El 10 de diciembre de 2024 se cumplió un año desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina. Durante este tiempo, su gobierno ha implementado un paquete de reformas económicas que marcaron un antes y un después en la historia reciente del país. Aunque se lograron ciertos objetivos macroeconómicos, el costo social y las dudas sobre la sostenibilidad de las políticas aplicadas han generado un debate profundo en la sociedad.

Un ajuste que impactó en todos los frentes

El primer año de Milei estuvo definido por un ajuste fiscal ortodoxo que buscó estabilizar variables macroeconómicas clave. Entre las principales medidas se destacan una devaluación del 118% apenas asumido, el aumento de tarifas de servicios públicos y la eliminación de subsidios. Como consecuencia, la inflación se disparó en los primeros meses, alcanzando el 25,5% en diciembre de 2023, para luego desacelerarse a un promedio mensual del 4%, destaca un informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina.

A pesar de la contención inflacionaria posterior, el poder adquisitivo de los argentinos sufrió un golpe severo. Según el informe, los salarios reales del sector privado cayeron un 9,6% en promedio, y el sector público y no registrado registraron pérdidas aún mayores.

Economía en retroceso

La actividad económica mostró un desplome inicial tras la devaluación y un rebote errático en los meses siguientes. A septiembre de 2024, el Producto Bruto Interno acumulaba una contracción del 3,1%, con sectores como la industria (-12,4%) y la construcción (-19,5%) sufriendo las mayores caídas. Solo la agricultura logró crecer, impulsada por la recuperación tras la sequía de 2023.

El impacto sobre el empleo también fue devastador. Más de 261.000 trabajadores registrados perdieron sus puestos, y sectores clave como la industria y la construcción fueron los más afectados.

Desregulaciones y pérdida de derechos

Las políticas de desregulación impulsadas por Milei profundizaron las desigualdades. Entre ellas, se destacan la eliminación de la Ley de Alquileres, que dejó a los inquilinos sin protecciones básicas, y el desmantelamiento de organismos estatales como el Instituto Nacional de la Yerba Mate, lo que afectó gravemente a los pequeños productores.

El Decreto 70/2023, que habilitó la venta de empresas públicas estratégicas y la flexibilización laboral, también generó críticas. A pesar de las promesas de atracción de inversiones, muchas medidas beneficiaron a sectores concentrados y dejaron a los más vulnerables con menos garantías.

Superávit fiscal: ¿éxito o espejismo?

Uno de los logros más destacados por el gobierno fue el superávit fiscal alcanzado durante 2024. Sin embargo, este resultado se basó en un recorte drástico del gasto público (-29,1%) que afectó áreas sensibles como jubilaciones, obra pública y educación. Además, los intereses capitalizados de instrumentos financieros como las LECAP y LEFI representan una deuda oculta que podría comprometer la estabilidad futura.

Las señales de optimismo del gobierno

Desde la perspectiva oficial, 2025 podría ser el año del “despegue”. El gobierno proyecta un crecimiento económico sustentado en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios tributarios y estabilidad fiscal por 30 años a proyectos que superen los USD 200 millones. Este régimen ya ha atraído seis proyectos, mayormente en el sector energético, con una inversión total de USD 7.920 millones.

Entre los sectores beneficiados por el RIGI destacan la forestoindustria, minería, turismo y tecnología, aunque la mayoría de las inversiones están concentradas en Vaca Muerta, lideradas por YPF. Según el gobierno, estas medidas consolidarán la llegada de capitales extranjeros y aportarán las divisas necesarias para equilibrar las cuentas externas.

Además, el superávit comercial en la balanza energética, impulsado por el gasoducto Néstor Kirchner, se presenta como otro pilar del optimismo. Este logro permitió sustituir importaciones de gas y reducir la presión sobre las reservas internacionales.

Un futuro incierto

Aunque el gobierno proyecta crecimiento económico para 2025, este se apoya en un “rebote estadístico”, comparado con un 2024 recesivo. La falta de políticas que incentiven la inversión industrial, la generación de empleo y la redistribución equitativa del ingreso plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del modelo actual.

Javier Milei prometió un cambio profundo para la Argentina, y su gestión no ha dejado a nadie indiferente. Sin embargo, la pregunta que queda abierta es si estos cambios serán recordados como el inicio de una recuperación o como el preludio de una crisis mayor.

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