recorte: fueron $85.332 millones en septiembre el total repartido a las 24 jurisdicciones; y cayó a $64.657 millones en octubre. 

De este modo, el acumulado del año muestra también signos de recorte: en los diez meses del año las transferencias no automáticas a las 24 jurisdicciones totalizan $653.830,4 millones (un punto del PIB) y cae 8,5% contra el año pasado en términos reales. 

Pero, como en todos los indicadores fiscales o económicos, las situaciones por provincia son distintas, aunque se da una regla de descensos en términos generales. 

Misiones atravesó el mismo camino que el consolidado de las 24 jurisdicciones. En agosto tuvo una suba del 13,4%, con mayor fuerza en los envíos al gobierno provincial; en septiembre tuvo una caída (-54%) y en octubre ratificó ese camino con un descenso en los recursos captados de 16,9%. Así, el acumulado anual muestra un saldo negativo con -4,3% respecto al año pasado. Dentro del NEA, muestra la segunda caída más fuerte, por encima de Chaco y por debajo de Formosa, mientras que Corrientes (rompiendo la regla mencionada previamente) es la única que crece en la región y una de las pocas en el país. 

Al observar los envíos per cápita, nuevamente Misiones es la más perjudicada: captó en los diez meses del año un equivalente a $ 10.799 por habitante, por debajo de los $ 11.589 por habitante de Corrientes; $ 19.045 por personas en el Chaco y $ 25.477 por habitante en Formosa. Entre Misiones y Formosa, hay una brecha del 136% en los envíos medidos per cápita, una nueva ratificación de un proceso totalmente asimétrico y carente de todo sentido técnico, aunque no político. 

La trayectoria histórica de los envíos no automáticos a las provincias muestra a Misiones sistemáticamente perjudicada, y eso explica muchas cosas. Una de ellas, la necesidad de fortalecer la base tributaria local para hacerse de recursos que no recibe por parte del estado nacional que otras provincias sí reciben y el poner el ojo en el equilibrio de las cuentas públicas, dos objetivos logrados por la provincia sin tener una fuerte asistencia nacional. 

Esta situación de ajuste del gasto que lleva adelante el gobierno nacional no solo impacta de lleno en las provincias sino que las obliga además a rever sus gestiones presupuestarias: de hecho, hasta la fecha, las provincias que ya difundieron sus datos de ejecución presupuestaria al tercer trimestre del año muestran una fuerte contención del gasto. Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe y Tucumán exhibieron retrocesos reales del gasto corriente, y solo Neuquén por el momento tuvo una expansión positiva. Pero esta política contractiva tiene el objetivo de sostener los superávits fiscales locales: todas estas provincias mencionadas exhibieron resultados financieros por entre $9 mil y $29 mil millones. Aquí hay una situación tensa con el gobierno nacional. 

Más allá de que es sano que las provincias tengan superávits, los mismos están, en algunos casos, sostenidos por fuerte asistencia nacional. Massa avisó tiempo atrás que las provincias debían también hacer su esfuerzo en el camino al ordenamiento de las cuentas nacionales, y ese esfuerzo está basado en dejar de recibir recursos, sobre todo aquellos de libre disponibilidad, bajo el supuesto de que los distritos están en condiciones de afrontar su gasto sin asistencia extra. 

A medida que transcurra el mes, conoceremos más datos de las provincias y se podrá verificar si sostienen el mismo camino que las antes mencionadas, tendiendo al ajuste del gasto en pos de sostener los superávits.

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